CTA RECLAMA LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA TIERRA

Las Comisiones Conjuntas del Concejo Deliberante analizan un proyecto presentado por Martín Fernández (PJ) y Eugenio Bourlot (Nuevo Espacio), quienes apuntan a la aplicación de una tasa diferencial a los dueños de muchos terrenos ubicados en el éjido.
Por Rubén Skubij
El Día los entrevistó (2 de mayo) y consultó sobre la concentración de tierra en la ciudad. “En el universo entre 2.000 y 5.000 metros cuadrados hay 339 contribuyentes, los cuales en conjunto reúnen como propiedad alrededor de 100 hectáreas. Con más de 5.000 metros cuadrados figuran 240 contribuyentes, con alrededor de 600 hectáreas en la ciudad. Comparemos. Una manzana de Gualeguaychú equivale a alrededor de 5.000 metros cuadrados. Por tanto, alrededor de 1.200 manzanas estarían en propiedad de 240 contribuyentes”, graficaron.
La mesa local de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) remitió una nota informando el trabajo encarado, desde hace tiempo, “por la problemática de la tierra en nuestra ciudad”. Al respecto “hemos desarrollado algunos puntos que consideramos esenciales para que no solo se garantice la ‘inviolabilidad’ de la propiedad privada, sino fundamentalmente se garantice la ‘función social’ de la misma (Art 23 de la Constitución Provincial)”.
Afirmó la Mesa local que “el día 19 del presente, hemos visto con agrado y asombro a la vez, la publicación en el diario “El Día” de una nota que hace referencia a un proyecto de ordenanza municipal impulsado por algunos ediles de la ciudad sobre la aplicación de un impuesto diferencial a los dueños de muchos terrenos y locales. Como se menciona en dicha nota, la falta de tierra para hacer viviendas perjudica a sectores más débiles, entre ellos a trabajadores y desocupados, por lo tanto es un problema de urgente solución. Parece ser que así lo han entendido desde el Concejo Deliberante y se proponen tratar el tema”.
Sostiene que dicha inquietud “está dada en que la letra de esa futura ordenanza incluya mecanismos que la carta magna provincial prevé a la hora de hacer cumplir uno de los derechos allí previstos como es el de “una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos” (art. 25 de la C.P)”.
La CTA considera que “en nuestra ciudad este derecho se vulnera por la odiosa acumulación de tierras y propiedades en manos de pocos y con fines meramente especulativos, que distorsionan el mercado actual inmobiliario en Gualeguaychú. Un sistema tan inicuo en un tema tan sensible y esencial es, inmoral y de una falta total de principios humanos y sociales”
Tierra con sentido social
La Mesa Local de la CTA brindó aportes, para trabajar la Carta Orgánica Municipal, respecto “al valor de la tierra urbana con sentido social”. Algunos de ellos son los siguientes:
• La propiedad privada es un derecho “inviolable” que “tiene función social” (Art. 23 CP).
• Todos los habitantes tienen “derecho a una vivienda digna con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos”. (Art. 25, CP).
• Concebimos el hábitat como una producción social y colectiva, por lo tanto la gestión de las políticas públicas debe ser democrática, es decir, con participación de las organizaciones sociales.
• Consideramos que el estado debe intervenir activamente como forma de garantizar derechos sociales y no solo la inviolabilidad de la propiedad, en tanto que “El estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna…” (Art. 251, CP).
El contexto para la CTA contempla la “demanda social de producción de tierra urbana; tendencia incipiente a la ocupación de tierras para vivienda por grupos sociales, quienes se radican en lugares donde existen problemas de infraestructura y de dominio legal; ausencia de tierra fiscal; concentración inmobiliaria; aumento especulativo del valor de la tierra”. También “la apropiación privada del mayor valor adquirido en el precio de grandes terrenos que podrían alojar el déficit de viviendas y que resulta de la mejora en infraestructura de servicios públicos y equipamientos urbanos y/o urbanización derivada de la radicación de grupos habitacionales construidos o a construirse”.

Acciones a incorporar
La CTA propone incorporar a la Carta Orgánica Local “el criterio seguido por ésta en referencia a la tierra rural, cuando señala que ‘la legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas’(Art. 86, CP)”.
“Declarar de utilidad pública sujeta a expropiación la tierra urbana destinada a planes de vivienda; gravar progresivamente la concentración de tierra urbana ociosa; crear un ente municipal de consulta permanente para tratar de resolver cuestiones relativas a la tierra, la vivienda y el hábitat, con representación de los poderes legislativos y ejecutivos, el I.A.P.V, los colegios profesionales y las asociaciones intermedias sociales y territoriales que impulsan planes de vivienda”.