Un reciente informe del Instituto de Estudios y Formación (IDEP) de la CTA, que lleva la firma de Claudio Lozano, Tomás Raffo y Ana Rameri, admite como un avance la propuesta oficial que implica 700.000 pobres menos y 1.800.000 indigentes menos.
No obstante señalan los límites de dicha propuesta:
• En lugar de plantearse como un derecho, para lo cual habría que sancionar una ley, la propuesta oficial se institucionaliza a partir de un decreto, fijándose como un plan de carácter coyuntural.
• La cobertura alcanza a los hijos de los desocupados y de los trabajadores informales que ganen por debajo del salario mínimo. Por ende, tal cual esta previsto en el decreto de “universalización” dejan afuera de la misma:
1. A los hijos de los trabajadores desocupados e informales. A partir del 6to
2. A los hijos de los trabajadores informales que superen el mínimo salarial.
3. A los hijos de los trabajadores autónomos.
4. A los hijos de los monotributistas de las categorías más bajas (que facturen entre $ 1.000 y $ 4.800)
5. A los que perciben un plan social (no importa si el plan se dirige a la atención a los menores o a otra finalidad como trabajo, previsión, etc.). Esta restricción incluye a los planes nacionales y municipales.
6. A los hijos de los trabajadores registrados del servicio doméstico.
• La financiación prevista es regresiva. Son los bajos haberes de los jubilados (el 80 % percibe $ 827) los que financian en gran medida la ampliación de la cobertura de la asignación familiar a los sectores más postergados.
• En algunos casos sectores vulnerables como los informales que superan el mínimo salarial o los monotributistas de las categorías más bajas son discriminados respecto de por ejemplo los monotributistas que facturan más de $ 4.800 a quienes el monto de la asignación le es descontada de las ganancias.
• En otros casos puede ocurrir que la registración se transforme en un impedimento para percibir la asignación por hijo, lo cual lleva al absurdo de que algunos trabajadores como por ejemplo los del servicio doméstico, prefieran seguir siendo informales.
• No queda claro en el caso de la opción entre distintos planes sociales donde va a parar el ahorro de recursos por el plan que se renuncia. No hay ningún indicio que haga suponer que esos fondos sean recibidos por el ANSES y todo hace presumir que los mismos se derivan a Tesorería General, y por lo tanto al pago de acreencias externas.
El texto completo del documento UNIVERSALIZACIÓN O AMPLIACIÓN RESTRICTIVA DE LA COBERTURA? Aquí.
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