En otro orden de cosas, las distintas organizaciones sindicales y territoriales, tienen previsto para este miércoles a la hora 10, la entrega simbólica del petitorio con firmas de vecinos que sobre dicho tópico vienen impulsando desde la Constituyente Social de Gualeguaychú. Es idea de los convocantes acompañar la entrega con representación de los vecinos y organizaciones, y poder reunirse con el Presidente Municipal.
Mesa local de CTA - Gualeguaychú
martes, 29 de junio de 2010
REPUDIO AL GOLPE EN HONDURAS Y SOLIDARIDAD CON SU PUEBLO A UN AÑO DEL MISMO
Al cumplirse el primer aniversario del golpe Cívico-Militar en el hermano país de Honduras, la CTA-Gualeguaychú mantiene su repudio absoluto contra los gestores del golpe y su accionar represivo y genocida, que solo en lo que va de 2010 se cobro la vida de nueve periodistas, activistas y sindicalistas cuyo número exacto se desconoce por la falta de libertad y ocultamiento del régimen.
También expresamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo Hondureño que aun hoy, a un año del secuestro del presidente constitucional Manual Zelaya, sigue en la resistencia pidiendo por el retorno de su presidente electo, y la realización de una Asamblea Nacional Constituyente que le permita a Honduras comenzar a transitar el camino de la igualdad.
También expresamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo Hondureño que aun hoy, a un año del secuestro del presidente constitucional Manual Zelaya, sigue en la resistencia pidiendo por el retorno de su presidente electo, y la realización de una Asamblea Nacional Constituyente que le permita a Honduras comenzar a transitar el camino de la igualdad.
viernes, 11 de junio de 2010
LA CTA PARANÁ RECLAMA UNA ASIGNACIÓN UNIVERSAL DE $300 POR HIJO
Es inocultable que más de un 30 por ciento de los argentinos vive en la pobreza y el 15 por ciento en la indigencia. No existen estadísticas que maquillen esta realidad. Siendo más grave aún el problema, ya que el hambre se ensaña con nuestros niños. Los índices determinan que sobre un total de 13 millones de pobres más de 6 millones son menores de 18 años. Casi 3 millones de niños que al vivir en hogares bajo la línea de indigencia, pasan hambre al no contar con ingresos suficientes en sus hogares para adquirir la canasta básica de alimentos. El 25 por ciento de niños argentinos viven en esta dramática situación.
Esta infantilización de la pobreza que conlleva al trabajo infantil es producto de la desigualdad social en la que se encuentra inmerso nuestro país. Situación que hasta el momento no se ha revertido.
El trabajo infantil es una realidad que nos golpea fuertemente. A nivel nacional dos millones de niños desarrollan actividades laborales; en nuestra provincia el 6.7 por ciento de mano de obra infantil se concentra en el aglomerado de Concordia y el 3,2 por ciento en Paraná.
La pobreza y la indigencia no deben ser el instrumento para que en nuestro país exista trabajo infantil y explotación de menores.
En este contexto desde la CTA Paraná creemos que si no se aplican políticas de Estado tendientes a revertir la situación, es factible que a corto plazo el niño que no tuvo acceso a la educación y trabajo desde pequeño, repita el cuadro con las siguientes generaciones, continuando la franja de vulnerabilidad.
Los gobiernos nacional y provincial deben revertir esta desigualdad mediante políticas públicas destinadas a la niñez. A partir del Decreto 1602/09 que determinó que 3,4 millones de niños accedan al beneficio de la asignación, es un avance en sus derechos y un reconocimiento a sus necesidades. Pero debe ser universal. Lamentablemente 5 millones de chicos no gozan de ese beneficio ni resuelven sus necesidades porque son hijos de trabajadores no registrados que ganan por encima del salario mínimo, hijos de trabajadores cuentapropistas, hijos de trabajadores desocupados e informales que nacieron luego del quinto hijo a pesar de que perciban ingresos inferiores al salario mínimo, hijos de trabajadores mayores de 65 años excluidos del sistema previsional.
En este sentido desde la Central reafirmamos la necesidad imperiosa de garantizar en la Argentina de una vez y para siempre, para toda la población y de modo universal, “un mínimo de derechos sociales básicos”. Ya no se trata de un plan más o de un programa focalizado en tal o cuál sector de la población, sino de una ley que defina un salario familiar universal de 300 pesos para todos los menores de 18 años. Garantizando un mismo valor para los hijos de todos los trabajadores independientemente de la relación laboral que desarrollen.
Esta política social concretaría un derecho social que actualmente es negado para el 65 por ciento de los menores en la Argentina; teniendo un impacto favorable e inmediato en la pobreza: la por ciento conformación de un ingreso mínimo para los hogares hace decender la tasa de pobreza del 33.8 por ciento al 23,8 por ciento, representando una caída en la tasa del 30 por ciento. La tasa de indigencia pasaría del 16.4 al 4 por ciento o sea representaría una caída del 73 por ciento.
Y fundamentalmente dignificaría a los niños y a sus familias que percibían planes sociales por su condición de pobre al pasar a percibir una asignación familiar por su condición de ciudadano, con derechos y dejar de tener que verse sometidos a demostrar su condición de vulnerabilidad. Generando una situación de justicia social al pasar todos los niños y niñas de la Argentina a tener el mismo valor para el Estado.
El costo de extender a 300 pesos a los más de 13 millones de menores de nuestro país debe realizarse incorporando como parte del financiamiento al programa de asignaciones familiares que paga la ANSES y al nuevo programa denominado Asignación Universal por Hijo para la Protección Social. De esta manera el costo neto de la medida sería de 32.518 millones de pesos; una cifra perfectamente financiable con los recursos que cuenta el Estado actualmente destinado a otros fines.
Las fuentes de financiamiento están; en primer lugar, la construcción de un piso mínimo de ingresos para la demanda interna que lleva consigo un importante nivel de autofinanciamiento. Este mayor consumo popular supone una ampliación de la recaudación tributaria de más de 11.950 millones de pesos anuales, garantizando la sustentabilidad de esta medida en el tiempo.
De esta manera el costo fiscal neto anual para universalizar el salario familiar es de 20.568 millones de pesos, equivalente al 1.7 por ciento de la riqueza anual producida en la Argentina (PBI). Representando apenas el 8.3 por ciento del volumen de exportación y el 11.2 por ciento de las reservas internacionales que acumula el Banco Central; siendo apenas el 7.6 por ciento de los gastos del gobierno nacional y el 11.5 por ciento de los gobiernos provinciales y municipales.
A su vez el Estado debe cambiar el orden de sus prioridades. Hoy entre regimenes de promoción económica, exenciones impositivas y subsidios al capital concentrado se destinan 40.000 millones de pesos. Estos recursos fiscales existen y están disponibles. Hasta aquí con solo la reasignación de las partidas presupuestarias se garantiza poner en marcha de manera inmediata el salario familiar de 300 pesos por hijo.
Debemos ser capaces de cambiar el eje de aplicación de políticas focalizadas y paliativas por la aplicación de políticas verdaderamente universales que garanticen la distribución de la riqueza como instrumento para la erradicación del trabajo infantil; para promover derechos a la salud y a la educación.; para terminar con este flagelo social. Que sólo significa dolor para nuestra niñez hipotecando el futuro de nuestra sociedad.
Esta infantilización de la pobreza que conlleva al trabajo infantil es producto de la desigualdad social en la que se encuentra inmerso nuestro país. Situación que hasta el momento no se ha revertido.
El trabajo infantil es una realidad que nos golpea fuertemente. A nivel nacional dos millones de niños desarrollan actividades laborales; en nuestra provincia el 6.7 por ciento de mano de obra infantil se concentra en el aglomerado de Concordia y el 3,2 por ciento en Paraná.
La pobreza y la indigencia no deben ser el instrumento para que en nuestro país exista trabajo infantil y explotación de menores.
En este contexto desde la CTA Paraná creemos que si no se aplican políticas de Estado tendientes a revertir la situación, es factible que a corto plazo el niño que no tuvo acceso a la educación y trabajo desde pequeño, repita el cuadro con las siguientes generaciones, continuando la franja de vulnerabilidad.
Los gobiernos nacional y provincial deben revertir esta desigualdad mediante políticas públicas destinadas a la niñez. A partir del Decreto 1602/09 que determinó que 3,4 millones de niños accedan al beneficio de la asignación, es un avance en sus derechos y un reconocimiento a sus necesidades. Pero debe ser universal. Lamentablemente 5 millones de chicos no gozan de ese beneficio ni resuelven sus necesidades porque son hijos de trabajadores no registrados que ganan por encima del salario mínimo, hijos de trabajadores cuentapropistas, hijos de trabajadores desocupados e informales que nacieron luego del quinto hijo a pesar de que perciban ingresos inferiores al salario mínimo, hijos de trabajadores mayores de 65 años excluidos del sistema previsional.
En este sentido desde la Central reafirmamos la necesidad imperiosa de garantizar en la Argentina de una vez y para siempre, para toda la población y de modo universal, “un mínimo de derechos sociales básicos”. Ya no se trata de un plan más o de un programa focalizado en tal o cuál sector de la población, sino de una ley que defina un salario familiar universal de 300 pesos para todos los menores de 18 años. Garantizando un mismo valor para los hijos de todos los trabajadores independientemente de la relación laboral que desarrollen.
Esta política social concretaría un derecho social que actualmente es negado para el 65 por ciento de los menores en la Argentina; teniendo un impacto favorable e inmediato en la pobreza: la por ciento conformación de un ingreso mínimo para los hogares hace decender la tasa de pobreza del 33.8 por ciento al 23,8 por ciento, representando una caída en la tasa del 30 por ciento. La tasa de indigencia pasaría del 16.4 al 4 por ciento o sea representaría una caída del 73 por ciento.
Y fundamentalmente dignificaría a los niños y a sus familias que percibían planes sociales por su condición de pobre al pasar a percibir una asignación familiar por su condición de ciudadano, con derechos y dejar de tener que verse sometidos a demostrar su condición de vulnerabilidad. Generando una situación de justicia social al pasar todos los niños y niñas de la Argentina a tener el mismo valor para el Estado.
El costo de extender a 300 pesos a los más de 13 millones de menores de nuestro país debe realizarse incorporando como parte del financiamiento al programa de asignaciones familiares que paga la ANSES y al nuevo programa denominado Asignación Universal por Hijo para la Protección Social. De esta manera el costo neto de la medida sería de 32.518 millones de pesos; una cifra perfectamente financiable con los recursos que cuenta el Estado actualmente destinado a otros fines.
Las fuentes de financiamiento están; en primer lugar, la construcción de un piso mínimo de ingresos para la demanda interna que lleva consigo un importante nivel de autofinanciamiento. Este mayor consumo popular supone una ampliación de la recaudación tributaria de más de 11.950 millones de pesos anuales, garantizando la sustentabilidad de esta medida en el tiempo.
De esta manera el costo fiscal neto anual para universalizar el salario familiar es de 20.568 millones de pesos, equivalente al 1.7 por ciento de la riqueza anual producida en la Argentina (PBI). Representando apenas el 8.3 por ciento del volumen de exportación y el 11.2 por ciento de las reservas internacionales que acumula el Banco Central; siendo apenas el 7.6 por ciento de los gastos del gobierno nacional y el 11.5 por ciento de los gobiernos provinciales y municipales.
A su vez el Estado debe cambiar el orden de sus prioridades. Hoy entre regimenes de promoción económica, exenciones impositivas y subsidios al capital concentrado se destinan 40.000 millones de pesos. Estos recursos fiscales existen y están disponibles. Hasta aquí con solo la reasignación de las partidas presupuestarias se garantiza poner en marcha de manera inmediata el salario familiar de 300 pesos por hijo.
Debemos ser capaces de cambiar el eje de aplicación de políticas focalizadas y paliativas por la aplicación de políticas verdaderamente universales que garanticen la distribución de la riqueza como instrumento para la erradicación del trabajo infantil; para promover derechos a la salud y a la educación.; para terminar con este flagelo social. Que sólo significa dolor para nuestra niñez hipotecando el futuro de nuestra sociedad.
LA ASAMBLEA AMBIENTAL LLEVÓ EL RECLAMO A LA COMUNA
La siguiente Proclama fué leída ante más de mil personas reunidas en la oportunidad.
“Nos hemos reunido en la plaza para manifestar nuestro repudio y preocupación por la decisión del Gobierno nacional de perseguir penal y civilmente a los vecinos de Gualeguaychú, que luchan contra la instalación de la ilegal Botnia.
“La decisión comunicada por la Jefatura de Gabinete significa una absurda agresión a quienes luchamos pacíficamente por la defensa del medioambiente y en contra de un emprendimiento que ha sido declarado ilegal por la propia Corte Internacional de Justicia.
“Cuando esperábamos ser notificados de un fallo del Juzgado Federal que todavía no conocemos, se nos intenta reprimir y acallar de una manera más sutil. En lugar de utilizar todas las energías políticas contra el hecho que origina nuestro reclamo, mostrar seriedad y firmeza frente al Gobierno de la República Oriental del Uruguay, que fue quien originó este desgraciado conflicto; articular acciones legales, políticas y diplomáticas se pretende amedrentarnos, criminalizar la protesta y perseguir a quienes públicamente hemos defendido pacíficamente nuestros derechos en una protesta social, justa, que garantiza nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que hemos adherido.
“En definitiva, de haber algún tipo de delito, que los propios funcionarios nacionales sean partícipes necesarios de lo que demuestra la lucha de Gualeguaychú.
“Sólo la política resolverá este conflicto, Arroyo Verde somos todos y no daremos un paso atrás en nuestra lucha. Nunca el Poder Judicial y la actitud del Gobierno Nacional que se erige en defensor de inversiones extranjeras absolutamente ilegales, que el bienestar de los vecinos ya afectados por la contaminación de Botnia. Tampoco enancándose en denuncias egoístas de vecinos que en lugar de solidarizarse prefieren su comodidad personal y se olvidan del medio ambiente”.
“Reclamamos que como intendente y jefe político de la ciudad, como así también el senador Nacional Pedro Guastavino, condene y rechace el proceder del Gobierno Nacional y preserve el buen nombre y honor de miles de vecinos que usted señor intendente conoce muy bien, y le consta que jamás han cometido un hecho delictivo.
“Al mismo tiempo pedimos una solidaridad activa, para que junto con el Gobierno provincial se reclame el retiro de las medidas anunciadas por la Jefatura de Gabinete”.
“Nos hemos reunido en la plaza para manifestar nuestro repudio y preocupación por la decisión del Gobierno nacional de perseguir penal y civilmente a los vecinos de Gualeguaychú, que luchan contra la instalación de la ilegal Botnia.
“La decisión comunicada por la Jefatura de Gabinete significa una absurda agresión a quienes luchamos pacíficamente por la defensa del medioambiente y en contra de un emprendimiento que ha sido declarado ilegal por la propia Corte Internacional de Justicia.
“Cuando esperábamos ser notificados de un fallo del Juzgado Federal que todavía no conocemos, se nos intenta reprimir y acallar de una manera más sutil. En lugar de utilizar todas las energías políticas contra el hecho que origina nuestro reclamo, mostrar seriedad y firmeza frente al Gobierno de la República Oriental del Uruguay, que fue quien originó este desgraciado conflicto; articular acciones legales, políticas y diplomáticas se pretende amedrentarnos, criminalizar la protesta y perseguir a quienes públicamente hemos defendido pacíficamente nuestros derechos en una protesta social, justa, que garantiza nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que hemos adherido.
“En definitiva, de haber algún tipo de delito, que los propios funcionarios nacionales sean partícipes necesarios de lo que demuestra la lucha de Gualeguaychú.
“Sólo la política resolverá este conflicto, Arroyo Verde somos todos y no daremos un paso atrás en nuestra lucha. Nunca el Poder Judicial y la actitud del Gobierno Nacional que se erige en defensor de inversiones extranjeras absolutamente ilegales, que el bienestar de los vecinos ya afectados por la contaminación de Botnia. Tampoco enancándose en denuncias egoístas de vecinos que en lugar de solidarizarse prefieren su comodidad personal y se olvidan del medio ambiente”.
“Reclamamos que como intendente y jefe político de la ciudad, como así también el senador Nacional Pedro Guastavino, condene y rechace el proceder del Gobierno Nacional y preserve el buen nombre y honor de miles de vecinos que usted señor intendente conoce muy bien, y le consta que jamás han cometido un hecho delictivo.
“Al mismo tiempo pedimos una solidaridad activa, para que junto con el Gobierno provincial se reclame el retiro de las medidas anunciadas por la Jefatura de Gabinete”.
SOLIDARIDAD POLÍTICA Y GREMIAL CON LA ASAMBLEA AMBIENTAL
La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de querellar a un grupo de integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, provocó la adhesión de distintos sectores políticos y sociales, todos rechazando el paso dado por el gobierno.
La junta promotora del Movimiento Proyecto Sur expresó su rechazo a la actitud del gobierno nacional de judicializar la protesta de la Asamblea Ambiental. “Al igual que lo que sucede con emprendimientos mineros a cielo abierto y con el uso de fertilizantes tóxicos, el gobierno oculta su incapacidad, y en algunos casos su complicidad, derivando a la Justicia lo que requiere una decisión política”.
En el caso concreto de Gualeguaychú, “después de haber manifestado que esta lucha era una causa nacional, ahora se les inicia causas penales a los asambleístas”.
Proyecto Sur manifestó su solidaridad con la Asamblea Ambientalista y el conjunto de la sociedad.
Por su parte, Agmer pidió por el ‘no a la judicialización de las protestas sociales’. “Ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de iniciar acciones penales y civiles contra quienes hace más de tres años mantienen el corte de Arroyo Verde” Agmer Gualeguaychú expresó: “no a la judicialización de las protestas sociales; no a las amenazas de represión que atentan contra la paz social de la que el estado y los gobernantes deben ser garantes; no al amedrentamiento judicial que socava la integridad moral y psíquica de las personas”.
Dio su solidaridad “con los compañeros que han sido identificados con nombre y apellido” como lo expresara el Ministro Aníbal Fernández. “Bregamos por la resolución de los conflictos sociales en forma pacífica, con decisiones políticas que correspondan con lo pedido por el pueblo”. Reiteró su apoyo a las decisiones de la Asamblea Ciudadana.
Otro sector que se manifestó es la Mesa Loca de la Confederación de Trabajadores Argentinos. Brindó su apoyo a la Asamblea Ambiental “y a su elección de lucha contra la transnacional contaminante e ilegal Botnia-UPM”. Levantó su “histórica bandera de condena a la criminalización y judicialización de la protesta social.
Ratificamos que el único camino a seguir es el debate colectivo y democrático de toda la sociedad de Gualeguaychú y no el enfrentamiento que algunos grupos aislados quieren instalar”.
La junta promotora del Movimiento Proyecto Sur expresó su rechazo a la actitud del gobierno nacional de judicializar la protesta de la Asamblea Ambiental. “Al igual que lo que sucede con emprendimientos mineros a cielo abierto y con el uso de fertilizantes tóxicos, el gobierno oculta su incapacidad, y en algunos casos su complicidad, derivando a la Justicia lo que requiere una decisión política”.
En el caso concreto de Gualeguaychú, “después de haber manifestado que esta lucha era una causa nacional, ahora se les inicia causas penales a los asambleístas”.
Proyecto Sur manifestó su solidaridad con la Asamblea Ambientalista y el conjunto de la sociedad.
Por su parte, Agmer pidió por el ‘no a la judicialización de las protestas sociales’. “Ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de iniciar acciones penales y civiles contra quienes hace más de tres años mantienen el corte de Arroyo Verde” Agmer Gualeguaychú expresó: “no a la judicialización de las protestas sociales; no a las amenazas de represión que atentan contra la paz social de la que el estado y los gobernantes deben ser garantes; no al amedrentamiento judicial que socava la integridad moral y psíquica de las personas”.
Dio su solidaridad “con los compañeros que han sido identificados con nombre y apellido” como lo expresara el Ministro Aníbal Fernández. “Bregamos por la resolución de los conflictos sociales en forma pacífica, con decisiones políticas que correspondan con lo pedido por el pueblo”. Reiteró su apoyo a las decisiones de la Asamblea Ciudadana.
Otro sector que se manifestó es la Mesa Loca de la Confederación de Trabajadores Argentinos. Brindó su apoyo a la Asamblea Ambiental “y a su elección de lucha contra la transnacional contaminante e ilegal Botnia-UPM”. Levantó su “histórica bandera de condena a la criminalización y judicialización de la protesta social.
Ratificamos que el único camino a seguir es el debate colectivo y democrático de toda la sociedad de Gualeguaychú y no el enfrentamiento que algunos grupos aislados quieren instalar”.
jueves, 10 de junio de 2010
LA MESA LOCAL DE CTA MANIFIESTA PUBLICAMENTE
Su apoyo a la Asamblea Ambiental Gualeguaychú y a su elección de lucha contra la transnacional contaminante e ilegal BOTNIA-UPM.
Levanta su histórica bandera de condena a la criminalización y judicialización de la protesta social.
Ratificamos que el único camino a seguir es el debate colectivo y democrático de toda la sociedad de Gualeguaychú y no el enfrentamiento que algunos grupos aislados quieren instalar.
FUERA BOTNIA-UPM DE LA CUENCA DEL RÍO URUGUAY
NO A LA JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL
UNIDAD EN LA ACCIÓN
CTA mesa local.
Levanta su histórica bandera de condena a la criminalización y judicialización de la protesta social.
Ratificamos que el único camino a seguir es el debate colectivo y democrático de toda la sociedad de Gualeguaychú y no el enfrentamiento que algunos grupos aislados quieren instalar.
FUERA BOTNIA-UPM DE LA CUENCA DEL RÍO URUGUAY
NO A LA JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL
UNIDAD EN LA ACCIÓN
CTA mesa local.
miércoles, 9 de junio de 2010
LA ASAMBLEA ESCRIBIÓ UNA CARTA ABIERTA AL JUEZ PIMENTEL Y A LA FISCAL SQUIVO
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú dio a conocer una carta abierta dirigida al juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel y a la fiscal federal María de los Milagros Squivo.
Por estas horas llevan ustedes sobre sus hombros una carga impuesta por circunstancias a las que son ajenos. Se está pretendiendo utilizar el Código Penal como herramienta para enfrentar uno de los más intensos conflictos sociales que sacude a la República y que la trasciende porque involucra a un país vecino y a comunidades hermanas.
La instalación ilegal de la pastera contaminante de la empresa finlandesa Botnia-UPM en la Cuenca del Río Uruguay ha desatado diferencias y enfrentamientos inimaginables en el pasado reciente cuando todo parecía prometer un futuro promisorio, hermanados los pueblos de la región en el origen y en el destino. Hoy, lamentablemente, se ciernen oscuros intereses sobre nuestra naturaleza que ponen en riesgo la vida y la salud del ecosistema y de las personas y son la matriz de las divisiones que lastiman a los pueblos. Estamos en medio de un profundo debate con una lucha activa por parte de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú que levanta una causa que no va a menguar por la aplicación de las estrechas posibilidades que otorga el procedimiento penal. Algo está pasando en la Argentina dada la conflictividad social existente.
De modo tal que se está viendo como tanto en los fallos judiciales como en el pensamiento de calificados juristas, se pone de resalto que no es el derecho penal el camino para afrontar las luchas sociales. A ustedes los han colocado en una situación difícil, sobre todo porque quienes tienen en sus manos la responsabilidad de aportar soluciones miran para otro lado en tanto alientan a los mezquinos que, impulsados por el lucro y la ambición, no dudan en denunciar resultando funcionales a quienes pretenden debilitarnos y fragmentarnos. Sin embargo, en su condición de ciudadanos y constructores del derecho, tienen una oportunidad de demostrar que se puede pasar por encima de las acechanzas y la oscuridad. Tengan en cuenta que el anterior juez federal recibió en varias ocasiones a representantes de la Asamblea, que personalmente recorrió el Río Uruguay en la zona impactada por Botnia y que permitió el diálogo. No se olviden que en su juzgado tramita la causa por contaminación en la que se ha citado a indagatoria a los directivos de Botnia y que ha sido la decisión política del gobierno uruguayo la que ha impedido que se los notifique, obstaculizando el accionar de la justicia y consagrando la impunidad. Con estos antecedentes, con estas realidades, les pedimos que bajo una serena reflexión, se abran a un encuentro fraternal con esta Asamblea. Antes de tomar una decisión, antes de que sea tarde, recíbannos, escúchennos, dense la oportunidad de entendernos. No sería ni más ni menos que lo que la propia Corte Suprema ya dijo en el expediente "Iannuzzi" cuando sostuvo en relación a nuestra protesta sobre la Ruta 136 que no debe prescindirse de la sustanciación de un proceso contencioso en el que exista espacio para el debate. En sus manos está preservar la paz social. Atte.
ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL GUALEGUAYCHU
9 de junio de 2010
Por estas horas llevan ustedes sobre sus hombros una carga impuesta por circunstancias a las que son ajenos. Se está pretendiendo utilizar el Código Penal como herramienta para enfrentar uno de los más intensos conflictos sociales que sacude a la República y que la trasciende porque involucra a un país vecino y a comunidades hermanas.
La instalación ilegal de la pastera contaminante de la empresa finlandesa Botnia-UPM en la Cuenca del Río Uruguay ha desatado diferencias y enfrentamientos inimaginables en el pasado reciente cuando todo parecía prometer un futuro promisorio, hermanados los pueblos de la región en el origen y en el destino. Hoy, lamentablemente, se ciernen oscuros intereses sobre nuestra naturaleza que ponen en riesgo la vida y la salud del ecosistema y de las personas y son la matriz de las divisiones que lastiman a los pueblos. Estamos en medio de un profundo debate con una lucha activa por parte de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú que levanta una causa que no va a menguar por la aplicación de las estrechas posibilidades que otorga el procedimiento penal. Algo está pasando en la Argentina dada la conflictividad social existente.
De modo tal que se está viendo como tanto en los fallos judiciales como en el pensamiento de calificados juristas, se pone de resalto que no es el derecho penal el camino para afrontar las luchas sociales. A ustedes los han colocado en una situación difícil, sobre todo porque quienes tienen en sus manos la responsabilidad de aportar soluciones miran para otro lado en tanto alientan a los mezquinos que, impulsados por el lucro y la ambición, no dudan en denunciar resultando funcionales a quienes pretenden debilitarnos y fragmentarnos. Sin embargo, en su condición de ciudadanos y constructores del derecho, tienen una oportunidad de demostrar que se puede pasar por encima de las acechanzas y la oscuridad. Tengan en cuenta que el anterior juez federal recibió en varias ocasiones a representantes de la Asamblea, que personalmente recorrió el Río Uruguay en la zona impactada por Botnia y que permitió el diálogo. No se olviden que en su juzgado tramita la causa por contaminación en la que se ha citado a indagatoria a los directivos de Botnia y que ha sido la decisión política del gobierno uruguayo la que ha impedido que se los notifique, obstaculizando el accionar de la justicia y consagrando la impunidad. Con estos antecedentes, con estas realidades, les pedimos que bajo una serena reflexión, se abran a un encuentro fraternal con esta Asamblea. Antes de tomar una decisión, antes de que sea tarde, recíbannos, escúchennos, dense la oportunidad de entendernos. No sería ni más ni menos que lo que la propia Corte Suprema ya dijo en el expediente "Iannuzzi" cuando sostuvo en relación a nuestra protesta sobre la Ruta 136 que no debe prescindirse de la sustanciación de un proceso contencioso en el que exista espacio para el debate. En sus manos está preservar la paz social. Atte.
ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL GUALEGUAYCHU
9 de junio de 2010
martes, 8 de junio de 2010
TRABAJADORES DE ATE REALIZARÁN UN PARO POR 24 HORAS
En concordancia con el resto del país, los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia realizarán mañana un paro de 24 horas. Reclaman un llamado a paritarias de parte del gobierno nacional.
El secretario adjunto de ATE, José Galarraga, recordó en RADIO MÁXIMA, que “venimos reclamando la apertura de las paritarias hace tiempo” y que “la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) cerró con UPCN un 21 por ciento, que está lejos del 35 que venimos planteando”.
“Es un paro muy importante”, consideró el secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado, quien además adelantó que ya está definido realizar otro paro de 48 horas para la segunda quincena de junio.
Consultado sobre qué servicios se verían restringidos debido a la huelga, Galarraga dijo que “siempre hemos garantizado salud y comedores escolares porque se deja la comida preparada”.
El secretario adjunto de ATE, José Galarraga, recordó en RADIO MÁXIMA, que “venimos reclamando la apertura de las paritarias hace tiempo” y que “la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) cerró con UPCN un 21 por ciento, que está lejos del 35 que venimos planteando”.
“Es un paro muy importante”, consideró el secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado, quien además adelantó que ya está definido realizar otro paro de 48 horas para la segunda quincena de junio.
Consultado sobre qué servicios se verían restringidos debido a la huelga, Galarraga dijo que “siempre hemos garantizado salud y comedores escolares porque se deja la comida preparada”.
lunes, 7 de junio de 2010
GUALEGUAYCHÚ SE CONSTITUYE
El próximo martes 8 de Junio a las 21:00 horas, los vecinos y vecinas de Gualeguaychú se convocan para avanzar en las problemáticas locales en la sede de AGMER hacia una Constituyente Social.
Los ejes sobre los que venimos avanzando son:
Petitorio por tierras para construir vivienda, establecimiento de mecanismos de expropiación ya que las tierras urbanas están concentradas en pocas manos. En este sentido definiremos en esta reunión las acciones a seguir.
También el tema de nuestro teatro, Gualeguaychu, que se ha recuperado con plata del pueblo y pretendemos siga siendo un espacio para los grandes debates de nuestra ciudad. Se ha consolidado un grupo de debate desde los sectores de la cultura muy ricos.
Otro tema será el desarrollo de las campañas públicas en Gualeguaychú.
Los ejes sobre los que venimos avanzando son:
Petitorio por tierras para construir vivienda, establecimiento de mecanismos de expropiación ya que las tierras urbanas están concentradas en pocas manos. En este sentido definiremos en esta reunión las acciones a seguir.
También el tema de nuestro teatro, Gualeguaychu, que se ha recuperado con plata del pueblo y pretendemos siga siendo un espacio para los grandes debates de nuestra ciudad. Se ha consolidado un grupo de debate desde los sectores de la cultura muy ricos.
Otro tema será el desarrollo de las campañas públicas en Gualeguaychú.
martes, 1 de junio de 2010
AMPLIAR LA ASIGNACIÓN POR HIJO PARA QUE SEA UNIVERSAL
[27/05/2010 - ACTA] Con la presencia de diputados nacionales y dirigentes nacionales y provinciales de la CTA, junto a Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora y representantes del Foro por los Derechos de la Niñez de la Provincia de Buenos Aires, se presentó esta mañana en una conferencia de prensa realizada en la Casa de la Coordinación Nacional de la Constituyente Social, el material sobre Salario Familiar Universal en la Argentina a partir de una Asignación Universal por Hijo de 300 pesos.
La presentación y lanzamiento de los materiales elaborados por el Equipo Estadístico del Instituto de Estudios y Formación de la CTA y el equipo de Comunicación de la Constituyente Social, en el marco de la Campaña Bicentenario sin Hambre, busca instalar públicamente la necesidad -y posibilidad cierta- de implementar un Salario Familiar Universal que permita acabar con el hambre destinando recursos que no provengan de los jubilados a través de la ANSES.
“Más del 30% de nuestra gente vive en la pobreza y el 15% pasa hambre. No hay estadística que pueda maquillar esta realidad” comienza diciendo la publicación y avanza con números duros: “2.103.347 de nuestros chicos no cuenta con agua corriente en su vivienda ni cloacas en sus hogares; más del 2.000.000 viven en zonas inundables; casi 750.000 chicos en edad escolar (5 a 18 años) no asisten a ningún establecimiento educativo”.
La propuesta, que cuenta con el respaldo de los diputados Graciela Iturraspe, Liliana Parada y Eduardo Macalusse, junto al bloque de Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur, propone un salario familiar de $300 pesos para todos los menores de 18 años; para todos los hijos de los trabajadores y trabajadoras de este país.
Un Salario Familiar Universal que garantice un mismo valor para los hijos de todos los trabajadores independientemente del tipo de relación laboral que desarrolle. Esta política social de carácter universal tendría varios efectos positivos:
* Concreta un derecho social que actualmente es negado para el 65% de los menores en la Argentina.
* Tiene un impacto favorable e inmediato en la pobreza: la conformación de un ingreso mínimo para los hogares hace descender la tasa de pobreza del 33,8% al 23,8% (esto representa una caída en la tasa del 30%).
* También bajaría la tasa de indigencia: pasaría del 14,6% al 4% (una caída del 73%).
* Dignificará a los niños/as y sus familias que percibían planes sociales por su condición de pobre al pasar a percibir una Asignación Familiar por su condición de ciudadanos/habitantes con derechos y dejar de tener que verse sometidos a demostrar su condición de “pobres” o “vulnerables”.
* Generará una situación de justicia social al pasar todos los niños y niñas de la Argentina a tener el mismo valor para el Estado.
Es decir, universalizando el Salario Familiar por Hijo a $300, la pobreza se reduce a la mitad y el hambre desaparece de la Argentina.
“De los 13 millones de pobres, 6 millones son menores de 18 años. Es impactante que solo con el 1.7 por ciento del producto bruto interno nosotros resolvemos terminar con el hambre”, expresó la diputada Liliana Parada y agregó que es este un "tema para tomar en serio, porque el ingreso universal, debe ser universal. Y entendemos que un camino, y en el marco de la Constituyente Social, va más allá de la redistribución de la riqueza, esto hace a la soberanía de una Nación, a la soberanía alimentaria de un pueblo. Este país no está de fiesta con el 30 por ciento de su gente bajo la línea de pobreza”.
“En el marco del Bicentenario se da la discusión y el debate sobre qué país queremos tener. Y hay diferencias y similitudes con el centenario: una de las similitudes es que buena parte de la población ni en el centenario ni en el bicentenario tienen garantizada la alimentación ni la salud, que son derechos básicos y están escritos en la Constitución pero no se cumplen”, dijo por su parte, Eduardo Macaluse. Y agregó: "No es un problema de dinero, es un problema de decisión política y de distribución justa o injusta de la riqueza que producen los trabajadores en este país”.
Nora Cortiñas destacó lo relevante de este proyecto: “Hubo un paso muy importante, pero también es importante la igualdad. Este plan nos va a redondear esa satisfacción que queremos que tengan todos”.
Víctor De Gennaro concluyó señalando el avance que ha significado que 3.400.000 chicos cobren 180 pesos que no cobraban con anterioridad, pero indicó que esta medida del Gobierno tiene que ser completada con la verdadera dimensión de la universalidad. “Hoy esta asignación deja afuera a dos millones y medio de chicos que por distintas formas de la aplicación de los planes no cobran el salario familiar. Con lo cual es una discriminación”. Agregó además que si se elevara a 300 pesos “se termina la inmoralidad del hambre en la Argentina. Es cuestión de decisión política”.
Cabe recordar que mañana marcha en Mar del Plata el Movimiento Nacional de los Chicos del pueblo, para difundir la campaña “El hambre es un crimen”.
Fuente: www.constituyentesocial.org.ar
La presentación y lanzamiento de los materiales elaborados por el Equipo Estadístico del Instituto de Estudios y Formación de la CTA y el equipo de Comunicación de la Constituyente Social, en el marco de la Campaña Bicentenario sin Hambre, busca instalar públicamente la necesidad -y posibilidad cierta- de implementar un Salario Familiar Universal que permita acabar con el hambre destinando recursos que no provengan de los jubilados a través de la ANSES.
“Más del 30% de nuestra gente vive en la pobreza y el 15% pasa hambre. No hay estadística que pueda maquillar esta realidad” comienza diciendo la publicación y avanza con números duros: “2.103.347 de nuestros chicos no cuenta con agua corriente en su vivienda ni cloacas en sus hogares; más del 2.000.000 viven en zonas inundables; casi 750.000 chicos en edad escolar (5 a 18 años) no asisten a ningún establecimiento educativo”.
La propuesta, que cuenta con el respaldo de los diputados Graciela Iturraspe, Liliana Parada y Eduardo Macalusse, junto al bloque de Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur, propone un salario familiar de $300 pesos para todos los menores de 18 años; para todos los hijos de los trabajadores y trabajadoras de este país.
Un Salario Familiar Universal que garantice un mismo valor para los hijos de todos los trabajadores independientemente del tipo de relación laboral que desarrolle. Esta política social de carácter universal tendría varios efectos positivos:
* Concreta un derecho social que actualmente es negado para el 65% de los menores en la Argentina.
* Tiene un impacto favorable e inmediato en la pobreza: la conformación de un ingreso mínimo para los hogares hace descender la tasa de pobreza del 33,8% al 23,8% (esto representa una caída en la tasa del 30%).
* También bajaría la tasa de indigencia: pasaría del 14,6% al 4% (una caída del 73%).
* Dignificará a los niños/as y sus familias que percibían planes sociales por su condición de pobre al pasar a percibir una Asignación Familiar por su condición de ciudadanos/habitantes con derechos y dejar de tener que verse sometidos a demostrar su condición de “pobres” o “vulnerables”.
* Generará una situación de justicia social al pasar todos los niños y niñas de la Argentina a tener el mismo valor para el Estado.
Es decir, universalizando el Salario Familiar por Hijo a $300, la pobreza se reduce a la mitad y el hambre desaparece de la Argentina.
“De los 13 millones de pobres, 6 millones son menores de 18 años. Es impactante que solo con el 1.7 por ciento del producto bruto interno nosotros resolvemos terminar con el hambre”, expresó la diputada Liliana Parada y agregó que es este un "tema para tomar en serio, porque el ingreso universal, debe ser universal. Y entendemos que un camino, y en el marco de la Constituyente Social, va más allá de la redistribución de la riqueza, esto hace a la soberanía de una Nación, a la soberanía alimentaria de un pueblo. Este país no está de fiesta con el 30 por ciento de su gente bajo la línea de pobreza”.
“En el marco del Bicentenario se da la discusión y el debate sobre qué país queremos tener. Y hay diferencias y similitudes con el centenario: una de las similitudes es que buena parte de la población ni en el centenario ni en el bicentenario tienen garantizada la alimentación ni la salud, que son derechos básicos y están escritos en la Constitución pero no se cumplen”, dijo por su parte, Eduardo Macaluse. Y agregó: "No es un problema de dinero, es un problema de decisión política y de distribución justa o injusta de la riqueza que producen los trabajadores en este país”.
Nora Cortiñas destacó lo relevante de este proyecto: “Hubo un paso muy importante, pero también es importante la igualdad. Este plan nos va a redondear esa satisfacción que queremos que tengan todos”.
Víctor De Gennaro concluyó señalando el avance que ha significado que 3.400.000 chicos cobren 180 pesos que no cobraban con anterioridad, pero indicó que esta medida del Gobierno tiene que ser completada con la verdadera dimensión de la universalidad. “Hoy esta asignación deja afuera a dos millones y medio de chicos que por distintas formas de la aplicación de los planes no cobran el salario familiar. Con lo cual es una discriminación”. Agregó además que si se elevara a 300 pesos “se termina la inmoralidad del hambre en la Argentina. Es cuestión de decisión política”.
Cabe recordar que mañana marcha en Mar del Plata el Movimiento Nacional de los Chicos del pueblo, para difundir la campaña “El hambre es un crimen”.
Fuente: www.constituyentesocial.org.ar
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