PREOCUPA A LOS TRABAJADORES LA FALTA DE TIERRA PARA CONSTRUIR VIVIENDAS

Después de debatir en un ámbito del que han participado representantes del Poder Ejecutivo Municipal, concejales, legisladores provinciales, funcionarios del In IAPV, del CTA, de AGMER y otras entidades, se realizó un diagnóstico compartido sobre la falta de tierras para la construcción de viviendas.
El diagnóstico centra su mirada en el déficit de viviendas que tiene Gualeguaychú y entre sus obstáculos se señaló:
* La concentración de la tierra urbana (240 contribuyentes propietarios de 600 hectáreas) obedece fundamentalmente a la especulación inmobiliaria.
* Los propietarios de grandes terrenos ociosos venden sus propiedades recién cuando logran captar el mayor valor que resulta de la extensión de servicios, equipamientos urbanos y construcción de barrios cercanos. Es usual que un campo cuyo dueño tiene información estratégica sobre el desarrollo de la ciudad se transforme en un loteo cuando se valorizó por el esfuerzo público y el de otros vecinos, sin que medie ningún mérito ni inversión por parte de su propietario.
* La satisfacción del derecho social a una vivienda digna no está garantizada actualmente por el Estado dado el límite de la política habitacional planteada (258 mil viviendas construidas desde el 2003), la ausencia de créditos hipotecarios accesibles a los trabajadores y el excesivo costo de la tierra.
* El Plan Federal de Viviendas (el más importante de los implementados) no contempla la financiación de la tierra.
* Existe en Gualeguaychú una demanda registrada y permanente de alrededor de tres mil viviendas.
Conforme a este diagnostico, desde la Constituyente Social local se propuso:
* Impulsar mecanismos y normas para impedir la enorme transferencia de recursos hacia los propietarios de grandes terrenos ociosos, mediante la regulación estatal del mercado de tierras, cuya ausencia favorece a quien más tiene y propicia una “distribución de riquezas al revés”.
* Declarar de utilidad pública grandes terrenos urbanos ociosos destinándolos a la construcción de viviendas, conforme al déficit habitacional registrado, a la opinión de Planeamiento Urbano y a la factibilidad de servicios de los mismos. “Dado que es idea de la actual gestión municipal impulsar la planificación de la ciudad a treinta años, juzgamos conveniente y prioritario empezar por planificar el espacio territorial que permita ubicar las tres mil viviendas que hoy faltan construirse”, señaló la Constituyente Social.
* Promover prioritariamente un Banco Municipal de Tierras mediante compra u expropiación de la misma.
* Aplicar en áreas urbanas criterios tributarios análogos a los previstos por la Constitución Provincial para la tierra rural, cuando sostiene que “la legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuos o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas”.
* Crear un ente para abordar los problemas relacionados con el hábitat, la tierra y la vivienda con representación de los poderes ejecutivos y legislativos municipales, legisladores provinciales, IAPV, concejos de profesionales y representaciones sindicales y territoriales, normando una Ordenanza que facilite la participación de distintos actores políticos y sociales.
* Cobrar sobre tasas a grandes terrenos ociosos afectándolos a la compra de tierras para viviendas sociales.
* Adquirir la tierra mediante el mecanismo más adecuado construyendo después la infraestructura de servicios para que sea el Estado y los beneficiarios de planes habitacionales los principales tributarios de las mejoras urbanas.

Diario "El Argentino" - 19/07/2.010