Es inocultable que más de un 30 por ciento de los argentinos vive en la pobreza y el 15 por ciento en la indigencia. No existen estadísticas que maquillen esta realidad. Siendo más grave aún el problema, ya que el hambre se ensaña con nuestros niños. Los índices determinan que sobre un total de 13 millones de pobres más de 6 millones son menores de 18 años. Casi 3 millones de niños que al vivir en hogares bajo la línea de indigencia, pasan hambre al no contar con ingresos suficientes en sus hogares para adquirir la canasta básica de alimentos. El 25 por ciento de niños argentinos viven en esta dramática situación.
Esta infantilización de la pobreza que conlleva al trabajo infantil es producto de la desigualdad social en la que se encuentra inmerso nuestro país. Situación que hasta el momento no se ha revertido.
El trabajo infantil es una realidad que nos golpea fuertemente. A nivel nacional dos millones de niños desarrollan actividades laborales; en nuestra provincia el 6.7 por ciento de mano de obra infantil se concentra en el aglomerado de Concordia y el 3,2 por ciento en Paraná.
La pobreza y la indigencia no deben ser el instrumento para que en nuestro país exista trabajo infantil y explotación de menores.
En este contexto desde la CTA Paraná creemos que si no se aplican políticas de Estado tendientes a revertir la situación, es factible que a corto plazo el niño que no tuvo acceso a la educación y trabajo desde pequeño, repita el cuadro con las siguientes generaciones, continuando la franja de vulnerabilidad.
Los gobiernos nacional y provincial deben revertir esta desigualdad mediante políticas públicas destinadas a la niñez. A partir del Decreto 1602/09 que determinó que 3,4 millones de niños accedan al beneficio de la asignación, es un avance en sus derechos y un reconocimiento a sus necesidades. Pero debe ser universal. Lamentablemente 5 millones de chicos no gozan de ese beneficio ni resuelven sus necesidades porque son hijos de trabajadores no registrados que ganan por encima del salario mínimo, hijos de trabajadores cuentapropistas, hijos de trabajadores desocupados e informales que nacieron luego del quinto hijo a pesar de que perciban ingresos inferiores al salario mínimo, hijos de trabajadores mayores de 65 años excluidos del sistema previsional.
En este sentido desde la Central reafirmamos la necesidad imperiosa de garantizar en la Argentina de una vez y para siempre, para toda la población y de modo universal, “un mínimo de derechos sociales básicos”. Ya no se trata de un plan más o de un programa focalizado en tal o cuál sector de la población, sino de una ley que defina un salario familiar universal de 300 pesos para todos los menores de 18 años. Garantizando un mismo valor para los hijos de todos los trabajadores independientemente de la relación laboral que desarrollen.
Esta política social concretaría un derecho social que actualmente es negado para el 65 por ciento de los menores en la Argentina; teniendo un impacto favorable e inmediato en la pobreza: la por ciento conformación de un ingreso mínimo para los hogares hace decender la tasa de pobreza del 33.8 por ciento al 23,8 por ciento, representando una caída en la tasa del 30 por ciento. La tasa de indigencia pasaría del 16.4 al 4 por ciento o sea representaría una caída del 73 por ciento.
Y fundamentalmente dignificaría a los niños y a sus familias que percibían planes sociales por su condición de pobre al pasar a percibir una asignación familiar por su condición de ciudadano, con derechos y dejar de tener que verse sometidos a demostrar su condición de vulnerabilidad. Generando una situación de justicia social al pasar todos los niños y niñas de la Argentina a tener el mismo valor para el Estado.
El costo de extender a 300 pesos a los más de 13 millones de menores de nuestro país debe realizarse incorporando como parte del financiamiento al programa de asignaciones familiares que paga la ANSES y al nuevo programa denominado Asignación Universal por Hijo para la Protección Social. De esta manera el costo neto de la medida sería de 32.518 millones de pesos; una cifra perfectamente financiable con los recursos que cuenta el Estado actualmente destinado a otros fines.
Las fuentes de financiamiento están; en primer lugar, la construcción de un piso mínimo de ingresos para la demanda interna que lleva consigo un importante nivel de autofinanciamiento. Este mayor consumo popular supone una ampliación de la recaudación tributaria de más de 11.950 millones de pesos anuales, garantizando la sustentabilidad de esta medida en el tiempo.
De esta manera el costo fiscal neto anual para universalizar el salario familiar es de 20.568 millones de pesos, equivalente al 1.7 por ciento de la riqueza anual producida en la Argentina (PBI). Representando apenas el 8.3 por ciento del volumen de exportación y el 11.2 por ciento de las reservas internacionales que acumula el Banco Central; siendo apenas el 7.6 por ciento de los gastos del gobierno nacional y el 11.5 por ciento de los gobiernos provinciales y municipales.
A su vez el Estado debe cambiar el orden de sus prioridades. Hoy entre regimenes de promoción económica, exenciones impositivas y subsidios al capital concentrado se destinan 40.000 millones de pesos. Estos recursos fiscales existen y están disponibles. Hasta aquí con solo la reasignación de las partidas presupuestarias se garantiza poner en marcha de manera inmediata el salario familiar de 300 pesos por hijo.
Debemos ser capaces de cambiar el eje de aplicación de políticas focalizadas y paliativas por la aplicación de políticas verdaderamente universales que garanticen la distribución de la riqueza como instrumento para la erradicación del trabajo infantil; para promover derechos a la salud y a la educación.; para terminar con este flagelo social. Que sólo significa dolor para nuestra niñez hipotecando el futuro de nuestra sociedad.
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