LA CTA PARANÁ RECLAMA UNA ASIGNACIÓN UNIVERSAL DE $300 POR HIJO

Es inocultable que más de un 30 por ciento de los argentinos vive en la pobreza y el 15 por ciento en la indigencia. No existen estadísticas que maquillen esta realidad. Siendo más grave aún el problema, ya que el hambre se ensaña con nuestros niños. Los índices determinan que sobre un total de 13 millones de pobres más de 6 millones son menores de 18 años. Casi 3 millones de niños que al vivir en hogares bajo la línea de indigencia, pasan hambre al no contar con ingresos suficientes en sus hogares para adquirir la canasta básica de alimentos. El 25 por ciento de niños argentinos viven en esta dramática situación.

Esta infantilización de la pobreza que conlleva al trabajo infantil es producto de la desigualdad social en la que se encuentra inmerso nuestro país. Situación que hasta el momento no se ha revertido.

El trabajo infantil es una realidad que nos golpea fuertemente. A nivel nacional dos millones de niños desarrollan actividades laborales; en nuestra provincia el 6.7 por ciento de mano de obra infantil se concentra en el aglomerado de Concordia y el 3,2 por ciento en Paraná.

La pobreza y la indigencia no deben ser el instrumento para que en nuestro país exista trabajo infantil y explotación de menores.

En este contexto desde la CTA Paraná creemos que si no se aplican políticas de Estado tendientes a revertir la situación, es factible que a corto plazo el niño que no tuvo acceso a la educación y trabajo desde pequeño, repita el cuadro con las siguientes generaciones, continuando la franja de vulnerabilidad.

Los gobiernos nacional y provincial deben revertir esta desigualdad mediante políticas públicas destinadas a la niñez. A partir del Decreto 1602/09 que determinó que 3,4 millones de niños accedan al beneficio de la asignación, es un avance en sus derechos y un reconocimiento a sus necesidades. Pero debe ser universal. Lamentablemente 5 millones de chicos no gozan de ese beneficio ni resuelven sus necesidades porque son hijos de trabajadores no registrados que ganan por encima del salario mínimo, hijos de trabajadores cuentapropistas, hijos de trabajadores desocupados e informales que nacieron luego del quinto hijo a pesar de que perciban ingresos inferiores al salario mínimo, hijos de trabajadores mayores de 65 años excluidos del sistema previsional.

En este sentido desde la Central reafirmamos la necesidad imperiosa de garantizar en la Argentina de una vez y para siempre, para toda la población y de modo universal, “un mínimo de derechos sociales básicos”. Ya no se trata de un plan más o de un programa focalizado en tal o cuál sector de la población, sino de una ley que defina un salario familiar universal de 300 pesos para todos los menores de 18 años. Garantizando un mismo valor para los hijos de todos los trabajadores independientemente de la relación laboral que desarrollen.

Esta política social concretaría un derecho social que actualmente es negado para el 65 por ciento de los menores en la Argentina; teniendo un impacto favorable e inmediato en la pobreza: la por ciento conformación de un ingreso mínimo para los hogares hace decender la tasa de pobreza del 33.8 por ciento al 23,8 por ciento, representando una caída en la tasa del 30 por ciento. La tasa de indigencia pasaría del 16.4 al 4 por ciento o sea representaría una caída del 73 por ciento.

Y fundamentalmente dignificaría a los niños y a sus familias que percibían planes sociales por su condición de pobre al pasar a percibir una asignación familiar por su condición de ciudadano, con derechos y dejar de tener que verse sometidos a demostrar su condición de vulnerabilidad. Generando una situación de justicia social al pasar todos los niños y niñas de la Argentina a tener el mismo valor para el Estado.

El costo de extender a 300 pesos a los más de 13 millones de menores de nuestro país debe realizarse incorporando como parte del financiamiento al programa de asignaciones familiares que paga la ANSES y al nuevo programa denominado Asignación Universal por Hijo para la Protección Social. De esta manera el costo neto de la medida sería de 32.518 millones de pesos; una cifra perfectamente financiable con los recursos que cuenta el Estado actualmente destinado a otros fines.

Las fuentes de financiamiento están; en primer lugar, la construcción de un piso mínimo de ingresos para la demanda interna que lleva consigo un importante nivel de autofinanciamiento. Este mayor consumo popular supone una ampliación de la recaudación tributaria de más de 11.950 millones de pesos anuales, garantizando la sustentabilidad de esta medida en el tiempo.

De esta manera el costo fiscal neto anual para universalizar el salario familiar es de 20.568 millones de pesos, equivalente al 1.7 por ciento de la riqueza anual producida en la Argentina (PBI). Representando apenas el 8.3 por ciento del volumen de exportación y el 11.2 por ciento de las reservas internacionales que acumula el Banco Central; siendo apenas el 7.6 por ciento de los gastos del gobierno nacional y el 11.5 por ciento de los gobiernos provinciales y municipales.

A su vez el Estado debe cambiar el orden de sus prioridades. Hoy entre regimenes de promoción económica, exenciones impositivas y subsidios al capital concentrado se destinan 40.000 millones de pesos. Estos recursos fiscales existen y están disponibles. Hasta aquí con solo la reasignación de las partidas presupuestarias se garantiza poner en marcha de manera inmediata el salario familiar de 300 pesos por hijo.

Debemos ser capaces de cambiar el eje de aplicación de políticas focalizadas y paliativas por la aplicación de políticas verdaderamente universales que garanticen la distribución de la riqueza como instrumento para la erradicación del trabajo infantil; para promover derechos a la salud y a la educación.; para terminar con este flagelo social. Que sólo significa dolor para nuestra niñez hipotecando el futuro de nuestra sociedad.

TRABAJADORES NUCLEADOS EN CTA HARÁN UN ACTO EL 24 DE MAYO EN PARANÁ

Organizaciones gremiales y sociales confluirán el lunes próximo en un acto que realizarán frente a las puertas del hipermercado Changomás, que se levanta en Blas Parera y Brown, en Paraná. En ese marco, “expresaremos nuestro pensamiento con la mirada de los trabajadores y de los pueblos de nuestra América en lucha en este Bicentenario”, adelantaron los organizadores. El secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) seccional Paraná, Ricardo Sánchez, convocó además para ese día a una conferencia de prensa a partir de las 11. Y en el parte de prensa enviado a ANALISIS DIGITAL volvió a pronunciarse por “un Bicentenario sin hambre”.

LA CTA PARANÁ RESPONDE A DECLARACIONES DEL GOBERNADOR

La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) de Paraná respondió a las declaraciones del gobernador Sergio Urribarri en las que criticó a los dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y consideró que “es necesario la generación de un ámbito de diálogo y consensos; y no apostar a la degradación institucional”. “El sistema de democracia participativa con el que cuenta la organización gremial, donde los destinos de los trabajadores no los decide la dirigencia gremial sino sus verdaderos actores que son sus bases, los propios trabajadores y trabajadoras”, expresaron en un comunicado. “El nuevo modelo sindical así lo determina, sin burocracias, sin estériles divisiones, ni sectarismos. El viejo modelo sindical sostenido por su dependencia del poder político y su grado de complicidad con el poder económico no sirve para canalizar las demandas de sus representados ni defender sus conquistas e intereses”, afirmaron desde el gremio.

Asimismo, sostuvieron en referencia a la relación de los gremios con el gobierno provincial que “el principio de autonomía sindical con respecto al Estado y a los partidos políticos y que sean los propios trabajadores los artífices de su destino, principio esencial para quiénes integramos nuestra central obrera; es lo que hace que el gobierno de la provincia caracterice hoy a nuestros dirigentes queriendo demonizarlos ante la sociedad entrerriana. Esta autonomía determina como los propios trabajadores articulan la lucha por sus reivindicaciones”.

“Si revalorizar la ética gremial, llevando adelante las políticas decididas por las bases como lo hacen día a día nuestros compañeros docentes es para el Sr. Gobernador pretender ser el guía de la dirigencia intermedia preguntándose donde lo conducen quiénes encabezan la AGMER. Es desvalorizar, menoscabar a los compañeros que a través de un proceso democrático de elección fueron electos conducción de la entidad”, remarcaron en referencia a los dichos de Sergio Urribarri y agregaron que “para la CTA no es prudente caracterizar con calificativos, el legítimo proceso interno de los trabajadores, es como intentar mirar la paja en el ojo ajeno”.

“Para ello, existen experiencias históricas del movimiento obrero que demuestran que el proceso de construcción y de lucha de los trabajadores se hace con ideología, dialogo, consenso y política”, continuaron en el documento.

“Diálogo y consensos que el gobierno no ha mantenido con los trabajadores docentes. Situación que así queda demostrada y ante los ojos de la comunidad como la falta de un plan alternativo por parte del gobierno provincial para con las estructuras edilicias de los establecimientos escolares destruidos, la falta de condiciones de salud y seguridad laboral para los trabajadores y sus alumnos, los bajos salarios, el trabajo en negro, los descuentos por días de huelga, derecho garantizado por nuestra Constitución Nacional”, dispararon.

“Al filo de la culminación del año, donde se ha agravado notoriamente la conflictividad social, tanto en el sector público y como en el privado y ante la responsabilidad institucional que tenemos ante la sociedad. Desde la Central, apelamos a la urgente necesidad de la creación de una mesa de diálogo donde podamos encontrar los principios esenciales y los consensos necesarios para destrabar el alto grado de conflictividad gremial y social. Debemos ser capaces de revalorizar las instituciones y no apostar a la degradación de las mismas, a los internismos y estériles divisiones”, concluyeron.

CTA PARANÁ SOLICITÓ QUE NO SE PERMITA A COTO PARTICIPAR DEL REPARTO DE LA CUOTA HILTON

La Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) seccional Paraná expresó su solidaridad a los 20 trabajadores despedidos del hipermercado Coto. Asimismo, envió una carta documento a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que solicitó que se suspenda a la empresa de la participación en los concursos públicos para la asignación de la Cuota Hilton. La intención de la medida es que la firma reincorpore a los empleados cesanteados. Para la Central, la firma Coto “representa a uno de los grupos nacionales de mayor concentración en Argentina y junto a otras ‘ejecutoras del modelo de hambre’ en el país, demuestra una total desaprensión y desvalorización de la condición humana de los trabajadores, importándole solamente su máxima ganancia”.

En ese marco, entendió que “esta empresa no puede ser beneficiaria de una asignación de índole pública y económica por parte del Estado nacional, al carecer la misma de sensibilidad y compromiso social”.

“Una vez y para siempre debemos introducir en la agenda pública el debate para definir si se protege a estos grupos o de lo contrario se realiza un fuerte impulso al mercado interno, alentando al desarrollo de las pymes locales, generando empleo genuino y estable”, reclamó la Central en un comunicado enviado a ANALISIS DIGITAL.

SE RECORDÓ EN PARANÁ DICIEMBRE DE 2001

En horas de la mañana del viernes, la CTA Paraná acompañó a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER-CTA) en el descubrimiento de placas recordatorias en memoria de Eloísa Paniagua y Romina Iturain, víctimas de la represión de diciembre de 2001. Los actos de homenaje se llevaron a cabo en las escuelas públicas a las que las niñas asitían: la Mariano Moreno y la Baxada del Paraná, respectivamente.
El homenaje se enmarca en el cronograma de actividades organizadas por la Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos, en recordación de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que cobraron la vida de 35 argentinos. César Baudino, secretario general de AGMER, expresó: “Para nosotros también esta semana es una semana de lucha como fueron aquellas jornadas y lo entendimos y lo charlamos con la familia porque nos parecía que los educadores y la escuela pública no podían dejar en el olvido la tragedia de esas dos criaturas de nuestra escuela".