El día 26 de julio se llevó a cabo en el salón del consejo deliberante un nuevo encuentro por la problemática de la tierra y vivienda en Gualeguaychú, un espacio impulsado por distintos gremios y agrupaciones sociales y territoriales.
En este encuentro participaron representantes del poder ejecutivo, en la persona de Amalia Peroni (Secretaria de Planeamiento Urbano), concejales locales en representación de sus respectivos bloques, el titular del IAPV Carlos Aloy y la representación de los gremios AGMER y ATE, junto con las agrupaciones sociales MTR, CCC, MILITANTES POR LA UNIDAD POPULAR, entre otros.
El eje de la reunión se basó en el compromiso asumido en el encuentro anterior, que fue la determinación de los espacios para hacer frente a la demanda habitacional, que según datos históricos asciende a 3.000 familias en Gualeguaychú, lo que equivale a más o menos entre 15.000 a 20.000 vecinos afectados por esta problemática. Esta realidad es muy diversa, están aquellos que aun trabajando y con recibos de sueldos, les es imposible acceder a una vivienda propia por vía de créditos hipotecarios; están los que en igual situación no pueden acceder a la compra de un terreno por el valor especulativo de los mismos, aún cuando haya la posibilidad de la ejecución de planes de viviendas. En igual sentido, ambos se ven cautivos de pagar en algunos casos, alquileres de un valor desproporcionado fruto de la concentración y especulación inmobiliaria, en detrimento de su economía familiar. Además de estas, hay otra diversidad de situaciones hasta llegar a aquellos vecinos que no tienen absolutamente nada, ni trabajo ni vivienda y padecen condiciones indignas de habitabilidad.
Desde el Municipio se plantea una serie de mediadas progresivas para la obtención de tierras aptas para la construcción. Dichas medidas se basan principalmente en ordenanzas que gravan la posesión de grandes superficies con una sobretasa que iría destinada a un fondo para obtener una banco de tierras; por otro lado la exigencia de lotear las grandes terrenos, para de este modo tributar ya no por uno solo, sino por cada lote que se obtenga y con algunas variantes relacionadas a permutas que permitirían la obtención de pequeñas parcelas que se destinarían a viviendas. Así mismo, se plantea la posibilidad de modificar algunas ordenanzas vigentes relacionadas a la construcción en altura y a los metros cuadrados mínimos de loteo (hoy establecidos en 200 m2). Estas y otras medidas semejantes son las que se plantean para dar soluciones habitacionales a un mínimo de 3.000 familias. Acciones necesarias pero no suficientes.
Nuestras exigencias no son más que el cumplimiento de la Constitución Provincial, que en su art. 25, garantiza la vivienda digna a todos los habitantes. En este sentido se plantea, ante la grave situación que ya atraviesa a la ciudad, la puesta en funcionamiento de mecanismos constitucionales como es la declaración de utilidad publica de la tierra para la construcción de viviendas, que le corresponde al Consejo Deliberante, y que se completa con la posterior ley de expropiación dictada por la Legislatura Provincial. Mecanismo este, como se observa, que respeta toda las etapas democráticas hoy vigentes.
La expropiación tiene un contexto constitucional y legal que no significa un acto de enajenación y que da cumplimiento al principio constitucional que dice que “la propiedad privada es inviolable y tiene una función social”.
Es aquí donde debe estar la “mano” del estado, regulando una situación presente de indefensión para muchos vecinos, aunque algunos intenten disimular y correr el arco.
No hay duda, estamos en una emergencia social y ante tal situación se debe actuar con la severidad necesaria, esperando que los que hoy nos gobiernan y legislan estén a la altura de las circunstancias y “representen” los intereses del pueblo y no el de un grupo minoritario que sigue siendo favorecido por el sistema.
Nuestro planteo es claro: solución general y total a esta situación de emergencia social. Los mecanismos están en nuestra Constitución, sólo tiene que existir la voluntad política de llevarlas a la práctica y terminar con el padecimiento de miles de vecinos.
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domingo, 1 de agosto de 2010
lunes, 19 de julio de 2010
REIVINDICAN LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA TIERRA
Días pasados se concretó un nuevo encuentro de los sectores que confluyen en la Constituyente Social de Gualeguaychú. Teresa Guerra, secretaria General de la CTA, e integrante de dicha organización, expresó a El Día que se habló de la tierra y vivienda, como así mismo de la problemática para cientos de familias en acceder a las mismas.
En la reunión se elaboró un documento. “Después de debatir en un ámbito del que han participado representantes del Poder Ejecutivo Municipal, Concejales, Legisladores Provinciales, IAPV y representantes de organizaciones sindicales y territoriales como CTA, AGMER, ATE, MTR, CCC, Militantes por la Unidad Popular, contenidos en la Constituyente Social, tenemos un diagnóstico compartido del problema de la tierra y de la vivienda”, destacó.
La Constituyente Social sostuvo que la concentración de la tierra urbana “(240 contribuyentes propietarios de 600 hectáreas) obedece fundamentalmente a la especulación inmobiliaria”.
Los propietarios “de grandes terrenos ociosos venden sus propiedades recién cuando logran captar el mayor valor que resulta de la extensión de servicios, equipamientos urbanos y construcción de barrios cercanos. Es usual que un campo cuyo dueño tiene información estratégica sobre el desarrollo de la ciudad se transforme en un loteo cuando se valorizó por el esfuerzo público y el de otros vecinos, sin que medie ningún mérito ni inversión por parte de su propietario”.
“La satisfacción del derecho social a una vivienda digna no es garantizada actualmente por el estado dado el límite de la política habitacional planteada (258.000 viviendas construidas desde el 2003), la ausencia de créditos hipotecarios accesibles a los trabajadores y el excesivo costo de la tierra”.
Se enfatizó que el Plan Federal de Viviendas “(el más importante de los implementados) no contempla la financiación de la tierra”.
“Numerosos asentamientos de vecinos crecen en lugares inadecuados y con problemas dominiales, sanitarios y de salud pública, revelando el límite de las políticas vigentes.
Existe en nuestra ciudad una demanda registrada y permanente de alrededor de 3.000 viviendas”.
Conforme a dicho diagnóstico, desde la Constituyente Social se propone:
“Impulsar mecanismos y normas para impedir la enorme transferencia de recursos hacia los propietarios de grandes terrenos ociosos, mediante la regulación estatal del mercado de tierras, cuya ausencia favorece a quien más tiene y propicia una distribución de riquezas al revés”.
“Declarar de utilidad pública grandes terrenos urbanos ociosos destinándolos a la construcción de viviendas, conforme al déficit habitacional registrado, a la opinión de Planeamiento Urbano y a la factibilidad de servicios de los mismos. Dado que es idea de la actual gestión municipal impulsar la planificación de la ciudad a 30 años, juzgamos conveniente y prioritario empezar por planificar el espacio territorial donde ubicar las 3.000 viviendas que hoy faltan construirse en nuestra ciudad”.
“Concebir la declaración de utilidad pública no como una política focalizada sino como un concepto lo suficientemente amplio para que produzca el efecto deseado que es aumentar la oferta de tierra disponible para construir viviendas.
Promover prioritariamente un Banco Municipal de Tierras mediante compra u expropiación de la misma”.
Además, “reivindicar la función social de la tierra y la expropiación como mecanismo legal previsto en la Constitución Provincial como una de las formas para garantizarla, desmitificando que se trate de un despojo o irracionalidad que solo impulsan ‘grupos radicalizados’. De hecho en Federación a instancias del poder político se acaban de expropiar 48 hectáreas urbanas destinadas a vivienda social”.
El sector social alienta “en áreas urbanas criterios tributarios análogos a los previstos por la Constitución Provincial para la tierra rural, cuando sostiene que ‘la legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuos o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas’”.
Otros puntos de la Constituyente contempla: “acelerar una solución local con la convicción que aquella ciudad o región que primero resuelva el acceso a la tierra seguramente tendrá ventajas sobre otras a la hora de reclamar soluciones habitacionales.
Crear un ente para abordar los problemas relacionados con el hábitat, la tierra y la vivienda con representación de los poderes ejecutivos y legislativos municipales, legisladores provinciales, IAPV, concejos de profesionales y representaciones sindicales y territoriales, normando una Ordenanza que facilite la participación de distintos actores políticos y sociales.
Cobrar sobre tasas a grandes terrenos ociosos afectándolos a la compra de tierras para viviendas sociales”.
Se propone adquirir la tierra “mediante el mecanismo más adecuado construyendo después la infraestructura de servicios para que sea el estado y los beneficiarios de planes habitacionales los principales tributarios de las mejoras urbanas”.
“Tenemos la convicción que el uso de la tierra es crucial en el concepto de ciudad que pretendemos. Construimos una ciudad con lugar para todos o reproducimos modelos contrastantes y represivos como Bariloche, con desarrollos parciales y entornos pauperizados”, puntualiza el documento.
PUBLICADO POR DIARIO "EL DÍA" 20/07/2010
En la reunión se elaboró un documento. “Después de debatir en un ámbito del que han participado representantes del Poder Ejecutivo Municipal, Concejales, Legisladores Provinciales, IAPV y representantes de organizaciones sindicales y territoriales como CTA, AGMER, ATE, MTR, CCC, Militantes por la Unidad Popular, contenidos en la Constituyente Social, tenemos un diagnóstico compartido del problema de la tierra y de la vivienda”, destacó.
La Constituyente Social sostuvo que la concentración de la tierra urbana “(240 contribuyentes propietarios de 600 hectáreas) obedece fundamentalmente a la especulación inmobiliaria”.
Los propietarios “de grandes terrenos ociosos venden sus propiedades recién cuando logran captar el mayor valor que resulta de la extensión de servicios, equipamientos urbanos y construcción de barrios cercanos. Es usual que un campo cuyo dueño tiene información estratégica sobre el desarrollo de la ciudad se transforme en un loteo cuando se valorizó por el esfuerzo público y el de otros vecinos, sin que medie ningún mérito ni inversión por parte de su propietario”.
“La satisfacción del derecho social a una vivienda digna no es garantizada actualmente por el estado dado el límite de la política habitacional planteada (258.000 viviendas construidas desde el 2003), la ausencia de créditos hipotecarios accesibles a los trabajadores y el excesivo costo de la tierra”.
Se enfatizó que el Plan Federal de Viviendas “(el más importante de los implementados) no contempla la financiación de la tierra”.
“Numerosos asentamientos de vecinos crecen en lugares inadecuados y con problemas dominiales, sanitarios y de salud pública, revelando el límite de las políticas vigentes.
Existe en nuestra ciudad una demanda registrada y permanente de alrededor de 3.000 viviendas”.
Conforme a dicho diagnóstico, desde la Constituyente Social se propone:
“Impulsar mecanismos y normas para impedir la enorme transferencia de recursos hacia los propietarios de grandes terrenos ociosos, mediante la regulación estatal del mercado de tierras, cuya ausencia favorece a quien más tiene y propicia una distribución de riquezas al revés”.
“Declarar de utilidad pública grandes terrenos urbanos ociosos destinándolos a la construcción de viviendas, conforme al déficit habitacional registrado, a la opinión de Planeamiento Urbano y a la factibilidad de servicios de los mismos. Dado que es idea de la actual gestión municipal impulsar la planificación de la ciudad a 30 años, juzgamos conveniente y prioritario empezar por planificar el espacio territorial donde ubicar las 3.000 viviendas que hoy faltan construirse en nuestra ciudad”.
“Concebir la declaración de utilidad pública no como una política focalizada sino como un concepto lo suficientemente amplio para que produzca el efecto deseado que es aumentar la oferta de tierra disponible para construir viviendas.
Promover prioritariamente un Banco Municipal de Tierras mediante compra u expropiación de la misma”.
Además, “reivindicar la función social de la tierra y la expropiación como mecanismo legal previsto en la Constitución Provincial como una de las formas para garantizarla, desmitificando que se trate de un despojo o irracionalidad que solo impulsan ‘grupos radicalizados’. De hecho en Federación a instancias del poder político se acaban de expropiar 48 hectáreas urbanas destinadas a vivienda social”.
El sector social alienta “en áreas urbanas criterios tributarios análogos a los previstos por la Constitución Provincial para la tierra rural, cuando sostiene que ‘la legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuos o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas’”.
Otros puntos de la Constituyente contempla: “acelerar una solución local con la convicción que aquella ciudad o región que primero resuelva el acceso a la tierra seguramente tendrá ventajas sobre otras a la hora de reclamar soluciones habitacionales.
Crear un ente para abordar los problemas relacionados con el hábitat, la tierra y la vivienda con representación de los poderes ejecutivos y legislativos municipales, legisladores provinciales, IAPV, concejos de profesionales y representaciones sindicales y territoriales, normando una Ordenanza que facilite la participación de distintos actores políticos y sociales.
Cobrar sobre tasas a grandes terrenos ociosos afectándolos a la compra de tierras para viviendas sociales”.
Se propone adquirir la tierra “mediante el mecanismo más adecuado construyendo después la infraestructura de servicios para que sea el estado y los beneficiarios de planes habitacionales los principales tributarios de las mejoras urbanas”.
“Tenemos la convicción que el uso de la tierra es crucial en el concepto de ciudad que pretendemos. Construimos una ciudad con lugar para todos o reproducimos modelos contrastantes y represivos como Bariloche, con desarrollos parciales y entornos pauperizados”, puntualiza el documento.
PUBLICADO POR DIARIO "EL DÍA" 20/07/2010
domingo, 18 de julio de 2010
PREOCUPA A LOS TRABAJADORES LA FALTA DE TIERRA PARA CONSTRUIR VIVIENDAS
Después de debatir en un ámbito del que han participado representantes del Poder Ejecutivo Municipal, concejales, legisladores provinciales, funcionarios del In IAPV, del CTA, de AGMER y otras entidades, se realizó un diagnóstico compartido sobre la falta de tierras para la construcción de viviendas.
El diagnóstico centra su mirada en el déficit de viviendas que tiene Gualeguaychú y entre sus obstáculos se señaló:
* La concentración de la tierra urbana (240 contribuyentes propietarios de 600 hectáreas) obedece fundamentalmente a la especulación inmobiliaria.
* Los propietarios de grandes terrenos ociosos venden sus propiedades recién cuando logran captar el mayor valor que resulta de la extensión de servicios, equipamientos urbanos y construcción de barrios cercanos. Es usual que un campo cuyo dueño tiene información estratégica sobre el desarrollo de la ciudad se transforme en un loteo cuando se valorizó por el esfuerzo público y el de otros vecinos, sin que medie ningún mérito ni inversión por parte de su propietario.
* La satisfacción del derecho social a una vivienda digna no está garantizada actualmente por el Estado dado el límite de la política habitacional planteada (258 mil viviendas construidas desde el 2003), la ausencia de créditos hipotecarios accesibles a los trabajadores y el excesivo costo de la tierra.
* El Plan Federal de Viviendas (el más importante de los implementados) no contempla la financiación de la tierra.
* Existe en Gualeguaychú una demanda registrada y permanente de alrededor de tres mil viviendas.
Conforme a este diagnostico, desde la Constituyente Social local se propuso:
* Impulsar mecanismos y normas para impedir la enorme transferencia de recursos hacia los propietarios de grandes terrenos ociosos, mediante la regulación estatal del mercado de tierras, cuya ausencia favorece a quien más tiene y propicia una “distribución de riquezas al revés”.
* Declarar de utilidad pública grandes terrenos urbanos ociosos destinándolos a la construcción de viviendas, conforme al déficit habitacional registrado, a la opinión de Planeamiento Urbano y a la factibilidad de servicios de los mismos. “Dado que es idea de la actual gestión municipal impulsar la planificación de la ciudad a treinta años, juzgamos conveniente y prioritario empezar por planificar el espacio territorial que permita ubicar las tres mil viviendas que hoy faltan construirse”, señaló la Constituyente Social.
* Promover prioritariamente un Banco Municipal de Tierras mediante compra u expropiación de la misma.
* Aplicar en áreas urbanas criterios tributarios análogos a los previstos por la Constitución Provincial para la tierra rural, cuando sostiene que “la legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuos o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas”.
* Crear un ente para abordar los problemas relacionados con el hábitat, la tierra y la vivienda con representación de los poderes ejecutivos y legislativos municipales, legisladores provinciales, IAPV, concejos de profesionales y representaciones sindicales y territoriales, normando una Ordenanza que facilite la participación de distintos actores políticos y sociales.
* Cobrar sobre tasas a grandes terrenos ociosos afectándolos a la compra de tierras para viviendas sociales.
* Adquirir la tierra mediante el mecanismo más adecuado construyendo después la infraestructura de servicios para que sea el Estado y los beneficiarios de planes habitacionales los principales tributarios de las mejoras urbanas.
Diario "El Argentino" - 19/07/2.010
El diagnóstico centra su mirada en el déficit de viviendas que tiene Gualeguaychú y entre sus obstáculos se señaló:
* La concentración de la tierra urbana (240 contribuyentes propietarios de 600 hectáreas) obedece fundamentalmente a la especulación inmobiliaria.
* Los propietarios de grandes terrenos ociosos venden sus propiedades recién cuando logran captar el mayor valor que resulta de la extensión de servicios, equipamientos urbanos y construcción de barrios cercanos. Es usual que un campo cuyo dueño tiene información estratégica sobre el desarrollo de la ciudad se transforme en un loteo cuando se valorizó por el esfuerzo público y el de otros vecinos, sin que medie ningún mérito ni inversión por parte de su propietario.
* La satisfacción del derecho social a una vivienda digna no está garantizada actualmente por el Estado dado el límite de la política habitacional planteada (258 mil viviendas construidas desde el 2003), la ausencia de créditos hipotecarios accesibles a los trabajadores y el excesivo costo de la tierra.
* El Plan Federal de Viviendas (el más importante de los implementados) no contempla la financiación de la tierra.
* Existe en Gualeguaychú una demanda registrada y permanente de alrededor de tres mil viviendas.
Conforme a este diagnostico, desde la Constituyente Social local se propuso:
* Impulsar mecanismos y normas para impedir la enorme transferencia de recursos hacia los propietarios de grandes terrenos ociosos, mediante la regulación estatal del mercado de tierras, cuya ausencia favorece a quien más tiene y propicia una “distribución de riquezas al revés”.
* Declarar de utilidad pública grandes terrenos urbanos ociosos destinándolos a la construcción de viviendas, conforme al déficit habitacional registrado, a la opinión de Planeamiento Urbano y a la factibilidad de servicios de los mismos. “Dado que es idea de la actual gestión municipal impulsar la planificación de la ciudad a treinta años, juzgamos conveniente y prioritario empezar por planificar el espacio territorial que permita ubicar las tres mil viviendas que hoy faltan construirse”, señaló la Constituyente Social.
* Promover prioritariamente un Banco Municipal de Tierras mediante compra u expropiación de la misma.
* Aplicar en áreas urbanas criterios tributarios análogos a los previstos por la Constitución Provincial para la tierra rural, cuando sostiene que “la legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuos o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas”.
* Crear un ente para abordar los problemas relacionados con el hábitat, la tierra y la vivienda con representación de los poderes ejecutivos y legislativos municipales, legisladores provinciales, IAPV, concejos de profesionales y representaciones sindicales y territoriales, normando una Ordenanza que facilite la participación de distintos actores políticos y sociales.
* Cobrar sobre tasas a grandes terrenos ociosos afectándolos a la compra de tierras para viviendas sociales.
* Adquirir la tierra mediante el mecanismo más adecuado construyendo después la infraestructura de servicios para que sea el Estado y los beneficiarios de planes habitacionales los principales tributarios de las mejoras urbanas.
Diario "El Argentino" - 19/07/2.010
viernes, 16 de julio de 2010
POR UNA CIUDAD CON LUGAR PARA TODOS
Después de debatir en un ámbito del que han participado representantes del Poder Ejecutivo Municipal, Concejales, Legisladores Provinciales, IAPV y representantes de organizaciones sindicales y territoriales como CTA, AGMER, ATE, MTR, CCC, Militantes por la Unidad Popular, contenidos en la Constituyente Social, tenemos un diagnóstico compartido del problema de la tierra y de la vivienda, a saber:
• La concentración de la tierra urbana (240 contribuyentes propietarios de 600 hectáreas) obedece fundamentalmente a la especulación inmobiliaria.
• Los propietarios de grandes terrenos ociosos venden sus propiedades recién cuando logran captar el mayor valor que resulta de la extensión de servicios, equipamientos urbanos y construcción de barrios cercanos. Es usual que un campo cuyo dueño tiene información estratégica sobre el desarrollo de la ciudad se transforme en un loteo cuando se valorizó por el esfuerzo público y el de otros vecinos, sin que medie ningún mérito ni inversión por parte de su propietario.
• La satisfacción del derecho social a una vivienda digna no es garantizada actualmente por el estado dado el límite de la política habitacional planteada (258.000 viviendas construidas desde el 2003), la ausencia de créditos hipotecarios accesibles a los trabajadores y el excesivo costo de la tierra.
• El Plan Federal de Viviendas (el más importante de los implementados) no contempla la financiación de la tierra.
• Numerosos asentamientos de vecinos crecen en lugares inadecuados y con problemas dominiales, sanitarios y de salud pública, revelando el límite de las políticas vigentes.
• Existe en nuestra ciudad una demanda registrada y permanente de alrededor de 3.000 viviendas.
Conforme a dicho diagnostico, desde la Constituyente Social proponemos:
• Impulsar mecanismos y normas para impedir la enorme transferencia de recursos hacia los propietarios de grandes terrenos ociosos, mediante la regulación estatal del mercado de tierras, cuya ausencia favorece a quien más tiene y propicia una “distribución de riquezas al revés”.
• Declarar de utilidad pública grandes terrenos urbanos ociosos destinándolos a la construcción de viviendas, conforme al déficit habitacional registrado, a la opinión de Planeamiento Urbano y a la factibilidad de servicios de los mismos. Dado que es idea de la actual gestión municipal impulsar la planificación de la ciudad a 30 años, juzgamos conveniente y prioritario empezar por planificar el espacio territorial donde ubicar las 3.000 viviendas que hoy faltan construirse en nuestra ciudad.
• Concebir la declaración de utilidad pública no como una política focalizada sino como un concepto lo suficientemente amplio para que produzca el efecto deseado que es aumentar la oferta de tierra disponible para construir viviendas.
• Promover prioritariamente un Banco Municipal de Tierras mediante compra u expropiación de la misma.
• Reivindicar la función social de la tierra y la expropiación como mecanismo legal previsto en la Constitución Provincial como una de las formas para garantizarla, desmitificando que se trate de un despojo o irracionalidad que solo impulsan “grupos radicalizados”. De hecho en Federación a instancias del poder político se acaban de expropiar 48 hectáreas urbanas destinadas a vivienda social.
• Aplicar en áreas urbanas criterios tributarios análogos a los previstos por la Constitución Provincial para la tierra rural, cuando sostiene que “la legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuos o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas”.
• Acelerar una solución local con la convicción que aquella ciudad o región que primero resuelva el acceso a la tierra seguramente tendrá ventajas sobre otras a la hora de reclamar soluciones habitacionales.
• Crear un ente para abordar los problemas relacionados con el hábitat, la tierra y la vivienda con representación de los poderes ejecutivos y legislativos municipales, legisladores provinciales, IAPV, concejos de profesionales y representaciones sindicales y territoriales, normando una Ordenanza que facilite la participación de distintos actores políticos y sociales.
• Cobrar sobre tasas a grandes terrenos ociosos afectándolos a la compra de tierras para viviendas sociales.
• Adquirir la tierra mediante el mecanismo más adecuado construyendo después la infraestructura de servicios para que sea el estado y los beneficiarios de planes habitacionales los principales tributarios de las mejoras urbanas.
Tenemos la convicción que el uso de la tierra es crucial en el concepto de ciudad que pretendemos. Construimos una ciudad con lugar para todos o reproducimos modelos contrastantes y represivos como Bariloche, con desarrollos parciales y entornos pauperizados.
CONSTITUYENTE SOCIAL DE GUALEGUAYCHÚ
• La concentración de la tierra urbana (240 contribuyentes propietarios de 600 hectáreas) obedece fundamentalmente a la especulación inmobiliaria.
• Los propietarios de grandes terrenos ociosos venden sus propiedades recién cuando logran captar el mayor valor que resulta de la extensión de servicios, equipamientos urbanos y construcción de barrios cercanos. Es usual que un campo cuyo dueño tiene información estratégica sobre el desarrollo de la ciudad se transforme en un loteo cuando se valorizó por el esfuerzo público y el de otros vecinos, sin que medie ningún mérito ni inversión por parte de su propietario.
• La satisfacción del derecho social a una vivienda digna no es garantizada actualmente por el estado dado el límite de la política habitacional planteada (258.000 viviendas construidas desde el 2003), la ausencia de créditos hipotecarios accesibles a los trabajadores y el excesivo costo de la tierra.
• El Plan Federal de Viviendas (el más importante de los implementados) no contempla la financiación de la tierra.
• Numerosos asentamientos de vecinos crecen en lugares inadecuados y con problemas dominiales, sanitarios y de salud pública, revelando el límite de las políticas vigentes.
• Existe en nuestra ciudad una demanda registrada y permanente de alrededor de 3.000 viviendas.
Conforme a dicho diagnostico, desde la Constituyente Social proponemos:
• Impulsar mecanismos y normas para impedir la enorme transferencia de recursos hacia los propietarios de grandes terrenos ociosos, mediante la regulación estatal del mercado de tierras, cuya ausencia favorece a quien más tiene y propicia una “distribución de riquezas al revés”.
• Declarar de utilidad pública grandes terrenos urbanos ociosos destinándolos a la construcción de viviendas, conforme al déficit habitacional registrado, a la opinión de Planeamiento Urbano y a la factibilidad de servicios de los mismos. Dado que es idea de la actual gestión municipal impulsar la planificación de la ciudad a 30 años, juzgamos conveniente y prioritario empezar por planificar el espacio territorial donde ubicar las 3.000 viviendas que hoy faltan construirse en nuestra ciudad.
• Concebir la declaración de utilidad pública no como una política focalizada sino como un concepto lo suficientemente amplio para que produzca el efecto deseado que es aumentar la oferta de tierra disponible para construir viviendas.
• Promover prioritariamente un Banco Municipal de Tierras mediante compra u expropiación de la misma.
• Reivindicar la función social de la tierra y la expropiación como mecanismo legal previsto en la Constitución Provincial como una de las formas para garantizarla, desmitificando que se trate de un despojo o irracionalidad que solo impulsan “grupos radicalizados”. De hecho en Federación a instancias del poder político se acaban de expropiar 48 hectáreas urbanas destinadas a vivienda social.
• Aplicar en áreas urbanas criterios tributarios análogos a los previstos por la Constitución Provincial para la tierra rural, cuando sostiene que “la legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuos o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas”.
• Acelerar una solución local con la convicción que aquella ciudad o región que primero resuelva el acceso a la tierra seguramente tendrá ventajas sobre otras a la hora de reclamar soluciones habitacionales.
• Crear un ente para abordar los problemas relacionados con el hábitat, la tierra y la vivienda con representación de los poderes ejecutivos y legislativos municipales, legisladores provinciales, IAPV, concejos de profesionales y representaciones sindicales y territoriales, normando una Ordenanza que facilite la participación de distintos actores políticos y sociales.
• Cobrar sobre tasas a grandes terrenos ociosos afectándolos a la compra de tierras para viviendas sociales.
• Adquirir la tierra mediante el mecanismo más adecuado construyendo después la infraestructura de servicios para que sea el estado y los beneficiarios de planes habitacionales los principales tributarios de las mejoras urbanas.
Tenemos la convicción que el uso de la tierra es crucial en el concepto de ciudad que pretendemos. Construimos una ciudad con lugar para todos o reproducimos modelos contrastantes y represivos como Bariloche, con desarrollos parciales y entornos pauperizados.
CONSTITUYENTE SOCIAL DE GUALEGUAYCHÚ
martes, 29 de junio de 2010
ENTREGA DEL PETITORIO SOBRE TIERRA Y VIVIENDA
En otro orden de cosas, las distintas organizaciones sindicales y territoriales, tienen previsto para este miércoles a la hora 10, la entrega simbólica del petitorio con firmas de vecinos que sobre dicho tópico vienen impulsando desde la Constituyente Social de Gualeguaychú. Es idea de los convocantes acompañar la entrega con representación de los vecinos y organizaciones, y poder reunirse con el Presidente Municipal.
Mesa local de CTA - Gualeguaychú
Mesa local de CTA - Gualeguaychú
miércoles, 12 de mayo de 2010
REUNIÓN DE LA MESA LOCAL DE CTA CON CONCEJALES DE LA CIUDAD / TIERRA URBANA Y VIVIENDA
La Mesa local de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) se reunió con los Concejales de la ciudad en la mañana del miércoles pasado.
Tal encuentro estuvo motivado por el debate previo que sobre tierra urbana y vivienda viene impulsando nuestra mesa y la Constituyente Social, la que lleva adelante actualmente un petitorio sobre estos tópicos, y la decisión hecha pública por los Concejales Fernández y Burlot de promover una norma donde se cobre una sobre tasa a los grandes terrenos de la ciudad que superen los 2.000 m2 y 5.000 m2 respectivamente.
En principio la CTA acuerda con el concepto progresivo de la norma que proponen los concejales aludidos, aunque señalamos límites de la misma y entendemos que el abordaje del problema de la concentración de la tierra y la especulación inmobiliaria, desde nuestra perspectiva, requiere de otros instrumentos que la complementen:
• Proponemos en analogía con la Constitución Provincial incorporar criterios seguidos por ésta en referencia a la tierra rural, cuando señala que “La legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas”(Art. 86, CP).
• Declarar de utilidad pública sujeta a expropiación los grandes terrenos ociosos destinados a planes de vivienda, conforme al Inciso 18, Art. 240 de la CP.
• Crear un ente municipal de consulta permanente para tratar de resolver cuestiones relativas a la tierra, la vivienda y el hábitat, con representación de los poderes legislativos y ejecutivos, el I.A.P.V, los colegios profesionales y las asociaciones intermedias sociales y territoriales que impulsan planes de vivienda, y en el marco del Inc. a, Art. 242, CP, que promueve ”La participación activa de los pobladores, las juntas vecinales y organizaciones intermedias”.
Los concejales significaron los escasos antecedentes de gravámenes como el que plantea el anteproyecto de ordenanza y expresaron coincidencia con nuestra mesa en el diagnostico del problema de la tierra en Gualeguaychú, señalando límites del Cuerpo legislativo para avanzar en normas como las demandadas, por lo cual se decidió volver a convocar el ámbito el próximo 04 de Junio, ampliando la misma a los Legisladores provinciales de nuestra ciudad para posibilitar una intervención mayor del estado como garante de derechos sociales, tal el caso del “derecho a una vivienda digna con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos”. (Art. 25, CP).
Tal encuentro estuvo motivado por el debate previo que sobre tierra urbana y vivienda viene impulsando nuestra mesa y la Constituyente Social, la que lleva adelante actualmente un petitorio sobre estos tópicos, y la decisión hecha pública por los Concejales Fernández y Burlot de promover una norma donde se cobre una sobre tasa a los grandes terrenos de la ciudad que superen los 2.000 m2 y 5.000 m2 respectivamente.
En principio la CTA acuerda con el concepto progresivo de la norma que proponen los concejales aludidos, aunque señalamos límites de la misma y entendemos que el abordaje del problema de la concentración de la tierra y la especulación inmobiliaria, desde nuestra perspectiva, requiere de otros instrumentos que la complementen:
• Proponemos en analogía con la Constitución Provincial incorporar criterios seguidos por ésta en referencia a la tierra rural, cuando señala que “La legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas”(Art. 86, CP).
• Declarar de utilidad pública sujeta a expropiación los grandes terrenos ociosos destinados a planes de vivienda, conforme al Inciso 18, Art. 240 de la CP.
• Crear un ente municipal de consulta permanente para tratar de resolver cuestiones relativas a la tierra, la vivienda y el hábitat, con representación de los poderes legislativos y ejecutivos, el I.A.P.V, los colegios profesionales y las asociaciones intermedias sociales y territoriales que impulsan planes de vivienda, y en el marco del Inc. a, Art. 242, CP, que promueve ”La participación activa de los pobladores, las juntas vecinales y organizaciones intermedias”.
Los concejales significaron los escasos antecedentes de gravámenes como el que plantea el anteproyecto de ordenanza y expresaron coincidencia con nuestra mesa en el diagnostico del problema de la tierra en Gualeguaychú, señalando límites del Cuerpo legislativo para avanzar en normas como las demandadas, por lo cual se decidió volver a convocar el ámbito el próximo 04 de Junio, ampliando la misma a los Legisladores provinciales de nuestra ciudad para posibilitar una intervención mayor del estado como garante de derechos sociales, tal el caso del “derecho a una vivienda digna con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos”. (Art. 25, CP).
martes, 11 de mayo de 2010
CTA RECLAMA LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA TIERRA
Las Comisiones Conjuntas del Concejo Deliberante analizan un proyecto presentado por Martín Fernández (PJ) y Eugenio Bourlot (Nuevo Espacio), quienes apuntan a la aplicación de una tasa diferencial a los dueños de muchos terrenos ubicados en el éjido.
Por Rubén Skubij
El Día los entrevistó (2 de mayo) y consultó sobre la concentración de tierra en la ciudad. “En el universo entre 2.000 y 5.000 metros cuadrados hay 339 contribuyentes, los cuales en conjunto reúnen como propiedad alrededor de 100 hectáreas. Con más de 5.000 metros cuadrados figuran 240 contribuyentes, con alrededor de 600 hectáreas en la ciudad. Comparemos. Una manzana de Gualeguaychú equivale a alrededor de 5.000 metros cuadrados. Por tanto, alrededor de 1.200 manzanas estarían en propiedad de 240 contribuyentes”, graficaron.
La mesa local de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) remitió una nota informando el trabajo encarado, desde hace tiempo, “por la problemática de la tierra en nuestra ciudad”. Al respecto “hemos desarrollado algunos puntos que consideramos esenciales para que no solo se garantice la ‘inviolabilidad’ de la propiedad privada, sino fundamentalmente se garantice la ‘función social’ de la misma (Art 23 de la Constitución Provincial)”.
Afirmó la Mesa local que “el día 19 del presente, hemos visto con agrado y asombro a la vez, la publicación en el diario “El Día” de una nota que hace referencia a un proyecto de ordenanza municipal impulsado por algunos ediles de la ciudad sobre la aplicación de un impuesto diferencial a los dueños de muchos terrenos y locales. Como se menciona en dicha nota, la falta de tierra para hacer viviendas perjudica a sectores más débiles, entre ellos a trabajadores y desocupados, por lo tanto es un problema de urgente solución. Parece ser que así lo han entendido desde el Concejo Deliberante y se proponen tratar el tema”.
Sostiene que dicha inquietud “está dada en que la letra de esa futura ordenanza incluya mecanismos que la carta magna provincial prevé a la hora de hacer cumplir uno de los derechos allí previstos como es el de “una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos” (art. 25 de la C.P)”.
La CTA considera que “en nuestra ciudad este derecho se vulnera por la odiosa acumulación de tierras y propiedades en manos de pocos y con fines meramente especulativos, que distorsionan el mercado actual inmobiliario en Gualeguaychú. Un sistema tan inicuo en un tema tan sensible y esencial es, inmoral y de una falta total de principios humanos y sociales”
Tierra con sentido social
La Mesa Local de la CTA brindó aportes, para trabajar la Carta Orgánica Municipal, respecto “al valor de la tierra urbana con sentido social”. Algunos de ellos son los siguientes:
• La propiedad privada es un derecho “inviolable” que “tiene función social” (Art. 23 CP).
• Todos los habitantes tienen “derecho a una vivienda digna con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos”. (Art. 25, CP).
• Concebimos el hábitat como una producción social y colectiva, por lo tanto la gestión de las políticas públicas debe ser democrática, es decir, con participación de las organizaciones sociales.
• Consideramos que el estado debe intervenir activamente como forma de garantizar derechos sociales y no solo la inviolabilidad de la propiedad, en tanto que “El estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna…” (Art. 251, CP).
El contexto para la CTA contempla la “demanda social de producción de tierra urbana; tendencia incipiente a la ocupación de tierras para vivienda por grupos sociales, quienes se radican en lugares donde existen problemas de infraestructura y de dominio legal; ausencia de tierra fiscal; concentración inmobiliaria; aumento especulativo del valor de la tierra”. También “la apropiación privada del mayor valor adquirido en el precio de grandes terrenos que podrían alojar el déficit de viviendas y que resulta de la mejora en infraestructura de servicios públicos y equipamientos urbanos y/o urbanización derivada de la radicación de grupos habitacionales construidos o a construirse”.
Acciones a incorporar
La CTA propone incorporar a la Carta Orgánica Local “el criterio seguido por ésta en referencia a la tierra rural, cuando señala que ‘la legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas’(Art. 86, CP)”.
“Declarar de utilidad pública sujeta a expropiación la tierra urbana destinada a planes de vivienda; gravar progresivamente la concentración de tierra urbana ociosa; crear un ente municipal de consulta permanente para tratar de resolver cuestiones relativas a la tierra, la vivienda y el hábitat, con representación de los poderes legislativos y ejecutivos, el I.A.P.V, los colegios profesionales y las asociaciones intermedias sociales y territoriales que impulsan planes de vivienda”.
Por Rubén Skubij
El Día los entrevistó (2 de mayo) y consultó sobre la concentración de tierra en la ciudad. “En el universo entre 2.000 y 5.000 metros cuadrados hay 339 contribuyentes, los cuales en conjunto reúnen como propiedad alrededor de 100 hectáreas. Con más de 5.000 metros cuadrados figuran 240 contribuyentes, con alrededor de 600 hectáreas en la ciudad. Comparemos. Una manzana de Gualeguaychú equivale a alrededor de 5.000 metros cuadrados. Por tanto, alrededor de 1.200 manzanas estarían en propiedad de 240 contribuyentes”, graficaron.
La mesa local de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) remitió una nota informando el trabajo encarado, desde hace tiempo, “por la problemática de la tierra en nuestra ciudad”. Al respecto “hemos desarrollado algunos puntos que consideramos esenciales para que no solo se garantice la ‘inviolabilidad’ de la propiedad privada, sino fundamentalmente se garantice la ‘función social’ de la misma (Art 23 de la Constitución Provincial)”.
Afirmó la Mesa local que “el día 19 del presente, hemos visto con agrado y asombro a la vez, la publicación en el diario “El Día” de una nota que hace referencia a un proyecto de ordenanza municipal impulsado por algunos ediles de la ciudad sobre la aplicación de un impuesto diferencial a los dueños de muchos terrenos y locales. Como se menciona en dicha nota, la falta de tierra para hacer viviendas perjudica a sectores más débiles, entre ellos a trabajadores y desocupados, por lo tanto es un problema de urgente solución. Parece ser que así lo han entendido desde el Concejo Deliberante y se proponen tratar el tema”.
Sostiene que dicha inquietud “está dada en que la letra de esa futura ordenanza incluya mecanismos que la carta magna provincial prevé a la hora de hacer cumplir uno de los derechos allí previstos como es el de “una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos” (art. 25 de la C.P)”.
La CTA considera que “en nuestra ciudad este derecho se vulnera por la odiosa acumulación de tierras y propiedades en manos de pocos y con fines meramente especulativos, que distorsionan el mercado actual inmobiliario en Gualeguaychú. Un sistema tan inicuo en un tema tan sensible y esencial es, inmoral y de una falta total de principios humanos y sociales”
Tierra con sentido social
La Mesa Local de la CTA brindó aportes, para trabajar la Carta Orgánica Municipal, respecto “al valor de la tierra urbana con sentido social”. Algunos de ellos son los siguientes:
• La propiedad privada es un derecho “inviolable” que “tiene función social” (Art. 23 CP).
• Todos los habitantes tienen “derecho a una vivienda digna con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos”. (Art. 25, CP).
• Concebimos el hábitat como una producción social y colectiva, por lo tanto la gestión de las políticas públicas debe ser democrática, es decir, con participación de las organizaciones sociales.
• Consideramos que el estado debe intervenir activamente como forma de garantizar derechos sociales y no solo la inviolabilidad de la propiedad, en tanto que “El estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna…” (Art. 251, CP).
El contexto para la CTA contempla la “demanda social de producción de tierra urbana; tendencia incipiente a la ocupación de tierras para vivienda por grupos sociales, quienes se radican en lugares donde existen problemas de infraestructura y de dominio legal; ausencia de tierra fiscal; concentración inmobiliaria; aumento especulativo del valor de la tierra”. También “la apropiación privada del mayor valor adquirido en el precio de grandes terrenos que podrían alojar el déficit de viviendas y que resulta de la mejora en infraestructura de servicios públicos y equipamientos urbanos y/o urbanización derivada de la radicación de grupos habitacionales construidos o a construirse”.
Acciones a incorporar
La CTA propone incorporar a la Carta Orgánica Local “el criterio seguido por ésta en referencia a la tierra rural, cuando señala que ‘la legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas’(Art. 86, CP)”.
“Declarar de utilidad pública sujeta a expropiación la tierra urbana destinada a planes de vivienda; gravar progresivamente la concentración de tierra urbana ociosa; crear un ente municipal de consulta permanente para tratar de resolver cuestiones relativas a la tierra, la vivienda y el hábitat, con representación de los poderes legislativos y ejecutivos, el I.A.P.V, los colegios profesionales y las asociaciones intermedias sociales y territoriales que impulsan planes de vivienda”.
miércoles, 5 de mayo de 2010
LA CTA PREOCUPADA POR LA FALTA DE SOLUCIÓN A LAS PROPIEDADES OCIOSAS
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Gualeguaychú expresó su preocupación sobre la tierra urbana y vivienda en la ciudad.
La mesa local de la CTA remitió una nota a los distintos partidos políticos n la que brega por la función social de la tierra y la vivienda y al mismo tiempo garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada.
En ese marco, la CTA les recordó especialmente a los concejales que el Artículo 25° de la Constitución de Entre Ríos garantiza “una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores”. Y ahonda el concepto al advertir que en Gualeguaychú ese derecho “se vulnera por la odiosa acumulación de tierras y propiedades en manos de pocos y con fines meramente especulativos, que distorsionan el mercado inmobiliario” en la ciudad.
La Central de Trabajadores ayer volvió a reflexionar sobre el tema, porque se ha manifestado la voluntad política de los concejales de gravar con un impuesto diferencial a las propiedades ociosas, concepto al que adhieren.
También le acercaron a la corporación política elementos conceptuales indispensables para obrar sin perder de vista el interés general de la población.
En ese marco, recordaron los principios de que “la propiedad privada es un derecho inviolable que tiene función social”; y es necesario “considerar que el Estado debe intervenir activamente como forma de garantizar derechos sociales y no solo la inviolabilidad de la propiedad”.
Como contexto, la CTA recordó la dura tendencia – aunque incipiente – de ocupación de tierras para viviendas por grupos sociales, la concentración inmobiliaria, el aumento especulativo del valor de la tierra, entre otros factores que expresan que las políticas y las normativas están llegando a su agotamiento o límite.
Como propuesta, la CTA sugiere que se declare de utilidad pública sujeta a la expropiación la tierra urbana destinada a planes de vivienda; y crear un ente municipal de consulta permanente para tratar de resolver cuestiones relativas a la tierra, la vivienda y el hábitat.
Nota publicada por el Diario el Argentino 05 – 05 - 2010
La mesa local de la CTA remitió una nota a los distintos partidos políticos n la que brega por la función social de la tierra y la vivienda y al mismo tiempo garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada.
En ese marco, la CTA les recordó especialmente a los concejales que el Artículo 25° de la Constitución de Entre Ríos garantiza “una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores”. Y ahonda el concepto al advertir que en Gualeguaychú ese derecho “se vulnera por la odiosa acumulación de tierras y propiedades en manos de pocos y con fines meramente especulativos, que distorsionan el mercado inmobiliario” en la ciudad.
La Central de Trabajadores ayer volvió a reflexionar sobre el tema, porque se ha manifestado la voluntad política de los concejales de gravar con un impuesto diferencial a las propiedades ociosas, concepto al que adhieren.
También le acercaron a la corporación política elementos conceptuales indispensables para obrar sin perder de vista el interés general de la población.
En ese marco, recordaron los principios de que “la propiedad privada es un derecho inviolable que tiene función social”; y es necesario “considerar que el Estado debe intervenir activamente como forma de garantizar derechos sociales y no solo la inviolabilidad de la propiedad”.
Como contexto, la CTA recordó la dura tendencia – aunque incipiente – de ocupación de tierras para viviendas por grupos sociales, la concentración inmobiliaria, el aumento especulativo del valor de la tierra, entre otros factores que expresan que las políticas y las normativas están llegando a su agotamiento o límite.
Como propuesta, la CTA sugiere que se declare de utilidad pública sujeta a la expropiación la tierra urbana destinada a planes de vivienda; y crear un ente municipal de consulta permanente para tratar de resolver cuestiones relativas a la tierra, la vivienda y el hábitat.
Nota publicada por el Diario el Argentino 05 – 05 - 2010
lunes, 3 de mayo de 2010
¿DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE CONCENTRACIÓN DE TIERRA URBANA EN NUESTRA CIUDAD?
En el universo entre 2.000 y 5.000 metros cuadrados, hay 339 contribuyentes, los cuales en conjunto reúnen como propiedad alrededor de 100 hectáreas. Con más de 5.000 metros cuadrados figuran 240 contribuyentes, con alrededor de 600 hectáreas en la ciudad. Comparemos. Una manzana de Gualeguaychú equivale a alrededor de 5.000 metros cuadrados. Por tanto, alrededor de 1.200 manzanas estarían en propiedad de 240 contribuyentes. (Concejal Martín Fernández – Diario “El Día” de Gualeguaychú – 02 – 05 – 2010).
miércoles, 28 de abril de 2010
NOTA DE LA MESA LOCAL DE CTA SOBRE TIERRA URBANA Y VIVIENDA ENVIADA A LOS DISTINTOS PARTIDOS POLÍTICOS DE NUESTRA CIUDAD
La mesa local de CTA Gualeguaychú, como es de público conocimiento, viene trabajando desde ya hace un tiempo sobre la problemática de la tierra en nuestra ciudad. Al respecto hemos desarrollado algunos puntos que consideramos esenciales para que no solo se garantice la “inviolabilidad” de la propiedad privada, sino fundamentalmente se garantice la “función social” de la misma (art 23 de la C.P.).
El día 19 del presente, hemos visto con agrado y asombro a la vez, la publicación en el diario “El Día” de una nota que hace referencia a un proyecto de ordenanza municipal impulsado por algunos ediles de la ciudad sobre la aplicación de un impuesto diferencial a los dueños de muchos terrenos y locales. Como se menciona en dicha nota, la falta de tierra para hacer viviendas perjudica a sectores más débiles, entre ellos a trabajadores y desocupados, por lo tanto es un problema de urgente solución.
Parece ser que así lo han entendido desde el Concejo Deliberante y se proponen tratar el tema.
Nuestra inquietud está dada en que la letra de esa futura ordenanza incluya mecanismos que la carta magna provincial prevé a la hora de hacer cumplir uno de los derechos allí previstos como es el de “una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos” (art. 25 de la C.P).
En nuestra ciudad este derecho se vulnera por la odiosa acumulación de tierras y propiedades en manos de pocos y con fines meramente especulativos, que distorsionan el mercado actual inmobiliario en Gualeguaychú.
Un sistema tan inicuo en un tema tan sensible y esencial es, inmoral y de una falta total de principios humanos y sociales.
Adjuntamos a la presente el material desarrollado por esta mesa y esperamos buena recepción por su parte.
Mesa Local CTA Gualeguaychú
Aportes de la Mesa Local CTA para trabajar la Carta Orgánica Municipal.
EL VALOR DE LA TIERRA URBANA CON SENTIDO SOCIAL:
Principios:
• La propiedad privada es un derecho “inviolable” que “tiene función social” (Art. 23 CP).
• Todos los habitantes tienen “derecho a una vivienda digna con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos”. (Art. 25, CP).
• Concebimos el hábitat como una producción social y colectiva, por lo tanto la gestión de las políticas públicas debe ser democrática, es decir, con participación de las organizaciones sociales.
• Consideramos que el estado debe intervenir activamente como forma de garantizar derechos sociales y no solo la inviolabilidad de la propiedad, en tanto que “El estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna…” (Art. 251, CP).
Contexto:
• Demanda social de producción de tierra urbana.
• Tendencia incipiente a la ocupación de tierras para vivienda por grupos sociales, quienes se radican en lugares donde existen problemas de infraestructura y de dominio legal.
• Ausencia de tierra fiscal.
• Concentración inmobiliaria.
• Aumento especulativo del valor de la tierra.
• Apropiación privada del mayor valor adquirido en el precio de grandes terrenos que podrían alojar el déficit de viviendas y que resulta de la mejora en infraestructura de servicios públicos y equipamientos urbanos y/o urbanización derivada de la radicación de grupos habitacionales construidos o a construirse.
La situación descripta esta señalando el límite de las políticas y normativas vigentes.
Principios y Acciones a incorporar en la Carta Orgánica Local:
• Proponemos en analogía con la Constitución Provincial incorporar el criterio seguido por ésta en referencia a la tierra rural, cuando señala que “La legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas”(Art. 86, CP).
• Declarar de utilidad pública sujeta a expropiación la tierra urbana destinada a planes de vivienda, conforme al Inciso 18, Art. 240 de la CP.
• Gravar progresivamente la concentración de tierra urbana ociosa.
• Crear un ente municipal de consulta permanente para tratar de resolver cuestiones relativas a la tierra, la vivienda y el hábitat, con representación de los poderes legislativos y ejecutivos, el I.A.P.V, los colegios profesionales y las asociaciones intermedias sociales y territoriales que impulsan planes de vivienda, y en el marco del Inc. a, Art. 242, CP, que promueve ”La participación activa de los pobladores, las juntas vecinales y organizaciones intermedias”.
PETITORIO SOBRE TIERRA URBANA Y VIVIENDA
Gualeguaychú, …………. Mayo de 2010
Al Sr. Presidente.
Municipalidad de Gualeguaychú.
Don Juan José Bahillo.
S. / D.
De nuestra mayor consideración:
Los vecinos de Gualeguaychú ante la emergencia habitacional provocada por la escasa disponibilidad de tierra en condiciones de habitabilidad
• por ausencia de tierra fiscal urbana,
• por acumulación de tierra urbana en escasos propietarios con mucha capacidad económica (especulación inmobiliaria).
- Exigimos a nuestras autoridades gubernamentales inmediata respuesta a la situación de carencia que viven muchas familias, conforme a derechos constitucionales que asisten a todos los ciudadanos.
- Sostenemos alternativas a través de las que se puede dar respuesta a la situación planteada, por lo cual proponemos:
1. Efectuar un claro diagnóstico del déficit habitacional de toda la ciudad y definir las áreas urbanas a desarrollar para satisfacer dicho déficit.
2. Garantizar condiciones ambientales, de servicios y urbanísticas para la ejecución de planes de viviendas.
3. Encarar la producción de tierra urbana destinada a la construcción de viviendas sociales mediante compra (Art. 1, Resolución 51/2008 – Establece “Solicitar al Sr. Presidente Municipal, Juan José Bahillo, priorice la compra y puesta en condiciones de terrenos que permitan avanzar en la construcción de nuevas viviendas para los vecinos de nuestra ciudad”).
4. Relevar grandes terrenos ociosos de la ciudad y declararlos de utilidad pública sujetos a expropiación (Expte. 3561/09 de AGMER), conforme al Inc. 18, Art. 240 de la Constitución Provincial.
5. Conformar un banco de materiales reintegrables destinado a resolver situaciones urgentes.
6. Gravar progresivamente la concentración de la tierra urbana ociosa.
Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta le saludamos atte.
El día 19 del presente, hemos visto con agrado y asombro a la vez, la publicación en el diario “El Día” de una nota que hace referencia a un proyecto de ordenanza municipal impulsado por algunos ediles de la ciudad sobre la aplicación de un impuesto diferencial a los dueños de muchos terrenos y locales. Como se menciona en dicha nota, la falta de tierra para hacer viviendas perjudica a sectores más débiles, entre ellos a trabajadores y desocupados, por lo tanto es un problema de urgente solución.
Parece ser que así lo han entendido desde el Concejo Deliberante y se proponen tratar el tema.
Nuestra inquietud está dada en que la letra de esa futura ordenanza incluya mecanismos que la carta magna provincial prevé a la hora de hacer cumplir uno de los derechos allí previstos como es el de “una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos” (art. 25 de la C.P).
En nuestra ciudad este derecho se vulnera por la odiosa acumulación de tierras y propiedades en manos de pocos y con fines meramente especulativos, que distorsionan el mercado actual inmobiliario en Gualeguaychú.
Un sistema tan inicuo en un tema tan sensible y esencial es, inmoral y de una falta total de principios humanos y sociales.
Adjuntamos a la presente el material desarrollado por esta mesa y esperamos buena recepción por su parte.
Mesa Local CTA Gualeguaychú
Aportes de la Mesa Local CTA para trabajar la Carta Orgánica Municipal.
EL VALOR DE LA TIERRA URBANA CON SENTIDO SOCIAL:
Principios:
• La propiedad privada es un derecho “inviolable” que “tiene función social” (Art. 23 CP).
• Todos los habitantes tienen “derecho a una vivienda digna con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos”. (Art. 25, CP).
• Concebimos el hábitat como una producción social y colectiva, por lo tanto la gestión de las políticas públicas debe ser democrática, es decir, con participación de las organizaciones sociales.
• Consideramos que el estado debe intervenir activamente como forma de garantizar derechos sociales y no solo la inviolabilidad de la propiedad, en tanto que “El estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna…” (Art. 251, CP).
Contexto:
• Demanda social de producción de tierra urbana.
• Tendencia incipiente a la ocupación de tierras para vivienda por grupos sociales, quienes se radican en lugares donde existen problemas de infraestructura y de dominio legal.
• Ausencia de tierra fiscal.
• Concentración inmobiliaria.
• Aumento especulativo del valor de la tierra.
• Apropiación privada del mayor valor adquirido en el precio de grandes terrenos que podrían alojar el déficit de viviendas y que resulta de la mejora en infraestructura de servicios públicos y equipamientos urbanos y/o urbanización derivada de la radicación de grupos habitacionales construidos o a construirse.
La situación descripta esta señalando el límite de las políticas y normativas vigentes.
Principios y Acciones a incorporar en la Carta Orgánica Local:
• Proponemos en analogía con la Constitución Provincial incorporar el criterio seguido por ésta en referencia a la tierra rural, cuando señala que “La legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas”(Art. 86, CP).
• Declarar de utilidad pública sujeta a expropiación la tierra urbana destinada a planes de vivienda, conforme al Inciso 18, Art. 240 de la CP.
• Gravar progresivamente la concentración de tierra urbana ociosa.
• Crear un ente municipal de consulta permanente para tratar de resolver cuestiones relativas a la tierra, la vivienda y el hábitat, con representación de los poderes legislativos y ejecutivos, el I.A.P.V, los colegios profesionales y las asociaciones intermedias sociales y territoriales que impulsan planes de vivienda, y en el marco del Inc. a, Art. 242, CP, que promueve ”La participación activa de los pobladores, las juntas vecinales y organizaciones intermedias”.
PETITORIO SOBRE TIERRA URBANA Y VIVIENDA
Gualeguaychú, …………. Mayo de 2010
Al Sr. Presidente.
Municipalidad de Gualeguaychú.
Don Juan José Bahillo.
S. / D.
De nuestra mayor consideración:
Los vecinos de Gualeguaychú ante la emergencia habitacional provocada por la escasa disponibilidad de tierra en condiciones de habitabilidad
• por ausencia de tierra fiscal urbana,
• por acumulación de tierra urbana en escasos propietarios con mucha capacidad económica (especulación inmobiliaria).
- Exigimos a nuestras autoridades gubernamentales inmediata respuesta a la situación de carencia que viven muchas familias, conforme a derechos constitucionales que asisten a todos los ciudadanos.
- Sostenemos alternativas a través de las que se puede dar respuesta a la situación planteada, por lo cual proponemos:
1. Efectuar un claro diagnóstico del déficit habitacional de toda la ciudad y definir las áreas urbanas a desarrollar para satisfacer dicho déficit.
2. Garantizar condiciones ambientales, de servicios y urbanísticas para la ejecución de planes de viviendas.
3. Encarar la producción de tierra urbana destinada a la construcción de viviendas sociales mediante compra (Art. 1, Resolución 51/2008 – Establece “Solicitar al Sr. Presidente Municipal, Juan José Bahillo, priorice la compra y puesta en condiciones de terrenos que permitan avanzar en la construcción de nuevas viviendas para los vecinos de nuestra ciudad”).
4. Relevar grandes terrenos ociosos de la ciudad y declararlos de utilidad pública sujetos a expropiación (Expte. 3561/09 de AGMER), conforme al Inc. 18, Art. 240 de la Constitución Provincial.
5. Conformar un banco de materiales reintegrables destinado a resolver situaciones urgentes.
6. Gravar progresivamente la concentración de la tierra urbana ociosa.
Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta le saludamos atte.
viernes, 2 de abril de 2010
PREOCUPACIÓN POR LA TIERRA OCIOSA Y LA DIFICULTAD PARA ACCEDER A LA VIVIENDA
La Constituyente Social local resolvió impulsar un petitorio a las autoridades municipales para instalar el debate sobre la tierra urbana y la vivienda en Gualeguaychú. De manera especial, busca darle solución a los terrenos en manos de grandes propietarios y que están ociosos, a los que proponen un gravamen progresivo.
El texto que será elevado al intendente –al que accedió EL ARGENTINO- sostiene que “la emergencia habitacional” es provocada por la escasa disponibilidad de tierra en condiciones de habitabilidad, debido a “la ausencia de tierra fiscal urbana, por acumulación en escasos propietarios particulares con mucha capacidad económica (especulación inmobiliaria)”.
La Constituyente Social le solicitará al intendente y a las demás autoridades gubernamentales “una inmediata respuesta a la situación de carencia que viven muchas familias, conforme a derechos constitucionales que asisten a todos los ciudadanos”.
La Constituyente Social local es motorizada por la Central Trabajadores Argentinos (CTA) y no se queda solamente en una exigencia o diagnóstico, sino que también propone alternativas para superar esta dramática situación como es la falta de disponibilidad de tierras en la ciudad.
Al respecto, proponen “efectuar un claro diagnóstico del déficit habitacional de toda la ciudad y definir las áreas urbanas a desarrollar para satisfacer dicho déficit”.
También proponen “garantizar las condiciones ambientales, de servicios y urbanísticas para la ejecución de planes de viviendas”.
“Encarar la producción de tierras urbana destinada a la construcción de viviendas sociales mediante la compra y la puesta en condiciones de terrenos que permitan avanzar en la construcción de barrios”.
“Relevar los grandes terrenos ociosos de la ciudad y declararlos de utilidad pública sujetos a expropiación”, conforme el inciso 18 del Artículo 240° de la Constitución Provincial.
Por último, la Constituyente Social propone “gravar progresivamente la concentración de la tierra urbana ociosa”.
Por otra parte, la CTA convoca a una nueva Constituyente Social para el 13 de abril a las 21 en la sede local de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).
La idea, sostienen los convocantes, es afianzar un ámbito de funcionamiento permanente que permita consolidar los acuerdos, definir las prioridades y acciones operativas. Especialmente se analizará la participación en la Carta Orgánica Municipal y en el inminente debate sobre el destino del recuperado Teatro Gualeguaychú, entre otros temas.
El texto que será elevado al intendente –al que accedió EL ARGENTINO- sostiene que “la emergencia habitacional” es provocada por la escasa disponibilidad de tierra en condiciones de habitabilidad, debido a “la ausencia de tierra fiscal urbana, por acumulación en escasos propietarios particulares con mucha capacidad económica (especulación inmobiliaria)”.
La Constituyente Social le solicitará al intendente y a las demás autoridades gubernamentales “una inmediata respuesta a la situación de carencia que viven muchas familias, conforme a derechos constitucionales que asisten a todos los ciudadanos”.
La Constituyente Social local es motorizada por la Central Trabajadores Argentinos (CTA) y no se queda solamente en una exigencia o diagnóstico, sino que también propone alternativas para superar esta dramática situación como es la falta de disponibilidad de tierras en la ciudad.
Al respecto, proponen “efectuar un claro diagnóstico del déficit habitacional de toda la ciudad y definir las áreas urbanas a desarrollar para satisfacer dicho déficit”.
También proponen “garantizar las condiciones ambientales, de servicios y urbanísticas para la ejecución de planes de viviendas”.
“Encarar la producción de tierras urbana destinada a la construcción de viviendas sociales mediante la compra y la puesta en condiciones de terrenos que permitan avanzar en la construcción de barrios”.
“Relevar los grandes terrenos ociosos de la ciudad y declararlos de utilidad pública sujetos a expropiación”, conforme el inciso 18 del Artículo 240° de la Constitución Provincial.
Por último, la Constituyente Social propone “gravar progresivamente la concentración de la tierra urbana ociosa”.
Por otra parte, la CTA convoca a una nueva Constituyente Social para el 13 de abril a las 21 en la sede local de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).
La idea, sostienen los convocantes, es afianzar un ámbito de funcionamiento permanente que permita consolidar los acuerdos, definir las prioridades y acciones operativas. Especialmente se analizará la participación en la Carta Orgánica Municipal y en el inminente debate sobre el destino del recuperado Teatro Gualeguaychú, entre otros temas.
martes, 30 de marzo de 2010
LA CONSTITUYENTE SOCIAL LOCAL RESOLVIÓ IMPULSAR UN PETITORIO PARA INSTALAR EL DEBATE SOBRE TIERRA URBANA Y VIVIENDA
Dicha petición firmada por los vecinos interesados en esta problemática será entregada posteriormente al intendente municipal. El texto del petitorio es el siguiente:
“Los vecinos de Gualeguaychú ante la emergencia habitacional provocada por la escasa disponibilidad de tierra en condiciones de habitabilidad
• por ausencia de tierra fiscal urbana,
• por concentración de la tierra urbana en manos privadas (Especulación inmobiliaria).
- Exigimos a nuestras autoridades gubernamentales inmediata respuesta a la situación de carencia que viven muchas familias, conforme a derechos constitucionales que asisten a todos los ciudadanos.
- Sostenemos alternativas a través de las que se puede dar respuesta a la situación planteada, por lo cual proponemos:
1. Efectuar un claro diagnóstico del déficit habitacional de toda la ciudad y definir las áreas urbanas a desarrollar para satisfacer dicho déficit.
2. Garantizar condiciones ambientales, de servicios y urbanísticas para la ejecución de planes de viviendas.
3. Encarar la producción de tierra urbana destinada a la construcción de viviendas sociales mediante compra (Art. 1, Resolución 51/2008 – Establece “Solicitar al Sr. Presidente Municipal, Juan José Bahillo, priorice la compra y puesta en condiciones de terrenos que permitan avanzar en la construcción de nuevas viviendas para los vecinos de nuestra ciudad”).
4. Relevar los terrenos ociosos de la ciudad y declararlos de interés público sujetos a expropiación (Expte. 3561/09 de AGMER), conforme al Inc. 18, Art. 240 de la Constitución Provincial.
5. Conformar un banco de materiales reintegrables destinado a resolver situaciones urgentes.
6. Gravar progresivamente la concentración de la tierra urbana ociosa.”
“Los vecinos de Gualeguaychú ante la emergencia habitacional provocada por la escasa disponibilidad de tierra en condiciones de habitabilidad
• por ausencia de tierra fiscal urbana,
• por concentración de la tierra urbana en manos privadas (Especulación inmobiliaria).
- Exigimos a nuestras autoridades gubernamentales inmediata respuesta a la situación de carencia que viven muchas familias, conforme a derechos constitucionales que asisten a todos los ciudadanos.
- Sostenemos alternativas a través de las que se puede dar respuesta a la situación planteada, por lo cual proponemos:
1. Efectuar un claro diagnóstico del déficit habitacional de toda la ciudad y definir las áreas urbanas a desarrollar para satisfacer dicho déficit.
2. Garantizar condiciones ambientales, de servicios y urbanísticas para la ejecución de planes de viviendas.
3. Encarar la producción de tierra urbana destinada a la construcción de viviendas sociales mediante compra (Art. 1, Resolución 51/2008 – Establece “Solicitar al Sr. Presidente Municipal, Juan José Bahillo, priorice la compra y puesta en condiciones de terrenos que permitan avanzar en la construcción de nuevas viviendas para los vecinos de nuestra ciudad”).
4. Relevar los terrenos ociosos de la ciudad y declararlos de interés público sujetos a expropiación (Expte. 3561/09 de AGMER), conforme al Inc. 18, Art. 240 de la Constitución Provincial.
5. Conformar un banco de materiales reintegrables destinado a resolver situaciones urgentes.
6. Gravar progresivamente la concentración de la tierra urbana ociosa.”
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