Las protestas de mayo de 2011, llamadas por algunos medios Movimiento 15-M e Indignados, son una serie de protestas ciudadanas espontáneas generadas en las redes sociales e ideadas por la plataforma civil y digitalDemocracia Real Ya!, que obtuvo el apoyo de más de 200 pequeñas asociaciones.1 Comenzaron el 15 de mayo de 2011 con una convocatoria en 58 ciudades españoles. Se trata de protestas pacíficas que reivindican un cambio en la política española, pues los manifestantes consideran que los partidos políticos ni les representan ni toman medidas que les beneficien.
Aquí el PETITORIO:
1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA:
o Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.
o Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones.
o Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
o Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
o Reducción de los cargos de libre designación.
2. CONTRA EL DESEMPLEO:
o Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).
o Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.
o Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.
o Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.
o Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración.
3. DERECHO A LA VIVIENDA:
o Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido.
o Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.
o Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.
4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:
o Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos.
o Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.
o Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.
o Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.
o Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.
o Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.
o Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje.
5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:
o Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.
o Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.
o Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.
o Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.
o Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.
6. FISCALIDAD:
o Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.
o Eliminación de las SICAV.
o Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.
o Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.
o Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).
7. LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:
o No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde.
o Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.
o Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.
o Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea.
o Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo.
o Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
o Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.
8. REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR
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sábado, 21 de mayo de 2011
domingo, 25 de abril de 2010
ACUERDO DE LOS PUEBLOS
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra
22 de Abril Cochabamba, Bolivia
Acuerdo de los Pueblos
Hoy, nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro.
De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a lo que nos conduciría el llamado “Entendimiento de Copenhague” existe el 50% de probabilidades de que los daños provocados a nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20% y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares en los Andes y los Himalayas. Muchos Estados insulares desaparecerían y el África sufriría un incremento de la temperatura de más de 3º C. Así mismo, se reduciría la producción de alimentos en el mundo con efectos catastróficos para la supervivencia de los habitantes de vastas regiones del planeta, y se incrementaría de forma dramática el número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la cifra de 1.020 millones de personas.
Las corporaciones y los gobiernos de los países denominados “más desarrollados”, en complicidad con un segmento de la comunidad científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la elevación de la temperatura sin cuestionar la causa que es el sistema capitalista.
Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se aceleró con la revolución industrial.
El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma.
Bajo el capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son.
El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y el control de territorios y recursos naturales, reprimiendo la resistencia de los pueblos. Se trata de un sistema imperialista de colonización del planeta.
La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.
Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos.
Planteamos a los pueblos del mundo la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas, afirmados en la vivencia y propuesta de “Vivir Bien”, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, complementaria y espiritual.
Para enfrentar el cambio climático debemos reconocer a la Madre Tierra como la fuente de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de:
• armonía y equilibrio entre todos y con todo
• complementariedad, solidaridad, y equidad
• bienestar colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de todos en armonía con la Madre Tierra
• respeto a los Derechos de la Madre Tierra y a los Derechos Humanos
• reconocimiento del ser humano por lo que es y no por lo que tiene
• eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e intervencionismo
• paz entre los pueblos y con la Madre Tierra.
El modelo que propugnamos no es de desarrollo destructivo ni ilimitado. Los países necesitan producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población, pero de ninguna manera pueden continuar por este camino de desarrollo en el cual los países más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más grande de lo que el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra se necesitarían 2 planetas para el 2030.
En un sistema interdependiente del cual los seres humanos somos uno de sus componentes no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra.
Para ello proponemos el proyecto adjunto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra en el cual se consignan:
• Derecho a la vida y a existir;
• Derecho a ser respetada;
• Derecho a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas;
• Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados;
• Derecho al agua como fuente de vida;
• Derecho al aire limpio;
• Derecho a la salud integral;
• Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y radioactivos;
• Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable.
• Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas.
La visión compartida es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para hacer efectivo el Artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que determina “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático”. Nuestra visión es, sobre la base del principio de las responsabilidades históricas comunes pero diferenciadas, exigir que los países desarrollados se comprometan con metas cuantificadas de reducción de emisiones que permitan retornar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 300 ppm y así, limitar el incremento de la temperatura media global a un nivel máximo de 1°C.
Enfatizando la necesidad de acción urgente para lograr esta visión, y con el apoyo de los pueblos, movimientos y países, los países desarrollados deberán comprometerse con metas ambiciosas de reducción de emisiones que permitan alcanzar objetivos a corto plazo, manteniendo nuestra visión a favor del equilibrio del sistema climático de la Tierra, de acuerdo al objetivo último de la Convención.
La “visión compartida” para la “Acción Cooperativa a Largo Plazo” no debe reducirse en la negociación de cambio climático a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.
Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático. En este marco exigimos a los países desarrollados que:
• Restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica la descolonización de la atmósfera mediante la reducción y absorción de sus emisiones.
• Asuman los costos y las necesidades de transferencia de tecnología de los países en desarrollo por la pérdida de oportunidades de desarrollo por vivir en un espacio atmosférico restringido.
• Se hagan responsables por los cientos de millones que tendrán que migrar por el cambio climático que han provocado y que eliminen sus políticas restrictivas de migración y ofrezcan a los migrantes una vida digna y con todos los derechos en sus países.
• Asuman la deuda de adaptación relacionadas a los impactos del cambio climático en los países en desarrollo proveyendo los medios para prevenir, minimizar y atender los daños que surgen de sus excesivas emisiones.
• Honren estas deudas como parte de una deuda mayor con la Madre Tierra adoptando y aplicando la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en las Naciones Unidas.
El enfoque debe ser no solamente de compensación económica, sino principalmente de justicia restaurativa – es decir restituyendo la integridad a las personas y a los miembros que forman una comunidad de vida en la Tierra.
Deploramos el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto el único instrumento legalmente vinculante específico para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados.
Advertimos al mundo que no obstante estar obligados legalmente las emisiones de los países desarrollados en lugar de reducir, crecieron en un 11,2% entre 1990 y 2007.
Estados Unidos a causa del consumo ilimitado aumentó sus emisiones de GEI en 16,8% durante el periodo 1990 al 2007, emitiendo como promedio entre 20 y 23 toneladas anuales de CO2 por habitante, lo que representa más de 9 veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, y más de 20 veces las emisiones de un habitante de África Subsahariana.
Rechazamos de manera absoluta el ilegitimo “Entendimiento de Copenhague”, que permite a estos países desarrollados ofertar reducciones insuficientes de gases de efecto invernadero, basadas en compromisos voluntarios e individuales, que violan la integridad ambiental de la Madre Tierra conduciéndonos a un aumento de alrededor de 4ºC.
La próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de año en México debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, para el segundo período de compromisos a iniciarse en 2013 a 2017 en el cual los países desarrollados deben comprometer reducciones domésticas significativas de al menos el 50% respecto al año base de 1990 sin incluir mercados de carbono u otros sistemas de desviación que enmascaran el incumplimiento de las reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero.
Requerimos establecer primero una meta para el conjunto de los países desarrollados para luego realizar la asignación individual para cada país desarrollado en el marco de una comparación de esfuerzos entre cada uno de ellos, manteniendo así el sistema del Protocolo de Kioto para las reducciones de las emisiones.
Los Estados Unidos de América, en su carácter de único país de la Tierra del Anexo 1 que no ratificó el Protocolo de Kioto tiene una responsabilidad significativa ante todos los pueblos del mundo por cuanto debe ratificar el Protocolo de Kioto y comprometerse a respetar y dar cumplimiento a los objetivos de reducción de emisiones a escala de toda su economía.
Los pueblos tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos del cambio climático y rechazamos la noción de adaptación al cambio climático entendida como la resignación a los impactos provocados por las emisiones históricas de los países desarrollados, quienes deben adaptar sus estilos de vida y de consumo ante esta emergencia planetaria. Nos vemos forzados a enfrentar los impactos del cambio climático, considerando la adaptación como un proceso y no como una imposición, y además como herramienta que sirva para contrarrestarlos, demostrando que es posible vivir en armonía bajo un modelo de vida distinto.
Es necesario construir un Fondo de Adaptación, como un fondo exclusivo para enfrentar el cambio climático como parte de un mecanismo financiero manejado y conducido de manera soberana, transparente y equitativa por nuestros Estados. Bajo este Fondo se debe valorar: los impactos y sus costos en países en desarrollo y las necesidades que estos impactos deriven, y registrar y monitorear el apoyo por parte de países desarrollados. Éste debe manejar además un mecanismo para el resarcimiento por daños por impactos ocurridos y futuros, por pérdida de oportunidades y la reposición por eventos climáticos extremos y graduales, y costos adicionales que podrían presentarse si nuestro planeta sobrepasa los umbrales ecológicos así como aquellos impactos que están frenando el derecho a Vivir Bien.
El “Entendimiento de Copenhague” impuesto sobre los países en desarrollo por algunos Estados, más allá de ofertar recursos insuficientes, pretende en si mismo dividir y enfrentar a los pueblos y pretende extorsionar a los países en desarrollo condicionando el acceso a recursos de adaptación a cambio de medidas de mitigación. Adicionalmente se establece como inaceptable que en los procesos de negociación internacional se intente categorizar a los países en desarrollo por su vulnerabilidad al cambio climático, generando disputas, desigualdades y segregaciones entre ellos.
El inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando adelante una profunda transformación en la agricultura hacia un modelo sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma (participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y pueblo.
El Cambio Climático ya está produciendo profundos impactos sobre la agricultura y los modos de vida de los pueblos indígenas/originarios y campesinos del mundo y estos impactos se irán agravando en el futuro.
El agro negocio a través de su modelo social, económico y cultural de producción capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación, es una de las causas principales del cambio climático. Sus herramientas tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más que profundizar la crisis climática e incrementar el hambre en el planeta. Por esta razón rechazamos los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación y toda forma de aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la vida, los paquetes tecnológicos actuales (agroquímicos, transgénicos) y aquellos que se ofrecen como falsas soluciones (agrocombustibles, geoingeniería, nanotecnología, tecnología Terminator y similares) que únicamente agudizarán la crisis actual.
Al mismo tiempo denunciamos como este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la crisis socioambiental.
Exigimos reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre Tierra a acceder y gozar del agua y apoyamos la propuesta del Gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un Derecho Humano Fundamental.
La definición de bosque utilizada en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual incluye plantaciones, es inaceptable. Los monocultivos no son bosques. Por lo tanto, exigimos una definición para fines de negociación que reconozca los bosques nativos y la selva y la diversidad de los ecosistemas de la tierra.
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser plenamente reconocida, implementada e integrada en las negociaciones de cambio climático. La mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales.
Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus versiones + y ++, que está violando la soberanía de los Pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza.
Los países contaminadores están obligados a transferir de manera directa los recursos económicos y tecnológicos para pagar la restauración y mantenimiento de los bosques y selvas, en favor de los pueblos y estructuras orgánicas ancestrales indígenas, originarias, campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y adicional a las fuentes de financiamiento comprometidas por los países desarrollados, fuera del mercado de carbono y nunca sirviendo como las compensaciones de carbono (offsets). Demandamos a los países a detener las iniciativas locales en bosques y selvas basados en mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y condicionados. Exigimos a los gobiernos un programa mundial de restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos, implementando semillas forestales, frutales y de flora autóctona. Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas.
Exigimos a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para resolver los desafíos planteados por el cambio climático. En especial, demandamos a los Estados a que reconozcan jurídicamente la preexistencia del derecho sobre nuestros territorios, tierras y recursos naturales para posibilitar y fortalecer nuestras formas tradicionales de vida y contribuir efectivamente a la solución del cambio climático.
Demandamos la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas en todos los procesos de negociación así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático.
En la actualidad la degradación medioambiental y el cambio climático alcanzarán niveles críticos, siendo una de las principales consecuencias la migración interna así como internacional. Según algunas proyecciones en 1995 existían alrededor de 25 millones de migrantes climáticos, al presente se estima en 50 millones y las proyecciones para el año 2050 son de 200 a 1000 millones de personas que serán desplazadas por situaciones derivadas del cambio climático.
Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad sobre los migrantes climáticos, acogiéndolos en sus territorios y reconociendo sus derechos fundamentales, a través de la firma de convenios internacionales que contemplen la definición de migrante climático para que todos los Estados acaten sus determinaciones.
Constituir un Tribunal Internacional de Conciencia para denunciar, hacer visible, documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos de los(s) migrantes, refugiados(as) y desplazados en los países de origen, tránsito y destino, identificando claramente las responsabilidades de los Estados, compañías y otros actores.
El financiamiento actual destinado a los países en desarrollo para cambio climático y la propuesta del Entendimiento de Copenhague son ínfimos. Los países desarrollados deben comprometer un financiamiento anual nuevo, adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y de fuente pública, de al menos 6% de su PIB para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo. Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron 5 veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política. Este financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no vulnerar la soberanía nacional ni la autodeterminación de las comunidades y grupos más afectados.
En vista de la ineficiencia del mecanismo actual, en la Conferencia de México se debe establecer un nuevo mecanismo de financiamiento que funcione bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático rindiendo cuentas a la misma, con una representación significativa de los países en desarrollo para garantizar el cumplimiento de los compromisos de financiamiento de los países Anexo 1.
Se ha constatado que los países desarrollados incrementaron sus emisiones en el periodo 1990 – 2007, no obstante haber manifestado que la reducción se vería sustancialmente coadyuvada con mecanismos de mercado.
El mercado de carbono se ha transformado en un negocio lucrativo, mercantilizando nuestra Madre Tierra, esto no representa una alternativa para afrontar el cambio climático, puesto que saquea, devasta la tierra, el agua e incluso la vida misma.
La reciente crisis financiera ha demostrado que el mercado es incapaz de regular el sistema financiero, que es frágil e inseguro ante la especulación y la aparición de agentes intermediarios, por lo tanto, sería una total irresponsabilidad dejar en sus manos el cuidado y protección de la propia existencia humana y de nuestra Madre Tierra.
Consideramos inadmisible que las negociaciones en curso pretendan la creación de nuevos mecanismos que amplíen y promuevan el mercado de carbono toda vez que los mecanismos existentes nunca resolvieron el problema del Cambio Climático ni se transformaron en acciones reales y directas en la reducción de gases de efecto invernadero.
Es imprescindible exigir el cumplimento de los compromisos asumidos por los países desarrollados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático respecto al desarrollo y transferencia de tecnología, así como rechazar la “vitrina tecnológica” propuesta por países desarrollados que solamente comercializan la tecnología. Es fundamental establecer los lineamientos para crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias, y socialmente adecuadas. De igual manera es fundamental el establecimiento de un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular, de patentes que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.
El conocimiento es universal, y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad privada y de utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en forma de tecnologías. Es deber de los países desarrollados compartir su tecnología con países en desarrollo, crear centros de investigación para la creación de tecnologías e innovaciones propias, así como defender e impulsar su desarrollo y aplicación para el vivir bien. El mundo debe recuperar, aprender, reaprender los principios y enfoques del legado ancestral de sus pueblos originarios para detener la destrucción del planeta, así como los conocimientos y prácticas ancestrales y recuperación de la espiritualidad en la reinserción del vivir bien juntamente con la Madre Tierra.
Considerando la falta de voluntad política de los países desarrollados para cumplir de manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, y frente a la inexistencia de una instancia legal internacional que prevenga y sancione todos aquellos delitos y crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a los Estados, las Empresas y personas que por acción u omisión contaminen y provoquen el cambio climático.
Respaldar a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto incluyendo sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero.
Instamos a los pueblos a proponer y promover una profunda reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que todos sus Estados miembros cumplan las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.
El futuro de la humanidad está en peligro y no podemos aceptar que un grupo de gobernantes de países desarrollados quieran definir por todos los países como lo intentaron hacer infructuosamente en la Conferencia de las Partes de Copenhague. Esta decisión nos compete a todos los pueblos. Por eso es necesaria la realización de un Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular, sobre el cambio Climático en el cuál todos seamos consultados sobre: el nivel de reducciones de emisiones que deben hacer los países desarrollados y las empresas transnacionales; el financiamiento que deben proveer los países desarrollados; la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática; la necesidad de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y; la necesidad de cambiar el actual sistema capitalista.
El proceso del Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular será fruto de un proceso de preparación que asegure el desarrollo exitoso del mismo.
Con el fin de coordinar nuestro accionar internacional e implementar los resultados del presente “Acuerdo de los Pueblos” llamamos a construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra que se basará en los principios de complementariedad y respeto a la diversidad de origen y visiones de sus integrantes, constituyéndose en un espacio amplio y democrático de coordinación y articulación de acciones a nivel mundial.
Con tal propósito, adoptamos el plan de acción mundial adjunto para que en México los países desarrollados del Anexo 1 respeten el marco legal vigente y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % y se asuman las diferentes propuestas contenidas en este Acuerdo.
Finalmente, acordamos realizar la 2ª Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en el 2011 como parte de este proceso de construcción del Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra y para reaccionar frente a los resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se realizará a fines de año en Cancún, México.
22 de Abril Cochabamba, Bolivia
Acuerdo de los Pueblos
Hoy, nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro.
De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a lo que nos conduciría el llamado “Entendimiento de Copenhague” existe el 50% de probabilidades de que los daños provocados a nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20% y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares en los Andes y los Himalayas. Muchos Estados insulares desaparecerían y el África sufriría un incremento de la temperatura de más de 3º C. Así mismo, se reduciría la producción de alimentos en el mundo con efectos catastróficos para la supervivencia de los habitantes de vastas regiones del planeta, y se incrementaría de forma dramática el número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la cifra de 1.020 millones de personas.
Las corporaciones y los gobiernos de los países denominados “más desarrollados”, en complicidad con un segmento de la comunidad científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la elevación de la temperatura sin cuestionar la causa que es el sistema capitalista.
Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se aceleró con la revolución industrial.
El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma.
Bajo el capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son.
El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y el control de territorios y recursos naturales, reprimiendo la resistencia de los pueblos. Se trata de un sistema imperialista de colonización del planeta.
La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.
Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos.
Planteamos a los pueblos del mundo la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas, afirmados en la vivencia y propuesta de “Vivir Bien”, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, complementaria y espiritual.
Para enfrentar el cambio climático debemos reconocer a la Madre Tierra como la fuente de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de:
• armonía y equilibrio entre todos y con todo
• complementariedad, solidaridad, y equidad
• bienestar colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de todos en armonía con la Madre Tierra
• respeto a los Derechos de la Madre Tierra y a los Derechos Humanos
• reconocimiento del ser humano por lo que es y no por lo que tiene
• eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e intervencionismo
• paz entre los pueblos y con la Madre Tierra.
El modelo que propugnamos no es de desarrollo destructivo ni ilimitado. Los países necesitan producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población, pero de ninguna manera pueden continuar por este camino de desarrollo en el cual los países más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más grande de lo que el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra se necesitarían 2 planetas para el 2030.
En un sistema interdependiente del cual los seres humanos somos uno de sus componentes no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra.
Para ello proponemos el proyecto adjunto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra en el cual se consignan:
• Derecho a la vida y a existir;
• Derecho a ser respetada;
• Derecho a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas;
• Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados;
• Derecho al agua como fuente de vida;
• Derecho al aire limpio;
• Derecho a la salud integral;
• Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y radioactivos;
• Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable.
• Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas.
La visión compartida es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para hacer efectivo el Artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que determina “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático”. Nuestra visión es, sobre la base del principio de las responsabilidades históricas comunes pero diferenciadas, exigir que los países desarrollados se comprometan con metas cuantificadas de reducción de emisiones que permitan retornar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 300 ppm y así, limitar el incremento de la temperatura media global a un nivel máximo de 1°C.
Enfatizando la necesidad de acción urgente para lograr esta visión, y con el apoyo de los pueblos, movimientos y países, los países desarrollados deberán comprometerse con metas ambiciosas de reducción de emisiones que permitan alcanzar objetivos a corto plazo, manteniendo nuestra visión a favor del equilibrio del sistema climático de la Tierra, de acuerdo al objetivo último de la Convención.
La “visión compartida” para la “Acción Cooperativa a Largo Plazo” no debe reducirse en la negociación de cambio climático a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.
Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático. En este marco exigimos a los países desarrollados que:
• Restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica la descolonización de la atmósfera mediante la reducción y absorción de sus emisiones.
• Asuman los costos y las necesidades de transferencia de tecnología de los países en desarrollo por la pérdida de oportunidades de desarrollo por vivir en un espacio atmosférico restringido.
• Se hagan responsables por los cientos de millones que tendrán que migrar por el cambio climático que han provocado y que eliminen sus políticas restrictivas de migración y ofrezcan a los migrantes una vida digna y con todos los derechos en sus países.
• Asuman la deuda de adaptación relacionadas a los impactos del cambio climático en los países en desarrollo proveyendo los medios para prevenir, minimizar y atender los daños que surgen de sus excesivas emisiones.
• Honren estas deudas como parte de una deuda mayor con la Madre Tierra adoptando y aplicando la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en las Naciones Unidas.
El enfoque debe ser no solamente de compensación económica, sino principalmente de justicia restaurativa – es decir restituyendo la integridad a las personas y a los miembros que forman una comunidad de vida en la Tierra.
Deploramos el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto el único instrumento legalmente vinculante específico para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados.
Advertimos al mundo que no obstante estar obligados legalmente las emisiones de los países desarrollados en lugar de reducir, crecieron en un 11,2% entre 1990 y 2007.
Estados Unidos a causa del consumo ilimitado aumentó sus emisiones de GEI en 16,8% durante el periodo 1990 al 2007, emitiendo como promedio entre 20 y 23 toneladas anuales de CO2 por habitante, lo que representa más de 9 veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, y más de 20 veces las emisiones de un habitante de África Subsahariana.
Rechazamos de manera absoluta el ilegitimo “Entendimiento de Copenhague”, que permite a estos países desarrollados ofertar reducciones insuficientes de gases de efecto invernadero, basadas en compromisos voluntarios e individuales, que violan la integridad ambiental de la Madre Tierra conduciéndonos a un aumento de alrededor de 4ºC.
La próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de año en México debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, para el segundo período de compromisos a iniciarse en 2013 a 2017 en el cual los países desarrollados deben comprometer reducciones domésticas significativas de al menos el 50% respecto al año base de 1990 sin incluir mercados de carbono u otros sistemas de desviación que enmascaran el incumplimiento de las reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero.
Requerimos establecer primero una meta para el conjunto de los países desarrollados para luego realizar la asignación individual para cada país desarrollado en el marco de una comparación de esfuerzos entre cada uno de ellos, manteniendo así el sistema del Protocolo de Kioto para las reducciones de las emisiones.
Los Estados Unidos de América, en su carácter de único país de la Tierra del Anexo 1 que no ratificó el Protocolo de Kioto tiene una responsabilidad significativa ante todos los pueblos del mundo por cuanto debe ratificar el Protocolo de Kioto y comprometerse a respetar y dar cumplimiento a los objetivos de reducción de emisiones a escala de toda su economía.
Los pueblos tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos del cambio climático y rechazamos la noción de adaptación al cambio climático entendida como la resignación a los impactos provocados por las emisiones históricas de los países desarrollados, quienes deben adaptar sus estilos de vida y de consumo ante esta emergencia planetaria. Nos vemos forzados a enfrentar los impactos del cambio climático, considerando la adaptación como un proceso y no como una imposición, y además como herramienta que sirva para contrarrestarlos, demostrando que es posible vivir en armonía bajo un modelo de vida distinto.
Es necesario construir un Fondo de Adaptación, como un fondo exclusivo para enfrentar el cambio climático como parte de un mecanismo financiero manejado y conducido de manera soberana, transparente y equitativa por nuestros Estados. Bajo este Fondo se debe valorar: los impactos y sus costos en países en desarrollo y las necesidades que estos impactos deriven, y registrar y monitorear el apoyo por parte de países desarrollados. Éste debe manejar además un mecanismo para el resarcimiento por daños por impactos ocurridos y futuros, por pérdida de oportunidades y la reposición por eventos climáticos extremos y graduales, y costos adicionales que podrían presentarse si nuestro planeta sobrepasa los umbrales ecológicos así como aquellos impactos que están frenando el derecho a Vivir Bien.
El “Entendimiento de Copenhague” impuesto sobre los países en desarrollo por algunos Estados, más allá de ofertar recursos insuficientes, pretende en si mismo dividir y enfrentar a los pueblos y pretende extorsionar a los países en desarrollo condicionando el acceso a recursos de adaptación a cambio de medidas de mitigación. Adicionalmente se establece como inaceptable que en los procesos de negociación internacional se intente categorizar a los países en desarrollo por su vulnerabilidad al cambio climático, generando disputas, desigualdades y segregaciones entre ellos.
El inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando adelante una profunda transformación en la agricultura hacia un modelo sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma (participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y pueblo.
El Cambio Climático ya está produciendo profundos impactos sobre la agricultura y los modos de vida de los pueblos indígenas/originarios y campesinos del mundo y estos impactos se irán agravando en el futuro.
El agro negocio a través de su modelo social, económico y cultural de producción capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación, es una de las causas principales del cambio climático. Sus herramientas tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más que profundizar la crisis climática e incrementar el hambre en el planeta. Por esta razón rechazamos los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación y toda forma de aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la vida, los paquetes tecnológicos actuales (agroquímicos, transgénicos) y aquellos que se ofrecen como falsas soluciones (agrocombustibles, geoingeniería, nanotecnología, tecnología Terminator y similares) que únicamente agudizarán la crisis actual.
Al mismo tiempo denunciamos como este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la crisis socioambiental.
Exigimos reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre Tierra a acceder y gozar del agua y apoyamos la propuesta del Gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un Derecho Humano Fundamental.
La definición de bosque utilizada en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual incluye plantaciones, es inaceptable. Los monocultivos no son bosques. Por lo tanto, exigimos una definición para fines de negociación que reconozca los bosques nativos y la selva y la diversidad de los ecosistemas de la tierra.
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser plenamente reconocida, implementada e integrada en las negociaciones de cambio climático. La mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales.
Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus versiones + y ++, que está violando la soberanía de los Pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza.
Los países contaminadores están obligados a transferir de manera directa los recursos económicos y tecnológicos para pagar la restauración y mantenimiento de los bosques y selvas, en favor de los pueblos y estructuras orgánicas ancestrales indígenas, originarias, campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y adicional a las fuentes de financiamiento comprometidas por los países desarrollados, fuera del mercado de carbono y nunca sirviendo como las compensaciones de carbono (offsets). Demandamos a los países a detener las iniciativas locales en bosques y selvas basados en mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y condicionados. Exigimos a los gobiernos un programa mundial de restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos, implementando semillas forestales, frutales y de flora autóctona. Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas.
Exigimos a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para resolver los desafíos planteados por el cambio climático. En especial, demandamos a los Estados a que reconozcan jurídicamente la preexistencia del derecho sobre nuestros territorios, tierras y recursos naturales para posibilitar y fortalecer nuestras formas tradicionales de vida y contribuir efectivamente a la solución del cambio climático.
Demandamos la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas en todos los procesos de negociación así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático.
En la actualidad la degradación medioambiental y el cambio climático alcanzarán niveles críticos, siendo una de las principales consecuencias la migración interna así como internacional. Según algunas proyecciones en 1995 existían alrededor de 25 millones de migrantes climáticos, al presente se estima en 50 millones y las proyecciones para el año 2050 son de 200 a 1000 millones de personas que serán desplazadas por situaciones derivadas del cambio climático.
Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad sobre los migrantes climáticos, acogiéndolos en sus territorios y reconociendo sus derechos fundamentales, a través de la firma de convenios internacionales que contemplen la definición de migrante climático para que todos los Estados acaten sus determinaciones.
Constituir un Tribunal Internacional de Conciencia para denunciar, hacer visible, documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos de los(s) migrantes, refugiados(as) y desplazados en los países de origen, tránsito y destino, identificando claramente las responsabilidades de los Estados, compañías y otros actores.
El financiamiento actual destinado a los países en desarrollo para cambio climático y la propuesta del Entendimiento de Copenhague son ínfimos. Los países desarrollados deben comprometer un financiamiento anual nuevo, adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y de fuente pública, de al menos 6% de su PIB para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo. Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron 5 veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política. Este financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no vulnerar la soberanía nacional ni la autodeterminación de las comunidades y grupos más afectados.
En vista de la ineficiencia del mecanismo actual, en la Conferencia de México se debe establecer un nuevo mecanismo de financiamiento que funcione bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático rindiendo cuentas a la misma, con una representación significativa de los países en desarrollo para garantizar el cumplimiento de los compromisos de financiamiento de los países Anexo 1.
Se ha constatado que los países desarrollados incrementaron sus emisiones en el periodo 1990 – 2007, no obstante haber manifestado que la reducción se vería sustancialmente coadyuvada con mecanismos de mercado.
El mercado de carbono se ha transformado en un negocio lucrativo, mercantilizando nuestra Madre Tierra, esto no representa una alternativa para afrontar el cambio climático, puesto que saquea, devasta la tierra, el agua e incluso la vida misma.
La reciente crisis financiera ha demostrado que el mercado es incapaz de regular el sistema financiero, que es frágil e inseguro ante la especulación y la aparición de agentes intermediarios, por lo tanto, sería una total irresponsabilidad dejar en sus manos el cuidado y protección de la propia existencia humana y de nuestra Madre Tierra.
Consideramos inadmisible que las negociaciones en curso pretendan la creación de nuevos mecanismos que amplíen y promuevan el mercado de carbono toda vez que los mecanismos existentes nunca resolvieron el problema del Cambio Climático ni se transformaron en acciones reales y directas en la reducción de gases de efecto invernadero.
Es imprescindible exigir el cumplimento de los compromisos asumidos por los países desarrollados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático respecto al desarrollo y transferencia de tecnología, así como rechazar la “vitrina tecnológica” propuesta por países desarrollados que solamente comercializan la tecnología. Es fundamental establecer los lineamientos para crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias, y socialmente adecuadas. De igual manera es fundamental el establecimiento de un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular, de patentes que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.
El conocimiento es universal, y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad privada y de utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en forma de tecnologías. Es deber de los países desarrollados compartir su tecnología con países en desarrollo, crear centros de investigación para la creación de tecnologías e innovaciones propias, así como defender e impulsar su desarrollo y aplicación para el vivir bien. El mundo debe recuperar, aprender, reaprender los principios y enfoques del legado ancestral de sus pueblos originarios para detener la destrucción del planeta, así como los conocimientos y prácticas ancestrales y recuperación de la espiritualidad en la reinserción del vivir bien juntamente con la Madre Tierra.
Considerando la falta de voluntad política de los países desarrollados para cumplir de manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, y frente a la inexistencia de una instancia legal internacional que prevenga y sancione todos aquellos delitos y crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a los Estados, las Empresas y personas que por acción u omisión contaminen y provoquen el cambio climático.
Respaldar a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto incluyendo sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero.
Instamos a los pueblos a proponer y promover una profunda reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que todos sus Estados miembros cumplan las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.
El futuro de la humanidad está en peligro y no podemos aceptar que un grupo de gobernantes de países desarrollados quieran definir por todos los países como lo intentaron hacer infructuosamente en la Conferencia de las Partes de Copenhague. Esta decisión nos compete a todos los pueblos. Por eso es necesaria la realización de un Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular, sobre el cambio Climático en el cuál todos seamos consultados sobre: el nivel de reducciones de emisiones que deben hacer los países desarrollados y las empresas transnacionales; el financiamiento que deben proveer los países desarrollados; la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática; la necesidad de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y; la necesidad de cambiar el actual sistema capitalista.
El proceso del Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular será fruto de un proceso de preparación que asegure el desarrollo exitoso del mismo.
Con el fin de coordinar nuestro accionar internacional e implementar los resultados del presente “Acuerdo de los Pueblos” llamamos a construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra que se basará en los principios de complementariedad y respeto a la diversidad de origen y visiones de sus integrantes, constituyéndose en un espacio amplio y democrático de coordinación y articulación de acciones a nivel mundial.
Con tal propósito, adoptamos el plan de acción mundial adjunto para que en México los países desarrollados del Anexo 1 respeten el marco legal vigente y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % y se asuman las diferentes propuestas contenidas en este Acuerdo.
Finalmente, acordamos realizar la 2ª Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en el 2011 como parte de este proceso de construcción del Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra y para reaccionar frente a los resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se realizará a fines de año en Cancún, México.
martes, 29 de diciembre de 2009
DIEZ PUNTOS DE ACUERDO POR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad.
Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Firmas que aportan al consenso
El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS). Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense. Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria. También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur). En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria). Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza. Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT). Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.
Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Firmas que aportan al consenso
El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS). Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense. Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria. También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur). En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria). Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza. Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT). Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.
lunes, 14 de diciembre de 2009
PRIVATIZACIÓN DEL JUEGO - MASSAROTTI - CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ENTRE RÍOS
Edgardo Massarotti fue titular de ATE durante muchos años, y al igual que la entidad que representó, tuvo siempre posturas muy claras ante los renovados intentos de privatización del juego en nuestra provincia. Dado que en estos días vienen por los Casinos una vez más, camuflando su intento privatizador en un proyecto de Ley de Turismo, transcribimos su valorada opinión sobre este tema.
Déjá vu
(Acerca del proyecto de ley del Régimen de Promoción para el Desarrollo Turístico Sustentable y la privatización de los juegos recreativos de azar y/o casinos)
Enviado por el PE de aquel momento, tomó estado parlamentario el 24/11/2007 el proyecto de ley por el que se establece un Régimen de Promoción para el Desarrollo Turístico Sustentable, que ha suscitado arduos conflictos en estos días.
Como un Caballo de Troya, envuelto en un andamiaje referido al turismo, esconde en su interior una trampa.
DE QUE SE TRATA:
Buscando por Internet encuentro el expediente n° 16483 HCDER del cual extraigo - en su última versión- el art. 29 de dicho proyecto, el que transcribo:
“El Fondo Provincial de Turismo se constituye con los siguientes recursos:
2. El producto de los ingresos de las actividades de proyectos integrales de emprendimientos turísticos otorgados mediante procedimientos públicos de selección, que la autoridad de aplicación decida realizar y/o administrar y/o gestionar integralmente por sí o por concesionarios, ya sean de infraestructura turística y/u otra tipología de equipamiento y/o regímenes de explotación, administración y gestión integral de cualquiera de las actividades citadas en el Anexo II:
Los proyectos integrales de emprendimientos turísticos que ameriten la declaración específica de interés provincial por el Ejecutivo Provincial, podrán brindar servicios de explotación, administración de salas de juegos recreativos de azar y/o casinos en el régimen de gestión integral dentro de proyectos integrales de emprendimientos turísticos otorgados mediante procedimientos públicos de selección, cuya incidencia económica, laboral, social, recreativa, cultural y/o de actividades conexas declaradas específicamente de interés turístico por el Ejecutivo Provincial. La inclusión de dicha actividad bajo la órbita de la presente ley, no modifica ni limita la fiscalización que el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social mantiene sobre la misma, ni las facultades que mantiene dicho instituto sobre la explotación y administración de salas de juegos y/o casinos de gestión integralmente estatal.”
Esta historia y sus actores no son nuevos. Por eso titulé esta nota de opinión “Déjá vu”, con la que se expresa esa sensación de haber vivido un determinado momento antes.
No voy a decir nada novedoso, retomaré temas ya tratados en un recurso de revocatoria contra el Decreto n° 5369/04 GOB., que firmé en mi carácter de Secretario General de ATE de ese entonces.
LA LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE EL JUEGO:
La ley provincial n° 5144, del gobierno democrático 1973-1976, en su artículo 3° establece que: “el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social tendrá a su único y exclusivo cargo: a) La explotación y administración de la Lotería, Casinos, Tómbolas y demás juegos de azar que el Poder Ejecutivo resuelve autorizar y oficializar en el ámbito de la Provincia de conformidad con el régimen que el mismo establezca al respecto por vía de reglamentación;…” cuyo objeto es “brindar recursos de apoyo financiero a los planes de acción y seguridad social que se programen y ejecuten en la Provincia de Entre Ríos.” (art. 2°).
Es decir, para atender a los fines sociales previstos, el Estado debe exclusiva y únicamente explotar los juegos de azar por intermedio del IAFAS.
Por otra parte, la ley n° 8.703 (que reconoce como antecedente la n° 3.692 de 1950) como principio, ha prohibido “… la práctica, difusión, facilitación o participación en o de juegos de azar, con excepción de aquellos que sean explotados oficialmente por el Ejecutivo Provincial, los autorizados por éste mediante acto emanado de autoridad competente y los que expresamente no sean penados por esta ley.” Y el art. 2° define qué entiende el Estado por juegos de azar.
Entre Ríos se inscribe entonces como una jurisdicción estatal que prohíbe la explotación de la mayoría de los juegos de azar por dinero en manos de los particulares, permitiendo que organicen, distribuyan y exploten juegos culturalmente aceptados por las mayorías, tales como rifas, bonos, cuadreras; y reservándose para sí la explotación del juego por apuestas.
Esto cambiará si se aprueba el cuestionado proyecto, con la privatización y otro destino, que no es la acción y seguridad social, de los fondos recaudados, (habla de un fondo de turismo, con muchas vaguedades) Así, varios artículos de la normativa actual perderían vigencia sencillamente por mandato de ley posterior.
LA RELACION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL IAFAS:
Ciertamente el art. 42 de la Constitución Provincial garantiza la estabilidad en el empleo público, lo que no se asegura con la privatización es la fuente de trabajo, que no es lo mismo. No olvidamos que hubo una Ley 8706, una Ley 9235 y un tendal de trabajadores en la calle producto de las privatizaciones del Banco de Entre Ríos, de la Empresa Provincial de Energía, el Frigorífico Santa Elena.
Una supuesta “garantía de derechos adquiridos” no resuelve la esencia de la cuestión.
Nos parece preocupante que en esta etapa de la vida institucional de nuestro país, cuando las privatizaciones realizadas en la década de los noventa están siendo fuertemente cuestionadas por la sociedad, en nuestra provincia se pretende persistir en ese mal camino.
No me olvido de los trabajadores del sector privado, porque conocemos empresarios desaprensivos que hicieron lo del “pájaro que comió, voló”.
Las cuestiones de sustentabilidad económica de todos los emprendimientos ligados al juego que coexistirán, estatales y privados, queda bajo un manto de dudas.
Es mejor que las inversiones se orienten y se alienten hacia emprendimientos de carácter productivo. En esa idea, cuando se trata de políticas de juego, se pueden desarrollar actividades conexas, como el turismo (y para esto no hay obstáculos en cuanto a la participación del sector privado), que pongan el acento en el esparcimiento y la recreación y no en la excitación de una debilidad humana. Un ejemplo de esta sinergia es el Casino de Victoria donde participa el sector privado sin la privatización de los juegos de azar propiamente dichos.
LOS VALORES MORALES Y ETICOS DE LA COMUNIDAD:
La delimitación política de los roles del Estado y los particulares en la explotación del juego constituye, atento su delicadeza, incidencia sobre una actividad económica importante para las arcas públicas, y concepción socio cultural del juego, una definición que deben hacer los gobernantes contemplando los valores y aspiraciones de la Comunidad. En este punto, es donde la cuestión trasciende lo legal.
Tengamos siempre presente la PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ENTRE RÍOS, titulada El juego, los casinos y la condición humana, del 7 de octubre de 1993 (Fiesta de Nuestra Señora del Rosario), que transcribo integra al final de este escrito, por su altísimo valor moral, y ruego su atenta lectura.
Esta temática hace al modelo de sociedad que queremos para nuestra provincia. A partir de esta concepción moral y socio-política sobre el juego, es imprescindible definir las políticas al respecto.
El juego (con todas las connotaciones valorativas que conlleva), debe ser administrado y explotado exclusiva y excluyentemente por el Estado.
Por un lado, por las garantías mínimas de protección a la ética de la comunidad; por otro, porque solo el Estado (como instrumento jurídico – institucional) puede hacer que la captación de recursos provenientes de esta debilidad humana sean volcados íntegramente a acciones de interés social para los mas carenciados (salud, vivienda, jubilación del ama de casa, etc.)
En manos del Estado, el juego puede ser contenido y tener el límite de un entretenimiento.
En manos privadas, esta comprobado que esta actividad satisface primero sus objetivos de lucro, fomenta el juego y el “Vale Todo”. Con ello, la miseria humana y el vicio afloran, a lo que se agregan la droga y la prostitución con sus terribles secuelas.
Es muy importante tener en cuenta que el juego es una puerta abierta a al lavado de dinero mal habido. Si está en manos del Estado, este delito se hace imposible.
Tan grave es este tema que el Estado Nacional ha dictado la ley n° 25.246, referida al encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, y en particular la Res. 17/2003 de la Unidad de Información Financiera, referida a las operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas, personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar, la guía de transacciones inusuales o sospechosas, el reporte de operación sospechosa, etc.
No dejamos de reconocer que aún en manos del Estado la actividad del juego tiene sus dificultades. Pero estas son más del orden de las decisiones políticas que de otro tipo.
Por ejemplo, cuando las políticas en materia de juegos han sido nefastamente erróneas, y convirtieron a nuestra provincia en un verdadero garito, con salas de juegos diseminadas en el territorio, que no le sirven al IAFAS para la obtención de ingresos, ni a la comunidad, a la que despoja de sus recursos.
O como cuando se han realizado contratos entre el IAFAS y empresarios privados, en donde los gastos son del Estado y las ganancias de los privados.
A estas malas políticas ATE oportunamente las denunció. Otros callaron o fueron cómplices.
COLOFON
Lo último que conozco –extraoficialmente- es que en Diputados se harán últimos intentos de modificar el texto venido del Senado. Por lo que ví, presumo que es un retoque cosmético, solo para confundir.
El declarar que estos servicios de salas de juegos recreativos de azar y/o Casinos, (no deja taxativamente claro que no pueden ser privados) lo serán sin afectar competencias existentes del I.A.F.A.S. ni derechos adquiridos, es una falacia. Se entraría en una nebulosa de imprecisiones, un intrincado laberinto de atribuciones y competencias. Las reglas del juego en Entre Ríos han sido hasta hoy claras: el juego en manos del Estado. El proyecto incorpora lo que los juristas denominan “conceptos jurídicos indeterminados”, o dicho en criollo “claros y oscuros”. Donde antes gobernaba exclusiva y excluyentemente el IAFAS con normas claras y sencillas; ahora ingresa una Subsecretaría de Turismo junto con una Comisión Provincial de Turismo con clara injerencia sobre el juego de azar e integrado por quienes pretenden explotar el juego en la provincia; donde antes el IAFAS debía controlar, hoy debe “facilitar” o “posibilitar” junto a otros órganos estatales totalmente ajenos a la actividad y cooptados por los concesionarios del juego.
El juego, cualquiera quesea, exige y necesita reglas claras, si no hay trampa.
Vuelvo a la cuestión central en donde el debate y análisis no debe caer en simplificaciones como la antinomia estatismo versus privatismo o en meras consideraciones numéricas (por lo demás, en esto se inventan muchos mitos)
Hasta ahora nuestros gobernantes, cuando equivocaron el rumbo respecto de este tema, ante el reclamo de quienes nos oponíamos, fueron capaces de escuchar y desandaron el mal camino.
Hay que aprender de la historia y apelo a que se deseche definitivamente todo intento de privatización del juego de azar y los casinos.
Los trabajadores nucleados en ATE definimos históricamente una postura respecto del juego: ni privatización de la gestión, ni privatización de la renta.
No importa de donde soplen los vientos privatistas, la bandera no será arriada.
Paraná, 04 de Diciembre de 2009
Edgardo Massarotti
DNI 11.584.582
PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ENTRE RÍOS, del 7 de octubre de 1993 (Fiesta de Nuestra Señora del Rosario)
El juego, los casinos y la condición humana
Se ha difundido en los últimos meses la versión de la posible privatización de los casinos provinciales de Entre Ríos.
Ello plantea a la conciencia de la comunidad a la gran cuestión de los juegos de azar y despierta el temor de la agudización de los males morales que ellos entrañan.
Los Obispos de Entre Ríos, atentos a las necesidades espirituales de nuestros hermanos, queremos ofrecerles algunos puntos de la doctrina católica sobre este tema, fundada en la palabra de Dios y meditada por la Iglesia en su probada acción pastoral.
El Jugador. El catecismo de la Iglesia Católica, recientemente publicado, enseña con respecto a los juegos de azar que éstos o las apuestas “nos son en si mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que es necesario para atender a sus necesidades o a las de los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre” (Nº 2413). La primera víctima es el jugador mismo que arrastrado por la pasión del juego, no pierde la esperanza de ganar. Sobre todo en los casinos, se puede crear un entorno que empuja a la corrupción y al vicio del juego descontrolado y a otras gravísimas faltas morales como son la usura, la prostitución, la drogadicción, el lavado de dinero, etc.
Si en principio aceptamos que el juego honesto y mesurado tiene sentido en la vida del hombre, debemos afirmar que, por ser acción humana, reconoce en el hombre mismo su medida. Los casinos en cuanto ponen en peligro la vida moral digna de los individuos, no deben ser promovidos y menos aún, instalados.
Se ha de tener especialmente en cuenta que cuando están situados en zonas de frontera, como es el caso de Entre Ríos, se facilita el tráfico ilegal de todo tipo y se agrava seriamente el problema.
La familia y la sociedad. El jugador apasionado arriesga y muchas veces pierde aquello que pertenece a los hijos y a la esposa. Es un acto de injusticia y mas aún, contrario al amor, que lastima profundamente la comunión familiar. También el jugador peca contra la solidaridad social, porque los bienes propios deben ser siempre administrados atendiendo al bien común, al de todos, especialmente de los más necesitados, y no deben ser manejados como si fuésemos dueños absolutos de las cosas. Es mas, lo superfluo, es decir, lo que sobra después de haber atendido a las necesidades individuales, familiares y sociales, debe ser utilizado para el bien de los demás, porque pertenece, repetimos, a los pobres y desamparados.
Por todo esto es claro que una sociedad, con sus autoridades al frente debe procurar que las personas, las familias, y toda la comunidad se realicen plenamente en sus verdaderos valores, y se aparten, en lo posible, de todo lo que ponga en peligro o impida su digno desarrollo.
No escapa a nuestro juicio que el riesgo de los casinos puede disminuir parcialmente cuando, como sucede en Entre Ríos, el juego es administrado por el Estado responsable del bien común. En efecto, la autoridad pública puede atemperar las consecuencias malas de la debilidad humana manifestada en el juego, cuando los administra sin promoverlos con fines de lucro, y por otra parte, cuando destina los beneficios obtenidos a obras de bien. En cambio, la administración privada, además de los males antes señalados, llevada por el afán de ganancias sin límites, tiende a buscar por los medios a su alcance, la promoción de las casas de juegos y la multiplicación de los jugadores.
Como consecuencia podrían participar personas con recursos cada vez menos elevados. Si estos juegos son riesgosos y dañinos para los pudientes, cuanto mas lo serán para las personas y familias menos acomodadas.
Sostener que la administración estatal puede y debe reducir los riesgos propios de estos juegos, no significa cambiar el juicio negativo que ya hicimos sobre los casinos, y menos aún justificarlos. Por el contrario reiteramos que el lucro fácil, la ambición desmedida de riqueza, el menor aprecio del trabajo, son desvalores que no deben enfermar el alma de un pueblo. Una sociedad digna y madura se debe constituir por una cultura que tenga, como uno de sus principales valores, el trabajo. Entre Ríos debe ser conocido y honrado como el pueblo que vive del fruto de su trabajo, y no como un grupo humano poco sabio y solidario que irresponsablemente dilapida sus bienes.
Reconocemos que la construcción de la sociedad es responsabilidad de todos sus miembros, cada uno con sus fuerzas y su misión. Nosotros hemos querido cumplir de esta manera con nuestra responsabilidad, encomendado a todos los miembros de la Iglesia que aporten sus ideas y esfuerzo para constituir una cultura cada vez mas humana, en la que el juego no se desnaturalice y ocupe su justo lugar en la jerarquía de valores. La medida de la cultura y por tanto del juego es el hombre y su dignidad de hijo de Dios.
Sabemos que estamos acompañados en esta preocupación por muchas personas de buena voluntad, que no comparten nuestra fe. Esto conforta nuestra actitud. A ellos también nos dirigimos, con sincero respecto y afecto.
Adolfo Gerstner Pedro Boxler Estanislao E. Karlic
Obispo de Concordia Obispo de Gualeguaychú Arzobispo de Paraná
Déjá vu
(Acerca del proyecto de ley del Régimen de Promoción para el Desarrollo Turístico Sustentable y la privatización de los juegos recreativos de azar y/o casinos)
Enviado por el PE de aquel momento, tomó estado parlamentario el 24/11/2007 el proyecto de ley por el que se establece un Régimen de Promoción para el Desarrollo Turístico Sustentable, que ha suscitado arduos conflictos en estos días.
Como un Caballo de Troya, envuelto en un andamiaje referido al turismo, esconde en su interior una trampa.
DE QUE SE TRATA:
Buscando por Internet encuentro el expediente n° 16483 HCDER del cual extraigo - en su última versión- el art. 29 de dicho proyecto, el que transcribo:
“El Fondo Provincial de Turismo se constituye con los siguientes recursos:
2. El producto de los ingresos de las actividades de proyectos integrales de emprendimientos turísticos otorgados mediante procedimientos públicos de selección, que la autoridad de aplicación decida realizar y/o administrar y/o gestionar integralmente por sí o por concesionarios, ya sean de infraestructura turística y/u otra tipología de equipamiento y/o regímenes de explotación, administración y gestión integral de cualquiera de las actividades citadas en el Anexo II:
Los proyectos integrales de emprendimientos turísticos que ameriten la declaración específica de interés provincial por el Ejecutivo Provincial, podrán brindar servicios de explotación, administración de salas de juegos recreativos de azar y/o casinos en el régimen de gestión integral dentro de proyectos integrales de emprendimientos turísticos otorgados mediante procedimientos públicos de selección, cuya incidencia económica, laboral, social, recreativa, cultural y/o de actividades conexas declaradas específicamente de interés turístico por el Ejecutivo Provincial. La inclusión de dicha actividad bajo la órbita de la presente ley, no modifica ni limita la fiscalización que el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social mantiene sobre la misma, ni las facultades que mantiene dicho instituto sobre la explotación y administración de salas de juegos y/o casinos de gestión integralmente estatal.”
Esta historia y sus actores no son nuevos. Por eso titulé esta nota de opinión “Déjá vu”, con la que se expresa esa sensación de haber vivido un determinado momento antes.
No voy a decir nada novedoso, retomaré temas ya tratados en un recurso de revocatoria contra el Decreto n° 5369/04 GOB., que firmé en mi carácter de Secretario General de ATE de ese entonces.
LA LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE EL JUEGO:
La ley provincial n° 5144, del gobierno democrático 1973-1976, en su artículo 3° establece que: “el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social tendrá a su único y exclusivo cargo: a) La explotación y administración de la Lotería, Casinos, Tómbolas y demás juegos de azar que el Poder Ejecutivo resuelve autorizar y oficializar en el ámbito de la Provincia de conformidad con el régimen que el mismo establezca al respecto por vía de reglamentación;…” cuyo objeto es “brindar recursos de apoyo financiero a los planes de acción y seguridad social que se programen y ejecuten en la Provincia de Entre Ríos.” (art. 2°).
Es decir, para atender a los fines sociales previstos, el Estado debe exclusiva y únicamente explotar los juegos de azar por intermedio del IAFAS.
Por otra parte, la ley n° 8.703 (que reconoce como antecedente la n° 3.692 de 1950) como principio, ha prohibido “… la práctica, difusión, facilitación o participación en o de juegos de azar, con excepción de aquellos que sean explotados oficialmente por el Ejecutivo Provincial, los autorizados por éste mediante acto emanado de autoridad competente y los que expresamente no sean penados por esta ley.” Y el art. 2° define qué entiende el Estado por juegos de azar.
Entre Ríos se inscribe entonces como una jurisdicción estatal que prohíbe la explotación de la mayoría de los juegos de azar por dinero en manos de los particulares, permitiendo que organicen, distribuyan y exploten juegos culturalmente aceptados por las mayorías, tales como rifas, bonos, cuadreras; y reservándose para sí la explotación del juego por apuestas.
Esto cambiará si se aprueba el cuestionado proyecto, con la privatización y otro destino, que no es la acción y seguridad social, de los fondos recaudados, (habla de un fondo de turismo, con muchas vaguedades) Así, varios artículos de la normativa actual perderían vigencia sencillamente por mandato de ley posterior.
LA RELACION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL IAFAS:
Ciertamente el art. 42 de la Constitución Provincial garantiza la estabilidad en el empleo público, lo que no se asegura con la privatización es la fuente de trabajo, que no es lo mismo. No olvidamos que hubo una Ley 8706, una Ley 9235 y un tendal de trabajadores en la calle producto de las privatizaciones del Banco de Entre Ríos, de la Empresa Provincial de Energía, el Frigorífico Santa Elena.
Una supuesta “garantía de derechos adquiridos” no resuelve la esencia de la cuestión.
Nos parece preocupante que en esta etapa de la vida institucional de nuestro país, cuando las privatizaciones realizadas en la década de los noventa están siendo fuertemente cuestionadas por la sociedad, en nuestra provincia se pretende persistir en ese mal camino.
No me olvido de los trabajadores del sector privado, porque conocemos empresarios desaprensivos que hicieron lo del “pájaro que comió, voló”.
Las cuestiones de sustentabilidad económica de todos los emprendimientos ligados al juego que coexistirán, estatales y privados, queda bajo un manto de dudas.
Es mejor que las inversiones se orienten y se alienten hacia emprendimientos de carácter productivo. En esa idea, cuando se trata de políticas de juego, se pueden desarrollar actividades conexas, como el turismo (y para esto no hay obstáculos en cuanto a la participación del sector privado), que pongan el acento en el esparcimiento y la recreación y no en la excitación de una debilidad humana. Un ejemplo de esta sinergia es el Casino de Victoria donde participa el sector privado sin la privatización de los juegos de azar propiamente dichos.
LOS VALORES MORALES Y ETICOS DE LA COMUNIDAD:
La delimitación política de los roles del Estado y los particulares en la explotación del juego constituye, atento su delicadeza, incidencia sobre una actividad económica importante para las arcas públicas, y concepción socio cultural del juego, una definición que deben hacer los gobernantes contemplando los valores y aspiraciones de la Comunidad. En este punto, es donde la cuestión trasciende lo legal.
Tengamos siempre presente la PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ENTRE RÍOS, titulada El juego, los casinos y la condición humana, del 7 de octubre de 1993 (Fiesta de Nuestra Señora del Rosario), que transcribo integra al final de este escrito, por su altísimo valor moral, y ruego su atenta lectura.
Esta temática hace al modelo de sociedad que queremos para nuestra provincia. A partir de esta concepción moral y socio-política sobre el juego, es imprescindible definir las políticas al respecto.
El juego (con todas las connotaciones valorativas que conlleva), debe ser administrado y explotado exclusiva y excluyentemente por el Estado.
Por un lado, por las garantías mínimas de protección a la ética de la comunidad; por otro, porque solo el Estado (como instrumento jurídico – institucional) puede hacer que la captación de recursos provenientes de esta debilidad humana sean volcados íntegramente a acciones de interés social para los mas carenciados (salud, vivienda, jubilación del ama de casa, etc.)
En manos del Estado, el juego puede ser contenido y tener el límite de un entretenimiento.
En manos privadas, esta comprobado que esta actividad satisface primero sus objetivos de lucro, fomenta el juego y el “Vale Todo”. Con ello, la miseria humana y el vicio afloran, a lo que se agregan la droga y la prostitución con sus terribles secuelas.
Es muy importante tener en cuenta que el juego es una puerta abierta a al lavado de dinero mal habido. Si está en manos del Estado, este delito se hace imposible.
Tan grave es este tema que el Estado Nacional ha dictado la ley n° 25.246, referida al encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, y en particular la Res. 17/2003 de la Unidad de Información Financiera, referida a las operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas, personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar, la guía de transacciones inusuales o sospechosas, el reporte de operación sospechosa, etc.
No dejamos de reconocer que aún en manos del Estado la actividad del juego tiene sus dificultades. Pero estas son más del orden de las decisiones políticas que de otro tipo.
Por ejemplo, cuando las políticas en materia de juegos han sido nefastamente erróneas, y convirtieron a nuestra provincia en un verdadero garito, con salas de juegos diseminadas en el territorio, que no le sirven al IAFAS para la obtención de ingresos, ni a la comunidad, a la que despoja de sus recursos.
O como cuando se han realizado contratos entre el IAFAS y empresarios privados, en donde los gastos son del Estado y las ganancias de los privados.
A estas malas políticas ATE oportunamente las denunció. Otros callaron o fueron cómplices.
COLOFON
Lo último que conozco –extraoficialmente- es que en Diputados se harán últimos intentos de modificar el texto venido del Senado. Por lo que ví, presumo que es un retoque cosmético, solo para confundir.
El declarar que estos servicios de salas de juegos recreativos de azar y/o Casinos, (no deja taxativamente claro que no pueden ser privados) lo serán sin afectar competencias existentes del I.A.F.A.S. ni derechos adquiridos, es una falacia. Se entraría en una nebulosa de imprecisiones, un intrincado laberinto de atribuciones y competencias. Las reglas del juego en Entre Ríos han sido hasta hoy claras: el juego en manos del Estado. El proyecto incorpora lo que los juristas denominan “conceptos jurídicos indeterminados”, o dicho en criollo “claros y oscuros”. Donde antes gobernaba exclusiva y excluyentemente el IAFAS con normas claras y sencillas; ahora ingresa una Subsecretaría de Turismo junto con una Comisión Provincial de Turismo con clara injerencia sobre el juego de azar e integrado por quienes pretenden explotar el juego en la provincia; donde antes el IAFAS debía controlar, hoy debe “facilitar” o “posibilitar” junto a otros órganos estatales totalmente ajenos a la actividad y cooptados por los concesionarios del juego.
El juego, cualquiera quesea, exige y necesita reglas claras, si no hay trampa.
Vuelvo a la cuestión central en donde el debate y análisis no debe caer en simplificaciones como la antinomia estatismo versus privatismo o en meras consideraciones numéricas (por lo demás, en esto se inventan muchos mitos)
Hasta ahora nuestros gobernantes, cuando equivocaron el rumbo respecto de este tema, ante el reclamo de quienes nos oponíamos, fueron capaces de escuchar y desandaron el mal camino.
Hay que aprender de la historia y apelo a que se deseche definitivamente todo intento de privatización del juego de azar y los casinos.
Los trabajadores nucleados en ATE definimos históricamente una postura respecto del juego: ni privatización de la gestión, ni privatización de la renta.
No importa de donde soplen los vientos privatistas, la bandera no será arriada.
Paraná, 04 de Diciembre de 2009
Edgardo Massarotti
DNI 11.584.582
PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ENTRE RÍOS, del 7 de octubre de 1993 (Fiesta de Nuestra Señora del Rosario)
El juego, los casinos y la condición humana
Se ha difundido en los últimos meses la versión de la posible privatización de los casinos provinciales de Entre Ríos.
Ello plantea a la conciencia de la comunidad a la gran cuestión de los juegos de azar y despierta el temor de la agudización de los males morales que ellos entrañan.
Los Obispos de Entre Ríos, atentos a las necesidades espirituales de nuestros hermanos, queremos ofrecerles algunos puntos de la doctrina católica sobre este tema, fundada en la palabra de Dios y meditada por la Iglesia en su probada acción pastoral.
El Jugador. El catecismo de la Iglesia Católica, recientemente publicado, enseña con respecto a los juegos de azar que éstos o las apuestas “nos son en si mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que es necesario para atender a sus necesidades o a las de los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre” (Nº 2413). La primera víctima es el jugador mismo que arrastrado por la pasión del juego, no pierde la esperanza de ganar. Sobre todo en los casinos, se puede crear un entorno que empuja a la corrupción y al vicio del juego descontrolado y a otras gravísimas faltas morales como son la usura, la prostitución, la drogadicción, el lavado de dinero, etc.
Si en principio aceptamos que el juego honesto y mesurado tiene sentido en la vida del hombre, debemos afirmar que, por ser acción humana, reconoce en el hombre mismo su medida. Los casinos en cuanto ponen en peligro la vida moral digna de los individuos, no deben ser promovidos y menos aún, instalados.
Se ha de tener especialmente en cuenta que cuando están situados en zonas de frontera, como es el caso de Entre Ríos, se facilita el tráfico ilegal de todo tipo y se agrava seriamente el problema.
La familia y la sociedad. El jugador apasionado arriesga y muchas veces pierde aquello que pertenece a los hijos y a la esposa. Es un acto de injusticia y mas aún, contrario al amor, que lastima profundamente la comunión familiar. También el jugador peca contra la solidaridad social, porque los bienes propios deben ser siempre administrados atendiendo al bien común, al de todos, especialmente de los más necesitados, y no deben ser manejados como si fuésemos dueños absolutos de las cosas. Es mas, lo superfluo, es decir, lo que sobra después de haber atendido a las necesidades individuales, familiares y sociales, debe ser utilizado para el bien de los demás, porque pertenece, repetimos, a los pobres y desamparados.
Por todo esto es claro que una sociedad, con sus autoridades al frente debe procurar que las personas, las familias, y toda la comunidad se realicen plenamente en sus verdaderos valores, y se aparten, en lo posible, de todo lo que ponga en peligro o impida su digno desarrollo.
No escapa a nuestro juicio que el riesgo de los casinos puede disminuir parcialmente cuando, como sucede en Entre Ríos, el juego es administrado por el Estado responsable del bien común. En efecto, la autoridad pública puede atemperar las consecuencias malas de la debilidad humana manifestada en el juego, cuando los administra sin promoverlos con fines de lucro, y por otra parte, cuando destina los beneficios obtenidos a obras de bien. En cambio, la administración privada, además de los males antes señalados, llevada por el afán de ganancias sin límites, tiende a buscar por los medios a su alcance, la promoción de las casas de juegos y la multiplicación de los jugadores.
Como consecuencia podrían participar personas con recursos cada vez menos elevados. Si estos juegos son riesgosos y dañinos para los pudientes, cuanto mas lo serán para las personas y familias menos acomodadas.
Sostener que la administración estatal puede y debe reducir los riesgos propios de estos juegos, no significa cambiar el juicio negativo que ya hicimos sobre los casinos, y menos aún justificarlos. Por el contrario reiteramos que el lucro fácil, la ambición desmedida de riqueza, el menor aprecio del trabajo, son desvalores que no deben enfermar el alma de un pueblo. Una sociedad digna y madura se debe constituir por una cultura que tenga, como uno de sus principales valores, el trabajo. Entre Ríos debe ser conocido y honrado como el pueblo que vive del fruto de su trabajo, y no como un grupo humano poco sabio y solidario que irresponsablemente dilapida sus bienes.
Reconocemos que la construcción de la sociedad es responsabilidad de todos sus miembros, cada uno con sus fuerzas y su misión. Nosotros hemos querido cumplir de esta manera con nuestra responsabilidad, encomendado a todos los miembros de la Iglesia que aporten sus ideas y esfuerzo para constituir una cultura cada vez mas humana, en la que el juego no se desnaturalice y ocupe su justo lugar en la jerarquía de valores. La medida de la cultura y por tanto del juego es el hombre y su dignidad de hijo de Dios.
Sabemos que estamos acompañados en esta preocupación por muchas personas de buena voluntad, que no comparten nuestra fe. Esto conforta nuestra actitud. A ellos también nos dirigimos, con sincero respecto y afecto.
Adolfo Gerstner Pedro Boxler Estanislao E. Karlic
Obispo de Concordia Obispo de Gualeguaychú Arzobispo de Paraná
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