Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizarán un paro de actividades de 48 horas, en reclamo de una recomposición salarial • En este marco, el secretario de Prensa de ATE, Marcelo Ríos, confirmó a APF que el 17 se realizará una movilización hasta la sede de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal: “Tenemos la intención de nacionalizar el conflicto, para que el país se entere de que esta provincia tiene el 50 por ciento de los trabajadores del Estado por debajo de la línea de la pobreza y muchísimos otros en estado de precariedad laboral”, subrayó.
El lunes pasado ATE le puso fecha a las medidas de fuerza que había definido realizar durante este mes y decidió que los paros se harán el jueves 17 y el viernes 18 de diciembre.
El 17, además, se llevará a cabo una marcha hacia la sede de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal.
“Tenemos la intención de nacionalizar el conflicto, para que el país se entere de que esta provincia tiene el 50 por ciento de los trabajadores del Estado por debajo de la línea de la pobreza y muchísimos otros en estado de precariedad laboral”, afirmó Marcelo Ríos.
“El 17 vamos a movilizarnos en todo el país. Seremos miles de trabajadores que plantearemos que uno de los problemas centrales de Argentina, que aún no se ha resuelto, es la concentración de la riqueza en pocas manos”, expresó por su parte el secretario gremial de la conducción nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar De Isasi.
Dijo además que “están convocados todos aquellos que quieran caminar con nosotros en esta construcción de la fuerza necesaria para que la riqueza que generamos los argentinos, vuelva a los argentinos”.
Señaló luego que esta manifestación nacional “tendrá epicentro en Capital Federal, donde marcharemos al Congreso nacional”.
En tanto, los estatales entrerrianos también protagonizarán una manifestación en la capital del país. “Los compañeros de ATE Entre Ríos estarán a las 11 en la Casa de Entre Ríos, gritando muy fuerte la necesidad de aumento salarial, de fin del trabajo en negro, de que no se privaticen las áreas del Estado”, expresó al respecto De Isasi.
Apuntó asimismo que los entrerrianos luego participarán de la marcha al Congreso. “Nos juntaremos a las 15 en 9 de Julio y Avenida de Mayo, para marchar todos juntos por una justa distribución de la riqueza, que no es más que haya una reforma impositiva que le saque a los que más tienen para distribuir entre los que menos tienen”.
En ese orden, remarcó que “cambiar las reglas de la coparticipación federal es esencial para federalizar las finanzas, que es fundamental para mejorar las condiciones de vida de las provincias y municipios”. También para “mejorar los presupuestos en política sociales, salud, educación, créditos blandos para pequeños y medianos comerciantes y productores a cambio de trabajo en blanco”. De Isasi señaló la necesidad de poner en marcha “presupuestos que apunten a que se reactive la rueda de producción y trabajo, para volver a ser una sociedad inclusiva, y terminar con la pobreza y el hambre”.
Si bien aseguró que los trabajadores estatales están dispuestos “a apoyar las cosas que son positivas, como la Ley de Radiodifusión y la reestatización de las AFJP”, aclaró que “con la misma firmeza vamos a plantear que el problema fundamental es la distribución de la riqueza y que todavía no se ha hecho nada. Es más, en algunos puntos se ha concentrado más la riqueza”, cuestionó.
• Apuntan contra el Gobernador
Consultado por APF respecto a la situación entrerriana, De Isasi afirmó: “La principal responsabilidad de lo que pasa en Entre Ríos es el Gobernador”. Por ello opinó que Urribarri “debería hacer una reforma impositiva para gravar algunas cosas que están en su provincia, a quienes concentran la riqueza. Y a esa plata que se recaude, redistribuirla en salarios y en mejorar las condiciones de quienes no tienen empleo”.
Indicó además que “la segunda responsabilidad es del Gobierno nacional, en cuanto a la coparticipación federal, que implicaría un mayor ingreso para Entre Ríos”.
Por ello subrayó: “El jueves marcharemos a la Casa de Entre Ríos para decir a todos que el año que viene estamos dispuestos a profundizar la lucha para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Estado”.
(APF.Digital)
martes, 15 de diciembre de 2009
lunes, 14 de diciembre de 2009
PRIVATIZACIÓN DEL JUEGO - MASSAROTTI - CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ENTRE RÍOS
Edgardo Massarotti fue titular de ATE durante muchos años, y al igual que la entidad que representó, tuvo siempre posturas muy claras ante los renovados intentos de privatización del juego en nuestra provincia. Dado que en estos días vienen por los Casinos una vez más, camuflando su intento privatizador en un proyecto de Ley de Turismo, transcribimos su valorada opinión sobre este tema.
Déjá vu
(Acerca del proyecto de ley del Régimen de Promoción para el Desarrollo Turístico Sustentable y la privatización de los juegos recreativos de azar y/o casinos)
Enviado por el PE de aquel momento, tomó estado parlamentario el 24/11/2007 el proyecto de ley por el que se establece un Régimen de Promoción para el Desarrollo Turístico Sustentable, que ha suscitado arduos conflictos en estos días.
Como un Caballo de Troya, envuelto en un andamiaje referido al turismo, esconde en su interior una trampa.
DE QUE SE TRATA:
Buscando por Internet encuentro el expediente n° 16483 HCDER del cual extraigo - en su última versión- el art. 29 de dicho proyecto, el que transcribo:
“El Fondo Provincial de Turismo se constituye con los siguientes recursos:
2. El producto de los ingresos de las actividades de proyectos integrales de emprendimientos turísticos otorgados mediante procedimientos públicos de selección, que la autoridad de aplicación decida realizar y/o administrar y/o gestionar integralmente por sí o por concesionarios, ya sean de infraestructura turística y/u otra tipología de equipamiento y/o regímenes de explotación, administración y gestión integral de cualquiera de las actividades citadas en el Anexo II:
Los proyectos integrales de emprendimientos turísticos que ameriten la declaración específica de interés provincial por el Ejecutivo Provincial, podrán brindar servicios de explotación, administración de salas de juegos recreativos de azar y/o casinos en el régimen de gestión integral dentro de proyectos integrales de emprendimientos turísticos otorgados mediante procedimientos públicos de selección, cuya incidencia económica, laboral, social, recreativa, cultural y/o de actividades conexas declaradas específicamente de interés turístico por el Ejecutivo Provincial. La inclusión de dicha actividad bajo la órbita de la presente ley, no modifica ni limita la fiscalización que el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social mantiene sobre la misma, ni las facultades que mantiene dicho instituto sobre la explotación y administración de salas de juegos y/o casinos de gestión integralmente estatal.”
Esta historia y sus actores no son nuevos. Por eso titulé esta nota de opinión “Déjá vu”, con la que se expresa esa sensación de haber vivido un determinado momento antes.
No voy a decir nada novedoso, retomaré temas ya tratados en un recurso de revocatoria contra el Decreto n° 5369/04 GOB., que firmé en mi carácter de Secretario General de ATE de ese entonces.
LA LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE EL JUEGO:
La ley provincial n° 5144, del gobierno democrático 1973-1976, en su artículo 3° establece que: “el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social tendrá a su único y exclusivo cargo: a) La explotación y administración de la Lotería, Casinos, Tómbolas y demás juegos de azar que el Poder Ejecutivo resuelve autorizar y oficializar en el ámbito de la Provincia de conformidad con el régimen que el mismo establezca al respecto por vía de reglamentación;…” cuyo objeto es “brindar recursos de apoyo financiero a los planes de acción y seguridad social que se programen y ejecuten en la Provincia de Entre Ríos.” (art. 2°).
Es decir, para atender a los fines sociales previstos, el Estado debe exclusiva y únicamente explotar los juegos de azar por intermedio del IAFAS.
Por otra parte, la ley n° 8.703 (que reconoce como antecedente la n° 3.692 de 1950) como principio, ha prohibido “… la práctica, difusión, facilitación o participación en o de juegos de azar, con excepción de aquellos que sean explotados oficialmente por el Ejecutivo Provincial, los autorizados por éste mediante acto emanado de autoridad competente y los que expresamente no sean penados por esta ley.” Y el art. 2° define qué entiende el Estado por juegos de azar.
Entre Ríos se inscribe entonces como una jurisdicción estatal que prohíbe la explotación de la mayoría de los juegos de azar por dinero en manos de los particulares, permitiendo que organicen, distribuyan y exploten juegos culturalmente aceptados por las mayorías, tales como rifas, bonos, cuadreras; y reservándose para sí la explotación del juego por apuestas.
Esto cambiará si se aprueba el cuestionado proyecto, con la privatización y otro destino, que no es la acción y seguridad social, de los fondos recaudados, (habla de un fondo de turismo, con muchas vaguedades) Así, varios artículos de la normativa actual perderían vigencia sencillamente por mandato de ley posterior.
LA RELACION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL IAFAS:
Ciertamente el art. 42 de la Constitución Provincial garantiza la estabilidad en el empleo público, lo que no se asegura con la privatización es la fuente de trabajo, que no es lo mismo. No olvidamos que hubo una Ley 8706, una Ley 9235 y un tendal de trabajadores en la calle producto de las privatizaciones del Banco de Entre Ríos, de la Empresa Provincial de Energía, el Frigorífico Santa Elena.
Una supuesta “garantía de derechos adquiridos” no resuelve la esencia de la cuestión.
Nos parece preocupante que en esta etapa de la vida institucional de nuestro país, cuando las privatizaciones realizadas en la década de los noventa están siendo fuertemente cuestionadas por la sociedad, en nuestra provincia se pretende persistir en ese mal camino.
No me olvido de los trabajadores del sector privado, porque conocemos empresarios desaprensivos que hicieron lo del “pájaro que comió, voló”.
Las cuestiones de sustentabilidad económica de todos los emprendimientos ligados al juego que coexistirán, estatales y privados, queda bajo un manto de dudas.
Es mejor que las inversiones se orienten y se alienten hacia emprendimientos de carácter productivo. En esa idea, cuando se trata de políticas de juego, se pueden desarrollar actividades conexas, como el turismo (y para esto no hay obstáculos en cuanto a la participación del sector privado), que pongan el acento en el esparcimiento y la recreación y no en la excitación de una debilidad humana. Un ejemplo de esta sinergia es el Casino de Victoria donde participa el sector privado sin la privatización de los juegos de azar propiamente dichos.
LOS VALORES MORALES Y ETICOS DE LA COMUNIDAD:
La delimitación política de los roles del Estado y los particulares en la explotación del juego constituye, atento su delicadeza, incidencia sobre una actividad económica importante para las arcas públicas, y concepción socio cultural del juego, una definición que deben hacer los gobernantes contemplando los valores y aspiraciones de la Comunidad. En este punto, es donde la cuestión trasciende lo legal.
Tengamos siempre presente la PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ENTRE RÍOS, titulada El juego, los casinos y la condición humana, del 7 de octubre de 1993 (Fiesta de Nuestra Señora del Rosario), que transcribo integra al final de este escrito, por su altísimo valor moral, y ruego su atenta lectura.
Esta temática hace al modelo de sociedad que queremos para nuestra provincia. A partir de esta concepción moral y socio-política sobre el juego, es imprescindible definir las políticas al respecto.
El juego (con todas las connotaciones valorativas que conlleva), debe ser administrado y explotado exclusiva y excluyentemente por el Estado.
Por un lado, por las garantías mínimas de protección a la ética de la comunidad; por otro, porque solo el Estado (como instrumento jurídico – institucional) puede hacer que la captación de recursos provenientes de esta debilidad humana sean volcados íntegramente a acciones de interés social para los mas carenciados (salud, vivienda, jubilación del ama de casa, etc.)
En manos del Estado, el juego puede ser contenido y tener el límite de un entretenimiento.
En manos privadas, esta comprobado que esta actividad satisface primero sus objetivos de lucro, fomenta el juego y el “Vale Todo”. Con ello, la miseria humana y el vicio afloran, a lo que se agregan la droga y la prostitución con sus terribles secuelas.
Es muy importante tener en cuenta que el juego es una puerta abierta a al lavado de dinero mal habido. Si está en manos del Estado, este delito se hace imposible.
Tan grave es este tema que el Estado Nacional ha dictado la ley n° 25.246, referida al encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, y en particular la Res. 17/2003 de la Unidad de Información Financiera, referida a las operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas, personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar, la guía de transacciones inusuales o sospechosas, el reporte de operación sospechosa, etc.
No dejamos de reconocer que aún en manos del Estado la actividad del juego tiene sus dificultades. Pero estas son más del orden de las decisiones políticas que de otro tipo.
Por ejemplo, cuando las políticas en materia de juegos han sido nefastamente erróneas, y convirtieron a nuestra provincia en un verdadero garito, con salas de juegos diseminadas en el territorio, que no le sirven al IAFAS para la obtención de ingresos, ni a la comunidad, a la que despoja de sus recursos.
O como cuando se han realizado contratos entre el IAFAS y empresarios privados, en donde los gastos son del Estado y las ganancias de los privados.
A estas malas políticas ATE oportunamente las denunció. Otros callaron o fueron cómplices.
COLOFON
Lo último que conozco –extraoficialmente- es que en Diputados se harán últimos intentos de modificar el texto venido del Senado. Por lo que ví, presumo que es un retoque cosmético, solo para confundir.
El declarar que estos servicios de salas de juegos recreativos de azar y/o Casinos, (no deja taxativamente claro que no pueden ser privados) lo serán sin afectar competencias existentes del I.A.F.A.S. ni derechos adquiridos, es una falacia. Se entraría en una nebulosa de imprecisiones, un intrincado laberinto de atribuciones y competencias. Las reglas del juego en Entre Ríos han sido hasta hoy claras: el juego en manos del Estado. El proyecto incorpora lo que los juristas denominan “conceptos jurídicos indeterminados”, o dicho en criollo “claros y oscuros”. Donde antes gobernaba exclusiva y excluyentemente el IAFAS con normas claras y sencillas; ahora ingresa una Subsecretaría de Turismo junto con una Comisión Provincial de Turismo con clara injerencia sobre el juego de azar e integrado por quienes pretenden explotar el juego en la provincia; donde antes el IAFAS debía controlar, hoy debe “facilitar” o “posibilitar” junto a otros órganos estatales totalmente ajenos a la actividad y cooptados por los concesionarios del juego.
El juego, cualquiera quesea, exige y necesita reglas claras, si no hay trampa.
Vuelvo a la cuestión central en donde el debate y análisis no debe caer en simplificaciones como la antinomia estatismo versus privatismo o en meras consideraciones numéricas (por lo demás, en esto se inventan muchos mitos)
Hasta ahora nuestros gobernantes, cuando equivocaron el rumbo respecto de este tema, ante el reclamo de quienes nos oponíamos, fueron capaces de escuchar y desandaron el mal camino.
Hay que aprender de la historia y apelo a que se deseche definitivamente todo intento de privatización del juego de azar y los casinos.
Los trabajadores nucleados en ATE definimos históricamente una postura respecto del juego: ni privatización de la gestión, ni privatización de la renta.
No importa de donde soplen los vientos privatistas, la bandera no será arriada.
Paraná, 04 de Diciembre de 2009
Edgardo Massarotti
DNI 11.584.582
PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ENTRE RÍOS, del 7 de octubre de 1993 (Fiesta de Nuestra Señora del Rosario)
El juego, los casinos y la condición humana
Se ha difundido en los últimos meses la versión de la posible privatización de los casinos provinciales de Entre Ríos.
Ello plantea a la conciencia de la comunidad a la gran cuestión de los juegos de azar y despierta el temor de la agudización de los males morales que ellos entrañan.
Los Obispos de Entre Ríos, atentos a las necesidades espirituales de nuestros hermanos, queremos ofrecerles algunos puntos de la doctrina católica sobre este tema, fundada en la palabra de Dios y meditada por la Iglesia en su probada acción pastoral.
El Jugador. El catecismo de la Iglesia Católica, recientemente publicado, enseña con respecto a los juegos de azar que éstos o las apuestas “nos son en si mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que es necesario para atender a sus necesidades o a las de los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre” (Nº 2413). La primera víctima es el jugador mismo que arrastrado por la pasión del juego, no pierde la esperanza de ganar. Sobre todo en los casinos, se puede crear un entorno que empuja a la corrupción y al vicio del juego descontrolado y a otras gravísimas faltas morales como son la usura, la prostitución, la drogadicción, el lavado de dinero, etc.
Si en principio aceptamos que el juego honesto y mesurado tiene sentido en la vida del hombre, debemos afirmar que, por ser acción humana, reconoce en el hombre mismo su medida. Los casinos en cuanto ponen en peligro la vida moral digna de los individuos, no deben ser promovidos y menos aún, instalados.
Se ha de tener especialmente en cuenta que cuando están situados en zonas de frontera, como es el caso de Entre Ríos, se facilita el tráfico ilegal de todo tipo y se agrava seriamente el problema.
La familia y la sociedad. El jugador apasionado arriesga y muchas veces pierde aquello que pertenece a los hijos y a la esposa. Es un acto de injusticia y mas aún, contrario al amor, que lastima profundamente la comunión familiar. También el jugador peca contra la solidaridad social, porque los bienes propios deben ser siempre administrados atendiendo al bien común, al de todos, especialmente de los más necesitados, y no deben ser manejados como si fuésemos dueños absolutos de las cosas. Es mas, lo superfluo, es decir, lo que sobra después de haber atendido a las necesidades individuales, familiares y sociales, debe ser utilizado para el bien de los demás, porque pertenece, repetimos, a los pobres y desamparados.
Por todo esto es claro que una sociedad, con sus autoridades al frente debe procurar que las personas, las familias, y toda la comunidad se realicen plenamente en sus verdaderos valores, y se aparten, en lo posible, de todo lo que ponga en peligro o impida su digno desarrollo.
No escapa a nuestro juicio que el riesgo de los casinos puede disminuir parcialmente cuando, como sucede en Entre Ríos, el juego es administrado por el Estado responsable del bien común. En efecto, la autoridad pública puede atemperar las consecuencias malas de la debilidad humana manifestada en el juego, cuando los administra sin promoverlos con fines de lucro, y por otra parte, cuando destina los beneficios obtenidos a obras de bien. En cambio, la administración privada, además de los males antes señalados, llevada por el afán de ganancias sin límites, tiende a buscar por los medios a su alcance, la promoción de las casas de juegos y la multiplicación de los jugadores.
Como consecuencia podrían participar personas con recursos cada vez menos elevados. Si estos juegos son riesgosos y dañinos para los pudientes, cuanto mas lo serán para las personas y familias menos acomodadas.
Sostener que la administración estatal puede y debe reducir los riesgos propios de estos juegos, no significa cambiar el juicio negativo que ya hicimos sobre los casinos, y menos aún justificarlos. Por el contrario reiteramos que el lucro fácil, la ambición desmedida de riqueza, el menor aprecio del trabajo, son desvalores que no deben enfermar el alma de un pueblo. Una sociedad digna y madura se debe constituir por una cultura que tenga, como uno de sus principales valores, el trabajo. Entre Ríos debe ser conocido y honrado como el pueblo que vive del fruto de su trabajo, y no como un grupo humano poco sabio y solidario que irresponsablemente dilapida sus bienes.
Reconocemos que la construcción de la sociedad es responsabilidad de todos sus miembros, cada uno con sus fuerzas y su misión. Nosotros hemos querido cumplir de esta manera con nuestra responsabilidad, encomendado a todos los miembros de la Iglesia que aporten sus ideas y esfuerzo para constituir una cultura cada vez mas humana, en la que el juego no se desnaturalice y ocupe su justo lugar en la jerarquía de valores. La medida de la cultura y por tanto del juego es el hombre y su dignidad de hijo de Dios.
Sabemos que estamos acompañados en esta preocupación por muchas personas de buena voluntad, que no comparten nuestra fe. Esto conforta nuestra actitud. A ellos también nos dirigimos, con sincero respecto y afecto.
Adolfo Gerstner Pedro Boxler Estanislao E. Karlic
Obispo de Concordia Obispo de Gualeguaychú Arzobispo de Paraná
Déjá vu
(Acerca del proyecto de ley del Régimen de Promoción para el Desarrollo Turístico Sustentable y la privatización de los juegos recreativos de azar y/o casinos)
Enviado por el PE de aquel momento, tomó estado parlamentario el 24/11/2007 el proyecto de ley por el que se establece un Régimen de Promoción para el Desarrollo Turístico Sustentable, que ha suscitado arduos conflictos en estos días.
Como un Caballo de Troya, envuelto en un andamiaje referido al turismo, esconde en su interior una trampa.
DE QUE SE TRATA:
Buscando por Internet encuentro el expediente n° 16483 HCDER del cual extraigo - en su última versión- el art. 29 de dicho proyecto, el que transcribo:
“El Fondo Provincial de Turismo se constituye con los siguientes recursos:
2. El producto de los ingresos de las actividades de proyectos integrales de emprendimientos turísticos otorgados mediante procedimientos públicos de selección, que la autoridad de aplicación decida realizar y/o administrar y/o gestionar integralmente por sí o por concesionarios, ya sean de infraestructura turística y/u otra tipología de equipamiento y/o regímenes de explotación, administración y gestión integral de cualquiera de las actividades citadas en el Anexo II:
Los proyectos integrales de emprendimientos turísticos que ameriten la declaración específica de interés provincial por el Ejecutivo Provincial, podrán brindar servicios de explotación, administración de salas de juegos recreativos de azar y/o casinos en el régimen de gestión integral dentro de proyectos integrales de emprendimientos turísticos otorgados mediante procedimientos públicos de selección, cuya incidencia económica, laboral, social, recreativa, cultural y/o de actividades conexas declaradas específicamente de interés turístico por el Ejecutivo Provincial. La inclusión de dicha actividad bajo la órbita de la presente ley, no modifica ni limita la fiscalización que el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social mantiene sobre la misma, ni las facultades que mantiene dicho instituto sobre la explotación y administración de salas de juegos y/o casinos de gestión integralmente estatal.”
Esta historia y sus actores no son nuevos. Por eso titulé esta nota de opinión “Déjá vu”, con la que se expresa esa sensación de haber vivido un determinado momento antes.
No voy a decir nada novedoso, retomaré temas ya tratados en un recurso de revocatoria contra el Decreto n° 5369/04 GOB., que firmé en mi carácter de Secretario General de ATE de ese entonces.
LA LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE EL JUEGO:
La ley provincial n° 5144, del gobierno democrático 1973-1976, en su artículo 3° establece que: “el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social tendrá a su único y exclusivo cargo: a) La explotación y administración de la Lotería, Casinos, Tómbolas y demás juegos de azar que el Poder Ejecutivo resuelve autorizar y oficializar en el ámbito de la Provincia de conformidad con el régimen que el mismo establezca al respecto por vía de reglamentación;…” cuyo objeto es “brindar recursos de apoyo financiero a los planes de acción y seguridad social que se programen y ejecuten en la Provincia de Entre Ríos.” (art. 2°).
Es decir, para atender a los fines sociales previstos, el Estado debe exclusiva y únicamente explotar los juegos de azar por intermedio del IAFAS.
Por otra parte, la ley n° 8.703 (que reconoce como antecedente la n° 3.692 de 1950) como principio, ha prohibido “… la práctica, difusión, facilitación o participación en o de juegos de azar, con excepción de aquellos que sean explotados oficialmente por el Ejecutivo Provincial, los autorizados por éste mediante acto emanado de autoridad competente y los que expresamente no sean penados por esta ley.” Y el art. 2° define qué entiende el Estado por juegos de azar.
Entre Ríos se inscribe entonces como una jurisdicción estatal que prohíbe la explotación de la mayoría de los juegos de azar por dinero en manos de los particulares, permitiendo que organicen, distribuyan y exploten juegos culturalmente aceptados por las mayorías, tales como rifas, bonos, cuadreras; y reservándose para sí la explotación del juego por apuestas.
Esto cambiará si se aprueba el cuestionado proyecto, con la privatización y otro destino, que no es la acción y seguridad social, de los fondos recaudados, (habla de un fondo de turismo, con muchas vaguedades) Así, varios artículos de la normativa actual perderían vigencia sencillamente por mandato de ley posterior.
LA RELACION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL IAFAS:
Ciertamente el art. 42 de la Constitución Provincial garantiza la estabilidad en el empleo público, lo que no se asegura con la privatización es la fuente de trabajo, que no es lo mismo. No olvidamos que hubo una Ley 8706, una Ley 9235 y un tendal de trabajadores en la calle producto de las privatizaciones del Banco de Entre Ríos, de la Empresa Provincial de Energía, el Frigorífico Santa Elena.
Una supuesta “garantía de derechos adquiridos” no resuelve la esencia de la cuestión.
Nos parece preocupante que en esta etapa de la vida institucional de nuestro país, cuando las privatizaciones realizadas en la década de los noventa están siendo fuertemente cuestionadas por la sociedad, en nuestra provincia se pretende persistir en ese mal camino.
No me olvido de los trabajadores del sector privado, porque conocemos empresarios desaprensivos que hicieron lo del “pájaro que comió, voló”.
Las cuestiones de sustentabilidad económica de todos los emprendimientos ligados al juego que coexistirán, estatales y privados, queda bajo un manto de dudas.
Es mejor que las inversiones se orienten y se alienten hacia emprendimientos de carácter productivo. En esa idea, cuando se trata de políticas de juego, se pueden desarrollar actividades conexas, como el turismo (y para esto no hay obstáculos en cuanto a la participación del sector privado), que pongan el acento en el esparcimiento y la recreación y no en la excitación de una debilidad humana. Un ejemplo de esta sinergia es el Casino de Victoria donde participa el sector privado sin la privatización de los juegos de azar propiamente dichos.
LOS VALORES MORALES Y ETICOS DE LA COMUNIDAD:
La delimitación política de los roles del Estado y los particulares en la explotación del juego constituye, atento su delicadeza, incidencia sobre una actividad económica importante para las arcas públicas, y concepción socio cultural del juego, una definición que deben hacer los gobernantes contemplando los valores y aspiraciones de la Comunidad. En este punto, es donde la cuestión trasciende lo legal.
Tengamos siempre presente la PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ENTRE RÍOS, titulada El juego, los casinos y la condición humana, del 7 de octubre de 1993 (Fiesta de Nuestra Señora del Rosario), que transcribo integra al final de este escrito, por su altísimo valor moral, y ruego su atenta lectura.
Esta temática hace al modelo de sociedad que queremos para nuestra provincia. A partir de esta concepción moral y socio-política sobre el juego, es imprescindible definir las políticas al respecto.
El juego (con todas las connotaciones valorativas que conlleva), debe ser administrado y explotado exclusiva y excluyentemente por el Estado.
Por un lado, por las garantías mínimas de protección a la ética de la comunidad; por otro, porque solo el Estado (como instrumento jurídico – institucional) puede hacer que la captación de recursos provenientes de esta debilidad humana sean volcados íntegramente a acciones de interés social para los mas carenciados (salud, vivienda, jubilación del ama de casa, etc.)
En manos del Estado, el juego puede ser contenido y tener el límite de un entretenimiento.
En manos privadas, esta comprobado que esta actividad satisface primero sus objetivos de lucro, fomenta el juego y el “Vale Todo”. Con ello, la miseria humana y el vicio afloran, a lo que se agregan la droga y la prostitución con sus terribles secuelas.
Es muy importante tener en cuenta que el juego es una puerta abierta a al lavado de dinero mal habido. Si está en manos del Estado, este delito se hace imposible.
Tan grave es este tema que el Estado Nacional ha dictado la ley n° 25.246, referida al encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, y en particular la Res. 17/2003 de la Unidad de Información Financiera, referida a las operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas, personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar, la guía de transacciones inusuales o sospechosas, el reporte de operación sospechosa, etc.
No dejamos de reconocer que aún en manos del Estado la actividad del juego tiene sus dificultades. Pero estas son más del orden de las decisiones políticas que de otro tipo.
Por ejemplo, cuando las políticas en materia de juegos han sido nefastamente erróneas, y convirtieron a nuestra provincia en un verdadero garito, con salas de juegos diseminadas en el territorio, que no le sirven al IAFAS para la obtención de ingresos, ni a la comunidad, a la que despoja de sus recursos.
O como cuando se han realizado contratos entre el IAFAS y empresarios privados, en donde los gastos son del Estado y las ganancias de los privados.
A estas malas políticas ATE oportunamente las denunció. Otros callaron o fueron cómplices.
COLOFON
Lo último que conozco –extraoficialmente- es que en Diputados se harán últimos intentos de modificar el texto venido del Senado. Por lo que ví, presumo que es un retoque cosmético, solo para confundir.
El declarar que estos servicios de salas de juegos recreativos de azar y/o Casinos, (no deja taxativamente claro que no pueden ser privados) lo serán sin afectar competencias existentes del I.A.F.A.S. ni derechos adquiridos, es una falacia. Se entraría en una nebulosa de imprecisiones, un intrincado laberinto de atribuciones y competencias. Las reglas del juego en Entre Ríos han sido hasta hoy claras: el juego en manos del Estado. El proyecto incorpora lo que los juristas denominan “conceptos jurídicos indeterminados”, o dicho en criollo “claros y oscuros”. Donde antes gobernaba exclusiva y excluyentemente el IAFAS con normas claras y sencillas; ahora ingresa una Subsecretaría de Turismo junto con una Comisión Provincial de Turismo con clara injerencia sobre el juego de azar e integrado por quienes pretenden explotar el juego en la provincia; donde antes el IAFAS debía controlar, hoy debe “facilitar” o “posibilitar” junto a otros órganos estatales totalmente ajenos a la actividad y cooptados por los concesionarios del juego.
El juego, cualquiera quesea, exige y necesita reglas claras, si no hay trampa.
Vuelvo a la cuestión central en donde el debate y análisis no debe caer en simplificaciones como la antinomia estatismo versus privatismo o en meras consideraciones numéricas (por lo demás, en esto se inventan muchos mitos)
Hasta ahora nuestros gobernantes, cuando equivocaron el rumbo respecto de este tema, ante el reclamo de quienes nos oponíamos, fueron capaces de escuchar y desandaron el mal camino.
Hay que aprender de la historia y apelo a que se deseche definitivamente todo intento de privatización del juego de azar y los casinos.
Los trabajadores nucleados en ATE definimos históricamente una postura respecto del juego: ni privatización de la gestión, ni privatización de la renta.
No importa de donde soplen los vientos privatistas, la bandera no será arriada.
Paraná, 04 de Diciembre de 2009
Edgardo Massarotti
DNI 11.584.582
PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ENTRE RÍOS, del 7 de octubre de 1993 (Fiesta de Nuestra Señora del Rosario)
El juego, los casinos y la condición humana
Se ha difundido en los últimos meses la versión de la posible privatización de los casinos provinciales de Entre Ríos.
Ello plantea a la conciencia de la comunidad a la gran cuestión de los juegos de azar y despierta el temor de la agudización de los males morales que ellos entrañan.
Los Obispos de Entre Ríos, atentos a las necesidades espirituales de nuestros hermanos, queremos ofrecerles algunos puntos de la doctrina católica sobre este tema, fundada en la palabra de Dios y meditada por la Iglesia en su probada acción pastoral.
El Jugador. El catecismo de la Iglesia Católica, recientemente publicado, enseña con respecto a los juegos de azar que éstos o las apuestas “nos son en si mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que es necesario para atender a sus necesidades o a las de los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre” (Nº 2413). La primera víctima es el jugador mismo que arrastrado por la pasión del juego, no pierde la esperanza de ganar. Sobre todo en los casinos, se puede crear un entorno que empuja a la corrupción y al vicio del juego descontrolado y a otras gravísimas faltas morales como son la usura, la prostitución, la drogadicción, el lavado de dinero, etc.
Si en principio aceptamos que el juego honesto y mesurado tiene sentido en la vida del hombre, debemos afirmar que, por ser acción humana, reconoce en el hombre mismo su medida. Los casinos en cuanto ponen en peligro la vida moral digna de los individuos, no deben ser promovidos y menos aún, instalados.
Se ha de tener especialmente en cuenta que cuando están situados en zonas de frontera, como es el caso de Entre Ríos, se facilita el tráfico ilegal de todo tipo y se agrava seriamente el problema.
La familia y la sociedad. El jugador apasionado arriesga y muchas veces pierde aquello que pertenece a los hijos y a la esposa. Es un acto de injusticia y mas aún, contrario al amor, que lastima profundamente la comunión familiar. También el jugador peca contra la solidaridad social, porque los bienes propios deben ser siempre administrados atendiendo al bien común, al de todos, especialmente de los más necesitados, y no deben ser manejados como si fuésemos dueños absolutos de las cosas. Es mas, lo superfluo, es decir, lo que sobra después de haber atendido a las necesidades individuales, familiares y sociales, debe ser utilizado para el bien de los demás, porque pertenece, repetimos, a los pobres y desamparados.
Por todo esto es claro que una sociedad, con sus autoridades al frente debe procurar que las personas, las familias, y toda la comunidad se realicen plenamente en sus verdaderos valores, y se aparten, en lo posible, de todo lo que ponga en peligro o impida su digno desarrollo.
No escapa a nuestro juicio que el riesgo de los casinos puede disminuir parcialmente cuando, como sucede en Entre Ríos, el juego es administrado por el Estado responsable del bien común. En efecto, la autoridad pública puede atemperar las consecuencias malas de la debilidad humana manifestada en el juego, cuando los administra sin promoverlos con fines de lucro, y por otra parte, cuando destina los beneficios obtenidos a obras de bien. En cambio, la administración privada, además de los males antes señalados, llevada por el afán de ganancias sin límites, tiende a buscar por los medios a su alcance, la promoción de las casas de juegos y la multiplicación de los jugadores.
Como consecuencia podrían participar personas con recursos cada vez menos elevados. Si estos juegos son riesgosos y dañinos para los pudientes, cuanto mas lo serán para las personas y familias menos acomodadas.
Sostener que la administración estatal puede y debe reducir los riesgos propios de estos juegos, no significa cambiar el juicio negativo que ya hicimos sobre los casinos, y menos aún justificarlos. Por el contrario reiteramos que el lucro fácil, la ambición desmedida de riqueza, el menor aprecio del trabajo, son desvalores que no deben enfermar el alma de un pueblo. Una sociedad digna y madura se debe constituir por una cultura que tenga, como uno de sus principales valores, el trabajo. Entre Ríos debe ser conocido y honrado como el pueblo que vive del fruto de su trabajo, y no como un grupo humano poco sabio y solidario que irresponsablemente dilapida sus bienes.
Reconocemos que la construcción de la sociedad es responsabilidad de todos sus miembros, cada uno con sus fuerzas y su misión. Nosotros hemos querido cumplir de esta manera con nuestra responsabilidad, encomendado a todos los miembros de la Iglesia que aporten sus ideas y esfuerzo para constituir una cultura cada vez mas humana, en la que el juego no se desnaturalice y ocupe su justo lugar en la jerarquía de valores. La medida de la cultura y por tanto del juego es el hombre y su dignidad de hijo de Dios.
Sabemos que estamos acompañados en esta preocupación por muchas personas de buena voluntad, que no comparten nuestra fe. Esto conforta nuestra actitud. A ellos también nos dirigimos, con sincero respecto y afecto.
Adolfo Gerstner Pedro Boxler Estanislao E. Karlic
Obispo de Concordia Obispo de Gualeguaychú Arzobispo de Paraná
viernes, 11 de diciembre de 2009
DE CROMAGNON A EDUCACIÓN
El gobierno de Mauricio Macri continúa con los nombramientos polémicos. Ahora es el turno de Abel Posse, quien no habiendo asumido como Ministro de Educación porteño ya cuenta con el rechazo de todo el arco opositor. A continuación una muestra de porque no lo quieren como ministro. El hombre de Cromagnon opinando sobre la tragedia ocurrida en la discoteca Republica de Cromagnon en una nota publicada en “La Nación” en el año 2.005.
Zapatillas calientes, remeras sudadas.
La tragedia ocurrida en la discoteca República Cromagnon nos obliga a una interpretación que trasciende la realidad de tanta muerte y de las posibles culpas.
Centenares de jóvenes reunidos en uno de los tantos centros de desquicio se inmolaron en una tremenda llamarada que conmovió al país. Esa terrible antorcha ilumina hacia los cuatro puntos cardinales de la Nación la nada en que malvive buena parte de la juventud argentina.
La llamarada de los inmolados nos muestra el mundo chato y sin salida de probablemente tres millones de adolescentes y jóvenes a la deriva, sin convocatorias ni vocaciones, excluidos en silencio en los márgenes de una sociedad que calla y no sabe integrarlos, positivizarlos.
La tragedia señala la insoslayable realidad de nuestra caída educativa y cultural. Nos muestra el grado de improvisación y de indisciplina colectiva. El problema está más allá de la puerta de emergencia cerrada con cadenas o de la renovación de las inspecciones o de las supuestas responsabilidades de los políticos. Más bien se habla de estos aspectos para omitir la realidad del desbordamiento subcultural que padecemos.
Los sacrificados representan esos miles de jóvenes que una o dos veces por semana se entregan al rito de saltar, gritar, sudar, emocionarse hasta el éxtasis ante el ruido estupidizante y las contorsiones de esas bandas de música estupidizadora, chamánica.
Se acepta sin mayores comentarios esa fatalidad de sound and fury (el sonido y la furia) de las discotecas y bailantas. Los chicos sienten que afuera y durante la larga semana es el territorio de inexistencia y de frustración. En el enloquecimiento colectivo y la confraternización, encuentran una imitación de lo espiritual, de cierta plenitud.
En ese otro mundo, penumbroso y ensordecedor, impulsados por el alcohol y las pastillas de moda, encuentran la exaltación vital que la sociedad diurna no sabe darles. En esa liberación patológica de energía y de afecto fácil encuentran alguna recuperación de la nadería de los estudios sin convicción y ante el escepticismo y las dificultades para acceder al universo del trabajo. Sienten que están en una tierra de nadie. Sobreviven incluso al margen en sus propios hogares. Nadie supo encender en ellos la pasión educativa, la cultura del trabajo o un sentido atractivo de la vida. Sólo al ingresar en la discoteca irán creciendo desde su aburrimiento a una exaltación vital al menos parecida a la de los avisos del hedonismo televisivo.
Nadie los convoca. Los políticos no tienen respuesta. Se finge que todo es normal. Agredidos y expulsados por el sol del domingo, los padres los verán llegar como a demacrados vampiros, con sus zapatillas calientes y sus remeras sudadas. Descienden del éxtasis falso a la pura nada .
Esta vez muchos no regresaron. Se sublimizaron en esa llamarada que ojalá nos sirva para una reflexión comprometida y extensa del tema, más allá del problema de las inspecciones y responsabilidades empresariales o municipales.
La Argentina está sumida en una costumbre de indisciplina y de permisividad comodona. Las expresiones colectivas se cargan invariablemente de un tono agresivo, insultante. Sea una protesta gremial o piquetera, sean las barras bravas o un mitin político, todo asume una expresión simiesca. Saltos y cánticos idiotas, insultos fáciles. La constante es el bombo atronador. El bombo, el instrumento más primario de la sinfónica.
¿Quién hubiera podido contener a esos miles de adolescentes que buscaban el delirio, el desarreglo de todos los sentidos? El empresario del local imploró para que no encendiesen las bengalas y los petardos. Fue insultado. En la Argentina, toda transgresión parece digna de mérito. Toda llamada a la disciplina parece ejercicio de represión.
El permisivismo de Estado (aparentemente una buena cualidad democrática) en el fondo oculta la cobardía del Estado. Para los políticos, desobligarse del mando es una forma de sobrevivir, escabullendo su presencia ante los problemas. Para los padres, desobligarse de la corrección y educación de los hijos es una comodidad que se paga cara.
Tal vez es por esto que los padres de los jóvenes muertos y heridos se empeñan en encontrar un chivo emisario que los calme de su hipocresía de renunciantes. Si involucran al jefe de gobierno o al empresario, creen poder aliviar el tremendo dolor de la pérdida. No saben que la culpa pertenece a otro mundo. El dolor es absoluto, intransferible, insuperable. La justicia, entendida como venganza, en nada cambia el absoluto existencial de la muerte.
Los padres, en su dolor, reiteran el esquema de exculpación personal y de inculpación
Zapatillas calientes, remeras sudadas.
La tragedia ocurrida en la discoteca República Cromagnon nos obliga a una interpretación que trasciende la realidad de tanta muerte y de las posibles culpas.
Centenares de jóvenes reunidos en uno de los tantos centros de desquicio se inmolaron en una tremenda llamarada que conmovió al país. Esa terrible antorcha ilumina hacia los cuatro puntos cardinales de la Nación la nada en que malvive buena parte de la juventud argentina.
La llamarada de los inmolados nos muestra el mundo chato y sin salida de probablemente tres millones de adolescentes y jóvenes a la deriva, sin convocatorias ni vocaciones, excluidos en silencio en los márgenes de una sociedad que calla y no sabe integrarlos, positivizarlos.
La tragedia señala la insoslayable realidad de nuestra caída educativa y cultural. Nos muestra el grado de improvisación y de indisciplina colectiva. El problema está más allá de la puerta de emergencia cerrada con cadenas o de la renovación de las inspecciones o de las supuestas responsabilidades de los políticos. Más bien se habla de estos aspectos para omitir la realidad del desbordamiento subcultural que padecemos.
Los sacrificados representan esos miles de jóvenes que una o dos veces por semana se entregan al rito de saltar, gritar, sudar, emocionarse hasta el éxtasis ante el ruido estupidizante y las contorsiones de esas bandas de música estupidizadora, chamánica.
Se acepta sin mayores comentarios esa fatalidad de sound and fury (el sonido y la furia) de las discotecas y bailantas. Los chicos sienten que afuera y durante la larga semana es el territorio de inexistencia y de frustración. En el enloquecimiento colectivo y la confraternización, encuentran una imitación de lo espiritual, de cierta plenitud.
En ese otro mundo, penumbroso y ensordecedor, impulsados por el alcohol y las pastillas de moda, encuentran la exaltación vital que la sociedad diurna no sabe darles. En esa liberación patológica de energía y de afecto fácil encuentran alguna recuperación de la nadería de los estudios sin convicción y ante el escepticismo y las dificultades para acceder al universo del trabajo. Sienten que están en una tierra de nadie. Sobreviven incluso al margen en sus propios hogares. Nadie supo encender en ellos la pasión educativa, la cultura del trabajo o un sentido atractivo de la vida. Sólo al ingresar en la discoteca irán creciendo desde su aburrimiento a una exaltación vital al menos parecida a la de los avisos del hedonismo televisivo.
Nadie los convoca. Los políticos no tienen respuesta. Se finge que todo es normal. Agredidos y expulsados por el sol del domingo, los padres los verán llegar como a demacrados vampiros, con sus zapatillas calientes y sus remeras sudadas. Descienden del éxtasis falso a la pura nada .
Esta vez muchos no regresaron. Se sublimizaron en esa llamarada que ojalá nos sirva para una reflexión comprometida y extensa del tema, más allá del problema de las inspecciones y responsabilidades empresariales o municipales.
La Argentina está sumida en una costumbre de indisciplina y de permisividad comodona. Las expresiones colectivas se cargan invariablemente de un tono agresivo, insultante. Sea una protesta gremial o piquetera, sean las barras bravas o un mitin político, todo asume una expresión simiesca. Saltos y cánticos idiotas, insultos fáciles. La constante es el bombo atronador. El bombo, el instrumento más primario de la sinfónica.
¿Quién hubiera podido contener a esos miles de adolescentes que buscaban el delirio, el desarreglo de todos los sentidos? El empresario del local imploró para que no encendiesen las bengalas y los petardos. Fue insultado. En la Argentina, toda transgresión parece digna de mérito. Toda llamada a la disciplina parece ejercicio de represión.
El permisivismo de Estado (aparentemente una buena cualidad democrática) en el fondo oculta la cobardía del Estado. Para los políticos, desobligarse del mando es una forma de sobrevivir, escabullendo su presencia ante los problemas. Para los padres, desobligarse de la corrección y educación de los hijos es una comodidad que se paga cara.
Tal vez es por esto que los padres de los jóvenes muertos y heridos se empeñan en encontrar un chivo emisario que los calme de su hipocresía de renunciantes. Si involucran al jefe de gobierno o al empresario, creen poder aliviar el tremendo dolor de la pérdida. No saben que la culpa pertenece a otro mundo. El dolor es absoluto, intransferible, insuperable. La justicia, entendida como venganza, en nada cambia el absoluto existencial de la muerte.
Los padres, en su dolor, reiteran el esquema de exculpación personal y de inculpación
jueves, 10 de diciembre de 2009
MÁS LIBERTAD SINDICAL
Todo hace suponer que el fallo de ayer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye un fuerte aval a la “libertad sindical”, y modificará drásticamente la vida de los gremios y de las empresas.
El año pasado, en el fallo ATE, la Corte determino que, para ser delegado sindical, no es necesario estar afiliado a un sindicato con personería gremial.
En ésta oportunidad, el nuevo fallo confiere tutela sindical (no podrán ser suspendidos ni echados desde el momento que se postulan a un cargo sindical) a los directivos y delegados de las entidades sindicales “simplemente inscriptas”.
A continuación una opinión periodística al respecto.
Otra grieta en el modelo
Por Mario Wainfeld
La sentencia de la Corte Suprema en el caso “Rossi, Adriana c/Estado nacional” es unánime. Seis supremos coincidieron en sus, rotundos a fuer de breves, fundamentos (“considerandos”, en jerga), en tanto Carmen Argibay eligió hacerlo con argumentos propios (ver asimismo nota central). El dictamen no vinculante de la Procuración General alentaba la misma solución, con una diferencia procesal de la que se hablará luego. La sentencia declara inconstitucional un pilar del “modelo sindical”. La ley vigente, cuestionada por los Supremos, fue el sustento de los rechazos de la demanda en las dos instancias de la Justicia laboral.
El núcleo de la resolución es la incompatibilidad entre esa ley y las normas internacionales (tratados y resoluciones de la OIT) que forman parte del texto constitucional, a partir de la reforma de 1994. Rossi era una delegada de un sindicato simplemente inscripto y la patronal (el Hospital Naval) le negó la tutela respectiva, sancionándola amparándose en la ley 23.551. La Corte juzga que esa norma discrimina injustamente a favor del sindicato con personería gremial. Le reconoce a éste la representación en paritarias, o sea que no invalida en su totalidad al “modelo” sindical. Pero restringe otras facultades de los gremios con personería porque (a su ver) lesionan la igualdad de los trabajadores.
- - -
En nuestro sistema, las sentencias valen sólo para el caso resuelto, pero una decisión de la Corte proyecta a situaciones análogas. En “Rossi” esa consecuencia es patente, porque el asunto no tiene ninguna circunstancia particular o anecdótica que la diferencie de cualquier otro reclamo potencial de delegados. Robustecen al fallo la unanimidad y la estabilidad que tendrá el Tribunal, que conservará la actual integración aunque lo dejaran dos de sus actuales jueces.
- - -
La decisión administrativa del Ministerio de Trabajo que otorga derechos sindicales a los delegados del subte (que luchan por obtener la simple inscripción pero que no la tienen aún, a diferencia del gremio de Rossi) va más allá de la sentencia conocida ayer. Pero vale sólo para el caso específico, no se propaga a otros.
De cualquier modo, el combo entre una decisión institucional de proyecciones virtuales amplias y una emanada del Ejecutivo jalonan el camino de la libertad sindical, como consecuencia de arduas luchas libradas en los lugares de trabajo, en Tribunales y también en la calle. El conflicto de Rossi, vale la pena puntualizarlo, comenzó en el año 2000. La justicia eventualmente llega, siempre tarda.
- - -
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que se apunta otro poroto con esta sentencia, viene reclamando su personería. El trámite está retenido en Trabajo, por evidentes razones políticas. Carlos Tomada tiene preparada desde hace años una carpeta con dos solapas, que contienen sendas resoluciones fundadas, una admitiendo y otra denegando la personería, para cuando la Casa Rosada decida. Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner difirieron sin fecha la decisión, que sigue pendiente.
“Rossi” no impacta en ese reclamo de la CTA porque dirime un conflicto planteado “desde abajo”, en el terreno de la representación en los lugares de trabajo. Pero desde el punto de vista de la praxis cotidiana, este tipo de situaciones son seguramente más relevantes que el otorgamiento de la personería, importante pero (por esencia) superestructural. La cúpula de la CTA, en sus recurrentes encuentros en el Ministerio de Trabajo y en los esporádicos con los titulares de la Casa Rosada, suele plantear en la negociación que se diriman situaciones similares, que le permiten crecer “desde el pie”. De ahí el volumen del fallo, una señal para tribunales inferiores y un paraguas amplio para delegados de sindicatos alternativos.
- - -
La Corte tenía dos caminos posibles, admitiendo la inconstitucionalidad: emitir sentencia definitiva como hizo o reenviar el expediente a la Cámara laboral, para que dictara un nuevo fallo, acatando su criterio (“casar”, en jerga). El dictamen la Procuración proponía ese camino, que en los hechos le daba al Ejecutivo más tiempo para adecuar su política, mientras el expediente iba a un final anunciado. Los cortesanos, dentro de sus competencias, eligieron el otro sendero, no inocente de intención política. Sus derivaciones imaginables interpelan a los otros dos poderes del Estado.
Al Congreso, en especial al autodenominado “Grupo A”, le posibilita un nuevo ítem de agenda institucional: la reforma del sistema sindical. El tópico es históricamente caro a los radicales y, por cierto, al abanico de partidos de centroizquierda, incluyendo los más antagónicos con el oficialismo (Proyecto Sur o Libres del Sur) como los más afines o transigentes (piénsese en Martín Sabbatella, Ariel Basteiro o Jorge Rivas). Un proyecto así podría poner en crisis al peronismo federal, afín a los Gordos de la CGT, mucho más intransigentes con la CTA y con el gremialismo alternativo que Hugo Moyano. El actual secretario general cree estar inmunizado contra las “terceras vías” por su representatividad y por sus logros en la negociación colectiva. Sus reparos a estos cambios, que los tiene y atan al Gobierno, tributan más a mantener al conjunto que a su propia necesidad.
El Ejecutivo, a su vez, topa con una tribulación en su afán de conciliar una agenda progresista y una de gobernabilidad. El PJ y la CGT le sustentan ésta aunque le complican aquélla. La sentencia de la Corte lo embreta porque no discute sobre opciones valorativas, sino sobre el apego a la legalidad. Y porque el tribunal decide invocando los tratados internacionales, que fueron basamento (y bandera) de relevantes acciones del kirchnerismo sobre derechos humanos.
mwainfeld@pagina12.com.ar
El año pasado, en el fallo ATE, la Corte determino que, para ser delegado sindical, no es necesario estar afiliado a un sindicato con personería gremial.
En ésta oportunidad, el nuevo fallo confiere tutela sindical (no podrán ser suspendidos ni echados desde el momento que se postulan a un cargo sindical) a los directivos y delegados de las entidades sindicales “simplemente inscriptas”.
A continuación una opinión periodística al respecto.
Otra grieta en el modelo
Por Mario Wainfeld
La sentencia de la Corte Suprema en el caso “Rossi, Adriana c/Estado nacional” es unánime. Seis supremos coincidieron en sus, rotundos a fuer de breves, fundamentos (“considerandos”, en jerga), en tanto Carmen Argibay eligió hacerlo con argumentos propios (ver asimismo nota central). El dictamen no vinculante de la Procuración General alentaba la misma solución, con una diferencia procesal de la que se hablará luego. La sentencia declara inconstitucional un pilar del “modelo sindical”. La ley vigente, cuestionada por los Supremos, fue el sustento de los rechazos de la demanda en las dos instancias de la Justicia laboral.
El núcleo de la resolución es la incompatibilidad entre esa ley y las normas internacionales (tratados y resoluciones de la OIT) que forman parte del texto constitucional, a partir de la reforma de 1994. Rossi era una delegada de un sindicato simplemente inscripto y la patronal (el Hospital Naval) le negó la tutela respectiva, sancionándola amparándose en la ley 23.551. La Corte juzga que esa norma discrimina injustamente a favor del sindicato con personería gremial. Le reconoce a éste la representación en paritarias, o sea que no invalida en su totalidad al “modelo” sindical. Pero restringe otras facultades de los gremios con personería porque (a su ver) lesionan la igualdad de los trabajadores.
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En nuestro sistema, las sentencias valen sólo para el caso resuelto, pero una decisión de la Corte proyecta a situaciones análogas. En “Rossi” esa consecuencia es patente, porque el asunto no tiene ninguna circunstancia particular o anecdótica que la diferencie de cualquier otro reclamo potencial de delegados. Robustecen al fallo la unanimidad y la estabilidad que tendrá el Tribunal, que conservará la actual integración aunque lo dejaran dos de sus actuales jueces.
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La decisión administrativa del Ministerio de Trabajo que otorga derechos sindicales a los delegados del subte (que luchan por obtener la simple inscripción pero que no la tienen aún, a diferencia del gremio de Rossi) va más allá de la sentencia conocida ayer. Pero vale sólo para el caso específico, no se propaga a otros.
De cualquier modo, el combo entre una decisión institucional de proyecciones virtuales amplias y una emanada del Ejecutivo jalonan el camino de la libertad sindical, como consecuencia de arduas luchas libradas en los lugares de trabajo, en Tribunales y también en la calle. El conflicto de Rossi, vale la pena puntualizarlo, comenzó en el año 2000. La justicia eventualmente llega, siempre tarda.
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La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que se apunta otro poroto con esta sentencia, viene reclamando su personería. El trámite está retenido en Trabajo, por evidentes razones políticas. Carlos Tomada tiene preparada desde hace años una carpeta con dos solapas, que contienen sendas resoluciones fundadas, una admitiendo y otra denegando la personería, para cuando la Casa Rosada decida. Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner difirieron sin fecha la decisión, que sigue pendiente.
“Rossi” no impacta en ese reclamo de la CTA porque dirime un conflicto planteado “desde abajo”, en el terreno de la representación en los lugares de trabajo. Pero desde el punto de vista de la praxis cotidiana, este tipo de situaciones son seguramente más relevantes que el otorgamiento de la personería, importante pero (por esencia) superestructural. La cúpula de la CTA, en sus recurrentes encuentros en el Ministerio de Trabajo y en los esporádicos con los titulares de la Casa Rosada, suele plantear en la negociación que se diriman situaciones similares, que le permiten crecer “desde el pie”. De ahí el volumen del fallo, una señal para tribunales inferiores y un paraguas amplio para delegados de sindicatos alternativos.
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La Corte tenía dos caminos posibles, admitiendo la inconstitucionalidad: emitir sentencia definitiva como hizo o reenviar el expediente a la Cámara laboral, para que dictara un nuevo fallo, acatando su criterio (“casar”, en jerga). El dictamen la Procuración proponía ese camino, que en los hechos le daba al Ejecutivo más tiempo para adecuar su política, mientras el expediente iba a un final anunciado. Los cortesanos, dentro de sus competencias, eligieron el otro sendero, no inocente de intención política. Sus derivaciones imaginables interpelan a los otros dos poderes del Estado.
Al Congreso, en especial al autodenominado “Grupo A”, le posibilita un nuevo ítem de agenda institucional: la reforma del sistema sindical. El tópico es históricamente caro a los radicales y, por cierto, al abanico de partidos de centroizquierda, incluyendo los más antagónicos con el oficialismo (Proyecto Sur o Libres del Sur) como los más afines o transigentes (piénsese en Martín Sabbatella, Ariel Basteiro o Jorge Rivas). Un proyecto así podría poner en crisis al peronismo federal, afín a los Gordos de la CGT, mucho más intransigentes con la CTA y con el gremialismo alternativo que Hugo Moyano. El actual secretario general cree estar inmunizado contra las “terceras vías” por su representatividad y por sus logros en la negociación colectiva. Sus reparos a estos cambios, que los tiene y atan al Gobierno, tributan más a mantener al conjunto que a su propia necesidad.
El Ejecutivo, a su vez, topa con una tribulación en su afán de conciliar una agenda progresista y una de gobernabilidad. El PJ y la CGT le sustentan ésta aunque le complican aquélla. La sentencia de la Corte lo embreta porque no discute sobre opciones valorativas, sino sobre el apego a la legalidad. Y porque el tribunal decide invocando los tratados internacionales, que fueron basamento (y bandera) de relevantes acciones del kirchnerismo sobre derechos humanos.
mwainfeld@pagina12.com.ar
LA CTA FRENTE A LA CONVOCATORIA PARA EL INICIO DEL TRATAMIENTO DE LA CARTA ORGÁNICA LOCAL
A continuación el contenido de una nota que oportunamente acercamos a los convocantes.
Frente al adelanto de consulta pública del Ejecutivo Municipal a los sectores políticos nos planteamos que el debate ciudadano debe ser amplio y participativo desde el inicio.
Proponemos que se arbitren instancias de participación, horizontales y universales, para enriquecer el debate democrático y evitar perder la oportunidad de darnos una Carta Orgánica que contenga el presente y el futuro de una sociedad dinámica, multisocial, multicultural, compleja, contradictoria y en tensión.
Trascender las representaciones formales convocadas mostrará la voluntad de ampliarlas.
Frente al adelanto de consulta pública del Ejecutivo Municipal a los sectores políticos nos planteamos que el debate ciudadano debe ser amplio y participativo desde el inicio.
Proponemos que se arbitren instancias de participación, horizontales y universales, para enriquecer el debate democrático y evitar perder la oportunidad de darnos una Carta Orgánica que contenga el presente y el futuro de una sociedad dinámica, multisocial, multicultural, compleja, contradictoria y en tensión.
Trascender las representaciones formales convocadas mostrará la voluntad de ampliarlas.
lunes, 7 de diciembre de 2009
ATE REPUDIA APRIETES EN LA LEGISLATURA
La Asociación Trabajadores del Estado repudia enérgicamente el accionar y las amenazas del señor presidente de la cámara de diputados doctor Jorge Pedro Busti por la cual se vieron se vieron afectados los compañeros de Concordia, Colon Gualeguay y Gualeguaychu, aprietes que trato de llevar adelante uno de sus seguidores apodado “Cocó” quien se lanzo a buscar a un militante de ATE para intentar golpearlo seguido de algunos integrantes de la agrupación LICOP.
Estas practicas intimidatorios, manoseo y patoterismo, que creemos desterradas, aparecen cada vez que señores como el presidente de la cámara de diputados se sienten agraviados por los reclamos de los trabajadores que en este caso (IAFAS) están tratando de proteger su fuente laboral y los recursos del estado provincial que son patrimonio de todos los entrerrianos.
Este proyecto de ley tiene artículos que probarse sin modificaciones darían por el suelo con el espíritu de la ley de creación del IAFAS (Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social) y podría provocar el desfinanciamiento del mismo.
Los trabajadores nucleados en ATE se hicieron presentes para reclamar la modificación de estos artículos nefastos pero cuando llegaron todas las gradas ya habían sido ocupadas por integrantes de otro sindicato y allegados al bustismo.
La denuncia , el reclamo fue lo que saco de lugar al presidente de la cámara de diputados que llego a amenazar a los compañeros cuando se los llamo al recinto en privado para discutir el tema .
Y al mejor estilo de las patotas de las épocas de montiel un grupo de allegados al presidente de la cámara salio afuera en busca de un militante de ATE al que ya habían marcado.
Por lo cual expresamos nuestro mas profundo repudio a este accionar repulsivo y desde ya cualquier agresión o problema que tenga cualquier afiliado de ATE responsabilizamos al ex Gobernador de la provincia Jorge Pedro Busti actual presidente de la Honorable Cámara de Diputados.
Estas practicas intimidatorios, manoseo y patoterismo, que creemos desterradas, aparecen cada vez que señores como el presidente de la cámara de diputados se sienten agraviados por los reclamos de los trabajadores que en este caso (IAFAS) están tratando de proteger su fuente laboral y los recursos del estado provincial que son patrimonio de todos los entrerrianos.
Este proyecto de ley tiene artículos que probarse sin modificaciones darían por el suelo con el espíritu de la ley de creación del IAFAS (Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social) y podría provocar el desfinanciamiento del mismo.
Los trabajadores nucleados en ATE se hicieron presentes para reclamar la modificación de estos artículos nefastos pero cuando llegaron todas las gradas ya habían sido ocupadas por integrantes de otro sindicato y allegados al bustismo.
La denuncia , el reclamo fue lo que saco de lugar al presidente de la cámara de diputados que llego a amenazar a los compañeros cuando se los llamo al recinto en privado para discutir el tema .
Y al mejor estilo de las patotas de las épocas de montiel un grupo de allegados al presidente de la cámara salio afuera en busca de un militante de ATE al que ya habían marcado.
Por lo cual expresamos nuestro mas profundo repudio a este accionar repulsivo y desde ya cualquier agresión o problema que tenga cualquier afiliado de ATE responsabilizamos al ex Gobernador de la provincia Jorge Pedro Busti actual presidente de la Honorable Cámara de Diputados.
Y NOSOTROS...¿DE QUE LADO ESTAMOS?
Si bien la nota que viene a continuación hace referencia a lo que sucede en Brasil la reflexión bien cabe a la Argentina y, más aún, a Entre Ríos, donde el 70 % de la tierra cultivable está ocupada por Soja transgénica.
Agrotóxicos en su estómago
João Pedro Stedile
________________________________________
Los ricos saben de lo que estamos hablando y tratan de consumir apenas productos orgánicos. Y usted precisa decidirse. ¿De qué lado está?
Los portavoces de la gran propiedad y de las empresas trasnacionales están muy bien pagados para poder defender, hablar y escribir, todos los días, que en Brasil ya no hay más problemas agrarios. Por fin, la gran propiedad está produciendo mucho más y teniendo más beneficios. Por tanto, el latifundio ya no es un problema para la sociedad brasileña. ¿Será verdad?
Tampoco voy a abordar el tema de la injusticia social de la concentración de la propiedad de la tierra, que hace que apenas un 2%, o sea, 50.000 terratenientes, sean dueños de la mitad de toda nuestra naturaleza, mientras que tenemos 4 millones de familias sin derecho a ella.
Voy a hablar de las consecuencias para usted que habita en la ciudad, de la adopción del modelo agrícola del agro negocio. El agro negocio es la producción en gran escala, en monocultivos, empleando muchos agrotóxicos y maquinaria. Usan venenos para eliminar las otras plantas y no contratar mano de obra. Con ello, destruyen la biodiversidad, alteran el clima y expulsan cada vez más familias de trabajadores rurales.
En la cosecha pasada, las empresas transnacionales, y son pocas (Basf, Bayer, Monsanto, Du Pont, Sygenta, Bungue, Shell química…), celebraron que Brasil se transformó en el mayor consumidor mundial de venenos agrícolas. ¡Fueron vertidos 713 millones de toneladas! Una media de 3.700 kilos por cada brasileño. Estos venenos son de origen químico y permanecen en la naturaleza. Degradan el suelo. Contaminan las aguas. Y sobre todo se acumulan en los alimentos. Los cultivos que más usan venenos son: caña de azúcar, soja, arroz, maíz, tabaco, tomate, patata, uva, fresas y hortalizas. Todo esto dejará residuos en su estómago. Y en su organismo afectan a las células y algún día pueden transformarse en cáncer.
Pregunten a los científicos de nuestro Instituto Nacional del Cáncer, centro de referencia de la investigación nacional, ¿cuál es el principal origen del cáncer después del tabaco?
La Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, de Brasil) denunció que existen en el mercado más de veinte productos agrícolas no recomendables para la salud humana. Pero nadie coloca un aviso en los rótulos de los alimentos, ni los retira de las estanterías. Antiguamente era permitido que la soja y el aceite de soja tuviesen apenas 0,2 mg/kg de residuos del veneno glifosato, para no afectar a la salud. De repente, la Anvisa autorizó que los productos derivados de la soja pudiesen tener hasta 10,0 mg/kg de glifosato, 50 veces más. Ello ocurrió ciertamente por presión de la Monsanto, pues el residuo del glifosato aumentó con la soja transgénica de su propiedad.
Eso mismo está aconteciendo ahora con los derivados del maíz. Después que fue aprobado el cultivo de maíz transgénico, lo que aumenta el uso de venenos, quieren ampliar la posibilidad de residuos del 0,1 mg/kg permitido actualmente para 1,0 mg/kg.
Existen otros muchos ejemplos de las consecuencias de los agrotóxicos. El doctor Vanderley Pignati, investigador de la UFMT (Universidad Federal de Mato Groso, Brasil), reveló en sus pesquisas que en los municipios que tienen gran producción de soja y uso intensivo de venenos los índices de abortos y malformaciones de fetos son cuatro veces mayores que la media del Estado.
Nosotros hemos defendido que es preciso valorizar la agricultura familiar, campesina, que es la única que puede producir sin venenos y de manera diversificada. El agro negocio, para tener escala y grandes beneficios, solo consigue producir con venenos y expulsando a los trabajadores hacia las ciudades.
Y usted paga la cuenta, con el aumento del éxodo rural, de las "favelas" y con el aumento de la incidencia del veneno en su alimento.
Por eso defender la agricultura familiar y la reforma agraria, que es una forma de producir alimentos sanos, es una cuestión nacional, de toda la sociedad. No es más un problema de los sin tierra. Y es por eso que cada vez que el MST y Vía Campesina se movilizan contra el agro negocio, las empresas transnacionales, sus vehículos de comunicación y sus diputados y senadores, nos atacan tanto. Porque están en disputa dos modelos de producción. Está en disputa a qué intereses debe de atender la producción agrícola: ¿tan solo el beneficio o la salud y el bienestar de la población?
Los ricos saben de lo que estamos hablando y tratan de consumir apenas productos orgánicos. Y usted precisa decidirse. ¿De qué lado está?
- João Pedro Stedile es Miembro de la Coordinación Nacional del MST y de la Vía Campesina Brasil
Agrotóxicos en su estómago
João Pedro Stedile
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Los ricos saben de lo que estamos hablando y tratan de consumir apenas productos orgánicos. Y usted precisa decidirse. ¿De qué lado está?
Los portavoces de la gran propiedad y de las empresas trasnacionales están muy bien pagados para poder defender, hablar y escribir, todos los días, que en Brasil ya no hay más problemas agrarios. Por fin, la gran propiedad está produciendo mucho más y teniendo más beneficios. Por tanto, el latifundio ya no es un problema para la sociedad brasileña. ¿Será verdad?
Tampoco voy a abordar el tema de la injusticia social de la concentración de la propiedad de la tierra, que hace que apenas un 2%, o sea, 50.000 terratenientes, sean dueños de la mitad de toda nuestra naturaleza, mientras que tenemos 4 millones de familias sin derecho a ella.
Voy a hablar de las consecuencias para usted que habita en la ciudad, de la adopción del modelo agrícola del agro negocio. El agro negocio es la producción en gran escala, en monocultivos, empleando muchos agrotóxicos y maquinaria. Usan venenos para eliminar las otras plantas y no contratar mano de obra. Con ello, destruyen la biodiversidad, alteran el clima y expulsan cada vez más familias de trabajadores rurales.
En la cosecha pasada, las empresas transnacionales, y son pocas (Basf, Bayer, Monsanto, Du Pont, Sygenta, Bungue, Shell química…), celebraron que Brasil se transformó en el mayor consumidor mundial de venenos agrícolas. ¡Fueron vertidos 713 millones de toneladas! Una media de 3.700 kilos por cada brasileño. Estos venenos son de origen químico y permanecen en la naturaleza. Degradan el suelo. Contaminan las aguas. Y sobre todo se acumulan en los alimentos. Los cultivos que más usan venenos son: caña de azúcar, soja, arroz, maíz, tabaco, tomate, patata, uva, fresas y hortalizas. Todo esto dejará residuos en su estómago. Y en su organismo afectan a las células y algún día pueden transformarse en cáncer.
Pregunten a los científicos de nuestro Instituto Nacional del Cáncer, centro de referencia de la investigación nacional, ¿cuál es el principal origen del cáncer después del tabaco?
La Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, de Brasil) denunció que existen en el mercado más de veinte productos agrícolas no recomendables para la salud humana. Pero nadie coloca un aviso en los rótulos de los alimentos, ni los retira de las estanterías. Antiguamente era permitido que la soja y el aceite de soja tuviesen apenas 0,2 mg/kg de residuos del veneno glifosato, para no afectar a la salud. De repente, la Anvisa autorizó que los productos derivados de la soja pudiesen tener hasta 10,0 mg/kg de glifosato, 50 veces más. Ello ocurrió ciertamente por presión de la Monsanto, pues el residuo del glifosato aumentó con la soja transgénica de su propiedad.
Eso mismo está aconteciendo ahora con los derivados del maíz. Después que fue aprobado el cultivo de maíz transgénico, lo que aumenta el uso de venenos, quieren ampliar la posibilidad de residuos del 0,1 mg/kg permitido actualmente para 1,0 mg/kg.
Existen otros muchos ejemplos de las consecuencias de los agrotóxicos. El doctor Vanderley Pignati, investigador de la UFMT (Universidad Federal de Mato Groso, Brasil), reveló en sus pesquisas que en los municipios que tienen gran producción de soja y uso intensivo de venenos los índices de abortos y malformaciones de fetos son cuatro veces mayores que la media del Estado.
Nosotros hemos defendido que es preciso valorizar la agricultura familiar, campesina, que es la única que puede producir sin venenos y de manera diversificada. El agro negocio, para tener escala y grandes beneficios, solo consigue producir con venenos y expulsando a los trabajadores hacia las ciudades.
Y usted paga la cuenta, con el aumento del éxodo rural, de las "favelas" y con el aumento de la incidencia del veneno en su alimento.
Por eso defender la agricultura familiar y la reforma agraria, que es una forma de producir alimentos sanos, es una cuestión nacional, de toda la sociedad. No es más un problema de los sin tierra. Y es por eso que cada vez que el MST y Vía Campesina se movilizan contra el agro negocio, las empresas transnacionales, sus vehículos de comunicación y sus diputados y senadores, nos atacan tanto. Porque están en disputa dos modelos de producción. Está en disputa a qué intereses debe de atender la producción agrícola: ¿tan solo el beneficio o la salud y el bienestar de la población?
Los ricos saben de lo que estamos hablando y tratan de consumir apenas productos orgánicos. Y usted precisa decidirse. ¿De qué lado está?
- João Pedro Stedile es Miembro de la Coordinación Nacional del MST y de la Vía Campesina Brasil
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