El año que termina es el año el cual sumamos la militancia de un grupo de compañeros a los restos formales de la mesa local de CTA para que esta vuelva a funcionar como tal.
El año que se inicia requiere sumar otros compañeros a nuestra presencia para consolidarnos y poder avanzar institucionalmente.
En cualquiera de los escenarios es preciso superar cualquier límite que la realidad nos imponga con militancia.
Por eso esta vieja- aunque siempre vigente- nota de José Pablo Fenmann de la década del 80 que rescatamos de la recordada Revista Humor Registrado y que hoy queremos compartir con Uds.
¿Qué es un militante?
Por José Pablo Feinmann
Un militante es alguien que ha encontrado una verdad que los trasciende. No es una verdadera velada. No es una verdad divina. No es, ni siquiera, una verdad permanente, segura, como un anclaje firme que otorga cimientos y sosiego a una vida entera.
No corren buenos tiempos para los militantes. No corren buenos tiempos para nadie. Pero el militante no utiliza la \" mala temporalidad \" para \" matar el tiempo\". No se entrega. No es heroico, pero es quizás obstinado. Es frecuente que repita lo que empeñosamente le dicen. \"Todo esto es un desastre, no tiene arreglo, marchamos hacia un nuevo fracaso, la historia nos juega en contra. \" Pero todo este tremendismo no tiene poder de apabullarlo. Repito: no es un héroe. Simplemente quiere vivir. Simplemente no se conforma con aceptar que otros han decidido ya su vida, su futuro, sus módicas ambiciones y su muerte. Pero sabe - lúcidamente lo sabe- que si acepta lo que quieren que acepte, ni morir se necesitará. Porque ya estará muerto. Alguien dijo alguna vez: \" Vivamos de tal modo que nuestra muerte sea una injusticia. \" Una muerte - no dramaticemos por favor- es solamente un hecho más de nuestra vida, un hecho (esto sí) final, que patéticamente revela nuestros límites. Pero el militante sabe que tiene su vida. Y quizás, porque conoce los tiempos que corren, no se ha propuesto nada tan grandioso como la toma del Palacio de Invierno.
Quizás, sencillamente, no busca la inmortalidad. Ha aceptado con calma, ha atravesado su correspondiente y dolorosa crisis cuando esa verdad se le reveló (\" no sólo mueren los demás, también voy a morir yo, sobre todo yo, cosa increíble, y en ese momento, como y todos, voy a estar solo \") pero tampoco esta revelación lo ha destruido. Al hacerlo, conscientemente o no, ha tirado por la borda íntegramente a Dostoyevsky. Todo ese tremendismo eslavo le es ajeno. \"La única causa de la conciencia es la inacción.\" Si Dios no existe, todo está permitido\". Stravrroguin, Kirillov, Iván Karamazov, militaban en otra causa. Blasfemaban todo el día contra la muerte y vivieron muertos. ¿Acaso podía ocurrir de otro modo?
La militancia en la Argentina tuvo en el pasado una relación con la muerte hermanada con el existencialismo trágico, no sólo con Dostoyevsky sino especialmente con Nietzsche. Pero eso pasó y no estoy hablando de aquellos militantes, de los del ´73, tan fervientes, tan desmesurados, tan seguros de tener la historia como inclaudicable aliada. No, hablo de los de hoy. Y éstos de hoy saben que tienen que vivir. Y que aunque no vivirán una vida grandiosa (los tiempos no dan para tanto) harán lo necesario por estorbar un poco. Y si es posible - porque la política y la historia son, afortunadamente, improbables- harán también algo más.
Militancia y Producción
Uno de los lúcidos y obstinados proyectos del régimen militar-financiero en la argentina fue la aniquilación del aparato productivo. La desaparición de los centros de trabajo, de los precisos puntos nodales del circuito productivo que generaban la confluencia de la clase trabajadora, su organizatividad y su concientización, no podía ser sino fundamental para un régimen que requería desmovilización, la desconcientización y la marginación del pueblo argentino La desnacionalización de la economía, o más exactamente el reemplazo del circuito productivo por el circuito financiero, no produce sólo un resultado, digamos estructural, materialmente verificable en la organización económica de la sociedad, produce también un resultado humano. Se destruye al hombre. Se lo destruye como ser social, solidario. Se lo trasnforma en un indivualista hosco, temeroso y agresivo. Se lo transforma en un marginado. Y donde aparece el marginado muere el militante. Se ha podido verificar en ciertos actos peronistas del cercano 17 de octubre. Los obreros que concurrieron en representación de sus gremios, nucleados por la mediación del trabajo organizado, fueron pocos. Los demás van sueltos. O evidencian la pobre organizatividad del marginado: colorida, bochinchera, agresiva, pero profundamente dispersa. Dispersa en sus consignas, confusa en sus adhesiones, teñidas de un folklore sobre el que se enanca el poder languideciente pero real de cierto peronismo. Un peronismo arcaico, marginal, ligado al matonaje y no a la lucha, que es también un resultado - un exacto resultado- del poder militar-financiero. La Argentina financiera generó un argentino que es la antítesis del militante. Llenó el país de \" hombres libres \", de \" trabajadores libres \", \" individuales\". Llenó el país de \" cuentapropistas \". Era la hora del \" sálvese quien pueda \".Apareció el \" argentino taiwanés \", el \" argentino del plazo fijo \", el \"argentino de la bicicleta financiera \".El argentino taiwanés (desdeñando a los sujetos) se sumergió en la idolatría de los objetos. Para el argentino del plazo fijo, un día no era un espacio temporal en el que podían aguardarlo mil experiencias hondamente humanas; un día se cotizaba en las pizarras financieras y valía tanto como un dólar marginal, no más, no menos. Este argentino tiene una mirada fija, casi no parpadea, no mira a sus costados, ignora a sus semejantes, su horizonte es sólo una pizarra en una financiera, allí se dibuja su destino cuantificable. Y el argentino de la bicicleta es el que pedalea solo, el que se entrega a los mil artilugios del engaño disfrazado de viveza. La destrucción del aparato productivo, además, arrojó a innumerables trabajadores a la marginación y la extrema pobreza. Y no existe ninguna dialéctica revolucionaria entre pobreza y conciencia de clase.(Atención: hablo aquí de \"pobreza\" en tanto marginación del circuito productivo). Los marginales poblaron las páginas policiales del amabilísimo periodístico. Aquí fueron confinados. Antes formaban comisiones internas, asistían a las asambleas de sus gremios, votaban sus conducciones. Ahora transitan oscuramente por los suburbios. Eran obreros, eran compañeros, hoy son seres desesperados arrojados a la delincuencia y el lumpenaje.
En la Argentina, entonces, la activación del aparato productivo no es sólo necesaria por razones económicas, sino por razones humanas y políticas. Para que la solidaridad, el compañerismo y la militancia vuelvan a surgir entre nosotros, hay que crearles un lugar. Este lugar es el trabajo.
Militancia y trascendencia.
Un militante, por el contrario, cree en la solidaridad social. No es un \"individuo\" en el pobre sentido que del individuo tiene el liberalismo burgués. Nada tiene que ver con Hobbes. Lo ha superado. Sabe que su individualidad se realiza en el grupo. Su incorporación al trabajo, a la producción, a su grupo de pertenencia, a su clase social, lo incorpora a la solidaridad, al compañerismo, a la amistad sincera. Para decirlo claro: lo humaniza. Un militante es un ser en constante proceso de humanización. Su militancia lo hará mejor padre, mejor hombre de su mujer, mejor amigo de sus amigos. Sabe que habita este mundo para luchar junto a los demás, no para usarlos. El militante respeta el trabajo. No porque sea un sometido, sino, porque sabe que en el trabajo está su poder, su organizatividad y el sentido final de su militancia: la justicia social. Y también porque sabe que por fuera del trabajo, no sólo está la miseria económica, sino la otra: la social y la humana. La que hará de él un apartado, un egoísta, un resentido y hasta un delincuente. El militante, es necesario repetirlo, cree en una verdad que lo trasciende y da sentido a su vida. Esta verdad es su ideología, la ideología que comparte con sus compañeros y expresa su lucidez. La ideología que hace de él un sujeto y no un objeto de la historia. La ha amasado, a esta ideología, durante años, la ha padecido, la ha cuestionado, la ha asumido cotidianamente. Porque cotidianamente intentan quitársela, se la oscurecen y deforman desde las pantallas de la TV o desde las radios. Aparecen allí, frente a él, en su hogar, hombres cultivados, con buenos modales, racionales hasta el asombro y vértigo, implacables, que le dicen que no, que está equivocado, que todo está bien, o que todo está mal, pero que, en todo caso, nada está como él cree. ¿Cómo lucha contra toda esa insidiosa verborragia? Hablando con sus compañeros. Buscando la verdad donde está: en el grupo. Porque cuando los militantes son esto, militantes, y están unidos por sus intereses comunes, la verdad es una tenaz corriente eléctrica que los recorre y los une aniquilando el discurso del enemigo. Porque es cierto (según postula un diabólico axioma del pensamiento autoritario) que mil repeticiones hacen una verdad. Pero no es menos cierto que mil repeticiones pueden también aburrir, transformarse en un sonido apenas desagradable y persistente. En suma inaudible. El militante es un hombre que tiene una razón para vivir. Y más también. Cierta vez dijo Camus\" Una razón para vivir es una razón para morir El militante, en efecto, puede llegar a morir por su causa. Pero en Argentina - hoy a esta altura de nuestra experiencia y de nuestro dolor- habrá que afirmar tenazmente que el momento más alto de realización de un militante es su vida (cualquiera de los infinitos actos en que su militancia lo ha comprometido) y no su muerte.
Los peligros de la militancia
La deshumanización acecha también al militante. Puede transformar su ideología en dogma, en obstinación y autoritarismo. Puede creerse más heroico. Puede confundir el desprecio por la vida con el coraje.
Puede enajenarse en su lucha. Puede olvidar las pequeñas cosas en nombre de los grandes ideales. Puede olvidar que los grandes ideales se persiguen y se conquistan para posibilitar las pequeñas cosas. Puede llegar a considerarse sólo el eficaz cuadro de una organización. Y hasta puede llegar al extravío de exigir también eso de los demás. Puede llegar a realizar esta frase de Brecht: \"Nosotros que nos unimos para luchar por la amistad entre los hombres, no supimos ser amigos\". El viejo problema de los medios y los fines se agitan detrás de éstas ideas. Pero si la militancia ha de servir para humanizar al militante, los fines deberán estar presentes en todos los medios. Porque el militante está vivo hoy, y es hoy, en cada uno de los actos que realiza para conquistar una sociedad más justa, donde están enteramente en juego su humanización o su envilecimiento.
jueves, 31 de diciembre de 2009
miércoles, 30 de diciembre de 2009
ENTRE RÍOS TIENE LOS SALARIOS PRIVADOS MÁS BAJOS DE LA REGIÓN CENTRO
Los trabajadores del sector privado entrerriano tienen los ingresos más bajos de la Región Centro, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Según la dependencia oficial, el salario privado promedio en la provincia de Santa Fe se ubicó en 2.420 pesos en el tercer trimestre de 2009, por encima de Córdoba, donde se perciben 2.249 pesos y Entre Ríos, donde se cobra 2.008 pesos. Los salarios promedio en el sector privado durante el tercer trimestre subieron el 18,2 por ciento con relación a igual período de 2008 y cayeron un 8,4 por ciento frente al trimestre anterior según el Indec. La disminución frente al segundo trimestre del año está ligada al efecto del pago del aguinaldo, se explicó desde el organismo. Los datos corresponden al informe Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, que se elabora a partir de datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).
El organismo precisó que la remuneración neta del tercer trimestre se ubicó en 2.703 pesos, contra los 2.953 pesos que había alcanzado al cierre del segundo trimestre. En el tercer trimestre de 2008 los salarios eran de 2.285 pesos. Las remuneraciones en la Patagonia duplican a los salarios que obtienen los mismos trabajadores en el norte del país.
El organismo precisó que los trabajadores del sector privado en Santa Cruz ganan 5.555 pesos, en Chubut 4.684 pesos, en Neuquén 4.379 pesos y en Tierra del Fuego, 4.278 pesos. En Río Negro la situación es distinta, ya que los salarios promedio son de 2.501 pesos. Las peores pagas se obtienen en el norte, donde se observa que en Tucumán los trabajadores privados ganan 1.790 pesos y en Santiago del Estero 1.772. Cerca de estas provincias aparece Misiones con sueldos de 1.858 pesos, Formosa con 1.877 y Chaco con 1.814. Por sectores, los trabajadores petroleros, de explotaciones de gas, carbón o uranio son los que perciben los salarios más altos, con un promedio mensual de 14.318 pesos, seguidos por los empleados de refinerías de petróleo, con 10.633 pesos.
Del mejor al peor
La distancia de 3.100 kilómetros que separa a las provincias de Santa Cruz y Santiago del Estero es menor a la diferencia salarial que existe entre los trabajadores de esas provincias. Mientras que un empleado privado nacido en la tierra del ex presidente Néstor Kirchner tiene el salario más alto del país con 5.555 pesos; un empleado santiagueño cobra una media de 1.772 pesos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Uno)
El organismo precisó que la remuneración neta del tercer trimestre se ubicó en 2.703 pesos, contra los 2.953 pesos que había alcanzado al cierre del segundo trimestre. En el tercer trimestre de 2008 los salarios eran de 2.285 pesos. Las remuneraciones en la Patagonia duplican a los salarios que obtienen los mismos trabajadores en el norte del país.
El organismo precisó que los trabajadores del sector privado en Santa Cruz ganan 5.555 pesos, en Chubut 4.684 pesos, en Neuquén 4.379 pesos y en Tierra del Fuego, 4.278 pesos. En Río Negro la situación es distinta, ya que los salarios promedio son de 2.501 pesos. Las peores pagas se obtienen en el norte, donde se observa que en Tucumán los trabajadores privados ganan 1.790 pesos y en Santiago del Estero 1.772. Cerca de estas provincias aparece Misiones con sueldos de 1.858 pesos, Formosa con 1.877 y Chaco con 1.814. Por sectores, los trabajadores petroleros, de explotaciones de gas, carbón o uranio son los que perciben los salarios más altos, con un promedio mensual de 14.318 pesos, seguidos por los empleados de refinerías de petróleo, con 10.633 pesos.
Del mejor al peor
La distancia de 3.100 kilómetros que separa a las provincias de Santa Cruz y Santiago del Estero es menor a la diferencia salarial que existe entre los trabajadores de esas provincias. Mientras que un empleado privado nacido en la tierra del ex presidente Néstor Kirchner tiene el salario más alto del país con 5.555 pesos; un empleado santiagueño cobra una media de 1.772 pesos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Uno)
martes, 29 de diciembre de 2009
DIEZ PUNTOS DE ACUERDO POR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad.
Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Firmas que aportan al consenso
El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS). Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense. Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria. También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur). En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria). Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza. Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT). Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.
Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Firmas que aportan al consenso
El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS). Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense. Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria. También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur). En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria). Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza. Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT). Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.
LA CTA PARANÁ RESPONDE A DECLARACIONES DEL GOBERNADOR
La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) de Paraná respondió a las declaraciones del gobernador Sergio Urribarri en las que criticó a los dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y consideró que “es necesario la generación de un ámbito de diálogo y consensos; y no apostar a la degradación institucional”. “El sistema de democracia participativa con el que cuenta la organización gremial, donde los destinos de los trabajadores no los decide la dirigencia gremial sino sus verdaderos actores que son sus bases, los propios trabajadores y trabajadoras”, expresaron en un comunicado. “El nuevo modelo sindical así lo determina, sin burocracias, sin estériles divisiones, ni sectarismos. El viejo modelo sindical sostenido por su dependencia del poder político y su grado de complicidad con el poder económico no sirve para canalizar las demandas de sus representados ni defender sus conquistas e intereses”, afirmaron desde el gremio.
Asimismo, sostuvieron en referencia a la relación de los gremios con el gobierno provincial que “el principio de autonomía sindical con respecto al Estado y a los partidos políticos y que sean los propios trabajadores los artífices de su destino, principio esencial para quiénes integramos nuestra central obrera; es lo que hace que el gobierno de la provincia caracterice hoy a nuestros dirigentes queriendo demonizarlos ante la sociedad entrerriana. Esta autonomía determina como los propios trabajadores articulan la lucha por sus reivindicaciones”.
“Si revalorizar la ética gremial, llevando adelante las políticas decididas por las bases como lo hacen día a día nuestros compañeros docentes es para el Sr. Gobernador pretender ser el guía de la dirigencia intermedia preguntándose donde lo conducen quiénes encabezan la AGMER. Es desvalorizar, menoscabar a los compañeros que a través de un proceso democrático de elección fueron electos conducción de la entidad”, remarcaron en referencia a los dichos de Sergio Urribarri y agregaron que “para la CTA no es prudente caracterizar con calificativos, el legítimo proceso interno de los trabajadores, es como intentar mirar la paja en el ojo ajeno”.
“Para ello, existen experiencias históricas del movimiento obrero que demuestran que el proceso de construcción y de lucha de los trabajadores se hace con ideología, dialogo, consenso y política”, continuaron en el documento.
“Diálogo y consensos que el gobierno no ha mantenido con los trabajadores docentes. Situación que así queda demostrada y ante los ojos de la comunidad como la falta de un plan alternativo por parte del gobierno provincial para con las estructuras edilicias de los establecimientos escolares destruidos, la falta de condiciones de salud y seguridad laboral para los trabajadores y sus alumnos, los bajos salarios, el trabajo en negro, los descuentos por días de huelga, derecho garantizado por nuestra Constitución Nacional”, dispararon.
“Al filo de la culminación del año, donde se ha agravado notoriamente la conflictividad social, tanto en el sector público y como en el privado y ante la responsabilidad institucional que tenemos ante la sociedad. Desde la Central, apelamos a la urgente necesidad de la creación de una mesa de diálogo donde podamos encontrar los principios esenciales y los consensos necesarios para destrabar el alto grado de conflictividad gremial y social. Debemos ser capaces de revalorizar las instituciones y no apostar a la degradación de las mismas, a los internismos y estériles divisiones”, concluyeron.
Asimismo, sostuvieron en referencia a la relación de los gremios con el gobierno provincial que “el principio de autonomía sindical con respecto al Estado y a los partidos políticos y que sean los propios trabajadores los artífices de su destino, principio esencial para quiénes integramos nuestra central obrera; es lo que hace que el gobierno de la provincia caracterice hoy a nuestros dirigentes queriendo demonizarlos ante la sociedad entrerriana. Esta autonomía determina como los propios trabajadores articulan la lucha por sus reivindicaciones”.
“Si revalorizar la ética gremial, llevando adelante las políticas decididas por las bases como lo hacen día a día nuestros compañeros docentes es para el Sr. Gobernador pretender ser el guía de la dirigencia intermedia preguntándose donde lo conducen quiénes encabezan la AGMER. Es desvalorizar, menoscabar a los compañeros que a través de un proceso democrático de elección fueron electos conducción de la entidad”, remarcaron en referencia a los dichos de Sergio Urribarri y agregaron que “para la CTA no es prudente caracterizar con calificativos, el legítimo proceso interno de los trabajadores, es como intentar mirar la paja en el ojo ajeno”.
“Para ello, existen experiencias históricas del movimiento obrero que demuestran que el proceso de construcción y de lucha de los trabajadores se hace con ideología, dialogo, consenso y política”, continuaron en el documento.
“Diálogo y consensos que el gobierno no ha mantenido con los trabajadores docentes. Situación que así queda demostrada y ante los ojos de la comunidad como la falta de un plan alternativo por parte del gobierno provincial para con las estructuras edilicias de los establecimientos escolares destruidos, la falta de condiciones de salud y seguridad laboral para los trabajadores y sus alumnos, los bajos salarios, el trabajo en negro, los descuentos por días de huelga, derecho garantizado por nuestra Constitución Nacional”, dispararon.
“Al filo de la culminación del año, donde se ha agravado notoriamente la conflictividad social, tanto en el sector público y como en el privado y ante la responsabilidad institucional que tenemos ante la sociedad. Desde la Central, apelamos a la urgente necesidad de la creación de una mesa de diálogo donde podamos encontrar los principios esenciales y los consensos necesarios para destrabar el alto grado de conflictividad gremial y social. Debemos ser capaces de revalorizar las instituciones y no apostar a la degradación de las mismas, a los internismos y estériles divisiones”, concluyeron.
HOMENAJE A UN DIRIGENTE DEL SINDICALISMO COMBATIVO A 33 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN
En recuerdo de Di Pascuale
Jorge Di Pascuale fue uno de los más destacados dirigentes del sindicalismo combativo y la resistencia peronista, codo a codo con Raymundo Ongaro, John William Cooke y Agustín Tosco. A los 27 años fue secretario general del Sindicato de Empleados de Farmacia, uno de los principales semilleros de la militancia peronista de base. Fue secretario de Prensa de las 62 Organizaciones, delegado personal de Juan Perón y miembro de la junta coordinadora de la CGT de los Argentinos en 1968. Jorge Di Pascuale nació el 28 de diciembre de 1930. Lo secuestró una patota de la dictadura otro 28 de diciembre, en 1976, el día de su cumpleaños. Hoy, también un 28 de diciembre, sus familiares y amigos podrán finalmente velar sus restos, ya que su cuerpo fue recuperado e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
“Fue el mejor dirigente que tuvimos –recuerda su compañero Alfredo Ferraresi, en diálogo con Página/12–. Era solidario, defensor de los derechos a muerte. Tenía una vocación de servicio natural, era un líder indiscutible. Y también era un tipo humilde, sólo que le gustaba empilchar bien, y a veces la gente se sorprendía de verlo vestido así.” Una anécdota grafica su personalidad: cuando comenzaron las persecuciones, desapariciones y asesinatos, les dijo a sus allegados: “Si me llega a pasar algo no pidan por mí, pidan por todos”. Fanático de Boca, cuando viajaba al exterior en su condición de delegado personal de Perón para los países socialistas, llamaba para enterarse las últimas novedades de su equipo. “No era un gran lector: leía la Paturuzito, El Gráfico y la revista Boca”, recuerda Ferraresi, que rescata que “era un tipo totalmente intuitivo, con mucha sabiduría natural, que sabía dar siempre con la justa.”
Su carrera comenzó temprano: a los 27 años fundó la lista Blanca del Sindicato de Empleados de Farmacia, cuando los gremios estaban intervenidos. Contra la recomendación del mismo Perón, la Blanca se presentó a elecciones y las ganó. “Ahí recibimos una carta suya en la que reconocía que se había equivocado y nos felicitaba por nuestro trabajo”, rememora Ferraresi. Desde ese momento el gremio de los farmacéuticos fue uno de los principales formadores de cuadros para la resistencia peronista, al punto que en esa época se decía que “el que no pasa por farmacia no se bautiza”. A partir de ahí siempre estuvo presente en la primera línea de la militancia de base. Incluso, en marzo de 1976, sus compañeros lo convencieron de que se exiliara en Venezuela, pero el exilio sólo duró tres meses. “Esto no es para mí”, dijo y volvió a luchar en el país. Tres días antes de que se acabara ese año, fue desaparecido.
El 14 de diciembre pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó sus restos, encontrados en una fosa común del cementerio de Avellaneda. Antes de ser asesinado (el reporte forense menciona “al menos tres proyectiles en cráneo, hombros y pelvis), pasó por el centro clandestino El Vesubio, donde varios sobrevivientes lo recuerdan dando ánimo a los otros prisioneros para resistir las torturas. Esta tarde será velado, desde las seis, en la sede de su sindicato, en Rincón 1044. “Vamos a hacer un acto que no sea necrológico, que sea de homenaje y recuerdo –explica Ferraresi–. Para nosotros esto significa una enorme conmoción pero también una revancha, porque ahora tenemos donde ponerle una flor. Es como haberlo recuperado de la dictadura para entregárselo a la democracia.”
Informe: Nicolás Lantos.
Jorge Di Pascuale fue uno de los más destacados dirigentes del sindicalismo combativo y la resistencia peronista, codo a codo con Raymundo Ongaro, John William Cooke y Agustín Tosco. A los 27 años fue secretario general del Sindicato de Empleados de Farmacia, uno de los principales semilleros de la militancia peronista de base. Fue secretario de Prensa de las 62 Organizaciones, delegado personal de Juan Perón y miembro de la junta coordinadora de la CGT de los Argentinos en 1968. Jorge Di Pascuale nació el 28 de diciembre de 1930. Lo secuestró una patota de la dictadura otro 28 de diciembre, en 1976, el día de su cumpleaños. Hoy, también un 28 de diciembre, sus familiares y amigos podrán finalmente velar sus restos, ya que su cuerpo fue recuperado e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
“Fue el mejor dirigente que tuvimos –recuerda su compañero Alfredo Ferraresi, en diálogo con Página/12–. Era solidario, defensor de los derechos a muerte. Tenía una vocación de servicio natural, era un líder indiscutible. Y también era un tipo humilde, sólo que le gustaba empilchar bien, y a veces la gente se sorprendía de verlo vestido así.” Una anécdota grafica su personalidad: cuando comenzaron las persecuciones, desapariciones y asesinatos, les dijo a sus allegados: “Si me llega a pasar algo no pidan por mí, pidan por todos”. Fanático de Boca, cuando viajaba al exterior en su condición de delegado personal de Perón para los países socialistas, llamaba para enterarse las últimas novedades de su equipo. “No era un gran lector: leía la Paturuzito, El Gráfico y la revista Boca”, recuerda Ferraresi, que rescata que “era un tipo totalmente intuitivo, con mucha sabiduría natural, que sabía dar siempre con la justa.”
Su carrera comenzó temprano: a los 27 años fundó la lista Blanca del Sindicato de Empleados de Farmacia, cuando los gremios estaban intervenidos. Contra la recomendación del mismo Perón, la Blanca se presentó a elecciones y las ganó. “Ahí recibimos una carta suya en la que reconocía que se había equivocado y nos felicitaba por nuestro trabajo”, rememora Ferraresi. Desde ese momento el gremio de los farmacéuticos fue uno de los principales formadores de cuadros para la resistencia peronista, al punto que en esa época se decía que “el que no pasa por farmacia no se bautiza”. A partir de ahí siempre estuvo presente en la primera línea de la militancia de base. Incluso, en marzo de 1976, sus compañeros lo convencieron de que se exiliara en Venezuela, pero el exilio sólo duró tres meses. “Esto no es para mí”, dijo y volvió a luchar en el país. Tres días antes de que se acabara ese año, fue desaparecido.
El 14 de diciembre pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó sus restos, encontrados en una fosa común del cementerio de Avellaneda. Antes de ser asesinado (el reporte forense menciona “al menos tres proyectiles en cráneo, hombros y pelvis), pasó por el centro clandestino El Vesubio, donde varios sobrevivientes lo recuerdan dando ánimo a los otros prisioneros para resistir las torturas. Esta tarde será velado, desde las seis, en la sede de su sindicato, en Rincón 1044. “Vamos a hacer un acto que no sea necrológico, que sea de homenaje y recuerdo –explica Ferraresi–. Para nosotros esto significa una enorme conmoción pero también una revancha, porque ahora tenemos donde ponerle una flor. Es como haberlo recuperado de la dictadura para entregárselo a la democracia.”
Informe: Nicolás Lantos.
MURIÓ LA ABANDERADA DE LOS CARASUCIAS
“Mónica estaba más preocupada por asegurar los regalos navideños para sus “carasucias” que por oír los avisos de su propio cuerpo. Testimonio de ello fueron sus últimas palabras: “Negrito –dijo ayer a su hijo–, quedate con los chicos, dale para adelante”.
Ricardo Carranza tendrá que trabajar duro para sostener el mandato materno. Y es que, en dieciocho años y sin ningún tipo de subvención política “cautiva”, Mónica logró montar una de las organizaciones no gubernamentales que más han batallado en torno a tres tópicos difíciles: “hambre”, “infancia de riesgo” y “violencia de género”. Ayer, Carranza dejó tras de sí un emporio que incluye un comedor que alimenta diariamente a 10 mil personas, una “granja” en Merlo (donde se da vivienda, atención psicológica, seguimiento médico y educación a un centenar de niños), dos hogares que albergan a 110 mujeres con sus hijos, una panadería donde se enseña el oficio a chicos de la calle, y un taller de capacitación y salida laboral para mujeres. Por todo esto, en 1997 ganó el premio a la Mujer del Año.”
“La vida de Carranza, se sabe, no fue fácil. Nació en Parque Patricios en una familia de once hermanos, y tras la muerte de su padre toda la prole fue separada y repartida a distintos institutos de menores. Mónica se escapó infinitas veces del encierro. Pasó la infancia y la adolescencia en la calle, y vivió todo lo que suele vivirse en esos casos: hambre, violencia sexual y episodios tremendos como el de ver a su propia hermana morir de hambre y frío. Fue entonces cuando tomo una decisión que a la vez era un deseo: crecer y armar un refugio para la gente sin techo.
Años después contrajo matrimonio y, en su propia casa de Mataderos, fundó el comedor Los Carasucias. La historia que siguió tampoco fue sencilla. En 1996, faltos de financiamiento, los Carranza hipotecaron su casa, alquilaron un galpón y salieron –junto con los voluntarios de la organización– a vender flores para pagar el alquiler. El trasfondo épico de la historia –al que se sumaron ollas populares para evitar desalojos y la atípica perseverancia de Carranza– terminó dando sus frutos, algunos de ellos mediáticos: Marcelo Tinelli donó una heladera y un televisor para el nuevo hogar, Paulo Coelho donó 4.500 libros y otra heladera, varios músicos hicieron conciertos a beneficio (desde grupos de bailanta hasta el Coro Kennedy), la Legislatura porteña le dio un subsidio de 12 mil dólares anuales y hasta hubo una bendición a cargo de Julio Grassi, quien entonces ya insistía con hacer felices a los niños.
“Una cosa es hablar de hambre y otra cosa es sentirla”, solía decir Carranza cada vez que se le preguntaba de dónde sacaba fuerzas para seguir adelante.”
(Extractado de Crítica Digital)
Ricardo Carranza tendrá que trabajar duro para sostener el mandato materno. Y es que, en dieciocho años y sin ningún tipo de subvención política “cautiva”, Mónica logró montar una de las organizaciones no gubernamentales que más han batallado en torno a tres tópicos difíciles: “hambre”, “infancia de riesgo” y “violencia de género”. Ayer, Carranza dejó tras de sí un emporio que incluye un comedor que alimenta diariamente a 10 mil personas, una “granja” en Merlo (donde se da vivienda, atención psicológica, seguimiento médico y educación a un centenar de niños), dos hogares que albergan a 110 mujeres con sus hijos, una panadería donde se enseña el oficio a chicos de la calle, y un taller de capacitación y salida laboral para mujeres. Por todo esto, en 1997 ganó el premio a la Mujer del Año.”
“La vida de Carranza, se sabe, no fue fácil. Nació en Parque Patricios en una familia de once hermanos, y tras la muerte de su padre toda la prole fue separada y repartida a distintos institutos de menores. Mónica se escapó infinitas veces del encierro. Pasó la infancia y la adolescencia en la calle, y vivió todo lo que suele vivirse en esos casos: hambre, violencia sexual y episodios tremendos como el de ver a su propia hermana morir de hambre y frío. Fue entonces cuando tomo una decisión que a la vez era un deseo: crecer y armar un refugio para la gente sin techo.
Años después contrajo matrimonio y, en su propia casa de Mataderos, fundó el comedor Los Carasucias. La historia que siguió tampoco fue sencilla. En 1996, faltos de financiamiento, los Carranza hipotecaron su casa, alquilaron un galpón y salieron –junto con los voluntarios de la organización– a vender flores para pagar el alquiler. El trasfondo épico de la historia –al que se sumaron ollas populares para evitar desalojos y la atípica perseverancia de Carranza– terminó dando sus frutos, algunos de ellos mediáticos: Marcelo Tinelli donó una heladera y un televisor para el nuevo hogar, Paulo Coelho donó 4.500 libros y otra heladera, varios músicos hicieron conciertos a beneficio (desde grupos de bailanta hasta el Coro Kennedy), la Legislatura porteña le dio un subsidio de 12 mil dólares anuales y hasta hubo una bendición a cargo de Julio Grassi, quien entonces ya insistía con hacer felices a los niños.
“Una cosa es hablar de hambre y otra cosa es sentirla”, solía decir Carranza cada vez que se le preguntaba de dónde sacaba fuerzas para seguir adelante.”
(Extractado de Crítica Digital)
domingo, 27 de diciembre de 2009
CTA ENTRE RÍOS REPUDIÓ LA REPRESIÓN CONTRA ARANDANEROS Y CONVOCÓ A MOVILIZARSE EL MIÉRCOLES 30
– La CTA de Entre Ríos emitió un comunicado donde repudia la represión del 21 de diciembre y cuestiona a actores vinculados a la problemática del arándano • Apunta concretamente al sector empresario y a “la dirigencia política cómplice de sus negocios y una policía pronta a defender sus intereses” • La Central exige además “el rápido esclarecimiento de los responsables que dieron y recibieron la orden de reprimir” • Asimismo, convocó a una movilización el miércoles 30.
El comunicado plantea que “existió una verdadera represión y cacería salvaje” sobre trabajadores del arándano que reclamaban el cobro del Programa Interzafra (programa elaborado en el ministerio de trabajo empleo y seguridad social de la Nación) y los municipios se adhieren mediante convenios.
La Central considera que “claro está que nuestra querida concordia sigue siendo una ciudad con una inocultable desigualdad”. Y pone como ejemplo que “los organismos del estado actuaron salvajemente en contra de aquellos que menos tienen, en éste caso trabajadores, mujeres, jóvenes y niños que tan siquiera intentaron llegar a la plaza para hacerse escuchar”.
Agrega que la represión policial no distinguió “sexo, edad, idea, religión o capacidad”, y que habría buscado “acallar las voces de los que no tienen nada”.
El documento, que reproduce Diario Ríos Uruguay, alude además al clima social especial que se vive cada fin de año en materia social. “Diciembre es predecible porque sabemos en carne propia lo que sucede en un sistema que privilegia a los ganadores de un sistema económico injusto”, se lee en ese sentido.
• Problemática del arándano
En otro tramo de documento de CTA se hace una dura crítica a actores económicos de la problemática del arándano. Antes de ello se alude a “los que quieren seguir ocultando mediante palabras su responsabilidad política”. Se agrega el énfasis en “los empresarios arandaneros que cuentan sus dólares a costilla de los trabajadores”.
No falta la referencia al dirigente del Sindicato de la Fruta, Alcides Camejo. “Los dirigentes que justifican la represión a cambio de dejar circular a los ciudadanos que solamente quieren comprar”, menciona.
Apunta además a “los que están cómodos en sus casas quinta dejando que el trabajo sucio lo haga una dirigencia política cómplice de sus negocios y una Policía pronta a defender sus intereses”.
Finalmente el comunicado exige “el rápido esclarecimiento de los responsables que dieron y recibieron la orden de reprimir”.
• Movilización
Para el miércoles 30, la CTA convocó a una movilización que se concentrará a las 8:30 de ese día en la Plaza Urquiza. Desde allí marcharan a la Plaza 25 de Mayo. Habrá un acto con la lectura de un documento y posterior desconcentración. Desde la organización de esta actividad se espera una “amplia participación” de sectores sociales, sindicales y políticos. (APF.Digital)
El comunicado plantea que “existió una verdadera represión y cacería salvaje” sobre trabajadores del arándano que reclamaban el cobro del Programa Interzafra (programa elaborado en el ministerio de trabajo empleo y seguridad social de la Nación) y los municipios se adhieren mediante convenios.
La Central considera que “claro está que nuestra querida concordia sigue siendo una ciudad con una inocultable desigualdad”. Y pone como ejemplo que “los organismos del estado actuaron salvajemente en contra de aquellos que menos tienen, en éste caso trabajadores, mujeres, jóvenes y niños que tan siquiera intentaron llegar a la plaza para hacerse escuchar”.
Agrega que la represión policial no distinguió “sexo, edad, idea, religión o capacidad”, y que habría buscado “acallar las voces de los que no tienen nada”.
El documento, que reproduce Diario Ríos Uruguay, alude además al clima social especial que se vive cada fin de año en materia social. “Diciembre es predecible porque sabemos en carne propia lo que sucede en un sistema que privilegia a los ganadores de un sistema económico injusto”, se lee en ese sentido.
• Problemática del arándano
En otro tramo de documento de CTA se hace una dura crítica a actores económicos de la problemática del arándano. Antes de ello se alude a “los que quieren seguir ocultando mediante palabras su responsabilidad política”. Se agrega el énfasis en “los empresarios arandaneros que cuentan sus dólares a costilla de los trabajadores”.
No falta la referencia al dirigente del Sindicato de la Fruta, Alcides Camejo. “Los dirigentes que justifican la represión a cambio de dejar circular a los ciudadanos que solamente quieren comprar”, menciona.
Apunta además a “los que están cómodos en sus casas quinta dejando que el trabajo sucio lo haga una dirigencia política cómplice de sus negocios y una Policía pronta a defender sus intereses”.
Finalmente el comunicado exige “el rápido esclarecimiento de los responsables que dieron y recibieron la orden de reprimir”.
• Movilización
Para el miércoles 30, la CTA convocó a una movilización que se concentrará a las 8:30 de ese día en la Plaza Urquiza. Desde allí marcharan a la Plaza 25 de Mayo. Habrá un acto con la lectura de un documento y posterior desconcentración. Desde la organización de esta actividad se espera una “amplia participación” de sectores sociales, sindicales y políticos. (APF.Digital)
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