El año que termina es el año el cual sumamos la militancia de un grupo de compañeros a los restos formales de la mesa local de CTA para que esta vuelva a funcionar como tal.
El año que se inicia requiere sumar otros compañeros a nuestra presencia para consolidarnos y poder avanzar institucionalmente.
En cualquiera de los escenarios es preciso superar cualquier límite que la realidad nos imponga con militancia.
Por eso esta vieja- aunque siempre vigente- nota de José Pablo Fenmann de la década del 80 que rescatamos de la recordada Revista Humor Registrado y que hoy queremos compartir con Uds.
¿Qué es un militante?
Por José Pablo Feinmann
Un militante es alguien que ha encontrado una verdad que los trasciende. No es una verdadera velada. No es una verdad divina. No es, ni siquiera, una verdad permanente, segura, como un anclaje firme que otorga cimientos y sosiego a una vida entera.
No corren buenos tiempos para los militantes. No corren buenos tiempos para nadie. Pero el militante no utiliza la \" mala temporalidad \" para \" matar el tiempo\". No se entrega. No es heroico, pero es quizás obstinado. Es frecuente que repita lo que empeñosamente le dicen. \"Todo esto es un desastre, no tiene arreglo, marchamos hacia un nuevo fracaso, la historia nos juega en contra. \" Pero todo este tremendismo no tiene poder de apabullarlo. Repito: no es un héroe. Simplemente quiere vivir. Simplemente no se conforma con aceptar que otros han decidido ya su vida, su futuro, sus módicas ambiciones y su muerte. Pero sabe - lúcidamente lo sabe- que si acepta lo que quieren que acepte, ni morir se necesitará. Porque ya estará muerto. Alguien dijo alguna vez: \" Vivamos de tal modo que nuestra muerte sea una injusticia. \" Una muerte - no dramaticemos por favor- es solamente un hecho más de nuestra vida, un hecho (esto sí) final, que patéticamente revela nuestros límites. Pero el militante sabe que tiene su vida. Y quizás, porque conoce los tiempos que corren, no se ha propuesto nada tan grandioso como la toma del Palacio de Invierno.
Quizás, sencillamente, no busca la inmortalidad. Ha aceptado con calma, ha atravesado su correspondiente y dolorosa crisis cuando esa verdad se le reveló (\" no sólo mueren los demás, también voy a morir yo, sobre todo yo, cosa increíble, y en ese momento, como y todos, voy a estar solo \") pero tampoco esta revelación lo ha destruido. Al hacerlo, conscientemente o no, ha tirado por la borda íntegramente a Dostoyevsky. Todo ese tremendismo eslavo le es ajeno. \"La única causa de la conciencia es la inacción.\" Si Dios no existe, todo está permitido\". Stravrroguin, Kirillov, Iván Karamazov, militaban en otra causa. Blasfemaban todo el día contra la muerte y vivieron muertos. ¿Acaso podía ocurrir de otro modo?
La militancia en la Argentina tuvo en el pasado una relación con la muerte hermanada con el existencialismo trágico, no sólo con Dostoyevsky sino especialmente con Nietzsche. Pero eso pasó y no estoy hablando de aquellos militantes, de los del ´73, tan fervientes, tan desmesurados, tan seguros de tener la historia como inclaudicable aliada. No, hablo de los de hoy. Y éstos de hoy saben que tienen que vivir. Y que aunque no vivirán una vida grandiosa (los tiempos no dan para tanto) harán lo necesario por estorbar un poco. Y si es posible - porque la política y la historia son, afortunadamente, improbables- harán también algo más.
Militancia y Producción
Uno de los lúcidos y obstinados proyectos del régimen militar-financiero en la argentina fue la aniquilación del aparato productivo. La desaparición de los centros de trabajo, de los precisos puntos nodales del circuito productivo que generaban la confluencia de la clase trabajadora, su organizatividad y su concientización, no podía ser sino fundamental para un régimen que requería desmovilización, la desconcientización y la marginación del pueblo argentino La desnacionalización de la economía, o más exactamente el reemplazo del circuito productivo por el circuito financiero, no produce sólo un resultado, digamos estructural, materialmente verificable en la organización económica de la sociedad, produce también un resultado humano. Se destruye al hombre. Se lo destruye como ser social, solidario. Se lo trasnforma en un indivualista hosco, temeroso y agresivo. Se lo transforma en un marginado. Y donde aparece el marginado muere el militante. Se ha podido verificar en ciertos actos peronistas del cercano 17 de octubre. Los obreros que concurrieron en representación de sus gremios, nucleados por la mediación del trabajo organizado, fueron pocos. Los demás van sueltos. O evidencian la pobre organizatividad del marginado: colorida, bochinchera, agresiva, pero profundamente dispersa. Dispersa en sus consignas, confusa en sus adhesiones, teñidas de un folklore sobre el que se enanca el poder languideciente pero real de cierto peronismo. Un peronismo arcaico, marginal, ligado al matonaje y no a la lucha, que es también un resultado - un exacto resultado- del poder militar-financiero. La Argentina financiera generó un argentino que es la antítesis del militante. Llenó el país de \" hombres libres \", de \" trabajadores libres \", \" individuales\". Llenó el país de \" cuentapropistas \". Era la hora del \" sálvese quien pueda \".Apareció el \" argentino taiwanés \", el \" argentino del plazo fijo \", el \"argentino de la bicicleta financiera \".El argentino taiwanés (desdeñando a los sujetos) se sumergió en la idolatría de los objetos. Para el argentino del plazo fijo, un día no era un espacio temporal en el que podían aguardarlo mil experiencias hondamente humanas; un día se cotizaba en las pizarras financieras y valía tanto como un dólar marginal, no más, no menos. Este argentino tiene una mirada fija, casi no parpadea, no mira a sus costados, ignora a sus semejantes, su horizonte es sólo una pizarra en una financiera, allí se dibuja su destino cuantificable. Y el argentino de la bicicleta es el que pedalea solo, el que se entrega a los mil artilugios del engaño disfrazado de viveza. La destrucción del aparato productivo, además, arrojó a innumerables trabajadores a la marginación y la extrema pobreza. Y no existe ninguna dialéctica revolucionaria entre pobreza y conciencia de clase.(Atención: hablo aquí de \"pobreza\" en tanto marginación del circuito productivo). Los marginales poblaron las páginas policiales del amabilísimo periodístico. Aquí fueron confinados. Antes formaban comisiones internas, asistían a las asambleas de sus gremios, votaban sus conducciones. Ahora transitan oscuramente por los suburbios. Eran obreros, eran compañeros, hoy son seres desesperados arrojados a la delincuencia y el lumpenaje.
En la Argentina, entonces, la activación del aparato productivo no es sólo necesaria por razones económicas, sino por razones humanas y políticas. Para que la solidaridad, el compañerismo y la militancia vuelvan a surgir entre nosotros, hay que crearles un lugar. Este lugar es el trabajo.
Militancia y trascendencia.
Un militante, por el contrario, cree en la solidaridad social. No es un \"individuo\" en el pobre sentido que del individuo tiene el liberalismo burgués. Nada tiene que ver con Hobbes. Lo ha superado. Sabe que su individualidad se realiza en el grupo. Su incorporación al trabajo, a la producción, a su grupo de pertenencia, a su clase social, lo incorpora a la solidaridad, al compañerismo, a la amistad sincera. Para decirlo claro: lo humaniza. Un militante es un ser en constante proceso de humanización. Su militancia lo hará mejor padre, mejor hombre de su mujer, mejor amigo de sus amigos. Sabe que habita este mundo para luchar junto a los demás, no para usarlos. El militante respeta el trabajo. No porque sea un sometido, sino, porque sabe que en el trabajo está su poder, su organizatividad y el sentido final de su militancia: la justicia social. Y también porque sabe que por fuera del trabajo, no sólo está la miseria económica, sino la otra: la social y la humana. La que hará de él un apartado, un egoísta, un resentido y hasta un delincuente. El militante, es necesario repetirlo, cree en una verdad que lo trasciende y da sentido a su vida. Esta verdad es su ideología, la ideología que comparte con sus compañeros y expresa su lucidez. La ideología que hace de él un sujeto y no un objeto de la historia. La ha amasado, a esta ideología, durante años, la ha padecido, la ha cuestionado, la ha asumido cotidianamente. Porque cotidianamente intentan quitársela, se la oscurecen y deforman desde las pantallas de la TV o desde las radios. Aparecen allí, frente a él, en su hogar, hombres cultivados, con buenos modales, racionales hasta el asombro y vértigo, implacables, que le dicen que no, que está equivocado, que todo está bien, o que todo está mal, pero que, en todo caso, nada está como él cree. ¿Cómo lucha contra toda esa insidiosa verborragia? Hablando con sus compañeros. Buscando la verdad donde está: en el grupo. Porque cuando los militantes son esto, militantes, y están unidos por sus intereses comunes, la verdad es una tenaz corriente eléctrica que los recorre y los une aniquilando el discurso del enemigo. Porque es cierto (según postula un diabólico axioma del pensamiento autoritario) que mil repeticiones hacen una verdad. Pero no es menos cierto que mil repeticiones pueden también aburrir, transformarse en un sonido apenas desagradable y persistente. En suma inaudible. El militante es un hombre que tiene una razón para vivir. Y más también. Cierta vez dijo Camus\" Una razón para vivir es una razón para morir El militante, en efecto, puede llegar a morir por su causa. Pero en Argentina - hoy a esta altura de nuestra experiencia y de nuestro dolor- habrá que afirmar tenazmente que el momento más alto de realización de un militante es su vida (cualquiera de los infinitos actos en que su militancia lo ha comprometido) y no su muerte.
Los peligros de la militancia
La deshumanización acecha también al militante. Puede transformar su ideología en dogma, en obstinación y autoritarismo. Puede creerse más heroico. Puede confundir el desprecio por la vida con el coraje.
Puede enajenarse en su lucha. Puede olvidar las pequeñas cosas en nombre de los grandes ideales. Puede olvidar que los grandes ideales se persiguen y se conquistan para posibilitar las pequeñas cosas. Puede llegar a considerarse sólo el eficaz cuadro de una organización. Y hasta puede llegar al extravío de exigir también eso de los demás. Puede llegar a realizar esta frase de Brecht: \"Nosotros que nos unimos para luchar por la amistad entre los hombres, no supimos ser amigos\". El viejo problema de los medios y los fines se agitan detrás de éstas ideas. Pero si la militancia ha de servir para humanizar al militante, los fines deberán estar presentes en todos los medios. Porque el militante está vivo hoy, y es hoy, en cada uno de los actos que realiza para conquistar una sociedad más justa, donde están enteramente en juego su humanización o su envilecimiento.
jueves, 31 de diciembre de 2009
miércoles, 30 de diciembre de 2009
ENTRE RÍOS TIENE LOS SALARIOS PRIVADOS MÁS BAJOS DE LA REGIÓN CENTRO
Los trabajadores del sector privado entrerriano tienen los ingresos más bajos de la Región Centro, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Según la dependencia oficial, el salario privado promedio en la provincia de Santa Fe se ubicó en 2.420 pesos en el tercer trimestre de 2009, por encima de Córdoba, donde se perciben 2.249 pesos y Entre Ríos, donde se cobra 2.008 pesos. Los salarios promedio en el sector privado durante el tercer trimestre subieron el 18,2 por ciento con relación a igual período de 2008 y cayeron un 8,4 por ciento frente al trimestre anterior según el Indec. La disminución frente al segundo trimestre del año está ligada al efecto del pago del aguinaldo, se explicó desde el organismo. Los datos corresponden al informe Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, que se elabora a partir de datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).
El organismo precisó que la remuneración neta del tercer trimestre se ubicó en 2.703 pesos, contra los 2.953 pesos que había alcanzado al cierre del segundo trimestre. En el tercer trimestre de 2008 los salarios eran de 2.285 pesos. Las remuneraciones en la Patagonia duplican a los salarios que obtienen los mismos trabajadores en el norte del país.
El organismo precisó que los trabajadores del sector privado en Santa Cruz ganan 5.555 pesos, en Chubut 4.684 pesos, en Neuquén 4.379 pesos y en Tierra del Fuego, 4.278 pesos. En Río Negro la situación es distinta, ya que los salarios promedio son de 2.501 pesos. Las peores pagas se obtienen en el norte, donde se observa que en Tucumán los trabajadores privados ganan 1.790 pesos y en Santiago del Estero 1.772. Cerca de estas provincias aparece Misiones con sueldos de 1.858 pesos, Formosa con 1.877 y Chaco con 1.814. Por sectores, los trabajadores petroleros, de explotaciones de gas, carbón o uranio son los que perciben los salarios más altos, con un promedio mensual de 14.318 pesos, seguidos por los empleados de refinerías de petróleo, con 10.633 pesos.
Del mejor al peor
La distancia de 3.100 kilómetros que separa a las provincias de Santa Cruz y Santiago del Estero es menor a la diferencia salarial que existe entre los trabajadores de esas provincias. Mientras que un empleado privado nacido en la tierra del ex presidente Néstor Kirchner tiene el salario más alto del país con 5.555 pesos; un empleado santiagueño cobra una media de 1.772 pesos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Uno)
El organismo precisó que la remuneración neta del tercer trimestre se ubicó en 2.703 pesos, contra los 2.953 pesos que había alcanzado al cierre del segundo trimestre. En el tercer trimestre de 2008 los salarios eran de 2.285 pesos. Las remuneraciones en la Patagonia duplican a los salarios que obtienen los mismos trabajadores en el norte del país.
El organismo precisó que los trabajadores del sector privado en Santa Cruz ganan 5.555 pesos, en Chubut 4.684 pesos, en Neuquén 4.379 pesos y en Tierra del Fuego, 4.278 pesos. En Río Negro la situación es distinta, ya que los salarios promedio son de 2.501 pesos. Las peores pagas se obtienen en el norte, donde se observa que en Tucumán los trabajadores privados ganan 1.790 pesos y en Santiago del Estero 1.772. Cerca de estas provincias aparece Misiones con sueldos de 1.858 pesos, Formosa con 1.877 y Chaco con 1.814. Por sectores, los trabajadores petroleros, de explotaciones de gas, carbón o uranio son los que perciben los salarios más altos, con un promedio mensual de 14.318 pesos, seguidos por los empleados de refinerías de petróleo, con 10.633 pesos.
Del mejor al peor
La distancia de 3.100 kilómetros que separa a las provincias de Santa Cruz y Santiago del Estero es menor a la diferencia salarial que existe entre los trabajadores de esas provincias. Mientras que un empleado privado nacido en la tierra del ex presidente Néstor Kirchner tiene el salario más alto del país con 5.555 pesos; un empleado santiagueño cobra una media de 1.772 pesos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Uno)
martes, 29 de diciembre de 2009
DIEZ PUNTOS DE ACUERDO POR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad.
Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Firmas que aportan al consenso
El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS). Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense. Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria. También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur). En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria). Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza. Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT). Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.
Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Firmas que aportan al consenso
El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS). Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense. Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria. También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur). En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria). Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza. Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT). Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.
LA CTA PARANÁ RESPONDE A DECLARACIONES DEL GOBERNADOR
La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) de Paraná respondió a las declaraciones del gobernador Sergio Urribarri en las que criticó a los dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y consideró que “es necesario la generación de un ámbito de diálogo y consensos; y no apostar a la degradación institucional”. “El sistema de democracia participativa con el que cuenta la organización gremial, donde los destinos de los trabajadores no los decide la dirigencia gremial sino sus verdaderos actores que son sus bases, los propios trabajadores y trabajadoras”, expresaron en un comunicado. “El nuevo modelo sindical así lo determina, sin burocracias, sin estériles divisiones, ni sectarismos. El viejo modelo sindical sostenido por su dependencia del poder político y su grado de complicidad con el poder económico no sirve para canalizar las demandas de sus representados ni defender sus conquistas e intereses”, afirmaron desde el gremio.
Asimismo, sostuvieron en referencia a la relación de los gremios con el gobierno provincial que “el principio de autonomía sindical con respecto al Estado y a los partidos políticos y que sean los propios trabajadores los artífices de su destino, principio esencial para quiénes integramos nuestra central obrera; es lo que hace que el gobierno de la provincia caracterice hoy a nuestros dirigentes queriendo demonizarlos ante la sociedad entrerriana. Esta autonomía determina como los propios trabajadores articulan la lucha por sus reivindicaciones”.
“Si revalorizar la ética gremial, llevando adelante las políticas decididas por las bases como lo hacen día a día nuestros compañeros docentes es para el Sr. Gobernador pretender ser el guía de la dirigencia intermedia preguntándose donde lo conducen quiénes encabezan la AGMER. Es desvalorizar, menoscabar a los compañeros que a través de un proceso democrático de elección fueron electos conducción de la entidad”, remarcaron en referencia a los dichos de Sergio Urribarri y agregaron que “para la CTA no es prudente caracterizar con calificativos, el legítimo proceso interno de los trabajadores, es como intentar mirar la paja en el ojo ajeno”.
“Para ello, existen experiencias históricas del movimiento obrero que demuestran que el proceso de construcción y de lucha de los trabajadores se hace con ideología, dialogo, consenso y política”, continuaron en el documento.
“Diálogo y consensos que el gobierno no ha mantenido con los trabajadores docentes. Situación que así queda demostrada y ante los ojos de la comunidad como la falta de un plan alternativo por parte del gobierno provincial para con las estructuras edilicias de los establecimientos escolares destruidos, la falta de condiciones de salud y seguridad laboral para los trabajadores y sus alumnos, los bajos salarios, el trabajo en negro, los descuentos por días de huelga, derecho garantizado por nuestra Constitución Nacional”, dispararon.
“Al filo de la culminación del año, donde se ha agravado notoriamente la conflictividad social, tanto en el sector público y como en el privado y ante la responsabilidad institucional que tenemos ante la sociedad. Desde la Central, apelamos a la urgente necesidad de la creación de una mesa de diálogo donde podamos encontrar los principios esenciales y los consensos necesarios para destrabar el alto grado de conflictividad gremial y social. Debemos ser capaces de revalorizar las instituciones y no apostar a la degradación de las mismas, a los internismos y estériles divisiones”, concluyeron.
Asimismo, sostuvieron en referencia a la relación de los gremios con el gobierno provincial que “el principio de autonomía sindical con respecto al Estado y a los partidos políticos y que sean los propios trabajadores los artífices de su destino, principio esencial para quiénes integramos nuestra central obrera; es lo que hace que el gobierno de la provincia caracterice hoy a nuestros dirigentes queriendo demonizarlos ante la sociedad entrerriana. Esta autonomía determina como los propios trabajadores articulan la lucha por sus reivindicaciones”.
“Si revalorizar la ética gremial, llevando adelante las políticas decididas por las bases como lo hacen día a día nuestros compañeros docentes es para el Sr. Gobernador pretender ser el guía de la dirigencia intermedia preguntándose donde lo conducen quiénes encabezan la AGMER. Es desvalorizar, menoscabar a los compañeros que a través de un proceso democrático de elección fueron electos conducción de la entidad”, remarcaron en referencia a los dichos de Sergio Urribarri y agregaron que “para la CTA no es prudente caracterizar con calificativos, el legítimo proceso interno de los trabajadores, es como intentar mirar la paja en el ojo ajeno”.
“Para ello, existen experiencias históricas del movimiento obrero que demuestran que el proceso de construcción y de lucha de los trabajadores se hace con ideología, dialogo, consenso y política”, continuaron en el documento.
“Diálogo y consensos que el gobierno no ha mantenido con los trabajadores docentes. Situación que así queda demostrada y ante los ojos de la comunidad como la falta de un plan alternativo por parte del gobierno provincial para con las estructuras edilicias de los establecimientos escolares destruidos, la falta de condiciones de salud y seguridad laboral para los trabajadores y sus alumnos, los bajos salarios, el trabajo en negro, los descuentos por días de huelga, derecho garantizado por nuestra Constitución Nacional”, dispararon.
“Al filo de la culminación del año, donde se ha agravado notoriamente la conflictividad social, tanto en el sector público y como en el privado y ante la responsabilidad institucional que tenemos ante la sociedad. Desde la Central, apelamos a la urgente necesidad de la creación de una mesa de diálogo donde podamos encontrar los principios esenciales y los consensos necesarios para destrabar el alto grado de conflictividad gremial y social. Debemos ser capaces de revalorizar las instituciones y no apostar a la degradación de las mismas, a los internismos y estériles divisiones”, concluyeron.
HOMENAJE A UN DIRIGENTE DEL SINDICALISMO COMBATIVO A 33 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN
En recuerdo de Di Pascuale
Jorge Di Pascuale fue uno de los más destacados dirigentes del sindicalismo combativo y la resistencia peronista, codo a codo con Raymundo Ongaro, John William Cooke y Agustín Tosco. A los 27 años fue secretario general del Sindicato de Empleados de Farmacia, uno de los principales semilleros de la militancia peronista de base. Fue secretario de Prensa de las 62 Organizaciones, delegado personal de Juan Perón y miembro de la junta coordinadora de la CGT de los Argentinos en 1968. Jorge Di Pascuale nació el 28 de diciembre de 1930. Lo secuestró una patota de la dictadura otro 28 de diciembre, en 1976, el día de su cumpleaños. Hoy, también un 28 de diciembre, sus familiares y amigos podrán finalmente velar sus restos, ya que su cuerpo fue recuperado e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
“Fue el mejor dirigente que tuvimos –recuerda su compañero Alfredo Ferraresi, en diálogo con Página/12–. Era solidario, defensor de los derechos a muerte. Tenía una vocación de servicio natural, era un líder indiscutible. Y también era un tipo humilde, sólo que le gustaba empilchar bien, y a veces la gente se sorprendía de verlo vestido así.” Una anécdota grafica su personalidad: cuando comenzaron las persecuciones, desapariciones y asesinatos, les dijo a sus allegados: “Si me llega a pasar algo no pidan por mí, pidan por todos”. Fanático de Boca, cuando viajaba al exterior en su condición de delegado personal de Perón para los países socialistas, llamaba para enterarse las últimas novedades de su equipo. “No era un gran lector: leía la Paturuzito, El Gráfico y la revista Boca”, recuerda Ferraresi, que rescata que “era un tipo totalmente intuitivo, con mucha sabiduría natural, que sabía dar siempre con la justa.”
Su carrera comenzó temprano: a los 27 años fundó la lista Blanca del Sindicato de Empleados de Farmacia, cuando los gremios estaban intervenidos. Contra la recomendación del mismo Perón, la Blanca se presentó a elecciones y las ganó. “Ahí recibimos una carta suya en la que reconocía que se había equivocado y nos felicitaba por nuestro trabajo”, rememora Ferraresi. Desde ese momento el gremio de los farmacéuticos fue uno de los principales formadores de cuadros para la resistencia peronista, al punto que en esa época se decía que “el que no pasa por farmacia no se bautiza”. A partir de ahí siempre estuvo presente en la primera línea de la militancia de base. Incluso, en marzo de 1976, sus compañeros lo convencieron de que se exiliara en Venezuela, pero el exilio sólo duró tres meses. “Esto no es para mí”, dijo y volvió a luchar en el país. Tres días antes de que se acabara ese año, fue desaparecido.
El 14 de diciembre pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó sus restos, encontrados en una fosa común del cementerio de Avellaneda. Antes de ser asesinado (el reporte forense menciona “al menos tres proyectiles en cráneo, hombros y pelvis), pasó por el centro clandestino El Vesubio, donde varios sobrevivientes lo recuerdan dando ánimo a los otros prisioneros para resistir las torturas. Esta tarde será velado, desde las seis, en la sede de su sindicato, en Rincón 1044. “Vamos a hacer un acto que no sea necrológico, que sea de homenaje y recuerdo –explica Ferraresi–. Para nosotros esto significa una enorme conmoción pero también una revancha, porque ahora tenemos donde ponerle una flor. Es como haberlo recuperado de la dictadura para entregárselo a la democracia.”
Informe: Nicolás Lantos.
Jorge Di Pascuale fue uno de los más destacados dirigentes del sindicalismo combativo y la resistencia peronista, codo a codo con Raymundo Ongaro, John William Cooke y Agustín Tosco. A los 27 años fue secretario general del Sindicato de Empleados de Farmacia, uno de los principales semilleros de la militancia peronista de base. Fue secretario de Prensa de las 62 Organizaciones, delegado personal de Juan Perón y miembro de la junta coordinadora de la CGT de los Argentinos en 1968. Jorge Di Pascuale nació el 28 de diciembre de 1930. Lo secuestró una patota de la dictadura otro 28 de diciembre, en 1976, el día de su cumpleaños. Hoy, también un 28 de diciembre, sus familiares y amigos podrán finalmente velar sus restos, ya que su cuerpo fue recuperado e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
“Fue el mejor dirigente que tuvimos –recuerda su compañero Alfredo Ferraresi, en diálogo con Página/12–. Era solidario, defensor de los derechos a muerte. Tenía una vocación de servicio natural, era un líder indiscutible. Y también era un tipo humilde, sólo que le gustaba empilchar bien, y a veces la gente se sorprendía de verlo vestido así.” Una anécdota grafica su personalidad: cuando comenzaron las persecuciones, desapariciones y asesinatos, les dijo a sus allegados: “Si me llega a pasar algo no pidan por mí, pidan por todos”. Fanático de Boca, cuando viajaba al exterior en su condición de delegado personal de Perón para los países socialistas, llamaba para enterarse las últimas novedades de su equipo. “No era un gran lector: leía la Paturuzito, El Gráfico y la revista Boca”, recuerda Ferraresi, que rescata que “era un tipo totalmente intuitivo, con mucha sabiduría natural, que sabía dar siempre con la justa.”
Su carrera comenzó temprano: a los 27 años fundó la lista Blanca del Sindicato de Empleados de Farmacia, cuando los gremios estaban intervenidos. Contra la recomendación del mismo Perón, la Blanca se presentó a elecciones y las ganó. “Ahí recibimos una carta suya en la que reconocía que se había equivocado y nos felicitaba por nuestro trabajo”, rememora Ferraresi. Desde ese momento el gremio de los farmacéuticos fue uno de los principales formadores de cuadros para la resistencia peronista, al punto que en esa época se decía que “el que no pasa por farmacia no se bautiza”. A partir de ahí siempre estuvo presente en la primera línea de la militancia de base. Incluso, en marzo de 1976, sus compañeros lo convencieron de que se exiliara en Venezuela, pero el exilio sólo duró tres meses. “Esto no es para mí”, dijo y volvió a luchar en el país. Tres días antes de que se acabara ese año, fue desaparecido.
El 14 de diciembre pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó sus restos, encontrados en una fosa común del cementerio de Avellaneda. Antes de ser asesinado (el reporte forense menciona “al menos tres proyectiles en cráneo, hombros y pelvis), pasó por el centro clandestino El Vesubio, donde varios sobrevivientes lo recuerdan dando ánimo a los otros prisioneros para resistir las torturas. Esta tarde será velado, desde las seis, en la sede de su sindicato, en Rincón 1044. “Vamos a hacer un acto que no sea necrológico, que sea de homenaje y recuerdo –explica Ferraresi–. Para nosotros esto significa una enorme conmoción pero también una revancha, porque ahora tenemos donde ponerle una flor. Es como haberlo recuperado de la dictadura para entregárselo a la democracia.”
Informe: Nicolás Lantos.
MURIÓ LA ABANDERADA DE LOS CARASUCIAS
“Mónica estaba más preocupada por asegurar los regalos navideños para sus “carasucias” que por oír los avisos de su propio cuerpo. Testimonio de ello fueron sus últimas palabras: “Negrito –dijo ayer a su hijo–, quedate con los chicos, dale para adelante”.
Ricardo Carranza tendrá que trabajar duro para sostener el mandato materno. Y es que, en dieciocho años y sin ningún tipo de subvención política “cautiva”, Mónica logró montar una de las organizaciones no gubernamentales que más han batallado en torno a tres tópicos difíciles: “hambre”, “infancia de riesgo” y “violencia de género”. Ayer, Carranza dejó tras de sí un emporio que incluye un comedor que alimenta diariamente a 10 mil personas, una “granja” en Merlo (donde se da vivienda, atención psicológica, seguimiento médico y educación a un centenar de niños), dos hogares que albergan a 110 mujeres con sus hijos, una panadería donde se enseña el oficio a chicos de la calle, y un taller de capacitación y salida laboral para mujeres. Por todo esto, en 1997 ganó el premio a la Mujer del Año.”
“La vida de Carranza, se sabe, no fue fácil. Nació en Parque Patricios en una familia de once hermanos, y tras la muerte de su padre toda la prole fue separada y repartida a distintos institutos de menores. Mónica se escapó infinitas veces del encierro. Pasó la infancia y la adolescencia en la calle, y vivió todo lo que suele vivirse en esos casos: hambre, violencia sexual y episodios tremendos como el de ver a su propia hermana morir de hambre y frío. Fue entonces cuando tomo una decisión que a la vez era un deseo: crecer y armar un refugio para la gente sin techo.
Años después contrajo matrimonio y, en su propia casa de Mataderos, fundó el comedor Los Carasucias. La historia que siguió tampoco fue sencilla. En 1996, faltos de financiamiento, los Carranza hipotecaron su casa, alquilaron un galpón y salieron –junto con los voluntarios de la organización– a vender flores para pagar el alquiler. El trasfondo épico de la historia –al que se sumaron ollas populares para evitar desalojos y la atípica perseverancia de Carranza– terminó dando sus frutos, algunos de ellos mediáticos: Marcelo Tinelli donó una heladera y un televisor para el nuevo hogar, Paulo Coelho donó 4.500 libros y otra heladera, varios músicos hicieron conciertos a beneficio (desde grupos de bailanta hasta el Coro Kennedy), la Legislatura porteña le dio un subsidio de 12 mil dólares anuales y hasta hubo una bendición a cargo de Julio Grassi, quien entonces ya insistía con hacer felices a los niños.
“Una cosa es hablar de hambre y otra cosa es sentirla”, solía decir Carranza cada vez que se le preguntaba de dónde sacaba fuerzas para seguir adelante.”
(Extractado de Crítica Digital)
Ricardo Carranza tendrá que trabajar duro para sostener el mandato materno. Y es que, en dieciocho años y sin ningún tipo de subvención política “cautiva”, Mónica logró montar una de las organizaciones no gubernamentales que más han batallado en torno a tres tópicos difíciles: “hambre”, “infancia de riesgo” y “violencia de género”. Ayer, Carranza dejó tras de sí un emporio que incluye un comedor que alimenta diariamente a 10 mil personas, una “granja” en Merlo (donde se da vivienda, atención psicológica, seguimiento médico y educación a un centenar de niños), dos hogares que albergan a 110 mujeres con sus hijos, una panadería donde se enseña el oficio a chicos de la calle, y un taller de capacitación y salida laboral para mujeres. Por todo esto, en 1997 ganó el premio a la Mujer del Año.”
“La vida de Carranza, se sabe, no fue fácil. Nació en Parque Patricios en una familia de once hermanos, y tras la muerte de su padre toda la prole fue separada y repartida a distintos institutos de menores. Mónica se escapó infinitas veces del encierro. Pasó la infancia y la adolescencia en la calle, y vivió todo lo que suele vivirse en esos casos: hambre, violencia sexual y episodios tremendos como el de ver a su propia hermana morir de hambre y frío. Fue entonces cuando tomo una decisión que a la vez era un deseo: crecer y armar un refugio para la gente sin techo.
Años después contrajo matrimonio y, en su propia casa de Mataderos, fundó el comedor Los Carasucias. La historia que siguió tampoco fue sencilla. En 1996, faltos de financiamiento, los Carranza hipotecaron su casa, alquilaron un galpón y salieron –junto con los voluntarios de la organización– a vender flores para pagar el alquiler. El trasfondo épico de la historia –al que se sumaron ollas populares para evitar desalojos y la atípica perseverancia de Carranza– terminó dando sus frutos, algunos de ellos mediáticos: Marcelo Tinelli donó una heladera y un televisor para el nuevo hogar, Paulo Coelho donó 4.500 libros y otra heladera, varios músicos hicieron conciertos a beneficio (desde grupos de bailanta hasta el Coro Kennedy), la Legislatura porteña le dio un subsidio de 12 mil dólares anuales y hasta hubo una bendición a cargo de Julio Grassi, quien entonces ya insistía con hacer felices a los niños.
“Una cosa es hablar de hambre y otra cosa es sentirla”, solía decir Carranza cada vez que se le preguntaba de dónde sacaba fuerzas para seguir adelante.”
(Extractado de Crítica Digital)
domingo, 27 de diciembre de 2009
CTA ENTRE RÍOS REPUDIÓ LA REPRESIÓN CONTRA ARANDANEROS Y CONVOCÓ A MOVILIZARSE EL MIÉRCOLES 30
– La CTA de Entre Ríos emitió un comunicado donde repudia la represión del 21 de diciembre y cuestiona a actores vinculados a la problemática del arándano • Apunta concretamente al sector empresario y a “la dirigencia política cómplice de sus negocios y una policía pronta a defender sus intereses” • La Central exige además “el rápido esclarecimiento de los responsables que dieron y recibieron la orden de reprimir” • Asimismo, convocó a una movilización el miércoles 30.
El comunicado plantea que “existió una verdadera represión y cacería salvaje” sobre trabajadores del arándano que reclamaban el cobro del Programa Interzafra (programa elaborado en el ministerio de trabajo empleo y seguridad social de la Nación) y los municipios se adhieren mediante convenios.
La Central considera que “claro está que nuestra querida concordia sigue siendo una ciudad con una inocultable desigualdad”. Y pone como ejemplo que “los organismos del estado actuaron salvajemente en contra de aquellos que menos tienen, en éste caso trabajadores, mujeres, jóvenes y niños que tan siquiera intentaron llegar a la plaza para hacerse escuchar”.
Agrega que la represión policial no distinguió “sexo, edad, idea, religión o capacidad”, y que habría buscado “acallar las voces de los que no tienen nada”.
El documento, que reproduce Diario Ríos Uruguay, alude además al clima social especial que se vive cada fin de año en materia social. “Diciembre es predecible porque sabemos en carne propia lo que sucede en un sistema que privilegia a los ganadores de un sistema económico injusto”, se lee en ese sentido.
• Problemática del arándano
En otro tramo de documento de CTA se hace una dura crítica a actores económicos de la problemática del arándano. Antes de ello se alude a “los que quieren seguir ocultando mediante palabras su responsabilidad política”. Se agrega el énfasis en “los empresarios arandaneros que cuentan sus dólares a costilla de los trabajadores”.
No falta la referencia al dirigente del Sindicato de la Fruta, Alcides Camejo. “Los dirigentes que justifican la represión a cambio de dejar circular a los ciudadanos que solamente quieren comprar”, menciona.
Apunta además a “los que están cómodos en sus casas quinta dejando que el trabajo sucio lo haga una dirigencia política cómplice de sus negocios y una Policía pronta a defender sus intereses”.
Finalmente el comunicado exige “el rápido esclarecimiento de los responsables que dieron y recibieron la orden de reprimir”.
• Movilización
Para el miércoles 30, la CTA convocó a una movilización que se concentrará a las 8:30 de ese día en la Plaza Urquiza. Desde allí marcharan a la Plaza 25 de Mayo. Habrá un acto con la lectura de un documento y posterior desconcentración. Desde la organización de esta actividad se espera una “amplia participación” de sectores sociales, sindicales y políticos. (APF.Digital)
El comunicado plantea que “existió una verdadera represión y cacería salvaje” sobre trabajadores del arándano que reclamaban el cobro del Programa Interzafra (programa elaborado en el ministerio de trabajo empleo y seguridad social de la Nación) y los municipios se adhieren mediante convenios.
La Central considera que “claro está que nuestra querida concordia sigue siendo una ciudad con una inocultable desigualdad”. Y pone como ejemplo que “los organismos del estado actuaron salvajemente en contra de aquellos que menos tienen, en éste caso trabajadores, mujeres, jóvenes y niños que tan siquiera intentaron llegar a la plaza para hacerse escuchar”.
Agrega que la represión policial no distinguió “sexo, edad, idea, religión o capacidad”, y que habría buscado “acallar las voces de los que no tienen nada”.
El documento, que reproduce Diario Ríos Uruguay, alude además al clima social especial que se vive cada fin de año en materia social. “Diciembre es predecible porque sabemos en carne propia lo que sucede en un sistema que privilegia a los ganadores de un sistema económico injusto”, se lee en ese sentido.
• Problemática del arándano
En otro tramo de documento de CTA se hace una dura crítica a actores económicos de la problemática del arándano. Antes de ello se alude a “los que quieren seguir ocultando mediante palabras su responsabilidad política”. Se agrega el énfasis en “los empresarios arandaneros que cuentan sus dólares a costilla de los trabajadores”.
No falta la referencia al dirigente del Sindicato de la Fruta, Alcides Camejo. “Los dirigentes que justifican la represión a cambio de dejar circular a los ciudadanos que solamente quieren comprar”, menciona.
Apunta además a “los que están cómodos en sus casas quinta dejando que el trabajo sucio lo haga una dirigencia política cómplice de sus negocios y una Policía pronta a defender sus intereses”.
Finalmente el comunicado exige “el rápido esclarecimiento de los responsables que dieron y recibieron la orden de reprimir”.
• Movilización
Para el miércoles 30, la CTA convocó a una movilización que se concentrará a las 8:30 de ese día en la Plaza Urquiza. Desde allí marcharan a la Plaza 25 de Mayo. Habrá un acto con la lectura de un documento y posterior desconcentración. Desde la organización de esta actividad se espera una “amplia participación” de sectores sociales, sindicales y políticos. (APF.Digital)
RUMBO AL DESASTRE
Leonardo Boff
________________________________________
No me vienen otras palabras al asistir al melancólico desenlace de la COP-15sobre el cambio climático en Copenhague. La humanidad ha penetrado en una zona de tiniebla y de horror. Estamos yendo hacia el desastre. Años de preparación, diez días de discusión, la presencia de los principales líderes políticos del mundo... no fueron suficientes para despejar la tiniebla mediante un acuerdo consensuado de reducción de gases de efecto invernadero que impidiera llegar a los dos grados Celsius. Sobrepasado ese nivel y rozando los tres grados, el clima ya no será controlable, y quedaríamos entregados a la lógica del caos destructivo, amenazando la biodiversidad y diezmando millones y millones de personas.
El Presidente Lula, en su intervención en el día mismo de la clausura, el 18 de diciembre, fue el único que vino a decir la verdad: «Nos ha faltado inteligencia», porque los poderosos prefirieron negociar ventajas a salvar la vida de la Tierra y los seres humanos. Obama no aportó nada nuevo. Fue imperial, al imponer minuciosas condiciones a los pobres.
Dos lecciones se pueden sacar del fracaso de Copenhague: la primera es la conciencia colectiva de que el calentamiento es un hecho irreversible, del cual todos somos responsables, pero principalmente los países ricos. Y que ahora somos también responsables, cada uno en su medida, del control del calentamiento para que no sea catastrófico para la naturaleza y para la humanidad. La conciencia de la humanidad nunca más será la misma después de Copenhague. Si se dio esa conciencia colectiva, ¿por qué no se llegó a ningún consenso sobre las medidas de control de los cambios climáticos?
Aquí surge la segunda lección, que importa sacar de la COP-15 de Copenhague: el gran villano es el sistema del capital con su cultura consumista. Mientras mantengamos el sistema capitalista mundialmente articulado, será imposible un consenso que ponga en el centro la vida, la humanidad y la Tierra, y tomar medidas para salvarlas. Para el capitalismo la centralidad la tiene el lucro, la acumulación privada y el aumento de competitividad. Hace muco tiempo que distorsionó la naturaleza de la economía como la técnica y el arte que era de producción de los bienes necesarios para la vida. La transformó en una brutal técnica de creación de riqueza por sí misma, sin ninguna otra consideración. Esa riqueza ni siquiera es para ser disfrutada, sino para producir más riqueza, en una lógica obsesiva y sin freno.
Por eso es por lo que la ecología y el capitalismo se niegan mutuamente. No hay acuerdo posible. El discurso ecológico busca el equilibro de todos los factores, la sinergia con la naturaleza y el espíritu de cooperación. El capitalismo rompe con el equilibrio al sobreponerse a la naturaleza, establece una competición feroz entre todos y pretende sacar de la Tierra todo lo posible, hasta que ésta no pueda ya sostenerse. Si asume el discurso ecológico... es para hacer lucro con él.
Además, el capitalismo es incompatible con la vida. La vida pide cuidado y cooperación. El capitalismo sacrifica vidas, crea trabajadores que son verdaderos esclavos “pro témpore”, y adopta el trabajo infantil en varios países.
Los negociadores y los líderes políticos en Copenhague fueron rehenes de este sistema, que trafica, quiere obtener lucros, no duda en poner en riesgo el futuro de la vida. Su tendencia es auto-suicida. ¿Qué acuerdo podrá haber entre los lobos y los corderos, o sea, entre la naturaleza que clama pidiendo respeto y los que la devastan sin piedad?
Por eso, quien entiende la lógica del capital, no se sorprende con el fracaso de la COP-15 en Copenhague. El único que levantó la voz, solitaria, como un «loco» en una sociedad de «sabios», fue el Presidente Evo Morales, de Bolivia. «O superamos el capitalismo, o destruirá la Madre Tierra».
Nos guste o no nos guste, ésta es la pura verdad. Copenhague quitó la máscara del capitalismo, incapaz de conseguir consensos porque poco le importa la vida y la Tierra, sino las ventajas y los lucros materiales.
- Leonardo Boff es Teólogo
http://servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=360
http://www.alainet.org/active/35255
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No me vienen otras palabras al asistir al melancólico desenlace de la COP-15sobre el cambio climático en Copenhague. La humanidad ha penetrado en una zona de tiniebla y de horror. Estamos yendo hacia el desastre. Años de preparación, diez días de discusión, la presencia de los principales líderes políticos del mundo... no fueron suficientes para despejar la tiniebla mediante un acuerdo consensuado de reducción de gases de efecto invernadero que impidiera llegar a los dos grados Celsius. Sobrepasado ese nivel y rozando los tres grados, el clima ya no será controlable, y quedaríamos entregados a la lógica del caos destructivo, amenazando la biodiversidad y diezmando millones y millones de personas.
El Presidente Lula, en su intervención en el día mismo de la clausura, el 18 de diciembre, fue el único que vino a decir la verdad: «Nos ha faltado inteligencia», porque los poderosos prefirieron negociar ventajas a salvar la vida de la Tierra y los seres humanos. Obama no aportó nada nuevo. Fue imperial, al imponer minuciosas condiciones a los pobres.
Dos lecciones se pueden sacar del fracaso de Copenhague: la primera es la conciencia colectiva de que el calentamiento es un hecho irreversible, del cual todos somos responsables, pero principalmente los países ricos. Y que ahora somos también responsables, cada uno en su medida, del control del calentamiento para que no sea catastrófico para la naturaleza y para la humanidad. La conciencia de la humanidad nunca más será la misma después de Copenhague. Si se dio esa conciencia colectiva, ¿por qué no se llegó a ningún consenso sobre las medidas de control de los cambios climáticos?
Aquí surge la segunda lección, que importa sacar de la COP-15 de Copenhague: el gran villano es el sistema del capital con su cultura consumista. Mientras mantengamos el sistema capitalista mundialmente articulado, será imposible un consenso que ponga en el centro la vida, la humanidad y la Tierra, y tomar medidas para salvarlas. Para el capitalismo la centralidad la tiene el lucro, la acumulación privada y el aumento de competitividad. Hace muco tiempo que distorsionó la naturaleza de la economía como la técnica y el arte que era de producción de los bienes necesarios para la vida. La transformó en una brutal técnica de creación de riqueza por sí misma, sin ninguna otra consideración. Esa riqueza ni siquiera es para ser disfrutada, sino para producir más riqueza, en una lógica obsesiva y sin freno.
Por eso es por lo que la ecología y el capitalismo se niegan mutuamente. No hay acuerdo posible. El discurso ecológico busca el equilibro de todos los factores, la sinergia con la naturaleza y el espíritu de cooperación. El capitalismo rompe con el equilibrio al sobreponerse a la naturaleza, establece una competición feroz entre todos y pretende sacar de la Tierra todo lo posible, hasta que ésta no pueda ya sostenerse. Si asume el discurso ecológico... es para hacer lucro con él.
Además, el capitalismo es incompatible con la vida. La vida pide cuidado y cooperación. El capitalismo sacrifica vidas, crea trabajadores que son verdaderos esclavos “pro témpore”, y adopta el trabajo infantil en varios países.
Los negociadores y los líderes políticos en Copenhague fueron rehenes de este sistema, que trafica, quiere obtener lucros, no duda en poner en riesgo el futuro de la vida. Su tendencia es auto-suicida. ¿Qué acuerdo podrá haber entre los lobos y los corderos, o sea, entre la naturaleza que clama pidiendo respeto y los que la devastan sin piedad?
Por eso, quien entiende la lógica del capital, no se sorprende con el fracaso de la COP-15 en Copenhague. El único que levantó la voz, solitaria, como un «loco» en una sociedad de «sabios», fue el Presidente Evo Morales, de Bolivia. «O superamos el capitalismo, o destruirá la Madre Tierra».
Nos guste o no nos guste, ésta es la pura verdad. Copenhague quitó la máscara del capitalismo, incapaz de conseguir consensos porque poco le importa la vida y la Tierra, sino las ventajas y los lucros materiales.
- Leonardo Boff es Teólogo
http://servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=360
http://www.alainet.org/active/35255
sábado, 26 de diciembre de 2009
EL COSTO DE LLA CANASTA BÁSICA SUPERA LOS $ 1.636
Con una suba en un año de casi el 15 %, el costo de la canasta básica para una familia tipo en Paraná se ubica ya en 1.636,59 pesos, un 34 % por encima del salario de bolsillo que percibe un empleado del escalafón general de la Provincia, casi un 10% más de lo que cobra un maestro de grado sin antigüedad.
REPUDIO
Fernando "Nando" Acosta (ACTA)
El nombramiento de Nelly Arrieta de Blaquier como Embajadora Cultural en el Gobierno de Mauricio Macri, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provoca el repudio de la CTA Jujuy, por ser ésta integrante del Directorio de la Empresa Ledesma.
El apellido Blaquier, en Jujuy, es sinónimo de explotación laboral, ya que en Libertador General San Martín (ubicado a 120 km de San Salvador de Jujuy) se encuentra el Ingenio Ledesma S. A., que desde hace 100 años produce azúcar manchada con sangre.
Los Blaquier, también tienen clara responsabilidad en la violación de los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, donde intervinieron para defender sus propios intereses.
Vale como ejemplo de estas relaciones, el trato en la correspondencia de Carlos Pedro Blaquier con el entonces Ministro de Economía, José Alfredo Martinez de Hoz, que iban encabezadas con un “Querido Joe”.
La señora Nelly Arrieta de Blaquier, hija de Herminio Arrieta y Paulette Wollman (antiguos propietarios), Presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, cargo que ocupa desde 1977 y ex esposa del actual Presidente del Ingenio, Carlos Pedro Blaquier; fue Vicepresidenta del Directorio en los años de plomo, cuando en Libertador General San Martín (Departamento de Ledesma), se producían los llamados Apagones del terror.
El 20 de julio de 1976, se corta la luz en todo el departamento de Ledesma, mientras policías, gendarmes, militares y personal de la empresa ingresan a viviendas en los pueblos de Libertador, Calilegua y El Talar.
En vehículos de Ledesma son trasladados más de cuatrocientos trabajadores, profesionales y estudiantes. Quienes se encontraban estudiando en Tucumán, también son secuestrados y llevados a la provincia de Jujuy. Hoy contabilizamos 36 desaparecidos en el departamento Ledesma.
El miércoles 16 de diciembre el gobierno porteño la nombró Embajadora Cultural de la ciudad. Una forma grotesca de burlarse de los derechos humanos, de los familiares de detenidos desaparecidos y de los propios detenidos por razones políticas; al entender que un personaje como éste puede resultar un referente cultural.
Lamentablemente, los tiempos de la Justicia no siempre van tan rápido como quisieramos.
Ello debe generar en personajes como los Blaquier que especulen que nunca serán enjuiciados o imputados por secuestro o desaparición de personas, como ya ha sido testificado por distintos militantes en los Juicios por la Verdad, CONADEP y distintas causas penales que implican la responsabilidad de la Empresa Ledesma en el terrorismo de Estado.
Repudiamos enfáticamente esta distinción otorgada a una exponente de la clase patricia que se ha enriquecido a costa de la explotación del pueblo y el saqueo de nuestros bienes naturales y ha contribuido, toda vez que fue necesario, a interumpir el orden constitucional para avalar a las tiranías oligárquico-militares de turno.
Fernando "Nando" Acosta es Secretario General de la CTA Jujuy; Coordinador Nacional de la Constituyente Social.
El nombramiento de Nelly Arrieta de Blaquier como Embajadora Cultural en el Gobierno de Mauricio Macri, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provoca el repudio de la CTA Jujuy, por ser ésta integrante del Directorio de la Empresa Ledesma.
El apellido Blaquier, en Jujuy, es sinónimo de explotación laboral, ya que en Libertador General San Martín (ubicado a 120 km de San Salvador de Jujuy) se encuentra el Ingenio Ledesma S. A., que desde hace 100 años produce azúcar manchada con sangre.
Los Blaquier, también tienen clara responsabilidad en la violación de los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, donde intervinieron para defender sus propios intereses.
Vale como ejemplo de estas relaciones, el trato en la correspondencia de Carlos Pedro Blaquier con el entonces Ministro de Economía, José Alfredo Martinez de Hoz, que iban encabezadas con un “Querido Joe”.
La señora Nelly Arrieta de Blaquier, hija de Herminio Arrieta y Paulette Wollman (antiguos propietarios), Presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, cargo que ocupa desde 1977 y ex esposa del actual Presidente del Ingenio, Carlos Pedro Blaquier; fue Vicepresidenta del Directorio en los años de plomo, cuando en Libertador General San Martín (Departamento de Ledesma), se producían los llamados Apagones del terror.
El 20 de julio de 1976, se corta la luz en todo el departamento de Ledesma, mientras policías, gendarmes, militares y personal de la empresa ingresan a viviendas en los pueblos de Libertador, Calilegua y El Talar.
En vehículos de Ledesma son trasladados más de cuatrocientos trabajadores, profesionales y estudiantes. Quienes se encontraban estudiando en Tucumán, también son secuestrados y llevados a la provincia de Jujuy. Hoy contabilizamos 36 desaparecidos en el departamento Ledesma.
El miércoles 16 de diciembre el gobierno porteño la nombró Embajadora Cultural de la ciudad. Una forma grotesca de burlarse de los derechos humanos, de los familiares de detenidos desaparecidos y de los propios detenidos por razones políticas; al entender que un personaje como éste puede resultar un referente cultural.
Lamentablemente, los tiempos de la Justicia no siempre van tan rápido como quisieramos.
Ello debe generar en personajes como los Blaquier que especulen que nunca serán enjuiciados o imputados por secuestro o desaparición de personas, como ya ha sido testificado por distintos militantes en los Juicios por la Verdad, CONADEP y distintas causas penales que implican la responsabilidad de la Empresa Ledesma en el terrorismo de Estado.
Repudiamos enfáticamente esta distinción otorgada a una exponente de la clase patricia que se ha enriquecido a costa de la explotación del pueblo y el saqueo de nuestros bienes naturales y ha contribuido, toda vez que fue necesario, a interumpir el orden constitucional para avalar a las tiranías oligárquico-militares de turno.
Fernando "Nando" Acosta es Secretario General de la CTA Jujuy; Coordinador Nacional de la Constituyente Social.
viernes, 25 de diciembre de 2009
CRÓNICA DEL ACTO: LO QUE NACE Y VUELVE A NACER EN LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ
Escrito por APe
Jueves, 24 de Diciembre de 2009 00:00
(APe).- Sobre un costado de la nave central de la iglesia, bajo su altísima bóveda, cuelga un lienzo multicolor llamado Paño de Cuaresma, que evoca una tradición medieval. Pero este lienzo, correspondiente a la décimo quinta estación del Via Crucis, es diferente. Lo pintó el compañero -Premio Nobel de la Paz- Adolfo Pérez Esquivel, y se titula “El resucitado acompaña al pueblo de Dios en su camino”. Allí se puede ver, en detalle, la compleja, rica, dolorosa y esperanzada realidad latinoamericana: niños de pies descalzos; hombres y mujeres que llevan en su piel los colores de la tierra; campesinos, religiosos, una muchedumbre con pancartas, antiguas ciudades incaicas, en la cumbre de los cerros. Y también la violencia, la represión, el duro territorio del desamor, disputándole unos palmos del lienzo a la vida. En el centro, marchando junto a los suyos, el Cristo resucitado.
Debajo del lienzo, esta tarde, casi como un espejo, vemos niños que tienen el color de la tierra, y que festejan los juegos y trucos del animador. En la nave central del templo y en las laterales, sentados o parados, hombres y mujeres. Y también pancartas, pancartas que dicen “El Hambre es un Crimen”, “Digamos basta”. O que dicen “Con ternura, venceremos”.
Fue bastante fácil, entonces, en el momento culminante de la reunión, que el cura Carlos Saracini, párroco de la Santa Cruz, empuñara su guitarra y entonara consignas que al instante fueron coreadas por todos. Carlos, micrófono en mano, habló de nacimientos, en Belén o acá muy cerca, hace dos mil años o ahora mismo. Y habló de esos niños que quieren vivir, aquí y allá, y de los Herodes que no los dejan.
Después, les habló a chicos y grandes Alba Lanzillotto, Abuela de la Plaza. La iglesia de la Santa Cruz no es cualquier iglesia, recordamos. Es el sitio que guarda la memoria de las primeras mujeres –madres, abuelas, monjas- que se pusieron de pie frente al terror.
Después de las palabras de Alba, las actrices Leonor Manso y Cristina Banegas, y el pastor Arturo Blatezky, iniciaron una lectura a cuatro voces de la convocatoria de esta campaña, escrita por Alberto Morlachetti, y ya incorporada a la memoria de los Chicos del Pueblo. En esa memoria transitan, como hermanos mayores que no se terminan de despedir, el obispo Jorge Novak. Y el curita Carlos Cajade. Y Walter, Matucho, Juan, Mariel, Manuel, Ana, David, Luis, Ángel, Lucio, Gaby. Y tantos. En esa memoria desfilan en el recuerdo, los pibes y pibas de las primeras marchas, de los primeros textos, de los primeros sueños, cachuzos, de cambiar la vida.
Han pasado 23 años. Mucho fue construido; y mucho también barrido por un país ingrato y cruel que sacrifica todos los días a su infancia. Pero de todo, incluso de lo bueno, nos quedan las marcas, nos quedan los símbolos. Todo eso estaba presente en esta tarde de la Santa Cruz.
A su turno, de ecuménica forma, el cura Carlos invitó al pastor Blatezky a bendecir los panes y los niños. El pastor dijo las palabras exactas: “Estos niños, estos niños que están aquí, son nuestra bendición”.
Laura y Diego leyeron adhesiones y cartas, algunas enviadas desde muy lejos. También fueron mencionadas las personalidades y organizaciones que, con gran esfuerzo y voluntad, estaban presentes. Cada nombre y cada lugar de la patria (e incluso de la Banda Oriental), al ser leído o mencionado, recibía un aplauso.
Siguieron los coros y canciones y hacia el final llegó una nueva bendición, esta vez en boca del cura Carlos, seguida del saludable rito de compartir el pan, reafirmando el compromiso de luchar hasta que el hambre, el crimen del hambre, sea sólo un mal recuerdo, un dato de las épocas oscuras de nuestra patria.
Con murgas y con títeres, con un antes, un mientras y un después, aquí en la iglesia de la Santa Cruz, se cumplió la última jornada de la campaña 2009 “El Hambre es un Crimen”. Fue como un anticipo de la Natividad, de la Navidad, del Nacimiento de ese Niño que es todos los niños, y de una Esperanza que resume todas las esperanzas, las que están en ese lienzo que pintó Adolfo, las que están más abajo, en el espejo de los chicos que ríen y las que están fuera del templo, confundidas con las voces y los sentires de la calle.
Entre las obras del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo que estuvieron presentes, se contaron:
Che Pibe, Villa Fiorito
Pelota de Trapo, Avellaneda
El Palomar, Lomas de Zamora
Hogar Juan XXIII, Avellaneda
Asociación Campo Flores, Mendoza
Murgas Los Amigos, Las Heras, Mendoza
Sensemaya, Maipú, Mendoza
Granja Siquem, Río IV, Córdoba
Asociación Engranajes, Villa Constitución, Santa Fe
Sol Naciente, José C. Paz
Asociación Civil Matecito, Hurlingham
Casa Joven Lasalle, Matanza
Red El Encuentro, José C. Paz
Red Andando, Moreno
Acompañaron a los chicos del pueblo:
Pastor Arturo Blatesky
Padre Pepe di Paola
Rubén Dri
Padre Coco Romanín
Hna. Renza Bono
Hno. Carlos Albornoz
Padre Daniel Echeverría
Hna. Liliana Marsano
Vicente Zito Lema
Cristina Banegas
Leonor Manso
Roberto (Tito) Cossa
Lorenzo Quinteros
Sergio Elguezabal
Patricia Zangaro
Ingrid Pellicori
Mónica Santibañez
Susana Torres Molina
Arturo Goetz
Alfredo Grande
Diana Kordon
Alberto Croce
Alba Lanzillotto
Víctor De Genaro
Hugo Cachorro Godoy
Carlos Custer
Carlos Chile
Ricardo Peidro
Víctor Mendibil
Hugo Cañón
Marta Maffei
Silvia Almazán
Marisa Graham
Alejandro Olmos Gaona
Dr. Beinusz Szmukler
Darío Perillo
Gabriel Martínez
Claudia Cesaroni
Norberto Liwski
Marcos Guillén
Diputada Liliana Parada
COMFAR
MEDH
Iglesia Evangélica Metodista
Espacio Ecuménico
Orden de la Compañía de María
Instituto de Relaciones Ecuménicas
Parroquia Santa Cruz
Parroquia Cristo Obrero
Parroquia San Patricio
MTL Movimiento Territorial de Liberación
MOI Movimiento de Ocupantes e Inquilinos
Médicos del Mundo Argentina
Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados
Coordinadora Jubilados y Pensionistas del Uruguay
Juventud de la CTA Capital Federal
Escuela de Danzas Corazón Libre, CCC Matanza
Mesa de Trabajo por la Infancia, Rosario
CCC Rosario
Proyecto Sur Rosario
Okupando Levitas, Rosario
Organizaciones del Oeste, Santa Fe
Arte por Libertad, Rosario
FeTERA
Asamblea Plaza Borrego
SES
Jaguata, Gualeguaychú, Entre Ríos
Todo empieza por tus manos, Villa 26 bis
Colegio Don Bosco, Avellaneda
Hogar Betania
Hogar Peldaños
CEBS Carlos Mujica
Militantes por la Vida, Gualeguaychú, Entre Ríos
Oyitas, Red de comedores infantiles y comunidades autogestivas
Hogares Madre Teresa, Cáritas Quilmes
Fundación Alborada
Fundación Redes Solidarias
DNI Defensa de Niños y Niñas Internacional, Sección Argentina
Mano a mano por la vida, Villa Jardín, Lanús
Capilla Madre La Esperanza, La Boca
Coyke
Centro Comunitario Barrio Mitre
Jueves, 24 de Diciembre de 2009 00:00
(APe).- Sobre un costado de la nave central de la iglesia, bajo su altísima bóveda, cuelga un lienzo multicolor llamado Paño de Cuaresma, que evoca una tradición medieval. Pero este lienzo, correspondiente a la décimo quinta estación del Via Crucis, es diferente. Lo pintó el compañero -Premio Nobel de la Paz- Adolfo Pérez Esquivel, y se titula “El resucitado acompaña al pueblo de Dios en su camino”. Allí se puede ver, en detalle, la compleja, rica, dolorosa y esperanzada realidad latinoamericana: niños de pies descalzos; hombres y mujeres que llevan en su piel los colores de la tierra; campesinos, religiosos, una muchedumbre con pancartas, antiguas ciudades incaicas, en la cumbre de los cerros. Y también la violencia, la represión, el duro territorio del desamor, disputándole unos palmos del lienzo a la vida. En el centro, marchando junto a los suyos, el Cristo resucitado.
Debajo del lienzo, esta tarde, casi como un espejo, vemos niños que tienen el color de la tierra, y que festejan los juegos y trucos del animador. En la nave central del templo y en las laterales, sentados o parados, hombres y mujeres. Y también pancartas, pancartas que dicen “El Hambre es un Crimen”, “Digamos basta”. O que dicen “Con ternura, venceremos”.
Fue bastante fácil, entonces, en el momento culminante de la reunión, que el cura Carlos Saracini, párroco de la Santa Cruz, empuñara su guitarra y entonara consignas que al instante fueron coreadas por todos. Carlos, micrófono en mano, habló de nacimientos, en Belén o acá muy cerca, hace dos mil años o ahora mismo. Y habló de esos niños que quieren vivir, aquí y allá, y de los Herodes que no los dejan.
Después, les habló a chicos y grandes Alba Lanzillotto, Abuela de la Plaza. La iglesia de la Santa Cruz no es cualquier iglesia, recordamos. Es el sitio que guarda la memoria de las primeras mujeres –madres, abuelas, monjas- que se pusieron de pie frente al terror.
Después de las palabras de Alba, las actrices Leonor Manso y Cristina Banegas, y el pastor Arturo Blatezky, iniciaron una lectura a cuatro voces de la convocatoria de esta campaña, escrita por Alberto Morlachetti, y ya incorporada a la memoria de los Chicos del Pueblo. En esa memoria transitan, como hermanos mayores que no se terminan de despedir, el obispo Jorge Novak. Y el curita Carlos Cajade. Y Walter, Matucho, Juan, Mariel, Manuel, Ana, David, Luis, Ángel, Lucio, Gaby. Y tantos. En esa memoria desfilan en el recuerdo, los pibes y pibas de las primeras marchas, de los primeros textos, de los primeros sueños, cachuzos, de cambiar la vida.
Han pasado 23 años. Mucho fue construido; y mucho también barrido por un país ingrato y cruel que sacrifica todos los días a su infancia. Pero de todo, incluso de lo bueno, nos quedan las marcas, nos quedan los símbolos. Todo eso estaba presente en esta tarde de la Santa Cruz.
A su turno, de ecuménica forma, el cura Carlos invitó al pastor Blatezky a bendecir los panes y los niños. El pastor dijo las palabras exactas: “Estos niños, estos niños que están aquí, son nuestra bendición”.
Laura y Diego leyeron adhesiones y cartas, algunas enviadas desde muy lejos. También fueron mencionadas las personalidades y organizaciones que, con gran esfuerzo y voluntad, estaban presentes. Cada nombre y cada lugar de la patria (e incluso de la Banda Oriental), al ser leído o mencionado, recibía un aplauso.
Siguieron los coros y canciones y hacia el final llegó una nueva bendición, esta vez en boca del cura Carlos, seguida del saludable rito de compartir el pan, reafirmando el compromiso de luchar hasta que el hambre, el crimen del hambre, sea sólo un mal recuerdo, un dato de las épocas oscuras de nuestra patria.
Con murgas y con títeres, con un antes, un mientras y un después, aquí en la iglesia de la Santa Cruz, se cumplió la última jornada de la campaña 2009 “El Hambre es un Crimen”. Fue como un anticipo de la Natividad, de la Navidad, del Nacimiento de ese Niño que es todos los niños, y de una Esperanza que resume todas las esperanzas, las que están en ese lienzo que pintó Adolfo, las que están más abajo, en el espejo de los chicos que ríen y las que están fuera del templo, confundidas con las voces y los sentires de la calle.
Entre las obras del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo que estuvieron presentes, se contaron:
Che Pibe, Villa Fiorito
Pelota de Trapo, Avellaneda
El Palomar, Lomas de Zamora
Hogar Juan XXIII, Avellaneda
Asociación Campo Flores, Mendoza
Murgas Los Amigos, Las Heras, Mendoza
Sensemaya, Maipú, Mendoza
Granja Siquem, Río IV, Córdoba
Asociación Engranajes, Villa Constitución, Santa Fe
Sol Naciente, José C. Paz
Asociación Civil Matecito, Hurlingham
Casa Joven Lasalle, Matanza
Red El Encuentro, José C. Paz
Red Andando, Moreno
Acompañaron a los chicos del pueblo:
Pastor Arturo Blatesky
Padre Pepe di Paola
Rubén Dri
Padre Coco Romanín
Hna. Renza Bono
Hno. Carlos Albornoz
Padre Daniel Echeverría
Hna. Liliana Marsano
Vicente Zito Lema
Cristina Banegas
Leonor Manso
Roberto (Tito) Cossa
Lorenzo Quinteros
Sergio Elguezabal
Patricia Zangaro
Ingrid Pellicori
Mónica Santibañez
Susana Torres Molina
Arturo Goetz
Alfredo Grande
Diana Kordon
Alberto Croce
Alba Lanzillotto
Víctor De Genaro
Hugo Cachorro Godoy
Carlos Custer
Carlos Chile
Ricardo Peidro
Víctor Mendibil
Hugo Cañón
Marta Maffei
Silvia Almazán
Marisa Graham
Alejandro Olmos Gaona
Dr. Beinusz Szmukler
Darío Perillo
Gabriel Martínez
Claudia Cesaroni
Norberto Liwski
Marcos Guillén
Diputada Liliana Parada
COMFAR
MEDH
Iglesia Evangélica Metodista
Espacio Ecuménico
Orden de la Compañía de María
Instituto de Relaciones Ecuménicas
Parroquia Santa Cruz
Parroquia Cristo Obrero
Parroquia San Patricio
MTL Movimiento Territorial de Liberación
MOI Movimiento de Ocupantes e Inquilinos
Médicos del Mundo Argentina
Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados
Coordinadora Jubilados y Pensionistas del Uruguay
Juventud de la CTA Capital Federal
Escuela de Danzas Corazón Libre, CCC Matanza
Mesa de Trabajo por la Infancia, Rosario
CCC Rosario
Proyecto Sur Rosario
Okupando Levitas, Rosario
Organizaciones del Oeste, Santa Fe
Arte por Libertad, Rosario
FeTERA
Asamblea Plaza Borrego
SES
Jaguata, Gualeguaychú, Entre Ríos
Todo empieza por tus manos, Villa 26 bis
Colegio Don Bosco, Avellaneda
Hogar Betania
Hogar Peldaños
CEBS Carlos Mujica
Militantes por la Vida, Gualeguaychú, Entre Ríos
Oyitas, Red de comedores infantiles y comunidades autogestivas
Hogares Madre Teresa, Cáritas Quilmes
Fundación Alborada
Fundación Redes Solidarias
DNI Defensa de Niños y Niñas Internacional, Sección Argentina
Mano a mano por la vida, Villa Jardín, Lanús
Capilla Madre La Esperanza, La Boca
Coyke
Centro Comunitario Barrio Mitre
miércoles, 23 de diciembre de 2009
CTA PARANÁ SOLICITÓ QUE NO SE PERMITA A COTO PARTICIPAR DEL REPARTO DE LA CUOTA HILTON
La Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) seccional Paraná expresó su solidaridad a los 20 trabajadores despedidos del hipermercado Coto. Asimismo, envió una carta documento a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que solicitó que se suspenda a la empresa de la participación en los concursos públicos para la asignación de la Cuota Hilton. La intención de la medida es que la firma reincorpore a los empleados cesanteados. Para la Central, la firma Coto “representa a uno de los grupos nacionales de mayor concentración en Argentina y junto a otras ‘ejecutoras del modelo de hambre’ en el país, demuestra una total desaprensión y desvalorización de la condición humana de los trabajadores, importándole solamente su máxima ganancia”.
En ese marco, entendió que “esta empresa no puede ser beneficiaria de una asignación de índole pública y económica por parte del Estado nacional, al carecer la misma de sensibilidad y compromiso social”.
“Una vez y para siempre debemos introducir en la agenda pública el debate para definir si se protege a estos grupos o de lo contrario se realiza un fuerte impulso al mercado interno, alentando al desarrollo de las pymes locales, generando empleo genuino y estable”, reclamó la Central en un comunicado enviado a ANALISIS DIGITAL.
En ese marco, entendió que “esta empresa no puede ser beneficiaria de una asignación de índole pública y económica por parte del Estado nacional, al carecer la misma de sensibilidad y compromiso social”.
“Una vez y para siempre debemos introducir en la agenda pública el debate para definir si se protege a estos grupos o de lo contrario se realiza un fuerte impulso al mercado interno, alentando al desarrollo de las pymes locales, generando empleo genuino y estable”, reclamó la Central en un comunicado enviado a ANALISIS DIGITAL.
SE RECORDÓ EN PARANÁ DICIEMBRE DE 2001
En horas de la mañana del viernes, la CTA Paraná acompañó a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER-CTA) en el descubrimiento de placas recordatorias en memoria de Eloísa Paniagua y Romina Iturain, víctimas de la represión de diciembre de 2001. Los actos de homenaje se llevaron a cabo en las escuelas públicas a las que las niñas asitían: la Mariano Moreno y la Baxada del Paraná, respectivamente.
El homenaje se enmarca en el cronograma de actividades organizadas por la Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos, en recordación de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que cobraron la vida de 35 argentinos. César Baudino, secretario general de AGMER, expresó: “Para nosotros también esta semana es una semana de lucha como fueron aquellas jornadas y lo entendimos y lo charlamos con la familia porque nos parecía que los educadores y la escuela pública no podían dejar en el olvido la tragedia de esas dos criaturas de nuestra escuela".
El homenaje se enmarca en el cronograma de actividades organizadas por la Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos, en recordación de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que cobraron la vida de 35 argentinos. César Baudino, secretario general de AGMER, expresó: “Para nosotros también esta semana es una semana de lucha como fueron aquellas jornadas y lo entendimos y lo charlamos con la familia porque nos parecía que los educadores y la escuela pública no podían dejar en el olvido la tragedia de esas dos criaturas de nuestra escuela".
martes, 22 de diciembre de 2009
ACTO EN LA PARROQUIA SANTA CRUZ: EL HAMBRE ES UN CRIMEN
Miércoles 23 de Diciembre - 19 horas
Parroquia Santa Cruz
Estados Unidos 3150, Capital Federal
Nos juntamos el 23 de Diciembre, tiempo de advenimiento de la esperanza, que vive y pervive en las luchas de nuestro pueblo que intenta inclaudicablemente un mundo de justicia y de ternura.
Una Delegación local integrada por una decena de compañeros allegados al Movimiento de los Chicos del Pueblo participará de dicho encuentro.
Parroquia Santa Cruz
Estados Unidos 3150, Capital Federal
Nos juntamos el 23 de Diciembre, tiempo de advenimiento de la esperanza, que vive y pervive en las luchas de nuestro pueblo que intenta inclaudicablemente un mundo de justicia y de ternura.
Una Delegación local integrada por una decena de compañeros allegados al Movimiento de los Chicos del Pueblo participará de dicho encuentro.
CIUDADANOS BAJITOS
Por Mario Wainfeld
Son más de tres millones y medio los menores cuyos padres perciben la asignación universal. Los funcionarios que la instrumentan confían en llegar antes del fin del verano a cinco millones y medio. La cifra empardaría la de chicos cubiertos con las asignaciones familiares contributivas, que cobran los trabajadores formalizados. Las cantidades dan cuenta de la magnitud de la medida, cuyos efectos seguramente se propagarán veloces en el consumo y en el mercado local. Después, se estima, las incorporaciones serán más pausadas. Queda afuera un conjunto, indeterminado pero quizá cercano al millón de pibes, sin documentación, que deberán transitar por esos trámites previos.
La ampliación de la esfera de ciudadanía, el shock keynesiano, son efectos innegables y virtuosos, que halagan válidamente la autoestima oficial. Queda pendiente, empero, una labor ineludible que es corregir desviaciones legales, de implementación y de trámite que dejan afuera del derecho universal a quienes les corresponde. Sirve, al efecto, una precisión conceptual: en materia de planes sociales es más grave el “error de exclusión” (desamparar a alguien con derecho) que el “error de inclusión” (sumar a quien no corresponde). El principio general (que contradice pulsiones periodísticas y de ciertas ONG especializadas en pesquisar a los pobres) se redobla en un programa de pretensión universal.
El decreto original fue reglamentado, las dos normas contienen exclusiones impropias. La burocracia de la Anses, que en el trazo grueso ha rendido bien, añade seres de carne y hueso a la casuística de la discriminación. Vayan algunos ejemplos, que no agotan la lista:
El más injusto es el que excluye a los hijos de trabajadores informales que ganen por encima del salario mínimo vital y móvil (smvm). La discriminación es patente pues no les cabe a los laburantes “en blanco”, cualquiera fuera su sueldo.
Las empleadas domésticas formalizadas, dejadas de lado en el decreto, fueron incorporadas pero también se les impuso el indebido techo del smvm.
El aporte accesorio por escolaridad (20 por ciento de la mensualidad) se paga contra acreditación de escolaridad en establecimientos públicos. Dado que el sistema educativo admite las escuelas privadas, la segregación es incorrecta. Peca de incongruencia, además, porque el Estado fomenta este sector y lo subsidia generosamente, lo que hace que muchas cobren aranceles mínimos o sean gratuitas. Desde un ángulo costumbrista resaltemos que muchas familias eligen estas escuelas pues le ofrecen el anzuelo de más días efectivos de clase. Desde el ángulo del espíritu de la ley es obvio que los papás que se sacrifican por esa opción (opinable pero cobijada por la ley) cumplen el mandato que se les exige, escolarizar a los hijos.
Los monotributistas quedaron excluidos. Muchos de ellos son personas de bajos ingresos, en buena proporción trabajadores de temporada que laboran pocos meses al año. La supresión buscó precaver abusos de gentes de clase media de nivel alto pero sin ingresos probados. Ese prurito de la Casa Rosada, reproducido por la Anses, trastrueca el criterio sobre el “error de exclusión”.
En la práctica, esa traba se acentuó porque se está negando el ingreso universal a hijos de un trabajador informal (o una doméstica) y de otro monotributista. Esos chicos no son titulares de ninguna asignación. A los de trabajadores formales siempre les toca una. Y si los dos padres están formalizados, pueden elegir la más alta (que se corresponde al salario más bajo). Otra diferenciación inexplicable.
Entre los funcionarios que trabajan la cuestión, hay dos tendencias marcadas. Los que reconocen, off the record más vale, la impertinencia de esas limitaciones, pero las justifican para evitar excesos de los demandantes. Ellos prometen que, cuando se haya concretado la masa de las inscripciones, se repararán esas desviaciones. También hay otros que porfían en que el sistema es justo, incluyendo esas marginaciones.
La polémica fáctica entre los obsesionados por los errores de exclusión y los que priorizan los de inclusión alude a cientos de miles de menores. Ciudadanos bajitos que claman por ser iguales a sus pares, sin distingos basados en la suspicacia que desvirtúa en parte la (formidable) pretensión universal de la medida.
Son más de tres millones y medio los menores cuyos padres perciben la asignación universal. Los funcionarios que la instrumentan confían en llegar antes del fin del verano a cinco millones y medio. La cifra empardaría la de chicos cubiertos con las asignaciones familiares contributivas, que cobran los trabajadores formalizados. Las cantidades dan cuenta de la magnitud de la medida, cuyos efectos seguramente se propagarán veloces en el consumo y en el mercado local. Después, se estima, las incorporaciones serán más pausadas. Queda afuera un conjunto, indeterminado pero quizá cercano al millón de pibes, sin documentación, que deberán transitar por esos trámites previos.
La ampliación de la esfera de ciudadanía, el shock keynesiano, son efectos innegables y virtuosos, que halagan válidamente la autoestima oficial. Queda pendiente, empero, una labor ineludible que es corregir desviaciones legales, de implementación y de trámite que dejan afuera del derecho universal a quienes les corresponde. Sirve, al efecto, una precisión conceptual: en materia de planes sociales es más grave el “error de exclusión” (desamparar a alguien con derecho) que el “error de inclusión” (sumar a quien no corresponde). El principio general (que contradice pulsiones periodísticas y de ciertas ONG especializadas en pesquisar a los pobres) se redobla en un programa de pretensión universal.
El decreto original fue reglamentado, las dos normas contienen exclusiones impropias. La burocracia de la Anses, que en el trazo grueso ha rendido bien, añade seres de carne y hueso a la casuística de la discriminación. Vayan algunos ejemplos, que no agotan la lista:
El más injusto es el que excluye a los hijos de trabajadores informales que ganen por encima del salario mínimo vital y móvil (smvm). La discriminación es patente pues no les cabe a los laburantes “en blanco”, cualquiera fuera su sueldo.
Las empleadas domésticas formalizadas, dejadas de lado en el decreto, fueron incorporadas pero también se les impuso el indebido techo del smvm.
El aporte accesorio por escolaridad (20 por ciento de la mensualidad) se paga contra acreditación de escolaridad en establecimientos públicos. Dado que el sistema educativo admite las escuelas privadas, la segregación es incorrecta. Peca de incongruencia, además, porque el Estado fomenta este sector y lo subsidia generosamente, lo que hace que muchas cobren aranceles mínimos o sean gratuitas. Desde un ángulo costumbrista resaltemos que muchas familias eligen estas escuelas pues le ofrecen el anzuelo de más días efectivos de clase. Desde el ángulo del espíritu de la ley es obvio que los papás que se sacrifican por esa opción (opinable pero cobijada por la ley) cumplen el mandato que se les exige, escolarizar a los hijos.
Los monotributistas quedaron excluidos. Muchos de ellos son personas de bajos ingresos, en buena proporción trabajadores de temporada que laboran pocos meses al año. La supresión buscó precaver abusos de gentes de clase media de nivel alto pero sin ingresos probados. Ese prurito de la Casa Rosada, reproducido por la Anses, trastrueca el criterio sobre el “error de exclusión”.
En la práctica, esa traba se acentuó porque se está negando el ingreso universal a hijos de un trabajador informal (o una doméstica) y de otro monotributista. Esos chicos no son titulares de ninguna asignación. A los de trabajadores formales siempre les toca una. Y si los dos padres están formalizados, pueden elegir la más alta (que se corresponde al salario más bajo). Otra diferenciación inexplicable.
Entre los funcionarios que trabajan la cuestión, hay dos tendencias marcadas. Los que reconocen, off the record más vale, la impertinencia de esas limitaciones, pero las justifican para evitar excesos de los demandantes. Ellos prometen que, cuando se haya concretado la masa de las inscripciones, se repararán esas desviaciones. También hay otros que porfían en que el sistema es justo, incluyendo esas marginaciones.
La polémica fáctica entre los obsesionados por los errores de exclusión y los que priorizan los de inclusión alude a cientos de miles de menores. Ciudadanos bajitos que claman por ser iguales a sus pares, sin distingos basados en la suspicacia que desvirtúa en parte la (formidable) pretensión universal de la medida.
lunes, 21 de diciembre de 2009
AQUELLAS ASAMBLEAS...
Norma Giarracca*
21.12.2009
Las semanas posteriores a las rebeliones del 19 y 20 de diciembre de 2001, parte del país experimentó un excepcional y significativo fenómeno político: tiempos asamblearios, calles y plazas con personas de todas las condiciones sociales tratando de decidir la gestión de la vida social de sus territorios. Aquellas asambleas mostraron una vez más en la historia moderna de las sociedades humanas que no hacen falta los sistemas de representación para intentar la puesta en acto de nuevos pensamientos políticos emancipadores. Aquellas asambleas tenían un hilo conductor que las reenviaba a tiempos en que las comunidades campesinas como las de Ucrania de comienzos de siglo o las de Aragón en 1936 se autoorganizaron para luchar contra órdenes injustos y opresivos pero también para construir en un “aquí y ahora” mundos “otros”, y las proyectaba a ese Oaxaca de 2006.
En todos los casos que mencionamos, como en nuestros propios tiempos asamblearios, la situación genera una gran inquietud y la “vieja política” interviene velozmente para restaurar “un orden”, cualquiera éste sea y cualquiera sea su costo. La vieja política (de partidos, de cuadros, de comisiones y comités) no tolera a los sujetos libres en el espacio público sin dirección y conducción.
Aquellas asambleas argentinas de 2002 fueron disolviéndose cuando lentamente las convencieron y se autoconvencieron de que sin partidos políticos, sin gobiernos tradicionales, sin tutelas estatales, las situaciones se tornan sumamente peligrosas; se convencieron de que los hombres/mujeres se vuelven lobos unos de los otros y que “la razonable y única salida” consiste en depositar nuevamente el poder instituyente.
Pero aquellos espíritus asamblearios se fueron desplazando a los bordes, a las literales fronteras, a esos sitios donde mejor se vislumbra la gramática del poder y emprendieron una nueva etapa. Los escenarios son los pueblos patagónicos y cordilleranos, pequeñas ciudades que se organizan y que disputan por sus territorios, por el agua, por los cerros, ríos y el mantenimiento de bosques, yungas y biodiversidad desde muchos siglos atrás.
Pero como en el 2002, se vuelven a considerar estos espacios asamblearios como carentes de organización, direcciones y hasta representaciones políticas parlamentarias y esto constituye un problema a resolver. Muchos grupos están dispuestos a otorgarles “lo que les falta” (organización, dirección, articulación, representación). Hace ocho años esa disputa se inició en las asambleas mismas y terminó con el voto de 2003 y el “país normal”. Hoy, con geografías desgarradas por la destrucción de territorios, con la tierra fumigada, los cerros dinamitados, el agua contaminada, las “muertes difusas” desparramadas por doquier (Mirta Antonelli) y con universidades colonizadas es difícil una nueva promesa de “país normal”.
Interrogo qué hubiese pasado con el fenómeno 2002-2003 si hubiese continuado. Nadie lo sabe, pero sí conocemos lo que pasó en estos años con partidos y organizaciones luchadoras en los registros de la vieja política; la otra posibilidad quedó invisibilizada. Por eso vale la pena recordar y además no ocultar la discusión dentro de estas asambleas de 2009.
* Socióloga. Coautora de Tiempos de rebelión: que se vayan todos.
21.12.2009
Las semanas posteriores a las rebeliones del 19 y 20 de diciembre de 2001, parte del país experimentó un excepcional y significativo fenómeno político: tiempos asamblearios, calles y plazas con personas de todas las condiciones sociales tratando de decidir la gestión de la vida social de sus territorios. Aquellas asambleas mostraron una vez más en la historia moderna de las sociedades humanas que no hacen falta los sistemas de representación para intentar la puesta en acto de nuevos pensamientos políticos emancipadores. Aquellas asambleas tenían un hilo conductor que las reenviaba a tiempos en que las comunidades campesinas como las de Ucrania de comienzos de siglo o las de Aragón en 1936 se autoorganizaron para luchar contra órdenes injustos y opresivos pero también para construir en un “aquí y ahora” mundos “otros”, y las proyectaba a ese Oaxaca de 2006.
En todos los casos que mencionamos, como en nuestros propios tiempos asamblearios, la situación genera una gran inquietud y la “vieja política” interviene velozmente para restaurar “un orden”, cualquiera éste sea y cualquiera sea su costo. La vieja política (de partidos, de cuadros, de comisiones y comités) no tolera a los sujetos libres en el espacio público sin dirección y conducción.
Aquellas asambleas argentinas de 2002 fueron disolviéndose cuando lentamente las convencieron y se autoconvencieron de que sin partidos políticos, sin gobiernos tradicionales, sin tutelas estatales, las situaciones se tornan sumamente peligrosas; se convencieron de que los hombres/mujeres se vuelven lobos unos de los otros y que “la razonable y única salida” consiste en depositar nuevamente el poder instituyente.
Pero aquellos espíritus asamblearios se fueron desplazando a los bordes, a las literales fronteras, a esos sitios donde mejor se vislumbra la gramática del poder y emprendieron una nueva etapa. Los escenarios son los pueblos patagónicos y cordilleranos, pequeñas ciudades que se organizan y que disputan por sus territorios, por el agua, por los cerros, ríos y el mantenimiento de bosques, yungas y biodiversidad desde muchos siglos atrás.
Pero como en el 2002, se vuelven a considerar estos espacios asamblearios como carentes de organización, direcciones y hasta representaciones políticas parlamentarias y esto constituye un problema a resolver. Muchos grupos están dispuestos a otorgarles “lo que les falta” (organización, dirección, articulación, representación). Hace ocho años esa disputa se inició en las asambleas mismas y terminó con el voto de 2003 y el “país normal”. Hoy, con geografías desgarradas por la destrucción de territorios, con la tierra fumigada, los cerros dinamitados, el agua contaminada, las “muertes difusas” desparramadas por doquier (Mirta Antonelli) y con universidades colonizadas es difícil una nueva promesa de “país normal”.
Interrogo qué hubiese pasado con el fenómeno 2002-2003 si hubiese continuado. Nadie lo sabe, pero sí conocemos lo que pasó en estos años con partidos y organizaciones luchadoras en los registros de la vieja política; la otra posibilidad quedó invisibilizada. Por eso vale la pena recordar y además no ocultar la discusión dentro de estas asambleas de 2009.
* Socióloga. Coautora de Tiempos de rebelión: que se vayan todos.
domingo, 20 de diciembre de 2009
LA "INEPSIA" SEGÚN CAPARRÓS
Dos artículos periodísticos brillantes de Martín Caparrós y un solo concepto: la “inepsia”.
La inepsia Pomar
Martín Caparrós
11.12.2009
El viernes pasado hablábamos de inepsia: de la culpable incapacidad que nos hemos acostumbrado a ejercer y tolerar. Y entonces este martes, por si quedaban dudas, la realidad decidió ofrecernos un ejemplo brutal: el misterio policial más resonante de los últimos tiempos se transformó de pronto en otra prueba de incompetencia extrema. Ya nadie ignora que el coche de la baqueteada familia apareció precisamente donde tenía que estar: volcado a un costado de la ruta por la que circulaba cuando desapareció. Parece un chiste –uno de esos muy malos, que un pesado se empeña en repetir a todas las visitas. Pero su gracia está en que no deja a nadie afuera: en que puso en evidencia tantas cosas.
A la prensa, para empezar por casa: nuestros medios se divirtieron durante tres semanas lanzando como información hipótesis y rumores sobre violencia familiar, narcotráfico, pasiones ocultas, parricidios varios, lo que los periodistas “investigaban” en los medios policiales y forenses a cargo del asunto. Cada vez más, nuestra prensa es un altoparlante para las versiones que quieren difundir los políticos, policías, empresarios, futbolistas y demás bataclanas: las famosas “fuentes”, que susurran al periodista lo que pretenden propagar –y que el periodista, falto de tiempo, quizá de ganas, quién sabe de pudor, tal vez de criterio, si acaso de dinero, suele reproducir y convertir en “información”. Así, nuestros medios terminan diciendo cualquier cosa. Lo sorprendente es que –inepsia mediante– tantos los leamos, miremos, escuchemos.
El chiste también expuso al gobierno bonaerense: la muerte Pomar nos permitió saber que el comandante Scioli había prometido, entre tantas otras cosas, reparar esa ruta provincial 31 que, parece, es un potrero; saber incluso que hace unos meses recibió del Banco Mundial un crédito de 50 millones para esos fines y que ni siquiera dibujó las obras. Pero no conseguimos sorprendernos; nos causa, digamos, la tristeza, el tedio de la comprobación de lo evidente. Y de otra evidencia repetida: que una de las pocas cosas que sí producen efectos en la Argentina actual son las muertes violentas. Por ellas se ha desatado el pánico a los chorros, por ellas se vuelve a hablar de la violencia policial en recitales y otros encuentros públicos, por ellas, ahora, es probable que la ruta 31 –o, digamos, algún tramo de la ruta 31– reciba el tratamiento que todas deberían. Si fuéramos un país serio deberíamos hacer como los antiguos cretenses: sortear cada ¿mes? a alguien –ellos buscaban vírgenes, pero no hay que ponerse quisquillosos– para entregarlo al monstruo y conseguir, gracias a esa muerte sacrificial, algo que realmente precisemos. Es, de todos modos, lo que hacemos, pero sin orden ni concierto; propongo que el mecanismo se organice y que el Estado se haga cargo: que perciba un impuesto, supervise el sorteo y mande los verdugos. Y decida quiénes van a cobrar el diego por sacarte del bolillero y a qué hora van a pasar el show por canal Siete para todos.
(No sería más que la aplicación de la más firme tradición católica apostólica en un país cuya constitución dice que la sostiene. Quizá sea por ella que acá sin muertes no conseguimos pensar nada. Me dijeron que los cristianos creen que hay alguien que murió torturado porque era la única forma de salvarlos de ciertos pecados; esto sería lo mismo pero sin cruz, que queda feo).
Así que –por ahora– las muertes Pomar probablemente sirvan, por lo menos, para que arreglen ese tramo de la ruta: es pobre, triste. Porque además es cierto que las muertes viales son las que menos valen, las que menos producen: como si formaran parte de la naturaleza, como si a eso también estuviéramos resignados. O como si nadie creyera que puede sacarles rédito político. En cualquier caso, contra ellas no se levantan los clamores que sí provocan los asaltos a tiros en la calle –y, sin embargo, el tránsito criminal mata cuatro veces más que los ladrones. A mí me parece mucho más detestable –y peligroso para sus congéneres– un nene de papá lanzado a 150 por la avenida porque se siente un vivo bárbaro, que un pobre turrito pobre que sale de caño para creerse que puede hacer algo en esta vida.
Las muertes de tránsito no son en absoluto inevitables: en muchos países las redujeron mucho; acá, tan poco. Porque son, otra vez, claro producto de la inepsia: la de los gobernantes que no proveen buena infraestructura ni controles serios pero, más, la de los ciudadanos: cantidad de gente que no sabe las reglas básicas –que no sabe por ejemplo quién tiene la prioridad de paso cuándo, que no sabe para qué sirven los cinturones, que no sabe manejar el coche que maneja– y, sobre todo, cantidad de gente que no sabe que no es inmortal: el grado más extremo y más idiota de la ignorancia.
Pero el chiste, por supuesto, ha colocado en la cima de la inepsia a la gloriosa Bonaerense. Si querían terminar de convencernos de lo que ya sabíamos no se les podía ocurrir mejor sketch: que centenares de policías –“efectivos” no parece la palabra indicada– no consigan encontrar un auto rojo en el lugar donde tenía que estar, al costado de la ruta donde se perdió, y que entonces se hayan pasado veinte días intoxicando a la población con todo tipo de versiones imposibles, es un logro extraordinario y despeja cualquier duda. No se les puede siquiera sospechar mala voluntad: les convenía encontrarlos rápido y simplemente no supieron, inepsia casi pura. Ésa es la policía a la que el comandante Scioli quiere entregar más armas para que “tiren a matar”.
Aunque sería simpático, tranquilizador si sólo fueran mayormente ineptos. El efecto más notorio del segurismo vigente consiste en hacernos olvidar que las policías argentinas son –salvo honrosísimas contadísimas excepciones– no sólo muy incapaces sino también, por tradición y vocación, muy peligrosas para todos. No sé si alguien lo hizo a propósito –yo desconfío, en principio, de las teorías conspirativas porque precisan cierta inteligencia– pero está claro que, gracias al segurismo, tantos ciudadanos que sabíamos que la policía era uno de los mayores peligros que podíamos enfrentar sentimos cierto raro alivio, ahora, a veces, cuando los vemos en la calle. Nos convencieron de que no hay mejor que el zorro para cuidar de nosotros gashinas.
Es un buen golpe sobre la opinión pública, la forma actual del gatopardismo de masas: cambiar la imagen sin cambiar más nada. Si algún gobierno quisiera mejorar de verdad la seguridad de sus ciudadanos tendría que empezar –empezar– por investigar en serio, veloz, ejecutivo, la enorme cantidad de denuncias judiciales y/o públicas sobre policías que mandan chicos a robar, que lucran con desarmaderos, prostíbulos y deliveries de merca, que extorsionan, que pagan por sus territorios –y tomar las medidas del caso. Pero claro, quién se atreve a ponerle el cascabel a esa bolsa de gatos celosos. Es la paradoja de los gobiernos argentinos: no pueden gobernar con ese poder paralelo que los desgasta cada día, no pueden gobernar sin apoyarse en ellos; saben que deberían rehacerlo de cabo a rabo, creen que no pueden.
Parece imposible. Pero nada parecía, hasta hace dos días, más imposible que encontrar a los Pomar en el lugar donde debían estar. Lo bueno del país de la inepsia es que, de puro ineptos, lo imposible sucede todo el tiempo.
(PD: mientras tanto queda, para la familia P., entre otras cosas, una duda módicamente shakespeariana. Acarician, se dice, la posibilidad de querellar al Estado provincial por no asistencia a persona en peligro, porque la señora P. no murió en el acto del accidente sino un poco después. Todo depende de cuánto sea ese poco: si alcanzaba para que un auxilio la salvara, o no. La autopsia, se supone, va a decirlo. Mientras esperan ese veredicto, los imagino debatiéndose entre el deseo de que su agonía –su sufrimiento horrible– no haya durado tanto y el deseo de que sí, para que justifique el juicio. Y hasta tendrían razones presentables: si duró, se dirían, por lo menos su muerte tiene algún sentido, le deja algo más a su pobre hijo. ¿Algún sentido? ¿Vale la pena ese sufrimiento para que el nene reciba esa plata? Bueno, si se pudiera elegir no, pero ya que pasó... No, pero cómo vas a querer eso. Y sí, a ella le gustaría saber que sirvió para algo. ¿Vos creés? –y así de seguido. Hay momentos en que la vida se pone cocorita y se divierte. La vida sí que no es inepta: crueldad pura).
Señor tontonero Stornelli
Martín Caparrós
18.12.2009
La inepsia alcanza cotas tremebundas. Un señor Stornelli, que dice que es el jefe de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, patrón de su famosa policía, presenta una denuncia en un juzgado diciendo que sospecha que integrantes de su policía reclutaron personas –menores y mayores, dijo– para matar a tres mujeres en el Gran Buenos Aires unos días atrás –y no se produce uno de esos brutos escándalos a los que la patria es tan aficionada.
A ver, de nuevo: el responsable político de la policía bonaerense dice que cree que sus subordinados hacen matar mujeres en las calles –y seguimos hablando de la lluvia. Peor: dice que lo hacen para vengarse de su gobierno porque les cortó un “negocio espurio” –y discutimos marcas de paraguas. Incluso: dice que lo hacen para producir reacciones populares contra su gobierno en alianza con sectores políticos de la oposición que no nombra ni define –y empezamos a charlar de pilotines. La noticia salió en algunos diarios este miércoles, en otros este jueves –y casi ninguno lo convirtió en título principal. Los medios, digo, lo cuentan con cierta displicencia; los ciudadanos no se exaltan como suelen exaltarse en estos tiempos. Y, sin embargo, otra vez: el jefe de los policías dice que sus policías hacen matar gente.
Y ni siquiera dice quién, ni siquiera dice cómo, ni siquiera nos cuenta que tiene policías más o menos confiables que investigaron a esos asesinos y que ha decidido proceder contra ellos –porque, en definitiva, él es su jefe. No, va a ver a un juez y le hace una denuncia, como si no tuviera los medios –y la obligación– de llevar adelante las gestiones necesarias para averiguar si eso que sospecha es cierto.
(Dejemos de lado el hecho –casi gracioso si no fuera patético– de que este señor Stornelli es, curiosamente, el mismo señor que, unos meses atrás, execró a un juez de La Plata, Luis Arias, porque dijo que su policía hacía lo que él mismo, ahora, dice que hace. Pero no es extraño: este señor Stornelli es, curiosamente, el mismo señor que en cuanto apareció –volcada– la familia Pomar dijo que la investigación había sido buena porque al fin los habían encontrado –y que ahora dice que tuvo errores garrafales.)
–¡Señor tontonero Stornelli, renuncie!
Pero nada de eso es significativo frente a la magnitud de lo que dice ahora: que la policía bonaerense mata o hace matar gente; que la policía bonaerense mata o hace matar gente para vengarse del poder político que le cortó un negocio; que la policía bonaerense mata o hace matar gente para vengarse del poder político que le cortó un negocio y que su venganza consiste en armarle puebladas al poder político en alianza con “la oposición”; que la policía bonaerense mata o hace matar gente para vengarse del poder político que le cortó un negocio y que su venganza consiste en armarle puebladas al poder político en alianza con “la oposición” y que él, su responsable, no puede hacer más que ir a denunciarlo a un juzgado.
–¡Señor tontonero Stornelli, renuncie!
Incluso su denuncia es curiosa. Para empezar, sólo cita “fuentes anónimas”, como si no pudiera saber con quién habla cuando habla o no tuviera los turlupines necesarios para hacerse cargo de lo que dice. Y el hecho de que su policía haga negocios sucios no parece molestarlo o sorprenderlo mucho; lo que lo lleva al juzgado es que –para defender esos negocios– mate o haga matar y, sobre todo, que lo haga para moverle el piso a su gobierno. A nadie le gusta que le muevan el piso sus subordinados, y el señor Stornelli decididó mostrarles su firmeza y valentía: fue a quejarse.
–¡Señor tontonero Stornelli, renuncie!
El asunto es una sucesión de despropósitos pero, en cualquier caso, lo que más me sorprende es que el público no reacciona en consecuencia. El pueblo porteño y granporteño, que se la pasa refunfuñando por la famosa inseguridad, que no suele recibir información tan extraordinaria como ésta, no reacciona. Me pregunto si será que ya están tan curtidos que lo que dice este señor Stornelli no les parece grave. No es probable; quizá por alguna razón –inimaginable, misteriosa, inverosímil– no creen en lo que dice este señor, no le creen: quizás imaginan que lo dice para desviar la atención de su propia inepsia en el caso Pomar y en los asesinatos recientes, quizás imaginan que lo dice para exculpar al gobierno poniéndolo en posición de víctima de estas sucias maniobras, quizás imaginan que lo dice para cobrarse alguna cuenta interna, quizás que lo dice para salvar su trascartón, quizá porque se fue de mambo con el vasco viejo; vaya a saber qué se imaginan pero, en cualquier caso, no le dan ni cinco. Lo cual podría dar hasta un poquito de pena por este señor: debe ser feo decir cosas tan brutas y que todos te miren así como si bué.
Puede que tengan razón. A mí se me complica. Lo que dice este señor Stornelli es extraordinario y, a menos que se me escape –una vez más– algo muy decisivo, me parece que merece una acción urgentísima: si el jefe de la seguridad dice que su policía anda matando gente no tiene que pasar ni media hora hasta que el poder político intervenga la fuerza, la investigue a fondo, la normalice de algún modo. Y que él, este señor, se quedó sin opciones: si es verdad que gente de su policía mata para presionar a su gobierno, su fracaso como responsable de esa institución es tan tremendo que tiene que irse anteanoche. Y si es mentira que gente de su policía mata para presionar a su gobierno y él lo dijo para obtener ventajitas políticas, no tiene que irse: debe de suicidarse con una ballenita ajada. Como diría el gran maestro zenzen:
–¡Señor tontonero Stornelli, renuncie, renuncie!
Y deje de desparramar su inepsia inmarcesible sobre el mundo, que ya tenemos toda la que necesitamos y una pizca más.
La inepsia Pomar
Martín Caparrós
11.12.2009
El viernes pasado hablábamos de inepsia: de la culpable incapacidad que nos hemos acostumbrado a ejercer y tolerar. Y entonces este martes, por si quedaban dudas, la realidad decidió ofrecernos un ejemplo brutal: el misterio policial más resonante de los últimos tiempos se transformó de pronto en otra prueba de incompetencia extrema. Ya nadie ignora que el coche de la baqueteada familia apareció precisamente donde tenía que estar: volcado a un costado de la ruta por la que circulaba cuando desapareció. Parece un chiste –uno de esos muy malos, que un pesado se empeña en repetir a todas las visitas. Pero su gracia está en que no deja a nadie afuera: en que puso en evidencia tantas cosas.
A la prensa, para empezar por casa: nuestros medios se divirtieron durante tres semanas lanzando como información hipótesis y rumores sobre violencia familiar, narcotráfico, pasiones ocultas, parricidios varios, lo que los periodistas “investigaban” en los medios policiales y forenses a cargo del asunto. Cada vez más, nuestra prensa es un altoparlante para las versiones que quieren difundir los políticos, policías, empresarios, futbolistas y demás bataclanas: las famosas “fuentes”, que susurran al periodista lo que pretenden propagar –y que el periodista, falto de tiempo, quizá de ganas, quién sabe de pudor, tal vez de criterio, si acaso de dinero, suele reproducir y convertir en “información”. Así, nuestros medios terminan diciendo cualquier cosa. Lo sorprendente es que –inepsia mediante– tantos los leamos, miremos, escuchemos.
El chiste también expuso al gobierno bonaerense: la muerte Pomar nos permitió saber que el comandante Scioli había prometido, entre tantas otras cosas, reparar esa ruta provincial 31 que, parece, es un potrero; saber incluso que hace unos meses recibió del Banco Mundial un crédito de 50 millones para esos fines y que ni siquiera dibujó las obras. Pero no conseguimos sorprendernos; nos causa, digamos, la tristeza, el tedio de la comprobación de lo evidente. Y de otra evidencia repetida: que una de las pocas cosas que sí producen efectos en la Argentina actual son las muertes violentas. Por ellas se ha desatado el pánico a los chorros, por ellas se vuelve a hablar de la violencia policial en recitales y otros encuentros públicos, por ellas, ahora, es probable que la ruta 31 –o, digamos, algún tramo de la ruta 31– reciba el tratamiento que todas deberían. Si fuéramos un país serio deberíamos hacer como los antiguos cretenses: sortear cada ¿mes? a alguien –ellos buscaban vírgenes, pero no hay que ponerse quisquillosos– para entregarlo al monstruo y conseguir, gracias a esa muerte sacrificial, algo que realmente precisemos. Es, de todos modos, lo que hacemos, pero sin orden ni concierto; propongo que el mecanismo se organice y que el Estado se haga cargo: que perciba un impuesto, supervise el sorteo y mande los verdugos. Y decida quiénes van a cobrar el diego por sacarte del bolillero y a qué hora van a pasar el show por canal Siete para todos.
(No sería más que la aplicación de la más firme tradición católica apostólica en un país cuya constitución dice que la sostiene. Quizá sea por ella que acá sin muertes no conseguimos pensar nada. Me dijeron que los cristianos creen que hay alguien que murió torturado porque era la única forma de salvarlos de ciertos pecados; esto sería lo mismo pero sin cruz, que queda feo).
Así que –por ahora– las muertes Pomar probablemente sirvan, por lo menos, para que arreglen ese tramo de la ruta: es pobre, triste. Porque además es cierto que las muertes viales son las que menos valen, las que menos producen: como si formaran parte de la naturaleza, como si a eso también estuviéramos resignados. O como si nadie creyera que puede sacarles rédito político. En cualquier caso, contra ellas no se levantan los clamores que sí provocan los asaltos a tiros en la calle –y, sin embargo, el tránsito criminal mata cuatro veces más que los ladrones. A mí me parece mucho más detestable –y peligroso para sus congéneres– un nene de papá lanzado a 150 por la avenida porque se siente un vivo bárbaro, que un pobre turrito pobre que sale de caño para creerse que puede hacer algo en esta vida.
Las muertes de tránsito no son en absoluto inevitables: en muchos países las redujeron mucho; acá, tan poco. Porque son, otra vez, claro producto de la inepsia: la de los gobernantes que no proveen buena infraestructura ni controles serios pero, más, la de los ciudadanos: cantidad de gente que no sabe las reglas básicas –que no sabe por ejemplo quién tiene la prioridad de paso cuándo, que no sabe para qué sirven los cinturones, que no sabe manejar el coche que maneja– y, sobre todo, cantidad de gente que no sabe que no es inmortal: el grado más extremo y más idiota de la ignorancia.
Pero el chiste, por supuesto, ha colocado en la cima de la inepsia a la gloriosa Bonaerense. Si querían terminar de convencernos de lo que ya sabíamos no se les podía ocurrir mejor sketch: que centenares de policías –“efectivos” no parece la palabra indicada– no consigan encontrar un auto rojo en el lugar donde tenía que estar, al costado de la ruta donde se perdió, y que entonces se hayan pasado veinte días intoxicando a la población con todo tipo de versiones imposibles, es un logro extraordinario y despeja cualquier duda. No se les puede siquiera sospechar mala voluntad: les convenía encontrarlos rápido y simplemente no supieron, inepsia casi pura. Ésa es la policía a la que el comandante Scioli quiere entregar más armas para que “tiren a matar”.
Aunque sería simpático, tranquilizador si sólo fueran mayormente ineptos. El efecto más notorio del segurismo vigente consiste en hacernos olvidar que las policías argentinas son –salvo honrosísimas contadísimas excepciones– no sólo muy incapaces sino también, por tradición y vocación, muy peligrosas para todos. No sé si alguien lo hizo a propósito –yo desconfío, en principio, de las teorías conspirativas porque precisan cierta inteligencia– pero está claro que, gracias al segurismo, tantos ciudadanos que sabíamos que la policía era uno de los mayores peligros que podíamos enfrentar sentimos cierto raro alivio, ahora, a veces, cuando los vemos en la calle. Nos convencieron de que no hay mejor que el zorro para cuidar de nosotros gashinas.
Es un buen golpe sobre la opinión pública, la forma actual del gatopardismo de masas: cambiar la imagen sin cambiar más nada. Si algún gobierno quisiera mejorar de verdad la seguridad de sus ciudadanos tendría que empezar –empezar– por investigar en serio, veloz, ejecutivo, la enorme cantidad de denuncias judiciales y/o públicas sobre policías que mandan chicos a robar, que lucran con desarmaderos, prostíbulos y deliveries de merca, que extorsionan, que pagan por sus territorios –y tomar las medidas del caso. Pero claro, quién se atreve a ponerle el cascabel a esa bolsa de gatos celosos. Es la paradoja de los gobiernos argentinos: no pueden gobernar con ese poder paralelo que los desgasta cada día, no pueden gobernar sin apoyarse en ellos; saben que deberían rehacerlo de cabo a rabo, creen que no pueden.
Parece imposible. Pero nada parecía, hasta hace dos días, más imposible que encontrar a los Pomar en el lugar donde debían estar. Lo bueno del país de la inepsia es que, de puro ineptos, lo imposible sucede todo el tiempo.
(PD: mientras tanto queda, para la familia P., entre otras cosas, una duda módicamente shakespeariana. Acarician, se dice, la posibilidad de querellar al Estado provincial por no asistencia a persona en peligro, porque la señora P. no murió en el acto del accidente sino un poco después. Todo depende de cuánto sea ese poco: si alcanzaba para que un auxilio la salvara, o no. La autopsia, se supone, va a decirlo. Mientras esperan ese veredicto, los imagino debatiéndose entre el deseo de que su agonía –su sufrimiento horrible– no haya durado tanto y el deseo de que sí, para que justifique el juicio. Y hasta tendrían razones presentables: si duró, se dirían, por lo menos su muerte tiene algún sentido, le deja algo más a su pobre hijo. ¿Algún sentido? ¿Vale la pena ese sufrimiento para que el nene reciba esa plata? Bueno, si se pudiera elegir no, pero ya que pasó... No, pero cómo vas a querer eso. Y sí, a ella le gustaría saber que sirvió para algo. ¿Vos creés? –y así de seguido. Hay momentos en que la vida se pone cocorita y se divierte. La vida sí que no es inepta: crueldad pura).
Señor tontonero Stornelli
Martín Caparrós
18.12.2009
La inepsia alcanza cotas tremebundas. Un señor Stornelli, que dice que es el jefe de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, patrón de su famosa policía, presenta una denuncia en un juzgado diciendo que sospecha que integrantes de su policía reclutaron personas –menores y mayores, dijo– para matar a tres mujeres en el Gran Buenos Aires unos días atrás –y no se produce uno de esos brutos escándalos a los que la patria es tan aficionada.
A ver, de nuevo: el responsable político de la policía bonaerense dice que cree que sus subordinados hacen matar mujeres en las calles –y seguimos hablando de la lluvia. Peor: dice que lo hacen para vengarse de su gobierno porque les cortó un “negocio espurio” –y discutimos marcas de paraguas. Incluso: dice que lo hacen para producir reacciones populares contra su gobierno en alianza con sectores políticos de la oposición que no nombra ni define –y empezamos a charlar de pilotines. La noticia salió en algunos diarios este miércoles, en otros este jueves –y casi ninguno lo convirtió en título principal. Los medios, digo, lo cuentan con cierta displicencia; los ciudadanos no se exaltan como suelen exaltarse en estos tiempos. Y, sin embargo, otra vez: el jefe de los policías dice que sus policías hacen matar gente.
Y ni siquiera dice quién, ni siquiera dice cómo, ni siquiera nos cuenta que tiene policías más o menos confiables que investigaron a esos asesinos y que ha decidido proceder contra ellos –porque, en definitiva, él es su jefe. No, va a ver a un juez y le hace una denuncia, como si no tuviera los medios –y la obligación– de llevar adelante las gestiones necesarias para averiguar si eso que sospecha es cierto.
(Dejemos de lado el hecho –casi gracioso si no fuera patético– de que este señor Stornelli es, curiosamente, el mismo señor que, unos meses atrás, execró a un juez de La Plata, Luis Arias, porque dijo que su policía hacía lo que él mismo, ahora, dice que hace. Pero no es extraño: este señor Stornelli es, curiosamente, el mismo señor que en cuanto apareció –volcada– la familia Pomar dijo que la investigación había sido buena porque al fin los habían encontrado –y que ahora dice que tuvo errores garrafales.)
–¡Señor tontonero Stornelli, renuncie!
Pero nada de eso es significativo frente a la magnitud de lo que dice ahora: que la policía bonaerense mata o hace matar gente; que la policía bonaerense mata o hace matar gente para vengarse del poder político que le cortó un negocio; que la policía bonaerense mata o hace matar gente para vengarse del poder político que le cortó un negocio y que su venganza consiste en armarle puebladas al poder político en alianza con “la oposición”; que la policía bonaerense mata o hace matar gente para vengarse del poder político que le cortó un negocio y que su venganza consiste en armarle puebladas al poder político en alianza con “la oposición” y que él, su responsable, no puede hacer más que ir a denunciarlo a un juzgado.
–¡Señor tontonero Stornelli, renuncie!
Incluso su denuncia es curiosa. Para empezar, sólo cita “fuentes anónimas”, como si no pudiera saber con quién habla cuando habla o no tuviera los turlupines necesarios para hacerse cargo de lo que dice. Y el hecho de que su policía haga negocios sucios no parece molestarlo o sorprenderlo mucho; lo que lo lleva al juzgado es que –para defender esos negocios– mate o haga matar y, sobre todo, que lo haga para moverle el piso a su gobierno. A nadie le gusta que le muevan el piso sus subordinados, y el señor Stornelli decididó mostrarles su firmeza y valentía: fue a quejarse.
–¡Señor tontonero Stornelli, renuncie!
El asunto es una sucesión de despropósitos pero, en cualquier caso, lo que más me sorprende es que el público no reacciona en consecuencia. El pueblo porteño y granporteño, que se la pasa refunfuñando por la famosa inseguridad, que no suele recibir información tan extraordinaria como ésta, no reacciona. Me pregunto si será que ya están tan curtidos que lo que dice este señor Stornelli no les parece grave. No es probable; quizá por alguna razón –inimaginable, misteriosa, inverosímil– no creen en lo que dice este señor, no le creen: quizás imaginan que lo dice para desviar la atención de su propia inepsia en el caso Pomar y en los asesinatos recientes, quizás imaginan que lo dice para exculpar al gobierno poniéndolo en posición de víctima de estas sucias maniobras, quizás imaginan que lo dice para cobrarse alguna cuenta interna, quizás que lo dice para salvar su trascartón, quizá porque se fue de mambo con el vasco viejo; vaya a saber qué se imaginan pero, en cualquier caso, no le dan ni cinco. Lo cual podría dar hasta un poquito de pena por este señor: debe ser feo decir cosas tan brutas y que todos te miren así como si bué.
Puede que tengan razón. A mí se me complica. Lo que dice este señor Stornelli es extraordinario y, a menos que se me escape –una vez más– algo muy decisivo, me parece que merece una acción urgentísima: si el jefe de la seguridad dice que su policía anda matando gente no tiene que pasar ni media hora hasta que el poder político intervenga la fuerza, la investigue a fondo, la normalice de algún modo. Y que él, este señor, se quedó sin opciones: si es verdad que gente de su policía mata para presionar a su gobierno, su fracaso como responsable de esa institución es tan tremendo que tiene que irse anteanoche. Y si es mentira que gente de su policía mata para presionar a su gobierno y él lo dijo para obtener ventajitas políticas, no tiene que irse: debe de suicidarse con una ballenita ajada. Como diría el gran maestro zenzen:
–¡Señor tontonero Stornelli, renuncie, renuncie!
Y deje de desparramar su inepsia inmarcesible sobre el mundo, que ya tenemos toda la que necesitamos y una pizca más.
jueves, 17 de diciembre de 2009
POR QUÉ DECIMOS NO A ESTE CÓDIGO AMBIENTAL
Porque este código no establece sanciones sobre los violadores de las leyes ambientales vigentes, no los pena ni administrativamente, ni penalmente, ni tampoco a pagar sumas de dinero por sus infracciones ambientales cometidas, que casi siempre son irreparables e irreversibles.
Tampoco legisla sobre sus derechos a decir NO a un emprendimiento o inversión contaminante, ósea usted no gozará de su derecho fundamental que es la licencia social, su único derecho será a esta audiencia pública no vinculante, que es la misma que usaron Botnia y Ence en esta región para aprobar sus proyectos; o sea es una estafa a la libertad y decisión de los pueblos que han usado las Corporaciones contaminantes hasta hoy.
Porque no prioriza el uso del agua a la población. La constitución provincial nueva impone claramente este derecho cuando dice: “Es un derecho humano fundamental el acceso al agua potable” (art. 85 del C.P.). No obstante este mandato constitucional el “borrador del código ambiental de Entre Ríos” que nos quieren imponer dice en su art. 5 “asegurar la mejor calidad de agua potable posible reduciendo los agentes contaminantes”. ¿Qué parámetro es la mejor agua posible? El agua es o no apta para el consumo humano y además el estado no debe “reducir” los efectos contaminantes sino “eliminarlos”.
¿Por qué? si la constitución provincial manda a cumplir que “el agua es un derecho humano fundamental” (art. 85) por qué quieren imponer en el art. 11 del borrador de este código ambiental propuesto lo siguiente: “Debemos velar, en especial por el derecho al agua, el suelo y el aire vitales para el desarrollo de la vida humana a todos los habitantes de esta provincias, (pero) respetando la que requieren actualmente el agro y las industrias”. Estas son justamente los que más contaminan las aguas superficiales, subterráneas y secan los acuíferos con sus monocultivos, ejemplo: eucaliptos globulus para Botnia).
¿Porque crea un “Consejo Consultor Ambiental” que estará únicamente conformados por todas las entidades gremiales agrarias que son las que han deforestado millones de hectáreas de montes nativos para plantar soja y desertificar las tierras que tenemos prestadas de las futuras generaciones?
Porque usted no podrá como ciudadano, miembro de una ONG o asociación cualquiera demandar legalmente por “acciones por daños ambientales colectivos”, porque si pierde el juicio “podrá ser condenado solidariamente a los gastos del juicio, honorarios de la parte contraria y al decuplo de las costas” art. 103 del borrador del código ambiental propuesto.
Por que crear el “Instituto de Recursos Naturales” en el art. 83 de este borrador del C.A., además con rango de Secretaría Ministerial que incluye la dirección de minería, de producción agrícola y desarrollo rural. Y en su art. 84 de este borrador del código ambiental dispone taxativamente “diseñar y ejecutar políticas provinciales de promoción y desarrollo minero, tanto sobre los recursos superficiales (tierra), como los del subsuelo profundo (acuíferos) y los que se encuentran en el lecho de los ríos (tenemos 37.000 kilómetros lineales de ríos para la explotación minera contaminante) y además en el art. 85 manda a este instituto ambiental a “propiciar la efectivización de políticas mineras para su expansión y consolidación”.
Es inadmisible en cualquier código ambiental del planeta que en el mismo “se promueva la actividad minera contaminante y destructiva de pueblos, biodiversidad, tierra, aguas y glaciares en toda Sudamérica”.
Porque la nueva constitución provincial en ninguno de sus cuatro y pocos artículos ambientales impone la obligación ni manda a hacer un código ambiental, si ordena a hacer un ente ambiental. Los abogados especialistas en derecho ambiental aseguran que un código ambiental “es un cuerpo de leyes dispuestas según un plan metódico y sistemático, es un libro de leyes”. En este código propuesto no figura ninguna de las ricas leyes ambientales que tiene vigente la provincia de Entre Ríos y que los funcionarios no las hacen cumplir, ósea los especialistas en derecho ambiental opinan enfáticamente que esta propuesta de código es deficiente, incompleta y dista de ser un código ambiental.
Gualeguaychú dice no a este código ambiental. Fundavida. Ipodagua. Organizaciones sociales de Gualeguaychú. Y siguen las firmas individuales.
Gualeguaychú dice Sí a: -control y sanciones a los violadores de leyes ambientales - licencia social provincial ¡ya! - régimen severo de sanciones ejemplificadoras. Ejemplos a imitar: el código ambiental de la República de Ecuador.
Art. 433.- El que envenenare o infectare, dolosamente, aguas potables, o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de la colectividad, será reprimido, por el solo acto del envenenamiento o infección, con reclusión mayor de cuatro a ocho años y multa de ciento a mil sucres.
Si el acto ha producido enfermedad, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce años; y si ha producido la muerte, la de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.
Art. 437 H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, será reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave. La pena será de prisión de dos o cuatro años cuando:
a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la modificación del régimen climático; o,
b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de agua a un centro poblado o sistema de irrigación.
En el código ambiental propuesto no hay un solo artículo de los 105 propuestos con esta dimensión de sanción ejemplificadora.
Opinión de Fundavida, Ipodagua y otras organizaciones
Tampoco legisla sobre sus derechos a decir NO a un emprendimiento o inversión contaminante, ósea usted no gozará de su derecho fundamental que es la licencia social, su único derecho será a esta audiencia pública no vinculante, que es la misma que usaron Botnia y Ence en esta región para aprobar sus proyectos; o sea es una estafa a la libertad y decisión de los pueblos que han usado las Corporaciones contaminantes hasta hoy.
Porque no prioriza el uso del agua a la población. La constitución provincial nueva impone claramente este derecho cuando dice: “Es un derecho humano fundamental el acceso al agua potable” (art. 85 del C.P.). No obstante este mandato constitucional el “borrador del código ambiental de Entre Ríos” que nos quieren imponer dice en su art. 5 “asegurar la mejor calidad de agua potable posible reduciendo los agentes contaminantes”. ¿Qué parámetro es la mejor agua posible? El agua es o no apta para el consumo humano y además el estado no debe “reducir” los efectos contaminantes sino “eliminarlos”.
¿Por qué? si la constitución provincial manda a cumplir que “el agua es un derecho humano fundamental” (art. 85) por qué quieren imponer en el art. 11 del borrador de este código ambiental propuesto lo siguiente: “Debemos velar, en especial por el derecho al agua, el suelo y el aire vitales para el desarrollo de la vida humana a todos los habitantes de esta provincias, (pero) respetando la que requieren actualmente el agro y las industrias”. Estas son justamente los que más contaminan las aguas superficiales, subterráneas y secan los acuíferos con sus monocultivos, ejemplo: eucaliptos globulus para Botnia).
¿Porque crea un “Consejo Consultor Ambiental” que estará únicamente conformados por todas las entidades gremiales agrarias que son las que han deforestado millones de hectáreas de montes nativos para plantar soja y desertificar las tierras que tenemos prestadas de las futuras generaciones?
Porque usted no podrá como ciudadano, miembro de una ONG o asociación cualquiera demandar legalmente por “acciones por daños ambientales colectivos”, porque si pierde el juicio “podrá ser condenado solidariamente a los gastos del juicio, honorarios de la parte contraria y al decuplo de las costas” art. 103 del borrador del código ambiental propuesto.
Por que crear el “Instituto de Recursos Naturales” en el art. 83 de este borrador del C.A., además con rango de Secretaría Ministerial que incluye la dirección de minería, de producción agrícola y desarrollo rural. Y en su art. 84 de este borrador del código ambiental dispone taxativamente “diseñar y ejecutar políticas provinciales de promoción y desarrollo minero, tanto sobre los recursos superficiales (tierra), como los del subsuelo profundo (acuíferos) y los que se encuentran en el lecho de los ríos (tenemos 37.000 kilómetros lineales de ríos para la explotación minera contaminante) y además en el art. 85 manda a este instituto ambiental a “propiciar la efectivización de políticas mineras para su expansión y consolidación”.
Es inadmisible en cualquier código ambiental del planeta que en el mismo “se promueva la actividad minera contaminante y destructiva de pueblos, biodiversidad, tierra, aguas y glaciares en toda Sudamérica”.
Porque la nueva constitución provincial en ninguno de sus cuatro y pocos artículos ambientales impone la obligación ni manda a hacer un código ambiental, si ordena a hacer un ente ambiental. Los abogados especialistas en derecho ambiental aseguran que un código ambiental “es un cuerpo de leyes dispuestas según un plan metódico y sistemático, es un libro de leyes”. En este código propuesto no figura ninguna de las ricas leyes ambientales que tiene vigente la provincia de Entre Ríos y que los funcionarios no las hacen cumplir, ósea los especialistas en derecho ambiental opinan enfáticamente que esta propuesta de código es deficiente, incompleta y dista de ser un código ambiental.
Gualeguaychú dice no a este código ambiental. Fundavida. Ipodagua. Organizaciones sociales de Gualeguaychú. Y siguen las firmas individuales.
Gualeguaychú dice Sí a: -control y sanciones a los violadores de leyes ambientales - licencia social provincial ¡ya! - régimen severo de sanciones ejemplificadoras. Ejemplos a imitar: el código ambiental de la República de Ecuador.
Art. 433.- El que envenenare o infectare, dolosamente, aguas potables, o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de la colectividad, será reprimido, por el solo acto del envenenamiento o infección, con reclusión mayor de cuatro a ocho años y multa de ciento a mil sucres.
Si el acto ha producido enfermedad, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce años; y si ha producido la muerte, la de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.
Art. 437 H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, será reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave. La pena será de prisión de dos o cuatro años cuando:
a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la modificación del régimen climático; o,
b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de agua a un centro poblado o sistema de irrigación.
En el código ambiental propuesto no hay un solo artículo de los 105 propuestos con esta dimensión de sanción ejemplificadora.
Opinión de Fundavida, Ipodagua y otras organizaciones
ATE ENTRE RÍOS LLEVÓ SU RECLAMO SALARIAL A CAPITAL FEDERAL
Los trabajadores de la provincia nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se manifestaron hoy frente a la Casa de Entre Ríos en Capital Federal, para reclamar una recomposición salarial y nacionalizar el conflicto que mantienen con el gobierno entrerriano, por la falta de una mejora. El secretario Adjunto del sindicato, José Galarraga, destacó la “repercusión” lograda en la jornada, que se concretó en el marco del paro de 48 horas dispuesto para hoy y mañana, y afirmó que “unos 1000 trabajadores” de la provincia participaron de la movilización. Además se sumaron a la marcha de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que reclamó al gobierno nacional "la necesidad de un nuevo modelo productivo que desconcentre la economía, garantice la soberanía alimentaria y que contemple la protección de los bienes comunes". “Fue muy interesante la jornada con mas de 1000 compañeros manifestándonos frente a la Casa de Entre Ríos. Tuvimos mucha repercusión”, dijo el dirigente, quien recordó que “la intención era cerrar el año con una actividad importante de denuncia y a su vez para encarar el año que viene de manera más fuerte”.
Igualmente, en declaraciones a APF, agregó que junto a ATE Buenos Aires y representantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), participaron de la marcha de la Constituyente Social.
La marcha de CTA
El grupo de piqueteros que se encontraba de camping frente al Ministerio de Desarrollo Social, sobre la Avenida 9 de Julio, en Capital Federal, decidió levantar la protesta (aunque anunciaron que podrían volver el lunes tras una asamblea) para sumarse a la marcha que realizaron esta tarde manifestantes alineados a la CTA de Víctor de Gennaro que, junto a 20 carrozas con murgas incluidas, se dirigieron al Congreso nacional.
De Gennaro, sus carrozas y sus murgas se movilizaron para pedir por "la nacionalización de los recursos naturales", por "el 82 por ciento para todos los jubilados", por una "asignación universal por hijo de 300 pesos", por la "libertad sindical" y por "los derechos a la tierra y la cultura de los pueblos originarios", informó Crítica Digital.
En medio de ambas manifestaciones, un grupo de sindicalistas bancarios se movilizaron por el microcentro en reclamo de la reapertura de las paritarias y un aguinaldo doble para fin de año.(Análisis Digital)
Igualmente, en declaraciones a APF, agregó que junto a ATE Buenos Aires y representantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), participaron de la marcha de la Constituyente Social.
La marcha de CTA
El grupo de piqueteros que se encontraba de camping frente al Ministerio de Desarrollo Social, sobre la Avenida 9 de Julio, en Capital Federal, decidió levantar la protesta (aunque anunciaron que podrían volver el lunes tras una asamblea) para sumarse a la marcha que realizaron esta tarde manifestantes alineados a la CTA de Víctor de Gennaro que, junto a 20 carrozas con murgas incluidas, se dirigieron al Congreso nacional.
De Gennaro, sus carrozas y sus murgas se movilizaron para pedir por "la nacionalización de los recursos naturales", por "el 82 por ciento para todos los jubilados", por una "asignación universal por hijo de 300 pesos", por la "libertad sindical" y por "los derechos a la tierra y la cultura de los pueblos originarios", informó Crítica Digital.
En medio de ambas manifestaciones, un grupo de sindicalistas bancarios se movilizaron por el microcentro en reclamo de la reapertura de las paritarias y un aguinaldo doble para fin de año.(Análisis Digital)
miércoles, 16 de diciembre de 2009
DIPUTADOS DIO MEDIA SANCIÓN A LA LEY DE TURISMO
Antes del mediodía el discutido proyecto de Ley de Turismo que presentaba firme oposición de los trabajadores de casinos, obtuvo media sanción de la Cámara Baja provincial, pudo conocer El once TV. Hubo fuerte presencia policial.
La Cámara baja aprobó el Régimen de Promoción para el Desarrollo Turístico Sustentable con las modificaciones consensuadas ayer. El texto contempla que todo nuevo emprendimiento de juego quede regulado por la ley del Iafas y que cerraría la puerta a la posibilidad de que en los grandes hoteles existan casinos de administración privada.
Ahora, el proyecto que obtuvo media sanción minutos antes del mediodía, volverá al Senado, para que se aprueben las modificaciones realizadas en la cámara baja a los artículos que los trabajadores de casinos exigían se cambiasen.
De esta manera, los diputados aprobaron el proyecto con una cláusula que señala que todas las salas de juego que se habiliten, previa evaluación del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), y funcionarán de acuerdo a lo que establece la ley Nº 5.144 que regula el juego en la provincia. (Diario El Argentino)
Esta claro que una vez más los trabajadores del sector movilizados impidieron que se consumara una norma que originalmente abría puertas para el avance de empresarios privados en la explotación de juegos de azar en la provincia.
Ayer alrededor de 400 trabajadores se movilizaron nuevamente y solo una decena de ellos pudieron ingresar al recinto de la Cámara de Diputados donde se trataba la Ley en cuestión. Las gradas de dicho recinto habían sido copadas por la presencia intimidatoria de “barras” y personal de seguridad desde horas tempranas.
La Cámara baja aprobó el Régimen de Promoción para el Desarrollo Turístico Sustentable con las modificaciones consensuadas ayer. El texto contempla que todo nuevo emprendimiento de juego quede regulado por la ley del Iafas y que cerraría la puerta a la posibilidad de que en los grandes hoteles existan casinos de administración privada.
Ahora, el proyecto que obtuvo media sanción minutos antes del mediodía, volverá al Senado, para que se aprueben las modificaciones realizadas en la cámara baja a los artículos que los trabajadores de casinos exigían se cambiasen.
De esta manera, los diputados aprobaron el proyecto con una cláusula que señala que todas las salas de juego que se habiliten, previa evaluación del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), y funcionarán de acuerdo a lo que establece la ley Nº 5.144 que regula el juego en la provincia. (Diario El Argentino)
Esta claro que una vez más los trabajadores del sector movilizados impidieron que se consumara una norma que originalmente abría puertas para el avance de empresarios privados en la explotación de juegos de azar en la provincia.
Ayer alrededor de 400 trabajadores se movilizaron nuevamente y solo una decena de ellos pudieron ingresar al recinto de la Cámara de Diputados donde se trataba la Ley en cuestión. Las gradas de dicho recinto habían sido copadas por la presencia intimidatoria de “barras” y personal de seguridad desde horas tempranas.
martes, 15 de diciembre de 2009
"ESTA MAREA YA ES IMPARABLE"
“No marchamos para reclamarle a nadie. Marchamos para asumir nosotros y para informarle al pueblo lo que vamos a hacer” anunció Víctor De Gennaro hoy por la tarde, en la Conferencia de Prensa que se celebró en la Casa de la Coordinación hacia una Constituyente Social.
La marcha, el próximo 17 de diciembre, tiene como objetivo, presentar ante la sociedad las Campañas Públicas que fueron debatidas y aprobadas por más de 5 mil compañeros y compañeras en la provincia de Neuquén en el mes de noviembre.
A 18 años del Grito de Burzaco, allí cuando la CTA comenzaba a pensarse y organizarse, 14 caravanas y el Trencito del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, partirán desde las 10:00 de la mañana desde Liniers para confluir cerca de las 15 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio, para, junto con organizaciones sociales, políticas, sindicales, de pueblos orginarios, culturales, realizar un acto público frente al Congreso Nacional para presentar estas 4 campañas.
Eduardo Balán, Coordinador del Culebrón Timbal, fue el responsable de informar las características de estas Campañas que abordan cuatro temas fundamentales y trabajan además sobre cuatro dimensiones complementarias.
Las campañas:
SOBERANÍA NACIONAL Y COMUNITARIA SOBRE NUESTROS BIENES COMUNES, NUESTRO HÁBITAT Y NUESTROS RECURSOS NATURALES
DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA, LA UNIVERSALIDAD Y EL ACCESO A LOS DERECHOS SOCIALES
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E INTEGRAL, LIBERTAD SINDICAL Y NUEVA INSTITUCIONALIDAD
AMERICA LATINA: INTEGRACIÓN PLURICULTURAL Y PLURINACIONAL PARA LA PATRIA GRANDE Y LA NUEVA SOCIEDAD
Las cuatro dimensiones complementarias son Información y Educación Popular; Relevamiento y Consulta Familiar; Organización para la Transformación, y la Estrategia Institucional, dado que estas “serán la base para la creación de las herramientas necesarias legales, institucionales y políticas, para el logro de los objetivos que se planteen en cada lugar. Y convocar a por los menos el 1% de la población en cada distrito es el objetivo de estas campañas” dirá por último Balán.
La Asociación de Trabjadores del Estado decidió en Asamblea el paro nacional para el jueves 17, la Federación Judicial Argentina paros y movilizaciones en todo el país, el Movimiento Territorial de Liberación esperará las caravanas en diferentes puntos del Gran Buenos Aires con radios abiertas.
Las carrozas recorrerán desde las 10 de la mañana y desde la Estación Liniers, pasando por Avenida Rivadavia, Carabobo, Directorio, Avenida San Juan y 9 de Julio y hasta Avenida de Mayo para llegar al Congreso Nacional.
En todo el país habrá actividades también con diferentes características: En Salta, radio abierta, encuentro y volanteada en la Plaza principal; movilizaciones en Misiones; macha en Santa Cruz en la ciudad de Río Gallegos; expresiones culturales y actos en Entre Ríos; volanteadas en Ushuahia y Río Grande de la provincia de Tierra del Fuego; radios abiertas en Lago Puelo y Esquel de la provincia de Chubut; audiencia pública por la mañana frente a la Legislatura en Mendoza; en Rosario acto en Plaza San Martín el día 18 al mediodía; en Tucumán, la organización Crecer Juntos será anfitriona de un encuentro por la mañana y por la tarde actividades en Barrio Sifón; en San Juan presentación de las Campañas y marcha; paro y movilización en Neuquén; asambleas públicas y radios abiertas por la mañana en Formosa; volanteada en Corrientes; en Jujuy paro y movilización; en La Rioja, en Chilecito, reuniones y actos, bajo la consigna “El Famatina no se toca”; y en Santiago del Estero en nuevo aniversario del Santiagueñazo, el día 16 hay actividades en toda la provincia; Córdoba moviliza y en Río Cuarto y Villa María radios abiertas y volanteadas.
“La fuerza está adónde están los protagonistas. Los protagonistas somos todos y hacia eso va la Constituyente. Y el 17 del balbuceo al grito” dijo por último Víctor De Gennaro.
Se encontraban presentes legisladores de la Ciudad de Buenos Aires como Jorge Cardelli, Diputados Provinciales y Nacionales como Liliana Parada, Claudio Lozano, Graciela Iturraspe, dirigentes nacionales y provinciales de ATE como Julio Fuentes y Hugo Godoy, por la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil, Carlos Chile, coordinador nacional del MTL, Pablo Puebla de la OLP, Cristina Terzaghi, Decana de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, Gerardo Duré, Coordinador de los Seminarios de Formación Teológica, entre otros compañeros y compañeras.
La marcha, el próximo 17 de diciembre, tiene como objetivo, presentar ante la sociedad las Campañas Públicas que fueron debatidas y aprobadas por más de 5 mil compañeros y compañeras en la provincia de Neuquén en el mes de noviembre.
A 18 años del Grito de Burzaco, allí cuando la CTA comenzaba a pensarse y organizarse, 14 caravanas y el Trencito del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, partirán desde las 10:00 de la mañana desde Liniers para confluir cerca de las 15 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio, para, junto con organizaciones sociales, políticas, sindicales, de pueblos orginarios, culturales, realizar un acto público frente al Congreso Nacional para presentar estas 4 campañas.
Eduardo Balán, Coordinador del Culebrón Timbal, fue el responsable de informar las características de estas Campañas que abordan cuatro temas fundamentales y trabajan además sobre cuatro dimensiones complementarias.
Las campañas:
SOBERANÍA NACIONAL Y COMUNITARIA SOBRE NUESTROS BIENES COMUNES, NUESTRO HÁBITAT Y NUESTROS RECURSOS NATURALES
DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA, LA UNIVERSALIDAD Y EL ACCESO A LOS DERECHOS SOCIALES
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E INTEGRAL, LIBERTAD SINDICAL Y NUEVA INSTITUCIONALIDAD
AMERICA LATINA: INTEGRACIÓN PLURICULTURAL Y PLURINACIONAL PARA LA PATRIA GRANDE Y LA NUEVA SOCIEDAD
Las cuatro dimensiones complementarias son Información y Educación Popular; Relevamiento y Consulta Familiar; Organización para la Transformación, y la Estrategia Institucional, dado que estas “serán la base para la creación de las herramientas necesarias legales, institucionales y políticas, para el logro de los objetivos que se planteen en cada lugar. Y convocar a por los menos el 1% de la población en cada distrito es el objetivo de estas campañas” dirá por último Balán.
La Asociación de Trabjadores del Estado decidió en Asamblea el paro nacional para el jueves 17, la Federación Judicial Argentina paros y movilizaciones en todo el país, el Movimiento Territorial de Liberación esperará las caravanas en diferentes puntos del Gran Buenos Aires con radios abiertas.
Las carrozas recorrerán desde las 10 de la mañana y desde la Estación Liniers, pasando por Avenida Rivadavia, Carabobo, Directorio, Avenida San Juan y 9 de Julio y hasta Avenida de Mayo para llegar al Congreso Nacional.
En todo el país habrá actividades también con diferentes características: En Salta, radio abierta, encuentro y volanteada en la Plaza principal; movilizaciones en Misiones; macha en Santa Cruz en la ciudad de Río Gallegos; expresiones culturales y actos en Entre Ríos; volanteadas en Ushuahia y Río Grande de la provincia de Tierra del Fuego; radios abiertas en Lago Puelo y Esquel de la provincia de Chubut; audiencia pública por la mañana frente a la Legislatura en Mendoza; en Rosario acto en Plaza San Martín el día 18 al mediodía; en Tucumán, la organización Crecer Juntos será anfitriona de un encuentro por la mañana y por la tarde actividades en Barrio Sifón; en San Juan presentación de las Campañas y marcha; paro y movilización en Neuquén; asambleas públicas y radios abiertas por la mañana en Formosa; volanteada en Corrientes; en Jujuy paro y movilización; en La Rioja, en Chilecito, reuniones y actos, bajo la consigna “El Famatina no se toca”; y en Santiago del Estero en nuevo aniversario del Santiagueñazo, el día 16 hay actividades en toda la provincia; Córdoba moviliza y en Río Cuarto y Villa María radios abiertas y volanteadas.
“La fuerza está adónde están los protagonistas. Los protagonistas somos todos y hacia eso va la Constituyente. Y el 17 del balbuceo al grito” dijo por último Víctor De Gennaro.
Se encontraban presentes legisladores de la Ciudad de Buenos Aires como Jorge Cardelli, Diputados Provinciales y Nacionales como Liliana Parada, Claudio Lozano, Graciela Iturraspe, dirigentes nacionales y provinciales de ATE como Julio Fuentes y Hugo Godoy, por la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil, Carlos Chile, coordinador nacional del MTL, Pablo Puebla de la OLP, Cristina Terzaghi, Decana de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, Gerardo Duré, Coordinador de los Seminarios de Formación Teológica, entre otros compañeros y compañeras.
ATE ENTRE RÍOS REALIZARÁ PARO POR 48 HORAS Y MOVILIZARÁ A CASA DE ENTRE RÍOS
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizarán un paro de actividades de 48 horas, en reclamo de una recomposición salarial • En este marco, el secretario de Prensa de ATE, Marcelo Ríos, confirmó a APF que el 17 se realizará una movilización hasta la sede de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal: “Tenemos la intención de nacionalizar el conflicto, para que el país se entere de que esta provincia tiene el 50 por ciento de los trabajadores del Estado por debajo de la línea de la pobreza y muchísimos otros en estado de precariedad laboral”, subrayó.
El lunes pasado ATE le puso fecha a las medidas de fuerza que había definido realizar durante este mes y decidió que los paros se harán el jueves 17 y el viernes 18 de diciembre.
El 17, además, se llevará a cabo una marcha hacia la sede de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal.
“Tenemos la intención de nacionalizar el conflicto, para que el país se entere de que esta provincia tiene el 50 por ciento de los trabajadores del Estado por debajo de la línea de la pobreza y muchísimos otros en estado de precariedad laboral”, afirmó Marcelo Ríos.
“El 17 vamos a movilizarnos en todo el país. Seremos miles de trabajadores que plantearemos que uno de los problemas centrales de Argentina, que aún no se ha resuelto, es la concentración de la riqueza en pocas manos”, expresó por su parte el secretario gremial de la conducción nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar De Isasi.
Dijo además que “están convocados todos aquellos que quieran caminar con nosotros en esta construcción de la fuerza necesaria para que la riqueza que generamos los argentinos, vuelva a los argentinos”.
Señaló luego que esta manifestación nacional “tendrá epicentro en Capital Federal, donde marcharemos al Congreso nacional”.
En tanto, los estatales entrerrianos también protagonizarán una manifestación en la capital del país. “Los compañeros de ATE Entre Ríos estarán a las 11 en la Casa de Entre Ríos, gritando muy fuerte la necesidad de aumento salarial, de fin del trabajo en negro, de que no se privaticen las áreas del Estado”, expresó al respecto De Isasi.
Apuntó asimismo que los entrerrianos luego participarán de la marcha al Congreso. “Nos juntaremos a las 15 en 9 de Julio y Avenida de Mayo, para marchar todos juntos por una justa distribución de la riqueza, que no es más que haya una reforma impositiva que le saque a los que más tienen para distribuir entre los que menos tienen”.
En ese orden, remarcó que “cambiar las reglas de la coparticipación federal es esencial para federalizar las finanzas, que es fundamental para mejorar las condiciones de vida de las provincias y municipios”. También para “mejorar los presupuestos en política sociales, salud, educación, créditos blandos para pequeños y medianos comerciantes y productores a cambio de trabajo en blanco”. De Isasi señaló la necesidad de poner en marcha “presupuestos que apunten a que se reactive la rueda de producción y trabajo, para volver a ser una sociedad inclusiva, y terminar con la pobreza y el hambre”.
Si bien aseguró que los trabajadores estatales están dispuestos “a apoyar las cosas que son positivas, como la Ley de Radiodifusión y la reestatización de las AFJP”, aclaró que “con la misma firmeza vamos a plantear que el problema fundamental es la distribución de la riqueza y que todavía no se ha hecho nada. Es más, en algunos puntos se ha concentrado más la riqueza”, cuestionó.
• Apuntan contra el Gobernador
Consultado por APF respecto a la situación entrerriana, De Isasi afirmó: “La principal responsabilidad de lo que pasa en Entre Ríos es el Gobernador”. Por ello opinó que Urribarri “debería hacer una reforma impositiva para gravar algunas cosas que están en su provincia, a quienes concentran la riqueza. Y a esa plata que se recaude, redistribuirla en salarios y en mejorar las condiciones de quienes no tienen empleo”.
Indicó además que “la segunda responsabilidad es del Gobierno nacional, en cuanto a la coparticipación federal, que implicaría un mayor ingreso para Entre Ríos”.
Por ello subrayó: “El jueves marcharemos a la Casa de Entre Ríos para decir a todos que el año que viene estamos dispuestos a profundizar la lucha para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Estado”.
(APF.Digital)
El lunes pasado ATE le puso fecha a las medidas de fuerza que había definido realizar durante este mes y decidió que los paros se harán el jueves 17 y el viernes 18 de diciembre.
El 17, además, se llevará a cabo una marcha hacia la sede de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal.
“Tenemos la intención de nacionalizar el conflicto, para que el país se entere de que esta provincia tiene el 50 por ciento de los trabajadores del Estado por debajo de la línea de la pobreza y muchísimos otros en estado de precariedad laboral”, afirmó Marcelo Ríos.
“El 17 vamos a movilizarnos en todo el país. Seremos miles de trabajadores que plantearemos que uno de los problemas centrales de Argentina, que aún no se ha resuelto, es la concentración de la riqueza en pocas manos”, expresó por su parte el secretario gremial de la conducción nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar De Isasi.
Dijo además que “están convocados todos aquellos que quieran caminar con nosotros en esta construcción de la fuerza necesaria para que la riqueza que generamos los argentinos, vuelva a los argentinos”.
Señaló luego que esta manifestación nacional “tendrá epicentro en Capital Federal, donde marcharemos al Congreso nacional”.
En tanto, los estatales entrerrianos también protagonizarán una manifestación en la capital del país. “Los compañeros de ATE Entre Ríos estarán a las 11 en la Casa de Entre Ríos, gritando muy fuerte la necesidad de aumento salarial, de fin del trabajo en negro, de que no se privaticen las áreas del Estado”, expresó al respecto De Isasi.
Apuntó asimismo que los entrerrianos luego participarán de la marcha al Congreso. “Nos juntaremos a las 15 en 9 de Julio y Avenida de Mayo, para marchar todos juntos por una justa distribución de la riqueza, que no es más que haya una reforma impositiva que le saque a los que más tienen para distribuir entre los que menos tienen”.
En ese orden, remarcó que “cambiar las reglas de la coparticipación federal es esencial para federalizar las finanzas, que es fundamental para mejorar las condiciones de vida de las provincias y municipios”. También para “mejorar los presupuestos en política sociales, salud, educación, créditos blandos para pequeños y medianos comerciantes y productores a cambio de trabajo en blanco”. De Isasi señaló la necesidad de poner en marcha “presupuestos que apunten a que se reactive la rueda de producción y trabajo, para volver a ser una sociedad inclusiva, y terminar con la pobreza y el hambre”.
Si bien aseguró que los trabajadores estatales están dispuestos “a apoyar las cosas que son positivas, como la Ley de Radiodifusión y la reestatización de las AFJP”, aclaró que “con la misma firmeza vamos a plantear que el problema fundamental es la distribución de la riqueza y que todavía no se ha hecho nada. Es más, en algunos puntos se ha concentrado más la riqueza”, cuestionó.
• Apuntan contra el Gobernador
Consultado por APF respecto a la situación entrerriana, De Isasi afirmó: “La principal responsabilidad de lo que pasa en Entre Ríos es el Gobernador”. Por ello opinó que Urribarri “debería hacer una reforma impositiva para gravar algunas cosas que están en su provincia, a quienes concentran la riqueza. Y a esa plata que se recaude, redistribuirla en salarios y en mejorar las condiciones de quienes no tienen empleo”.
Indicó además que “la segunda responsabilidad es del Gobierno nacional, en cuanto a la coparticipación federal, que implicaría un mayor ingreso para Entre Ríos”.
Por ello subrayó: “El jueves marcharemos a la Casa de Entre Ríos para decir a todos que el año que viene estamos dispuestos a profundizar la lucha para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Estado”.
(APF.Digital)
lunes, 14 de diciembre de 2009
PRIVATIZACIÓN DEL JUEGO - MASSAROTTI - CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ENTRE RÍOS
Edgardo Massarotti fue titular de ATE durante muchos años, y al igual que la entidad que representó, tuvo siempre posturas muy claras ante los renovados intentos de privatización del juego en nuestra provincia. Dado que en estos días vienen por los Casinos una vez más, camuflando su intento privatizador en un proyecto de Ley de Turismo, transcribimos su valorada opinión sobre este tema.
Déjá vu
(Acerca del proyecto de ley del Régimen de Promoción para el Desarrollo Turístico Sustentable y la privatización de los juegos recreativos de azar y/o casinos)
Enviado por el PE de aquel momento, tomó estado parlamentario el 24/11/2007 el proyecto de ley por el que se establece un Régimen de Promoción para el Desarrollo Turístico Sustentable, que ha suscitado arduos conflictos en estos días.
Como un Caballo de Troya, envuelto en un andamiaje referido al turismo, esconde en su interior una trampa.
DE QUE SE TRATA:
Buscando por Internet encuentro el expediente n° 16483 HCDER del cual extraigo - en su última versión- el art. 29 de dicho proyecto, el que transcribo:
“El Fondo Provincial de Turismo se constituye con los siguientes recursos:
2. El producto de los ingresos de las actividades de proyectos integrales de emprendimientos turísticos otorgados mediante procedimientos públicos de selección, que la autoridad de aplicación decida realizar y/o administrar y/o gestionar integralmente por sí o por concesionarios, ya sean de infraestructura turística y/u otra tipología de equipamiento y/o regímenes de explotación, administración y gestión integral de cualquiera de las actividades citadas en el Anexo II:
Los proyectos integrales de emprendimientos turísticos que ameriten la declaración específica de interés provincial por el Ejecutivo Provincial, podrán brindar servicios de explotación, administración de salas de juegos recreativos de azar y/o casinos en el régimen de gestión integral dentro de proyectos integrales de emprendimientos turísticos otorgados mediante procedimientos públicos de selección, cuya incidencia económica, laboral, social, recreativa, cultural y/o de actividades conexas declaradas específicamente de interés turístico por el Ejecutivo Provincial. La inclusión de dicha actividad bajo la órbita de la presente ley, no modifica ni limita la fiscalización que el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social mantiene sobre la misma, ni las facultades que mantiene dicho instituto sobre la explotación y administración de salas de juegos y/o casinos de gestión integralmente estatal.”
Esta historia y sus actores no son nuevos. Por eso titulé esta nota de opinión “Déjá vu”, con la que se expresa esa sensación de haber vivido un determinado momento antes.
No voy a decir nada novedoso, retomaré temas ya tratados en un recurso de revocatoria contra el Decreto n° 5369/04 GOB., que firmé en mi carácter de Secretario General de ATE de ese entonces.
LA LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE EL JUEGO:
La ley provincial n° 5144, del gobierno democrático 1973-1976, en su artículo 3° establece que: “el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social tendrá a su único y exclusivo cargo: a) La explotación y administración de la Lotería, Casinos, Tómbolas y demás juegos de azar que el Poder Ejecutivo resuelve autorizar y oficializar en el ámbito de la Provincia de conformidad con el régimen que el mismo establezca al respecto por vía de reglamentación;…” cuyo objeto es “brindar recursos de apoyo financiero a los planes de acción y seguridad social que se programen y ejecuten en la Provincia de Entre Ríos.” (art. 2°).
Es decir, para atender a los fines sociales previstos, el Estado debe exclusiva y únicamente explotar los juegos de azar por intermedio del IAFAS.
Por otra parte, la ley n° 8.703 (que reconoce como antecedente la n° 3.692 de 1950) como principio, ha prohibido “… la práctica, difusión, facilitación o participación en o de juegos de azar, con excepción de aquellos que sean explotados oficialmente por el Ejecutivo Provincial, los autorizados por éste mediante acto emanado de autoridad competente y los que expresamente no sean penados por esta ley.” Y el art. 2° define qué entiende el Estado por juegos de azar.
Entre Ríos se inscribe entonces como una jurisdicción estatal que prohíbe la explotación de la mayoría de los juegos de azar por dinero en manos de los particulares, permitiendo que organicen, distribuyan y exploten juegos culturalmente aceptados por las mayorías, tales como rifas, bonos, cuadreras; y reservándose para sí la explotación del juego por apuestas.
Esto cambiará si se aprueba el cuestionado proyecto, con la privatización y otro destino, que no es la acción y seguridad social, de los fondos recaudados, (habla de un fondo de turismo, con muchas vaguedades) Así, varios artículos de la normativa actual perderían vigencia sencillamente por mandato de ley posterior.
LA RELACION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL IAFAS:
Ciertamente el art. 42 de la Constitución Provincial garantiza la estabilidad en el empleo público, lo que no se asegura con la privatización es la fuente de trabajo, que no es lo mismo. No olvidamos que hubo una Ley 8706, una Ley 9235 y un tendal de trabajadores en la calle producto de las privatizaciones del Banco de Entre Ríos, de la Empresa Provincial de Energía, el Frigorífico Santa Elena.
Una supuesta “garantía de derechos adquiridos” no resuelve la esencia de la cuestión.
Nos parece preocupante que en esta etapa de la vida institucional de nuestro país, cuando las privatizaciones realizadas en la década de los noventa están siendo fuertemente cuestionadas por la sociedad, en nuestra provincia se pretende persistir en ese mal camino.
No me olvido de los trabajadores del sector privado, porque conocemos empresarios desaprensivos que hicieron lo del “pájaro que comió, voló”.
Las cuestiones de sustentabilidad económica de todos los emprendimientos ligados al juego que coexistirán, estatales y privados, queda bajo un manto de dudas.
Es mejor que las inversiones se orienten y se alienten hacia emprendimientos de carácter productivo. En esa idea, cuando se trata de políticas de juego, se pueden desarrollar actividades conexas, como el turismo (y para esto no hay obstáculos en cuanto a la participación del sector privado), que pongan el acento en el esparcimiento y la recreación y no en la excitación de una debilidad humana. Un ejemplo de esta sinergia es el Casino de Victoria donde participa el sector privado sin la privatización de los juegos de azar propiamente dichos.
LOS VALORES MORALES Y ETICOS DE LA COMUNIDAD:
La delimitación política de los roles del Estado y los particulares en la explotación del juego constituye, atento su delicadeza, incidencia sobre una actividad económica importante para las arcas públicas, y concepción socio cultural del juego, una definición que deben hacer los gobernantes contemplando los valores y aspiraciones de la Comunidad. En este punto, es donde la cuestión trasciende lo legal.
Tengamos siempre presente la PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ENTRE RÍOS, titulada El juego, los casinos y la condición humana, del 7 de octubre de 1993 (Fiesta de Nuestra Señora del Rosario), que transcribo integra al final de este escrito, por su altísimo valor moral, y ruego su atenta lectura.
Esta temática hace al modelo de sociedad que queremos para nuestra provincia. A partir de esta concepción moral y socio-política sobre el juego, es imprescindible definir las políticas al respecto.
El juego (con todas las connotaciones valorativas que conlleva), debe ser administrado y explotado exclusiva y excluyentemente por el Estado.
Por un lado, por las garantías mínimas de protección a la ética de la comunidad; por otro, porque solo el Estado (como instrumento jurídico – institucional) puede hacer que la captación de recursos provenientes de esta debilidad humana sean volcados íntegramente a acciones de interés social para los mas carenciados (salud, vivienda, jubilación del ama de casa, etc.)
En manos del Estado, el juego puede ser contenido y tener el límite de un entretenimiento.
En manos privadas, esta comprobado que esta actividad satisface primero sus objetivos de lucro, fomenta el juego y el “Vale Todo”. Con ello, la miseria humana y el vicio afloran, a lo que se agregan la droga y la prostitución con sus terribles secuelas.
Es muy importante tener en cuenta que el juego es una puerta abierta a al lavado de dinero mal habido. Si está en manos del Estado, este delito se hace imposible.
Tan grave es este tema que el Estado Nacional ha dictado la ley n° 25.246, referida al encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, y en particular la Res. 17/2003 de la Unidad de Información Financiera, referida a las operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas, personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar, la guía de transacciones inusuales o sospechosas, el reporte de operación sospechosa, etc.
No dejamos de reconocer que aún en manos del Estado la actividad del juego tiene sus dificultades. Pero estas son más del orden de las decisiones políticas que de otro tipo.
Por ejemplo, cuando las políticas en materia de juegos han sido nefastamente erróneas, y convirtieron a nuestra provincia en un verdadero garito, con salas de juegos diseminadas en el territorio, que no le sirven al IAFAS para la obtención de ingresos, ni a la comunidad, a la que despoja de sus recursos.
O como cuando se han realizado contratos entre el IAFAS y empresarios privados, en donde los gastos son del Estado y las ganancias de los privados.
A estas malas políticas ATE oportunamente las denunció. Otros callaron o fueron cómplices.
COLOFON
Lo último que conozco –extraoficialmente- es que en Diputados se harán últimos intentos de modificar el texto venido del Senado. Por lo que ví, presumo que es un retoque cosmético, solo para confundir.
El declarar que estos servicios de salas de juegos recreativos de azar y/o Casinos, (no deja taxativamente claro que no pueden ser privados) lo serán sin afectar competencias existentes del I.A.F.A.S. ni derechos adquiridos, es una falacia. Se entraría en una nebulosa de imprecisiones, un intrincado laberinto de atribuciones y competencias. Las reglas del juego en Entre Ríos han sido hasta hoy claras: el juego en manos del Estado. El proyecto incorpora lo que los juristas denominan “conceptos jurídicos indeterminados”, o dicho en criollo “claros y oscuros”. Donde antes gobernaba exclusiva y excluyentemente el IAFAS con normas claras y sencillas; ahora ingresa una Subsecretaría de Turismo junto con una Comisión Provincial de Turismo con clara injerencia sobre el juego de azar e integrado por quienes pretenden explotar el juego en la provincia; donde antes el IAFAS debía controlar, hoy debe “facilitar” o “posibilitar” junto a otros órganos estatales totalmente ajenos a la actividad y cooptados por los concesionarios del juego.
El juego, cualquiera quesea, exige y necesita reglas claras, si no hay trampa.
Vuelvo a la cuestión central en donde el debate y análisis no debe caer en simplificaciones como la antinomia estatismo versus privatismo o en meras consideraciones numéricas (por lo demás, en esto se inventan muchos mitos)
Hasta ahora nuestros gobernantes, cuando equivocaron el rumbo respecto de este tema, ante el reclamo de quienes nos oponíamos, fueron capaces de escuchar y desandaron el mal camino.
Hay que aprender de la historia y apelo a que se deseche definitivamente todo intento de privatización del juego de azar y los casinos.
Los trabajadores nucleados en ATE definimos históricamente una postura respecto del juego: ni privatización de la gestión, ni privatización de la renta.
No importa de donde soplen los vientos privatistas, la bandera no será arriada.
Paraná, 04 de Diciembre de 2009
Edgardo Massarotti
DNI 11.584.582
PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ENTRE RÍOS, del 7 de octubre de 1993 (Fiesta de Nuestra Señora del Rosario)
El juego, los casinos y la condición humana
Se ha difundido en los últimos meses la versión de la posible privatización de los casinos provinciales de Entre Ríos.
Ello plantea a la conciencia de la comunidad a la gran cuestión de los juegos de azar y despierta el temor de la agudización de los males morales que ellos entrañan.
Los Obispos de Entre Ríos, atentos a las necesidades espirituales de nuestros hermanos, queremos ofrecerles algunos puntos de la doctrina católica sobre este tema, fundada en la palabra de Dios y meditada por la Iglesia en su probada acción pastoral.
El Jugador. El catecismo de la Iglesia Católica, recientemente publicado, enseña con respecto a los juegos de azar que éstos o las apuestas “nos son en si mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que es necesario para atender a sus necesidades o a las de los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre” (Nº 2413). La primera víctima es el jugador mismo que arrastrado por la pasión del juego, no pierde la esperanza de ganar. Sobre todo en los casinos, se puede crear un entorno que empuja a la corrupción y al vicio del juego descontrolado y a otras gravísimas faltas morales como son la usura, la prostitución, la drogadicción, el lavado de dinero, etc.
Si en principio aceptamos que el juego honesto y mesurado tiene sentido en la vida del hombre, debemos afirmar que, por ser acción humana, reconoce en el hombre mismo su medida. Los casinos en cuanto ponen en peligro la vida moral digna de los individuos, no deben ser promovidos y menos aún, instalados.
Se ha de tener especialmente en cuenta que cuando están situados en zonas de frontera, como es el caso de Entre Ríos, se facilita el tráfico ilegal de todo tipo y se agrava seriamente el problema.
La familia y la sociedad. El jugador apasionado arriesga y muchas veces pierde aquello que pertenece a los hijos y a la esposa. Es un acto de injusticia y mas aún, contrario al amor, que lastima profundamente la comunión familiar. También el jugador peca contra la solidaridad social, porque los bienes propios deben ser siempre administrados atendiendo al bien común, al de todos, especialmente de los más necesitados, y no deben ser manejados como si fuésemos dueños absolutos de las cosas. Es mas, lo superfluo, es decir, lo que sobra después de haber atendido a las necesidades individuales, familiares y sociales, debe ser utilizado para el bien de los demás, porque pertenece, repetimos, a los pobres y desamparados.
Por todo esto es claro que una sociedad, con sus autoridades al frente debe procurar que las personas, las familias, y toda la comunidad se realicen plenamente en sus verdaderos valores, y se aparten, en lo posible, de todo lo que ponga en peligro o impida su digno desarrollo.
No escapa a nuestro juicio que el riesgo de los casinos puede disminuir parcialmente cuando, como sucede en Entre Ríos, el juego es administrado por el Estado responsable del bien común. En efecto, la autoridad pública puede atemperar las consecuencias malas de la debilidad humana manifestada en el juego, cuando los administra sin promoverlos con fines de lucro, y por otra parte, cuando destina los beneficios obtenidos a obras de bien. En cambio, la administración privada, además de los males antes señalados, llevada por el afán de ganancias sin límites, tiende a buscar por los medios a su alcance, la promoción de las casas de juegos y la multiplicación de los jugadores.
Como consecuencia podrían participar personas con recursos cada vez menos elevados. Si estos juegos son riesgosos y dañinos para los pudientes, cuanto mas lo serán para las personas y familias menos acomodadas.
Sostener que la administración estatal puede y debe reducir los riesgos propios de estos juegos, no significa cambiar el juicio negativo que ya hicimos sobre los casinos, y menos aún justificarlos. Por el contrario reiteramos que el lucro fácil, la ambición desmedida de riqueza, el menor aprecio del trabajo, son desvalores que no deben enfermar el alma de un pueblo. Una sociedad digna y madura se debe constituir por una cultura que tenga, como uno de sus principales valores, el trabajo. Entre Ríos debe ser conocido y honrado como el pueblo que vive del fruto de su trabajo, y no como un grupo humano poco sabio y solidario que irresponsablemente dilapida sus bienes.
Reconocemos que la construcción de la sociedad es responsabilidad de todos sus miembros, cada uno con sus fuerzas y su misión. Nosotros hemos querido cumplir de esta manera con nuestra responsabilidad, encomendado a todos los miembros de la Iglesia que aporten sus ideas y esfuerzo para constituir una cultura cada vez mas humana, en la que el juego no se desnaturalice y ocupe su justo lugar en la jerarquía de valores. La medida de la cultura y por tanto del juego es el hombre y su dignidad de hijo de Dios.
Sabemos que estamos acompañados en esta preocupación por muchas personas de buena voluntad, que no comparten nuestra fe. Esto conforta nuestra actitud. A ellos también nos dirigimos, con sincero respecto y afecto.
Adolfo Gerstner Pedro Boxler Estanislao E. Karlic
Obispo de Concordia Obispo de Gualeguaychú Arzobispo de Paraná
Déjá vu
(Acerca del proyecto de ley del Régimen de Promoción para el Desarrollo Turístico Sustentable y la privatización de los juegos recreativos de azar y/o casinos)
Enviado por el PE de aquel momento, tomó estado parlamentario el 24/11/2007 el proyecto de ley por el que se establece un Régimen de Promoción para el Desarrollo Turístico Sustentable, que ha suscitado arduos conflictos en estos días.
Como un Caballo de Troya, envuelto en un andamiaje referido al turismo, esconde en su interior una trampa.
DE QUE SE TRATA:
Buscando por Internet encuentro el expediente n° 16483 HCDER del cual extraigo - en su última versión- el art. 29 de dicho proyecto, el que transcribo:
“El Fondo Provincial de Turismo se constituye con los siguientes recursos:
2. El producto de los ingresos de las actividades de proyectos integrales de emprendimientos turísticos otorgados mediante procedimientos públicos de selección, que la autoridad de aplicación decida realizar y/o administrar y/o gestionar integralmente por sí o por concesionarios, ya sean de infraestructura turística y/u otra tipología de equipamiento y/o regímenes de explotación, administración y gestión integral de cualquiera de las actividades citadas en el Anexo II:
Los proyectos integrales de emprendimientos turísticos que ameriten la declaración específica de interés provincial por el Ejecutivo Provincial, podrán brindar servicios de explotación, administración de salas de juegos recreativos de azar y/o casinos en el régimen de gestión integral dentro de proyectos integrales de emprendimientos turísticos otorgados mediante procedimientos públicos de selección, cuya incidencia económica, laboral, social, recreativa, cultural y/o de actividades conexas declaradas específicamente de interés turístico por el Ejecutivo Provincial. La inclusión de dicha actividad bajo la órbita de la presente ley, no modifica ni limita la fiscalización que el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social mantiene sobre la misma, ni las facultades que mantiene dicho instituto sobre la explotación y administración de salas de juegos y/o casinos de gestión integralmente estatal.”
Esta historia y sus actores no son nuevos. Por eso titulé esta nota de opinión “Déjá vu”, con la que se expresa esa sensación de haber vivido un determinado momento antes.
No voy a decir nada novedoso, retomaré temas ya tratados en un recurso de revocatoria contra el Decreto n° 5369/04 GOB., que firmé en mi carácter de Secretario General de ATE de ese entonces.
LA LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE EL JUEGO:
La ley provincial n° 5144, del gobierno democrático 1973-1976, en su artículo 3° establece que: “el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social tendrá a su único y exclusivo cargo: a) La explotación y administración de la Lotería, Casinos, Tómbolas y demás juegos de azar que el Poder Ejecutivo resuelve autorizar y oficializar en el ámbito de la Provincia de conformidad con el régimen que el mismo establezca al respecto por vía de reglamentación;…” cuyo objeto es “brindar recursos de apoyo financiero a los planes de acción y seguridad social que se programen y ejecuten en la Provincia de Entre Ríos.” (art. 2°).
Es decir, para atender a los fines sociales previstos, el Estado debe exclusiva y únicamente explotar los juegos de azar por intermedio del IAFAS.
Por otra parte, la ley n° 8.703 (que reconoce como antecedente la n° 3.692 de 1950) como principio, ha prohibido “… la práctica, difusión, facilitación o participación en o de juegos de azar, con excepción de aquellos que sean explotados oficialmente por el Ejecutivo Provincial, los autorizados por éste mediante acto emanado de autoridad competente y los que expresamente no sean penados por esta ley.” Y el art. 2° define qué entiende el Estado por juegos de azar.
Entre Ríos se inscribe entonces como una jurisdicción estatal que prohíbe la explotación de la mayoría de los juegos de azar por dinero en manos de los particulares, permitiendo que organicen, distribuyan y exploten juegos culturalmente aceptados por las mayorías, tales como rifas, bonos, cuadreras; y reservándose para sí la explotación del juego por apuestas.
Esto cambiará si se aprueba el cuestionado proyecto, con la privatización y otro destino, que no es la acción y seguridad social, de los fondos recaudados, (habla de un fondo de turismo, con muchas vaguedades) Así, varios artículos de la normativa actual perderían vigencia sencillamente por mandato de ley posterior.
LA RELACION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL IAFAS:
Ciertamente el art. 42 de la Constitución Provincial garantiza la estabilidad en el empleo público, lo que no se asegura con la privatización es la fuente de trabajo, que no es lo mismo. No olvidamos que hubo una Ley 8706, una Ley 9235 y un tendal de trabajadores en la calle producto de las privatizaciones del Banco de Entre Ríos, de la Empresa Provincial de Energía, el Frigorífico Santa Elena.
Una supuesta “garantía de derechos adquiridos” no resuelve la esencia de la cuestión.
Nos parece preocupante que en esta etapa de la vida institucional de nuestro país, cuando las privatizaciones realizadas en la década de los noventa están siendo fuertemente cuestionadas por la sociedad, en nuestra provincia se pretende persistir en ese mal camino.
No me olvido de los trabajadores del sector privado, porque conocemos empresarios desaprensivos que hicieron lo del “pájaro que comió, voló”.
Las cuestiones de sustentabilidad económica de todos los emprendimientos ligados al juego que coexistirán, estatales y privados, queda bajo un manto de dudas.
Es mejor que las inversiones se orienten y se alienten hacia emprendimientos de carácter productivo. En esa idea, cuando se trata de políticas de juego, se pueden desarrollar actividades conexas, como el turismo (y para esto no hay obstáculos en cuanto a la participación del sector privado), que pongan el acento en el esparcimiento y la recreación y no en la excitación de una debilidad humana. Un ejemplo de esta sinergia es el Casino de Victoria donde participa el sector privado sin la privatización de los juegos de azar propiamente dichos.
LOS VALORES MORALES Y ETICOS DE LA COMUNIDAD:
La delimitación política de los roles del Estado y los particulares en la explotación del juego constituye, atento su delicadeza, incidencia sobre una actividad económica importante para las arcas públicas, y concepción socio cultural del juego, una definición que deben hacer los gobernantes contemplando los valores y aspiraciones de la Comunidad. En este punto, es donde la cuestión trasciende lo legal.
Tengamos siempre presente la PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ENTRE RÍOS, titulada El juego, los casinos y la condición humana, del 7 de octubre de 1993 (Fiesta de Nuestra Señora del Rosario), que transcribo integra al final de este escrito, por su altísimo valor moral, y ruego su atenta lectura.
Esta temática hace al modelo de sociedad que queremos para nuestra provincia. A partir de esta concepción moral y socio-política sobre el juego, es imprescindible definir las políticas al respecto.
El juego (con todas las connotaciones valorativas que conlleva), debe ser administrado y explotado exclusiva y excluyentemente por el Estado.
Por un lado, por las garantías mínimas de protección a la ética de la comunidad; por otro, porque solo el Estado (como instrumento jurídico – institucional) puede hacer que la captación de recursos provenientes de esta debilidad humana sean volcados íntegramente a acciones de interés social para los mas carenciados (salud, vivienda, jubilación del ama de casa, etc.)
En manos del Estado, el juego puede ser contenido y tener el límite de un entretenimiento.
En manos privadas, esta comprobado que esta actividad satisface primero sus objetivos de lucro, fomenta el juego y el “Vale Todo”. Con ello, la miseria humana y el vicio afloran, a lo que se agregan la droga y la prostitución con sus terribles secuelas.
Es muy importante tener en cuenta que el juego es una puerta abierta a al lavado de dinero mal habido. Si está en manos del Estado, este delito se hace imposible.
Tan grave es este tema que el Estado Nacional ha dictado la ley n° 25.246, referida al encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, y en particular la Res. 17/2003 de la Unidad de Información Financiera, referida a las operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas, personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar, la guía de transacciones inusuales o sospechosas, el reporte de operación sospechosa, etc.
No dejamos de reconocer que aún en manos del Estado la actividad del juego tiene sus dificultades. Pero estas son más del orden de las decisiones políticas que de otro tipo.
Por ejemplo, cuando las políticas en materia de juegos han sido nefastamente erróneas, y convirtieron a nuestra provincia en un verdadero garito, con salas de juegos diseminadas en el territorio, que no le sirven al IAFAS para la obtención de ingresos, ni a la comunidad, a la que despoja de sus recursos.
O como cuando se han realizado contratos entre el IAFAS y empresarios privados, en donde los gastos son del Estado y las ganancias de los privados.
A estas malas políticas ATE oportunamente las denunció. Otros callaron o fueron cómplices.
COLOFON
Lo último que conozco –extraoficialmente- es que en Diputados se harán últimos intentos de modificar el texto venido del Senado. Por lo que ví, presumo que es un retoque cosmético, solo para confundir.
El declarar que estos servicios de salas de juegos recreativos de azar y/o Casinos, (no deja taxativamente claro que no pueden ser privados) lo serán sin afectar competencias existentes del I.A.F.A.S. ni derechos adquiridos, es una falacia. Se entraría en una nebulosa de imprecisiones, un intrincado laberinto de atribuciones y competencias. Las reglas del juego en Entre Ríos han sido hasta hoy claras: el juego en manos del Estado. El proyecto incorpora lo que los juristas denominan “conceptos jurídicos indeterminados”, o dicho en criollo “claros y oscuros”. Donde antes gobernaba exclusiva y excluyentemente el IAFAS con normas claras y sencillas; ahora ingresa una Subsecretaría de Turismo junto con una Comisión Provincial de Turismo con clara injerencia sobre el juego de azar e integrado por quienes pretenden explotar el juego en la provincia; donde antes el IAFAS debía controlar, hoy debe “facilitar” o “posibilitar” junto a otros órganos estatales totalmente ajenos a la actividad y cooptados por los concesionarios del juego.
El juego, cualquiera quesea, exige y necesita reglas claras, si no hay trampa.
Vuelvo a la cuestión central en donde el debate y análisis no debe caer en simplificaciones como la antinomia estatismo versus privatismo o en meras consideraciones numéricas (por lo demás, en esto se inventan muchos mitos)
Hasta ahora nuestros gobernantes, cuando equivocaron el rumbo respecto de este tema, ante el reclamo de quienes nos oponíamos, fueron capaces de escuchar y desandaron el mal camino.
Hay que aprender de la historia y apelo a que se deseche definitivamente todo intento de privatización del juego de azar y los casinos.
Los trabajadores nucleados en ATE definimos históricamente una postura respecto del juego: ni privatización de la gestión, ni privatización de la renta.
No importa de donde soplen los vientos privatistas, la bandera no será arriada.
Paraná, 04 de Diciembre de 2009
Edgardo Massarotti
DNI 11.584.582
PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ENTRE RÍOS, del 7 de octubre de 1993 (Fiesta de Nuestra Señora del Rosario)
El juego, los casinos y la condición humana
Se ha difundido en los últimos meses la versión de la posible privatización de los casinos provinciales de Entre Ríos.
Ello plantea a la conciencia de la comunidad a la gran cuestión de los juegos de azar y despierta el temor de la agudización de los males morales que ellos entrañan.
Los Obispos de Entre Ríos, atentos a las necesidades espirituales de nuestros hermanos, queremos ofrecerles algunos puntos de la doctrina católica sobre este tema, fundada en la palabra de Dios y meditada por la Iglesia en su probada acción pastoral.
El Jugador. El catecismo de la Iglesia Católica, recientemente publicado, enseña con respecto a los juegos de azar que éstos o las apuestas “nos son en si mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que es necesario para atender a sus necesidades o a las de los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre” (Nº 2413). La primera víctima es el jugador mismo que arrastrado por la pasión del juego, no pierde la esperanza de ganar. Sobre todo en los casinos, se puede crear un entorno que empuja a la corrupción y al vicio del juego descontrolado y a otras gravísimas faltas morales como son la usura, la prostitución, la drogadicción, el lavado de dinero, etc.
Si en principio aceptamos que el juego honesto y mesurado tiene sentido en la vida del hombre, debemos afirmar que, por ser acción humana, reconoce en el hombre mismo su medida. Los casinos en cuanto ponen en peligro la vida moral digna de los individuos, no deben ser promovidos y menos aún, instalados.
Se ha de tener especialmente en cuenta que cuando están situados en zonas de frontera, como es el caso de Entre Ríos, se facilita el tráfico ilegal de todo tipo y se agrava seriamente el problema.
La familia y la sociedad. El jugador apasionado arriesga y muchas veces pierde aquello que pertenece a los hijos y a la esposa. Es un acto de injusticia y mas aún, contrario al amor, que lastima profundamente la comunión familiar. También el jugador peca contra la solidaridad social, porque los bienes propios deben ser siempre administrados atendiendo al bien común, al de todos, especialmente de los más necesitados, y no deben ser manejados como si fuésemos dueños absolutos de las cosas. Es mas, lo superfluo, es decir, lo que sobra después de haber atendido a las necesidades individuales, familiares y sociales, debe ser utilizado para el bien de los demás, porque pertenece, repetimos, a los pobres y desamparados.
Por todo esto es claro que una sociedad, con sus autoridades al frente debe procurar que las personas, las familias, y toda la comunidad se realicen plenamente en sus verdaderos valores, y se aparten, en lo posible, de todo lo que ponga en peligro o impida su digno desarrollo.
No escapa a nuestro juicio que el riesgo de los casinos puede disminuir parcialmente cuando, como sucede en Entre Ríos, el juego es administrado por el Estado responsable del bien común. En efecto, la autoridad pública puede atemperar las consecuencias malas de la debilidad humana manifestada en el juego, cuando los administra sin promoverlos con fines de lucro, y por otra parte, cuando destina los beneficios obtenidos a obras de bien. En cambio, la administración privada, además de los males antes señalados, llevada por el afán de ganancias sin límites, tiende a buscar por los medios a su alcance, la promoción de las casas de juegos y la multiplicación de los jugadores.
Como consecuencia podrían participar personas con recursos cada vez menos elevados. Si estos juegos son riesgosos y dañinos para los pudientes, cuanto mas lo serán para las personas y familias menos acomodadas.
Sostener que la administración estatal puede y debe reducir los riesgos propios de estos juegos, no significa cambiar el juicio negativo que ya hicimos sobre los casinos, y menos aún justificarlos. Por el contrario reiteramos que el lucro fácil, la ambición desmedida de riqueza, el menor aprecio del trabajo, son desvalores que no deben enfermar el alma de un pueblo. Una sociedad digna y madura se debe constituir por una cultura que tenga, como uno de sus principales valores, el trabajo. Entre Ríos debe ser conocido y honrado como el pueblo que vive del fruto de su trabajo, y no como un grupo humano poco sabio y solidario que irresponsablemente dilapida sus bienes.
Reconocemos que la construcción de la sociedad es responsabilidad de todos sus miembros, cada uno con sus fuerzas y su misión. Nosotros hemos querido cumplir de esta manera con nuestra responsabilidad, encomendado a todos los miembros de la Iglesia que aporten sus ideas y esfuerzo para constituir una cultura cada vez mas humana, en la que el juego no se desnaturalice y ocupe su justo lugar en la jerarquía de valores. La medida de la cultura y por tanto del juego es el hombre y su dignidad de hijo de Dios.
Sabemos que estamos acompañados en esta preocupación por muchas personas de buena voluntad, que no comparten nuestra fe. Esto conforta nuestra actitud. A ellos también nos dirigimos, con sincero respecto y afecto.
Adolfo Gerstner Pedro Boxler Estanislao E. Karlic
Obispo de Concordia Obispo de Gualeguaychú Arzobispo de Paraná
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