Como es de público conocimiento el pasado 12 de Abril, los compañeros de salud pública de ATE y docentes de la provincia de Santa Cruz, quienes efectuaban una acción gremial de difusión en el marco de un reclamo salarial del sector fueron brutalmente agredidos por una patota sindical de la UOCRA en el acceso de la ciudad de 28 de Noviembre.
Después de haber sido intimados de la peor manera para que despejaran la ruta porque "el Gobernador iba a pasar con su comitiva y no querían verlos", nuestros compañeros fueron reprimidos en una zona liberada por la policía y por un grupo de la UOCRA que se movilizó hasta el lugar portando elementos cortantes, hierros, botellas y palos. Como consecuencia de esta salvaje golpiza, resultaron quince personas heridas, dos de ellas en estado grave y con fracturas.
No es la primera vez que en Santa Cruz el empleo de fuerzas de choque para-policiales descargan su furia contra trabajadores que manifiestan pacíficamente. Lo sucedido replica hechos violentos ocurridos en Diciembre del año pasado y con este mismo grupo de la UOCRA.
Desde la Mesa local de la CTA repudiamos cualquier forma de violencia y entendemos que las patotas no pueden ser un mecanismo estable para afrontar desde el poder político las demandas sociales.
POR LA JUSTICIA, LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA SINDICAL
Mesa local de CTA
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martes, 19 de abril de 2011
miércoles, 13 de abril de 2011
REPUDIOS DE ATE NACIONAL Y CTERA POR LA VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA MANIFESTANTES EN SANTA CRUZ
ATE REPUDIA BRUTAL ATAQUE A COMPAÑEROS ESTATALES Y DOCENTES DE SANTA CRUZ.
El Concejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado, lamenta una vez más tener que repudiar actos de violencia perpetrada contra los trabajadores que luchan por reivindicaciones laborales.
Como es de público conocimiento ayer en horas de la mañana compañeros de los hospitales de ATE y docentes volanteaban en el acceso a la ciudad de 28 de Noviembre, con el objeto de dar a conocer el reclamo salarial que llevamos desde principio de año.
Un grupo de militantes de la UOCRA llegaron en vehículos y al grito de “salgan de acá” intimaron a los trabajadores a despejar el acceso porque “el Gobernador iba a pasar con su comitiva y no querían verlos”. Ante la negativa de la veintena de compañeros que allí decidieron permanecer, la Uocra se retiró. Una hora más tarde volvieron en varias camionetas, con sus cajas cargadas de personas portando elementos cortantes hierros, botellas y palos bajaron y sin mediar palabra alguna se abalanzaron sobre los trabajadores, que no podían creer lo que estaba sucediendo.
Como consecuencia de esta salvaje golpiza, resultaron quince personas heridas, dos de ellas en estado grave y con fracturas.
Desde ATE repudiamos públicamente este suceso y denunciamos que este enfrentamiento no es entre gremios, sino que es el Gobierno provincial el que mandó a la Uocra a atacar a quienes venimos luchando por un aumento salarial.
El Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta es plenamente responsable del accionar de estos militantes violentos que desde hace un tiempo los emplea, sin titubear y descaradamente, para ponernos a todos en un frente de batalla.
Suceso representativo de esto, fue lo acontecido el año pasado en el mes de diciembre cuando, los mismos partidarios de la UOCRA golpearon a los estatales y docentes que rechazaban la reforma previsional, que finalmente aprobaron de modo express.
El empleo de esta fuerza de choque para-policial se volvió un mecanismo estable, y estamos hartos de tener que convivir con el miedo que imponen los violentos que el poder alimenta y de los que se nutren por conveniencia.
Queremos justicia y pedimos la renuncia de los responsables que actuaron en contra de los trabajadores, empezando por el Jefe de Policía, Comisario Alejandro Martín quien dejó liberada la zona por más de veinte minutos, presencia que pudo haber evitado este choque planeado por sus patotas.
LA CTERA REPUDIA ENÉRGICAMENTE LA BRUTAL AGRESIÓN SUFRIDA POR DOCENTES Y ESTATALES EN MANOS DE UNA PATOTA DE LA UOCRA
La CTERA expresa su más enérgico repudio ante la brutal agresión sufrida por los docentes de ADOSAC y los trabajadores de ATE por parte de una patota de la UOCRA.
Los docentes y los estatales están realizando un paro de 72 hs. por mejoras salariales. En el marco de las acciones estaban cortando el acceso al barrio 28 de noviembre donde fueron atacados.
Hay heridos y hospitalizados.
La CTERA exige al gobernador Daniel Peralta que esclarezca este lamentable y bochornoso hecho contra la libertad de expresarse y que se identifiquen a los agresores.
Asimismo exige urgentes soluciones a los reclamos de los trabajadores de ADOSAC y ATE en la provincia de Santa Cruz.
Alejandro Demichelis Stella Maldonado
Secretario de Prensa Secretaria General
El Concejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado, lamenta una vez más tener que repudiar actos de violencia perpetrada contra los trabajadores que luchan por reivindicaciones laborales.
Como es de público conocimiento ayer en horas de la mañana compañeros de los hospitales de ATE y docentes volanteaban en el acceso a la ciudad de 28 de Noviembre, con el objeto de dar a conocer el reclamo salarial que llevamos desde principio de año.
Un grupo de militantes de la UOCRA llegaron en vehículos y al grito de “salgan de acá” intimaron a los trabajadores a despejar el acceso porque “el Gobernador iba a pasar con su comitiva y no querían verlos”. Ante la negativa de la veintena de compañeros que allí decidieron permanecer, la Uocra se retiró. Una hora más tarde volvieron en varias camionetas, con sus cajas cargadas de personas portando elementos cortantes hierros, botellas y palos bajaron y sin mediar palabra alguna se abalanzaron sobre los trabajadores, que no podían creer lo que estaba sucediendo.
Como consecuencia de esta salvaje golpiza, resultaron quince personas heridas, dos de ellas en estado grave y con fracturas.
Desde ATE repudiamos públicamente este suceso y denunciamos que este enfrentamiento no es entre gremios, sino que es el Gobierno provincial el que mandó a la Uocra a atacar a quienes venimos luchando por un aumento salarial.
El Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta es plenamente responsable del accionar de estos militantes violentos que desde hace un tiempo los emplea, sin titubear y descaradamente, para ponernos a todos en un frente de batalla.
Suceso representativo de esto, fue lo acontecido el año pasado en el mes de diciembre cuando, los mismos partidarios de la UOCRA golpearon a los estatales y docentes que rechazaban la reforma previsional, que finalmente aprobaron de modo express.
El empleo de esta fuerza de choque para-policial se volvió un mecanismo estable, y estamos hartos de tener que convivir con el miedo que imponen los violentos que el poder alimenta y de los que se nutren por conveniencia.
Queremos justicia y pedimos la renuncia de los responsables que actuaron en contra de los trabajadores, empezando por el Jefe de Policía, Comisario Alejandro Martín quien dejó liberada la zona por más de veinte minutos, presencia que pudo haber evitado este choque planeado por sus patotas.
LA CTERA REPUDIA ENÉRGICAMENTE LA BRUTAL AGRESIÓN SUFRIDA POR DOCENTES Y ESTATALES EN MANOS DE UNA PATOTA DE LA UOCRA
La CTERA expresa su más enérgico repudio ante la brutal agresión sufrida por los docentes de ADOSAC y los trabajadores de ATE por parte de una patota de la UOCRA.
Los docentes y los estatales están realizando un paro de 72 hs. por mejoras salariales. En el marco de las acciones estaban cortando el acceso al barrio 28 de noviembre donde fueron atacados.
Hay heridos y hospitalizados.
La CTERA exige al gobernador Daniel Peralta que esclarezca este lamentable y bochornoso hecho contra la libertad de expresarse y que se identifiquen a los agresores.
Asimismo exige urgentes soluciones a los reclamos de los trabajadores de ADOSAC y ATE en la provincia de Santa Cruz.
Alejandro Demichelis Stella Maldonado
Secretario de Prensa Secretaria General
domingo, 26 de septiembre de 2010
Sindicato del Subte: La justicia ordenó la inscripcion gremial
La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó sentencia definitiva haciendo lugar en todos sus términos al reclamo promovido por la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro.
La Cámara rechazó los argumentos opuestos por el Ministerio de Trabajo y ordenó la inmediata inscripción gremial de esta organización sindical.
Con voto de los jueces Álvaro Balestrini y Mario Fera, y remitiéndose al dictamen del Fiscal de Cámara, Eduardo Álvarez, el Tribunal señaló que no existe justificación alguna para impedir la inscripción gremial reclamada, atento a que se cumplieron desde largo tiempo atrás todos los requisitos exigidos por ley.
En conferencia de prensa, el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Manuel Compañez, destacó la importancia de la resolución y resaltó que “se trata del cuarto fallo a favor de nuestro gremio“.
El fallo del 14 de setiembre sostiene que los trabajdores han cumplido con todos los recaudos para la inscripción de su organización sindical, y pone en evidencia que el Ministerio dilató el cumplimiento de las obligaciones que le impone la legislación vigente.
La Cámara rechazó los argumentos opuestos por el Ministerio de Trabajo y ordenó la inmediata inscripción gremial de esta organización sindical.
Con voto de los jueces Álvaro Balestrini y Mario Fera, y remitiéndose al dictamen del Fiscal de Cámara, Eduardo Álvarez, el Tribunal señaló que no existe justificación alguna para impedir la inscripción gremial reclamada, atento a que se cumplieron desde largo tiempo atrás todos los requisitos exigidos por ley.
En conferencia de prensa, el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Manuel Compañez, destacó la importancia de la resolución y resaltó que “se trata del cuarto fallo a favor de nuestro gremio“.
El fallo del 14 de setiembre sostiene que los trabajdores han cumplido con todos los recaudos para la inscripción de su organización sindical, y pone en evidencia que el Ministerio dilató el cumplimiento de las obligaciones que le impone la legislación vigente.
miércoles, 5 de mayo de 2010
LA CTA RECIBIÓ MISIÓN DE LA OIT
La conducción en pleno de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), encabezada por su secretario general Hugo Yasky, junto con representantes de 22 organizaciones que reclaman su personería gremial recibieron a la Misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que visita nuestro país y expusieron sólidos argumentos por el cual el reclamo de legalidad para la CTA no se puede dilatar más.
Apenas pasadas las 14 la delegación de la OIT, integrada por los expertos Cleopatra Dumpia, Horacio Guido y Alberto Odero, ingresó a la sede nacional de la Central, en la calle Piedras 1065. En el salón Azul miembros de la Mesa Nacional y dirigentes de organizaciones no reconocidas en la Argentina aguardaban esta visita.
Para nosotros es un hecho trascendente porque por primer vez en la historia del sindicalismo una Misión de esta naturaleza viene a comprobar esta situación. Ahora esperamos que la OIT elabore un informe que diga los pasos que deba dar el Gobierno Nacional para que el Convenio 87 (sobre Libertad y Democracia Sindical) se ponga en marcha en la Argentina, sostuvo Hugo Yasky al termino de la reunión que se extendió por espacio de tres horas.
Hay una cuenta regresiva ante la respuesta negativa del Gobierno; es insostenible la posición oficial de seguir desconociendo los informes de la OIT y la demanda de la CTA, amplió el dirigente
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Yasky, quien recordó que la solicitud de Personería Gremial ya lleva casi 5 años de demorado trámite, al tiempo que destacó que no podemos dejar de acompañar este esfuerzo personal de ustedes y de la Oficina de la OIT, a pesar de que tenemos un fundado escepticismo en cuanto a que el pedido de asistencia técnica presentada por el Gobierno Argentino a último momento, tuvo por finalidad evitar el doble pie de página en el Informe de la Comisión de Expertos con el fin de postergar el tratamiento del caso argentino en la Comisión de Normas de la próxima Conferencia que se llevará a cabo en junio próximo.
Recordó que la CTA lleva desde su fundación, hace casi dos décadas, una lucha incesante por la libertad y la democracia sindical en la Argentina que se resume a, ni más ni menos, que exigir el cumplimiento de la Constitución Nacional
Yasky señaló aspectos sustantivos que lesionan el ejercicio de los derechos sindicales. Los sindicatos simplemente inscriptos no pueden recaudar las cuotas de sus afiliados a través de la retención directa de la nómina salarial; no pueden participar en las elecciones de delegados del personal; no tienen fueros sindicales por la inacción de parte de las autoridades en enviar al Congreso el proyecto de ley que adecue la ley argentina al Convenio de la OIT.
El trámite (por la Personería Gremial) tiene más de 20 cuerpos de una tramitación absolutamente inútil, que no hace más que dilatar el pronunciamiento administrativo, que no podría ser sino favorable a nuestra petición, porque contamos con toda la razón, jurídica, política y ética, subrayó Yasky.
No somos iguales
Posteriormente integrantes del Observatorio Jurídico y Social de la CTA, encabezados por Horacio Meguira informaron con precisión la historia de la demanda de la CTA, el recorrido del trámite legal y la situación preocupante en la que se encuentran miles de organizaciones.
Remarcaron que durante el año pasado se registraron 358 denuncias por violaciones a la libertad sindical en todo el país y el 37% de ellas fueron por actos de violencia cometidos contra trabajadores con motivo de la realización de actividades gremiales.
También fueron respondidas todas las consultas realizadas por el grupo de expertos de la OIT.
Luego Pablo Micheli, secretario Adjunto de la CTA, remarcó: La Personería Gremial y la Libertad Sindical no es una lucha estrictamente sindical, tiene que ver con la democracia porque en la diversidad está la vida y el unicato y la unicidad han sido derrotados a lo largo de la vida.
Nosotros no decimos , detalló, que los 10 millones de trabajadores sin derechos a agremiarse tienen que ser de la CTA, sino que se afilien donde lo deseen, esa es a democracia.
Para Pedro Wasiejko, secretario Adjunto, el encuentro fue sumamente productivo porque la comitiva de expertos de la OIT tuvieron la oportunidad de escuchar de primera mano cómo la falta de personería gremial afecta a los trabajadores de carne y hueso que no piden más que tener organizaciones que realmente los representen. Y, solamente con la adecuación de la legislación se puede garantizar la igualdad de derechos para todos los trabajadores
En tanto que Daniel Jorajuria, miembro de la Mesa Nacional de la CTA y dirigente de una organización simplemente inscripta como la Nueva Organización Gastronómica �en este país no se protege el derecho de asociación, sólo el 12% de las empresas tiene representación en los lugares de trabajo�. Y agregó: �Para colmo hay discriminación porque en el Estado hay pluralidad y en el sector privado no�.
Su par José Rigane, titular de la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA-CTA), dijo que el reconocimiento en la Argentina de los derecho sindicales es esencialmente una decisión política y para los trabajadores y organizaciones que no están reconocidas significa persecución, discriminación, despido, y no reconocimiento.
En la propia piel
Los testimonios de 22 representantes de organizaciones de todo el país que no tienen Personería Gremial marcaron cómo los trabajadores y sus familias sufren en carne propia la falta de derechos.
Trabajadores mineros, de supermercados, de la salud privada, motoqueros y deliverys, de la industria del pescado, taxistas, de subterráneos, textiles, del plástico, comercio, gastronómicos, entre otros, brindaron a los expertos de la OIT herramientas de gran valor, en primera persona, sobre los abusos patronales.
José Leiva, secretario general de la Organización Sindical de Mineros Argentinos (OSMA-CTA) de San Juan, explicó: Ante la inacción de quienes están hace varios años nació nuestra necesidad de organizarnos, con el consenso de la mayoría de nuestros compañeros, y a pesar de los palos que ponía la propia empresa y el otro gremio
Otro ejemplo fue el de Roberto Villaola, de la Unión de Trabajadores de la Pesca y Afines (UTPyA CTA) de Mar del Plata, quien sostuvo que esta asociación nace como consecuencia de la falta de cumplimiento a la normativa legal a más de 9.000 trabajadores. Hay discriminación, hoy los patrones definen que trabajador puede trabajar y cual no.
Asimismo Jorge Yabkowksi, miembro de la Mesa Nacional de la CTA y presidente de FeSProSa, ratificó la denuncia de la federación ante la OIT contra los gobiernos de Tucumán, Mendoza y Córdoba por violaciones reiteradas a la libertad sindical. También señaló la demora inexplicable del Ministerio de Trabajo de la Nación en el otorgamiento de la inscripción gremial a los sindicatos de profesionales de la salud de Corrientes, Neuquén, Catamarca y Chaco, con trámites que llevan de dos a cinco años sin resolución.
Apenas pasadas las 14 la delegación de la OIT, integrada por los expertos Cleopatra Dumpia, Horacio Guido y Alberto Odero, ingresó a la sede nacional de la Central, en la calle Piedras 1065. En el salón Azul miembros de la Mesa Nacional y dirigentes de organizaciones no reconocidas en la Argentina aguardaban esta visita.
Para nosotros es un hecho trascendente porque por primer vez en la historia del sindicalismo una Misión de esta naturaleza viene a comprobar esta situación. Ahora esperamos que la OIT elabore un informe que diga los pasos que deba dar el Gobierno Nacional para que el Convenio 87 (sobre Libertad y Democracia Sindical) se ponga en marcha en la Argentina, sostuvo Hugo Yasky al termino de la reunión que se extendió por espacio de tres horas.
Hay una cuenta regresiva ante la respuesta negativa del Gobierno; es insostenible la posición oficial de seguir desconociendo los informes de la OIT y la demanda de la CTA, amplió el dirigente
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Yasky, quien recordó que la solicitud de Personería Gremial ya lleva casi 5 años de demorado trámite, al tiempo que destacó que no podemos dejar de acompañar este esfuerzo personal de ustedes y de la Oficina de la OIT, a pesar de que tenemos un fundado escepticismo en cuanto a que el pedido de asistencia técnica presentada por el Gobierno Argentino a último momento, tuvo por finalidad evitar el doble pie de página en el Informe de la Comisión de Expertos con el fin de postergar el tratamiento del caso argentino en la Comisión de Normas de la próxima Conferencia que se llevará a cabo en junio próximo.
Recordó que la CTA lleva desde su fundación, hace casi dos décadas, una lucha incesante por la libertad y la democracia sindical en la Argentina que se resume a, ni más ni menos, que exigir el cumplimiento de la Constitución Nacional
Yasky señaló aspectos sustantivos que lesionan el ejercicio de los derechos sindicales. Los sindicatos simplemente inscriptos no pueden recaudar las cuotas de sus afiliados a través de la retención directa de la nómina salarial; no pueden participar en las elecciones de delegados del personal; no tienen fueros sindicales por la inacción de parte de las autoridades en enviar al Congreso el proyecto de ley que adecue la ley argentina al Convenio de la OIT.
El trámite (por la Personería Gremial) tiene más de 20 cuerpos de una tramitación absolutamente inútil, que no hace más que dilatar el pronunciamiento administrativo, que no podría ser sino favorable a nuestra petición, porque contamos con toda la razón, jurídica, política y ética, subrayó Yasky.
No somos iguales
Posteriormente integrantes del Observatorio Jurídico y Social de la CTA, encabezados por Horacio Meguira informaron con precisión la historia de la demanda de la CTA, el recorrido del trámite legal y la situación preocupante en la que se encuentran miles de organizaciones.
Remarcaron que durante el año pasado se registraron 358 denuncias por violaciones a la libertad sindical en todo el país y el 37% de ellas fueron por actos de violencia cometidos contra trabajadores con motivo de la realización de actividades gremiales.
También fueron respondidas todas las consultas realizadas por el grupo de expertos de la OIT.
Luego Pablo Micheli, secretario Adjunto de la CTA, remarcó: La Personería Gremial y la Libertad Sindical no es una lucha estrictamente sindical, tiene que ver con la democracia porque en la diversidad está la vida y el unicato y la unicidad han sido derrotados a lo largo de la vida.
Nosotros no decimos , detalló, que los 10 millones de trabajadores sin derechos a agremiarse tienen que ser de la CTA, sino que se afilien donde lo deseen, esa es a democracia.
Para Pedro Wasiejko, secretario Adjunto, el encuentro fue sumamente productivo porque la comitiva de expertos de la OIT tuvieron la oportunidad de escuchar de primera mano cómo la falta de personería gremial afecta a los trabajadores de carne y hueso que no piden más que tener organizaciones que realmente los representen. Y, solamente con la adecuación de la legislación se puede garantizar la igualdad de derechos para todos los trabajadores
En tanto que Daniel Jorajuria, miembro de la Mesa Nacional de la CTA y dirigente de una organización simplemente inscripta como la Nueva Organización Gastronómica �en este país no se protege el derecho de asociación, sólo el 12% de las empresas tiene representación en los lugares de trabajo�. Y agregó: �Para colmo hay discriminación porque en el Estado hay pluralidad y en el sector privado no�.
Su par José Rigane, titular de la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA-CTA), dijo que el reconocimiento en la Argentina de los derecho sindicales es esencialmente una decisión política y para los trabajadores y organizaciones que no están reconocidas significa persecución, discriminación, despido, y no reconocimiento.
En la propia piel
Los testimonios de 22 representantes de organizaciones de todo el país que no tienen Personería Gremial marcaron cómo los trabajadores y sus familias sufren en carne propia la falta de derechos.
Trabajadores mineros, de supermercados, de la salud privada, motoqueros y deliverys, de la industria del pescado, taxistas, de subterráneos, textiles, del plástico, comercio, gastronómicos, entre otros, brindaron a los expertos de la OIT herramientas de gran valor, en primera persona, sobre los abusos patronales.
José Leiva, secretario general de la Organización Sindical de Mineros Argentinos (OSMA-CTA) de San Juan, explicó: Ante la inacción de quienes están hace varios años nació nuestra necesidad de organizarnos, con el consenso de la mayoría de nuestros compañeros, y a pesar de los palos que ponía la propia empresa y el otro gremio
Otro ejemplo fue el de Roberto Villaola, de la Unión de Trabajadores de la Pesca y Afines (UTPyA CTA) de Mar del Plata, quien sostuvo que esta asociación nace como consecuencia de la falta de cumplimiento a la normativa legal a más de 9.000 trabajadores. Hay discriminación, hoy los patrones definen que trabajador puede trabajar y cual no.
Asimismo Jorge Yabkowksi, miembro de la Mesa Nacional de la CTA y presidente de FeSProSa, ratificó la denuncia de la federación ante la OIT contra los gobiernos de Tucumán, Mendoza y Córdoba por violaciones reiteradas a la libertad sindical. También señaló la demora inexplicable del Ministerio de Trabajo de la Nación en el otorgamiento de la inscripción gremial a los sindicatos de profesionales de la salud de Corrientes, Neuquén, Catamarca y Chaco, con trámites que llevan de dos a cinco años sin resolución.
martes, 4 de mayo de 2010
EN LA ARGENTINA NO SOMOS TODOS IGUALES
LIBERTAD Y
DEMOCRACIA
SINDICAL
Jueves 05 de Mayo – 15.00 horas – TODOS AL CONGRESO
PERSONERÍA GREMIAL ¡YA!
Central de Trabajadores Argentinos - CTA
DEMOCRACIA
SINDICAL
Jueves 05 de Mayo – 15.00 horas – TODOS AL CONGRESO
PERSONERÍA GREMIAL ¡YA!
Central de Trabajadores Argentinos - CTA
viernes, 16 de abril de 2010
PREOCUPACIÓN DE LA ONU POR EL NO RECONOCIMIENTO DE LA CTA
[15/04/2010 - ACTA] El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el rechazo al reconocimiento de la personería gremial a la CTA, teniendo en cuenta que el Estado es parte en el Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical y la existencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contraria al monopolio sindical.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), organismo de control del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 98º período de sesiones que se reunió en Nueva York entre el 8 y el 26 de marzo de 2010, finalmente y luego del examen de los informes presentados por los estados partes con arreglo al artículo 40 del Pacto, efectuó las observaciones finales.
Especialmente, el Comité examinó el Cuarto Informe Periódico de Argentina en sus sesiones 2690ª y 2691ª celebradas el 10 y 11 de marzo de 2010, y aprobó, en su sesión 2708ª celebrada el 23 de marzo de 2010, las observaciones finales que se acompañan en anexo.
Lo más llamativo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se haya expedido sobre temas vinculados a la OIT, tales como el cumplimiento del Convenio 87.
En tal sentido, en el párrafo 22 se refiere al retraso de la personeria gremial de la CTA, y al incumplimiento del artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se refiere especialmente a la libertad de asociación y especificamente a la libertad sindical de asociación, tanto constitutiva o de afiliación a las entidades preexistentes.
El párrafo en cuestión dice textualmente:
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones
22. "Preocupa al Comité el rechazo al reconocimiento de personería gremial a la Central de Trabajadores Argentinos, teniendo en cuenta que el Estado es parte en el Convenio Nº 87 de la OIT sobre libertad sindical y la existencia de un fallo de la Corte Suprema contraria al monopolio sindical. (Artículo 22 del Pacto).
El Estado Parte debe tomar medidas encaminadas a garantizar la aplicación en el país de los estándares internacionales en materia de libertad sindical, incluido el artículo 22 del Pacto, y evitar toda discriminación en la materia".
Llama la atención, asimismo, la importancia que el Comité le dio al "Fallo ATE", y que al denominar el modelo sindical argentino lo hace en igual sentido que dicho fallo: se refiere al "monopolio sindical".
La publicación del Comité de Derechos Humanos de la ONU se suma al duro informe de la Comisión de Expertos de la OIT de noviembre del 2009, que originó la presencia de una "misión preliminar" de la Oficina de la OIT, que se constituirá en Buenos Aires el 3 de mayo próximo.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), organismo de control del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 98º período de sesiones que se reunió en Nueva York entre el 8 y el 26 de marzo de 2010, finalmente y luego del examen de los informes presentados por los estados partes con arreglo al artículo 40 del Pacto, efectuó las observaciones finales.
Especialmente, el Comité examinó el Cuarto Informe Periódico de Argentina en sus sesiones 2690ª y 2691ª celebradas el 10 y 11 de marzo de 2010, y aprobó, en su sesión 2708ª celebrada el 23 de marzo de 2010, las observaciones finales que se acompañan en anexo.
Lo más llamativo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se haya expedido sobre temas vinculados a la OIT, tales como el cumplimiento del Convenio 87.
En tal sentido, en el párrafo 22 se refiere al retraso de la personeria gremial de la CTA, y al incumplimiento del artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se refiere especialmente a la libertad de asociación y especificamente a la libertad sindical de asociación, tanto constitutiva o de afiliación a las entidades preexistentes.
El párrafo en cuestión dice textualmente:
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones
22. "Preocupa al Comité el rechazo al reconocimiento de personería gremial a la Central de Trabajadores Argentinos, teniendo en cuenta que el Estado es parte en el Convenio Nº 87 de la OIT sobre libertad sindical y la existencia de un fallo de la Corte Suprema contraria al monopolio sindical. (Artículo 22 del Pacto).
El Estado Parte debe tomar medidas encaminadas a garantizar la aplicación en el país de los estándares internacionales en materia de libertad sindical, incluido el artículo 22 del Pacto, y evitar toda discriminación en la materia".
Llama la atención, asimismo, la importancia que el Comité le dio al "Fallo ATE", y que al denominar el modelo sindical argentino lo hace en igual sentido que dicho fallo: se refiere al "monopolio sindical".
La publicación del Comité de Derechos Humanos de la ONU se suma al duro informe de la Comisión de Expertos de la OIT de noviembre del 2009, que originó la presencia de una "misión preliminar" de la Oficina de la OIT, que se constituirá en Buenos Aires el 3 de mayo próximo.
lunes, 29 de marzo de 2010
SE ESTUDIA UNA NUEVA LEY SINDICAL
Por la inminente visita de técnicos de la OIT, el Ministerio de Trabajo desempolvó un proyecto que protege a delegados de sindicatos apenas inscriptos y les permite cobrar una cuota. El caso testigo del subte.
Por Mariano Martín
El Gobierno analiza modificar por decreto aspectos de la ley sindical. El proyecto, que estudian los técnicos del Ministerio de Trabajo y de la CGT, apunta a resguardar la normativa, que consagra el monopolio de representación sindical, de los fallos de la Corte Suprema que sellaron la inconstitucionalidad de varios de sus artículos. Con la iniciativa el Ejecutivo también intentará zafar de una nueva reprimenda de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en los últimos años le demandó adecuar su legislación laboral a los criterios de libertad sindical del organismo.
El proyecto de decreto en elaboración atiende al menos dos de los puntos cuestionados por el máximo tribunal: la protección de los delegados y activistas de los sindicatos simplemente inscriptos (aunque no reconocidos plenamente) y la facultad de esas organizaciones de cobrar una cuota a sus adherentes. Ambas facultades hasta ahora están limitadas sólo a los sindicatos con personería gremial.
Se trata de un proyecto cuyos puntos centrales llevan años de estudio en la cartera laboral y que hasta hace pocos días dormía en los cajones de esa repartición. Sin embargo, los funcionarios debieron desempolvar la documentación ante la visita a la Argentina en mayo de una misión de la OIT, programada para brindarle al Gobierno “asistencia técnica” para adecuar la legislación laboral a los convenios de la organización.
Los técnicos de Trabajo especulan con que la mera presentación del borrador de decreto y de la documentación con los pasos que dio el trámite de la CTA para la obtención de su personería gremial (pendiente desde 2004) será suficiente para eludir una condena de la OIT en su conferencia anual, en junio próximo. La principal objeción del organismo a la legislación argentina es por la incompatibilidad entre la ley 23.551, de Asociaciones Sindicales, y el Convenio 87 del organismo, que garantiza el derecho a la libre sindicalización.
La legislación argentina establece que sólo puede haber un sindicato por rama de actividad. Ese criterio es defendido tanto por la CGT, cuyos sindicatos son mayoría respecto de los nucleados en la CTA, como por las principales cámaras patronales, habituadas a negociar con los gremios de la central mayoritaria.
Fuentes sindicales ligadas a la negociación confirmaron la preparación del proyecto, que servirá para reglamentar aspectos de la ley 23.551. Pero también aclararon que su principal objetivo será satisfacer a la OIT sin que necesariamente implique su efectiva aplicación.
El jefe de la CGT, Hugo Moyano, avaló las tratativas una vez que lo anoticiaron. Hasta hace pocos meses el camionero había vetado cualquier modificación a la ley sindical, pero la posibilidad de nuevos fallos de la Corte que ampliasen las grietas de la 23.551 terminó por convencerlo de hacer alguna concesión.
La iniciativa tiene como antecedente la resolución parcial del conflicto en el subterráneo. Después de varios años de controversia y enfrentamientos entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que en lo formal representa al personal del servicio, y los delegados de base del sector, el Ministerio de Trabajo orquestó en noviembre pasado un acuerdo salomónico: si bien no concedió la inscripción gremial que reclamaban los delegados, la cartera laboral les reconoció un grado de protección frente a sanciones (tutela sindical o fueros) y les garantizó su participación en las negociaciones con la empresa concesionaria Metrovías. También los habilitó a cobrar una cuota sindical a sus afiliados.
El proyecto del decreto reglamentario cobró velocidad tras confirmarse la llegada a la Argentina de la Misión Preliminar de la Comisión de Asistencia Técnica de la OIT, que el propio Gobierno había pedido, pautada entre el 3 y el 7 de mayo próximo. Esa confirmación coincidió, además, con un nuevo informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la organización, que volvió a reprocharle al Ejecutivo la demora en el trámite de reconocimiento de la CTA.
Si bien en la central alternativa festejaron ambas novedades, interpretaron que el pedido de “asistencia técnica” hecho por el Ejecutivo sólo intentará darles a los expertos argumentos para evitar una condena en la conferencia de junio, pero no implicará un plan concreto de adecuación de la legislación local. La misma tesis sostienen en la CGT, donde aspiran a dilatar las definiciones hasta después de finalizado el mandato de Cristina Fernández. En esa línea se inscribe el borrador de decreto.
Sin embargo, la presión de la OIT y de la Corte, que tiene en estudio nuevos fallos relacionados con la libertad sindical en la Argentina, puede conspirar contra ese plan de dilaciones acordado entre el Ejecutivo y la CGT.
En noviembre de 2008 y en diciembre del año siguiente la Corte dictó dos fallos que dañaron en profundidad la ley 23.551: en el primero, juzgó inconstitucional el impedimento de llamar a elección de delegados en los gremios simplemente inscriptos y, en el segundo, extendió la tutela sindical a los activistas de una organización no reconocida.
Por Mariano Martín
El Gobierno analiza modificar por decreto aspectos de la ley sindical. El proyecto, que estudian los técnicos del Ministerio de Trabajo y de la CGT, apunta a resguardar la normativa, que consagra el monopolio de representación sindical, de los fallos de la Corte Suprema que sellaron la inconstitucionalidad de varios de sus artículos. Con la iniciativa el Ejecutivo también intentará zafar de una nueva reprimenda de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en los últimos años le demandó adecuar su legislación laboral a los criterios de libertad sindical del organismo.
El proyecto de decreto en elaboración atiende al menos dos de los puntos cuestionados por el máximo tribunal: la protección de los delegados y activistas de los sindicatos simplemente inscriptos (aunque no reconocidos plenamente) y la facultad de esas organizaciones de cobrar una cuota a sus adherentes. Ambas facultades hasta ahora están limitadas sólo a los sindicatos con personería gremial.
Se trata de un proyecto cuyos puntos centrales llevan años de estudio en la cartera laboral y que hasta hace pocos días dormía en los cajones de esa repartición. Sin embargo, los funcionarios debieron desempolvar la documentación ante la visita a la Argentina en mayo de una misión de la OIT, programada para brindarle al Gobierno “asistencia técnica” para adecuar la legislación laboral a los convenios de la organización.
Los técnicos de Trabajo especulan con que la mera presentación del borrador de decreto y de la documentación con los pasos que dio el trámite de la CTA para la obtención de su personería gremial (pendiente desde 2004) será suficiente para eludir una condena de la OIT en su conferencia anual, en junio próximo. La principal objeción del organismo a la legislación argentina es por la incompatibilidad entre la ley 23.551, de Asociaciones Sindicales, y el Convenio 87 del organismo, que garantiza el derecho a la libre sindicalización.
La legislación argentina establece que sólo puede haber un sindicato por rama de actividad. Ese criterio es defendido tanto por la CGT, cuyos sindicatos son mayoría respecto de los nucleados en la CTA, como por las principales cámaras patronales, habituadas a negociar con los gremios de la central mayoritaria.
Fuentes sindicales ligadas a la negociación confirmaron la preparación del proyecto, que servirá para reglamentar aspectos de la ley 23.551. Pero también aclararon que su principal objetivo será satisfacer a la OIT sin que necesariamente implique su efectiva aplicación.
El jefe de la CGT, Hugo Moyano, avaló las tratativas una vez que lo anoticiaron. Hasta hace pocos meses el camionero había vetado cualquier modificación a la ley sindical, pero la posibilidad de nuevos fallos de la Corte que ampliasen las grietas de la 23.551 terminó por convencerlo de hacer alguna concesión.
La iniciativa tiene como antecedente la resolución parcial del conflicto en el subterráneo. Después de varios años de controversia y enfrentamientos entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que en lo formal representa al personal del servicio, y los delegados de base del sector, el Ministerio de Trabajo orquestó en noviembre pasado un acuerdo salomónico: si bien no concedió la inscripción gremial que reclamaban los delegados, la cartera laboral les reconoció un grado de protección frente a sanciones (tutela sindical o fueros) y les garantizó su participación en las negociaciones con la empresa concesionaria Metrovías. También los habilitó a cobrar una cuota sindical a sus afiliados.
El proyecto del decreto reglamentario cobró velocidad tras confirmarse la llegada a la Argentina de la Misión Preliminar de la Comisión de Asistencia Técnica de la OIT, que el propio Gobierno había pedido, pautada entre el 3 y el 7 de mayo próximo. Esa confirmación coincidió, además, con un nuevo informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la organización, que volvió a reprocharle al Ejecutivo la demora en el trámite de reconocimiento de la CTA.
Si bien en la central alternativa festejaron ambas novedades, interpretaron que el pedido de “asistencia técnica” hecho por el Ejecutivo sólo intentará darles a los expertos argumentos para evitar una condena en la conferencia de junio, pero no implicará un plan concreto de adecuación de la legislación local. La misma tesis sostienen en la CGT, donde aspiran a dilatar las definiciones hasta después de finalizado el mandato de Cristina Fernández. En esa línea se inscribe el borrador de decreto.
Sin embargo, la presión de la OIT y de la Corte, que tiene en estudio nuevos fallos relacionados con la libertad sindical en la Argentina, puede conspirar contra ese plan de dilaciones acordado entre el Ejecutivo y la CGT.
En noviembre de 2008 y en diciembre del año siguiente la Corte dictó dos fallos que dañaron en profundidad la ley 23.551: en el primero, juzgó inconstitucional el impedimento de llamar a elección de delegados en los gremios simplemente inscriptos y, en el segundo, extendió la tutela sindical a los activistas de una organización no reconocida.
martes, 9 de febrero de 2010
DENUNCIA ANTE LA OIT
El Sindicato Obrero de la Industria del Algodón de Entre Ríos (Soiaer-CTA) cuestionó las declaraciones del titular de la Dirección Provincial de Trabajo, Oscar Balla, quien sostuvo que ese gremio no tiene reconocimiento oficial. “Desde el primer momento Balla puso palos en la rueda”, criticó la responsable de Prensa del sindicato, Mariángeles Parodi, quien anunció que “de persistir el funcionario en la negativa de reconocimiento”, denunciarán al Estado provincial ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya que “violentan la libertad sindical y el convenio 87 de la OIT, ya que el ejercicio de la misma es el pleno derecho que nos otorga la ley para agremiarnos; desde el primer momento Balla puso palos en la rueda, como afiliados y representantes de la CTA tampoco nos atendió ni nos dio respuesta al expediente que presentamos en mayo”.
jueves, 10 de diciembre de 2009
MÁS LIBERTAD SINDICAL
Todo hace suponer que el fallo de ayer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye un fuerte aval a la “libertad sindical”, y modificará drásticamente la vida de los gremios y de las empresas.
El año pasado, en el fallo ATE, la Corte determino que, para ser delegado sindical, no es necesario estar afiliado a un sindicato con personería gremial.
En ésta oportunidad, el nuevo fallo confiere tutela sindical (no podrán ser suspendidos ni echados desde el momento que se postulan a un cargo sindical) a los directivos y delegados de las entidades sindicales “simplemente inscriptas”.
A continuación una opinión periodística al respecto.
Otra grieta en el modelo
Por Mario Wainfeld
La sentencia de la Corte Suprema en el caso “Rossi, Adriana c/Estado nacional” es unánime. Seis supremos coincidieron en sus, rotundos a fuer de breves, fundamentos (“considerandos”, en jerga), en tanto Carmen Argibay eligió hacerlo con argumentos propios (ver asimismo nota central). El dictamen no vinculante de la Procuración General alentaba la misma solución, con una diferencia procesal de la que se hablará luego. La sentencia declara inconstitucional un pilar del “modelo sindical”. La ley vigente, cuestionada por los Supremos, fue el sustento de los rechazos de la demanda en las dos instancias de la Justicia laboral.
El núcleo de la resolución es la incompatibilidad entre esa ley y las normas internacionales (tratados y resoluciones de la OIT) que forman parte del texto constitucional, a partir de la reforma de 1994. Rossi era una delegada de un sindicato simplemente inscripto y la patronal (el Hospital Naval) le negó la tutela respectiva, sancionándola amparándose en la ley 23.551. La Corte juzga que esa norma discrimina injustamente a favor del sindicato con personería gremial. Le reconoce a éste la representación en paritarias, o sea que no invalida en su totalidad al “modelo” sindical. Pero restringe otras facultades de los gremios con personería porque (a su ver) lesionan la igualdad de los trabajadores.
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En nuestro sistema, las sentencias valen sólo para el caso resuelto, pero una decisión de la Corte proyecta a situaciones análogas. En “Rossi” esa consecuencia es patente, porque el asunto no tiene ninguna circunstancia particular o anecdótica que la diferencie de cualquier otro reclamo potencial de delegados. Robustecen al fallo la unanimidad y la estabilidad que tendrá el Tribunal, que conservará la actual integración aunque lo dejaran dos de sus actuales jueces.
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La decisión administrativa del Ministerio de Trabajo que otorga derechos sindicales a los delegados del subte (que luchan por obtener la simple inscripción pero que no la tienen aún, a diferencia del gremio de Rossi) va más allá de la sentencia conocida ayer. Pero vale sólo para el caso específico, no se propaga a otros.
De cualquier modo, el combo entre una decisión institucional de proyecciones virtuales amplias y una emanada del Ejecutivo jalonan el camino de la libertad sindical, como consecuencia de arduas luchas libradas en los lugares de trabajo, en Tribunales y también en la calle. El conflicto de Rossi, vale la pena puntualizarlo, comenzó en el año 2000. La justicia eventualmente llega, siempre tarda.
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La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que se apunta otro poroto con esta sentencia, viene reclamando su personería. El trámite está retenido en Trabajo, por evidentes razones políticas. Carlos Tomada tiene preparada desde hace años una carpeta con dos solapas, que contienen sendas resoluciones fundadas, una admitiendo y otra denegando la personería, para cuando la Casa Rosada decida. Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner difirieron sin fecha la decisión, que sigue pendiente.
“Rossi” no impacta en ese reclamo de la CTA porque dirime un conflicto planteado “desde abajo”, en el terreno de la representación en los lugares de trabajo. Pero desde el punto de vista de la praxis cotidiana, este tipo de situaciones son seguramente más relevantes que el otorgamiento de la personería, importante pero (por esencia) superestructural. La cúpula de la CTA, en sus recurrentes encuentros en el Ministerio de Trabajo y en los esporádicos con los titulares de la Casa Rosada, suele plantear en la negociación que se diriman situaciones similares, que le permiten crecer “desde el pie”. De ahí el volumen del fallo, una señal para tribunales inferiores y un paraguas amplio para delegados de sindicatos alternativos.
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La Corte tenía dos caminos posibles, admitiendo la inconstitucionalidad: emitir sentencia definitiva como hizo o reenviar el expediente a la Cámara laboral, para que dictara un nuevo fallo, acatando su criterio (“casar”, en jerga). El dictamen la Procuración proponía ese camino, que en los hechos le daba al Ejecutivo más tiempo para adecuar su política, mientras el expediente iba a un final anunciado. Los cortesanos, dentro de sus competencias, eligieron el otro sendero, no inocente de intención política. Sus derivaciones imaginables interpelan a los otros dos poderes del Estado.
Al Congreso, en especial al autodenominado “Grupo A”, le posibilita un nuevo ítem de agenda institucional: la reforma del sistema sindical. El tópico es históricamente caro a los radicales y, por cierto, al abanico de partidos de centroizquierda, incluyendo los más antagónicos con el oficialismo (Proyecto Sur o Libres del Sur) como los más afines o transigentes (piénsese en Martín Sabbatella, Ariel Basteiro o Jorge Rivas). Un proyecto así podría poner en crisis al peronismo federal, afín a los Gordos de la CGT, mucho más intransigentes con la CTA y con el gremialismo alternativo que Hugo Moyano. El actual secretario general cree estar inmunizado contra las “terceras vías” por su representatividad y por sus logros en la negociación colectiva. Sus reparos a estos cambios, que los tiene y atan al Gobierno, tributan más a mantener al conjunto que a su propia necesidad.
El Ejecutivo, a su vez, topa con una tribulación en su afán de conciliar una agenda progresista y una de gobernabilidad. El PJ y la CGT le sustentan ésta aunque le complican aquélla. La sentencia de la Corte lo embreta porque no discute sobre opciones valorativas, sino sobre el apego a la legalidad. Y porque el tribunal decide invocando los tratados internacionales, que fueron basamento (y bandera) de relevantes acciones del kirchnerismo sobre derechos humanos.
mwainfeld@pagina12.com.ar
El año pasado, en el fallo ATE, la Corte determino que, para ser delegado sindical, no es necesario estar afiliado a un sindicato con personería gremial.
En ésta oportunidad, el nuevo fallo confiere tutela sindical (no podrán ser suspendidos ni echados desde el momento que se postulan a un cargo sindical) a los directivos y delegados de las entidades sindicales “simplemente inscriptas”.
A continuación una opinión periodística al respecto.
Otra grieta en el modelo
Por Mario Wainfeld
La sentencia de la Corte Suprema en el caso “Rossi, Adriana c/Estado nacional” es unánime. Seis supremos coincidieron en sus, rotundos a fuer de breves, fundamentos (“considerandos”, en jerga), en tanto Carmen Argibay eligió hacerlo con argumentos propios (ver asimismo nota central). El dictamen no vinculante de la Procuración General alentaba la misma solución, con una diferencia procesal de la que se hablará luego. La sentencia declara inconstitucional un pilar del “modelo sindical”. La ley vigente, cuestionada por los Supremos, fue el sustento de los rechazos de la demanda en las dos instancias de la Justicia laboral.
El núcleo de la resolución es la incompatibilidad entre esa ley y las normas internacionales (tratados y resoluciones de la OIT) que forman parte del texto constitucional, a partir de la reforma de 1994. Rossi era una delegada de un sindicato simplemente inscripto y la patronal (el Hospital Naval) le negó la tutela respectiva, sancionándola amparándose en la ley 23.551. La Corte juzga que esa norma discrimina injustamente a favor del sindicato con personería gremial. Le reconoce a éste la representación en paritarias, o sea que no invalida en su totalidad al “modelo” sindical. Pero restringe otras facultades de los gremios con personería porque (a su ver) lesionan la igualdad de los trabajadores.
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En nuestro sistema, las sentencias valen sólo para el caso resuelto, pero una decisión de la Corte proyecta a situaciones análogas. En “Rossi” esa consecuencia es patente, porque el asunto no tiene ninguna circunstancia particular o anecdótica que la diferencie de cualquier otro reclamo potencial de delegados. Robustecen al fallo la unanimidad y la estabilidad que tendrá el Tribunal, que conservará la actual integración aunque lo dejaran dos de sus actuales jueces.
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La decisión administrativa del Ministerio de Trabajo que otorga derechos sindicales a los delegados del subte (que luchan por obtener la simple inscripción pero que no la tienen aún, a diferencia del gremio de Rossi) va más allá de la sentencia conocida ayer. Pero vale sólo para el caso específico, no se propaga a otros.
De cualquier modo, el combo entre una decisión institucional de proyecciones virtuales amplias y una emanada del Ejecutivo jalonan el camino de la libertad sindical, como consecuencia de arduas luchas libradas en los lugares de trabajo, en Tribunales y también en la calle. El conflicto de Rossi, vale la pena puntualizarlo, comenzó en el año 2000. La justicia eventualmente llega, siempre tarda.
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La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que se apunta otro poroto con esta sentencia, viene reclamando su personería. El trámite está retenido en Trabajo, por evidentes razones políticas. Carlos Tomada tiene preparada desde hace años una carpeta con dos solapas, que contienen sendas resoluciones fundadas, una admitiendo y otra denegando la personería, para cuando la Casa Rosada decida. Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner difirieron sin fecha la decisión, que sigue pendiente.
“Rossi” no impacta en ese reclamo de la CTA porque dirime un conflicto planteado “desde abajo”, en el terreno de la representación en los lugares de trabajo. Pero desde el punto de vista de la praxis cotidiana, este tipo de situaciones son seguramente más relevantes que el otorgamiento de la personería, importante pero (por esencia) superestructural. La cúpula de la CTA, en sus recurrentes encuentros en el Ministerio de Trabajo y en los esporádicos con los titulares de la Casa Rosada, suele plantear en la negociación que se diriman situaciones similares, que le permiten crecer “desde el pie”. De ahí el volumen del fallo, una señal para tribunales inferiores y un paraguas amplio para delegados de sindicatos alternativos.
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La Corte tenía dos caminos posibles, admitiendo la inconstitucionalidad: emitir sentencia definitiva como hizo o reenviar el expediente a la Cámara laboral, para que dictara un nuevo fallo, acatando su criterio (“casar”, en jerga). El dictamen la Procuración proponía ese camino, que en los hechos le daba al Ejecutivo más tiempo para adecuar su política, mientras el expediente iba a un final anunciado. Los cortesanos, dentro de sus competencias, eligieron el otro sendero, no inocente de intención política. Sus derivaciones imaginables interpelan a los otros dos poderes del Estado.
Al Congreso, en especial al autodenominado “Grupo A”, le posibilita un nuevo ítem de agenda institucional: la reforma del sistema sindical. El tópico es históricamente caro a los radicales y, por cierto, al abanico de partidos de centroizquierda, incluyendo los más antagónicos con el oficialismo (Proyecto Sur o Libres del Sur) como los más afines o transigentes (piénsese en Martín Sabbatella, Ariel Basteiro o Jorge Rivas). Un proyecto así podría poner en crisis al peronismo federal, afín a los Gordos de la CGT, mucho más intransigentes con la CTA y con el gremialismo alternativo que Hugo Moyano. El actual secretario general cree estar inmunizado contra las “terceras vías” por su representatividad y por sus logros en la negociación colectiva. Sus reparos a estos cambios, que los tiene y atan al Gobierno, tributan más a mantener al conjunto que a su propia necesidad.
El Ejecutivo, a su vez, topa con una tribulación en su afán de conciliar una agenda progresista y una de gobernabilidad. El PJ y la CGT le sustentan ésta aunque le complican aquélla. La sentencia de la Corte lo embreta porque no discute sobre opciones valorativas, sino sobre el apego a la legalidad. Y porque el tribunal decide invocando los tratados internacionales, que fueron basamento (y bandera) de relevantes acciones del kirchnerismo sobre derechos humanos.
mwainfeld@pagina12.com.ar
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